DIARIOS – EL RETORNO DE LOS DOS DEMONIOS: Una falaz simetría para una falsa reconciliación

Agregaría el bombardeo de Plaza de Mayo (más de trescientos muertos, centenares de mutilados) y los fusilamientos de junio de 1956 como clarísimos ejemplos de Terrorismo de Estado. Foto: Graciela Fernández Meijide, la figura pública más comprometida con el reflotamiento de los dos demonios. 

S​o​​bre el pedido de reconciliación de La Nación, Clarín y Perfil

POR ESTEBAN CAMPOS* Y GABRIEL ROTH**

La irrupción en la escena política de sectores contrarios a la política de Derechos Humanos centrada en los Juicios por Delitos de Lesa Humanidad ha sido paralela al desarrollo de las diversas causas cursadas en el ámbito de la Justicia. De igual manera, en el ámbito de las ideas, estos sectores han insistido en establecer una simetría de actuaciones y responsabilidades en el desarrollo de la violencia política de los años setenta, con el indisimulado propósito, por un lado, de reivindicar y/o justificar las actuaciones represivas, y, por el otro, de lograr un tratamiento que fuerce una salida política y judicial igualitaria bajo el amparo de una supuesta “reconciliación” que diera punto final a toda conflictividad pasada.

El fracaso de esta pretensión, el paso del tiempo con un número único en el mundo de detenidos, procesados y condenados por delitos de Lesa Humanidad, la continuidad de Juicios y su extensión al universo de la complicidad civil-empresarial y la coyuntura electoral, con sus inevitables ilusiones de posibles cambios, ha producido un nuevo marco de ofensiva contra la política de DD.HH. Una iniciativa de “marcar la cancha” ante la perspectiva de un escenario político nacional diferente.

Así las cosas, las vertientes más ruidosas de estos sectores –los llamados “Grupo Pando” y “Grupo de la Plaza San Martín”–, cedieron para dar curso a una persistente campaña editorial de los principales multimedios, muy especialmente La Nación, Clarín y Perfil, que desde ya hace tiempo se hicieron eco de la promocionada vocación reconciliatoria del ex montonero Héctor Leis –recientemente fallecido–, convertido en el nuevo gurú de la pacificación nacional, así como del crecimiento de una próspera industria editorial enfocada en los “crímenes de la guerrilla”, a partir de los trabajos de Ceferino Reato y Juan Bautista Yofre, entre otros. De las reclamaciones por la libertad de todos los procesados y detenidos por causas de Lesa Humanidad en actos públicos se pasó gradualmente a insistir en la necesidad de igualar responsabilidades y respuestas jurídicas. En otros términos, revalidar la teoría de los dos demonios en el plano histórico, moral y penal,operación que, en definitiva, busca en primer término la amnistía para los implicados en los juicios.

Es en este contexto que entendemos una serie de editoriales y notas de opinión (La Nación 16, 21 y 24 de agosto; Clarín 21 de agosto, Perfil 25 de enero y 14 de febrero de 2014), campañas contra individuos e instituciones comprometidas con los DD.HH. como Horacio Verbitsky y el CELS, y actividades académicas como la realizada en la Universidad de San Andrés el 19 de agosto que, invariablemente, marchan de manera sostenida por el mismo sendero: la nueva ofensiva falsea los hechos y la evidencia histórica para convertirse en una visión hegemónica y asimilable por el conjunto de la sociedad.

La piedra basal de esta construcción es la ilusoria concordancia entre el terrorismo de Estado y el accionar guerrillero, como si la responsabilidad estatal para emplear la fuerza pública fuera equiparable al uso de la violencia por actores de la sociedad civil. Aplicando el mismo criterio, el terror nazi sería comparable al levantamiento del gueto de Varsovia, o a los operativos de los partisanos en la Segunda Guerra Mundial. Las notorias diferencias, de grado y naturaleza, son borradas de un plumazo en virtud de establecer una misma identidad entre violencia estatal y violencia guerrillera, de la que emergen un variado conjunto de ejemplos que no soportan ninguna consideración histórica.

La Nación, por ejemplo, afirma que la violencia tuvo sus primeras manifestaciones a fines de los cincuenta, identificando su origen con los Uturuncos, la guerrilla peronista que operó en Tucumán hacia 1959. Sin embargo, poco dice del golpe militar que derrocó al gobierno constitucional de Juan Domingo Perón en 1955, episodio sin el cual hubiera sido impensablel a Resistencia Peronista y que un sector de ésta extendiera sus prácticas a la lucha armada. El diario de los Mitre tampoco hace alusión al largo proceso de acumulación práctica y doctrinaria del uso político de la violencia por parte de las Fuerzas Armadas en connivencia con las clases dominantes, como sucedió con la Liga Patriótica en los años 20, la Legión Cívica uriburista en los años 30, y un largo etcétera que la historiografía local ha documentado suficientemente.

Si los Uturuncos y los peronistas “inventaron” la violencia, para La Nación los Montoneros (“con algunas raíces fascistas”) y el ERP trotskista la llevaron a su apogeo. El problema es que los orígenes de Montoneros tienen más que ver con las juventudes católicas radicalizadas por el Concilio Vaticano II y las revoluciones del Tercer Mundo que con el falangismo del Movimiento Nacionalista Tacuara, como también ha sido verificado por historiadores e investigadores. Si bien es cierto que varios ex tacuaristas como Rodolfo Galimberti, Dardo Cabo y Alberto Mansilla se unieron más tarde a Montoneros, lo mismo ocurrió con demócratas cristianos como Horacio Mendizábal y Norberto Habegger, o militantes provenientes del Partido Comunista, como Carlos Olmedo y Roberto Quieto. La asimilación de Montoneros con el fascismo, en verdad, no es más que una burda tentativa ideológica para sostener que “los extremos se tocan”, estableciendo un núcleo duro de prácticas en común forjadas a partir de los métodos violentos y el culto a la acción. Tampoco La Nación acierta en su desciframiento del PRT-ERP, que tempranamente se desligó de la IV Internacional. De todos modos La Nación apelará a otras influencias “nefastas”, como la Rusia soviética y Cuba, aunque la veracidad histórica de sus apelaciones tampoco soporta una mirada crítica. Es conocido que el estalinismo abandonó en un largo y complejo proceso el internacionalismo revolucionario, apostando, ya desde fines de los años cincuenta a la llamada “vía pacífica” al socialismo, rechazando la vía armada como excluyente para la toma del poder. En ese sentido, el modelo propiciado por Moscú era la Unidad Popular de Salvador Allende, no el ERP trotskista o el peronismo montonero. El internacionalismo guevariano, que ciertamente propició la extensión de la Revolución Cubana a todo el continente, con experiencias como las del Ejército Guerrillero del Pueblo en la provincia de Salta, despertó la solidaridad internacional de diversos grupos, pero dentro de la dirección cubana fue derrotado y desplazado en pos de una estrecha alineación con la política de las URSS. En efecto, más allá de las declamaciones revolucionarias, la política exterior cubana se impuso sobre la solidaridad internacionalista. De hecho, los cubanos pusieron el grito en el cielo con la instalación de la guerrilla rural del ERP en Tucumán, oponiéndose vehementemente a cualquier hostilidad contra el peronismo, de excepcionales relaciones políticas y comerciales con los gobiernos de La Habana y Moscú.

La apelación a la influencia soviética y cubana descansa en la necesidad de hallar un mentor de las prácticas políticas “violentas” que justifique el empleo del terror utilizado por las Fuerzas Armadas, convencidas de estar librando una acción bélica no convencional contra un enemigo externo. Lo curioso es que La Nación pareciera ignorar que ya en la Cumbre de las Américas (Panamá 1956), los Estados Unidos propusieron que las fuerzas armadas del hemisferio americano debían dedicarse a combatir el comunismo. Un año después llegó una misión militar francesa a la Argentina para entrenar al Ejército en el arte de la guerra contrarrevolucionaria en base a las experiencias de Indochina y Argelia. Las ideas de dividir el país en zonas militares, aumentar la incidencia de la inteligencia militar y buscar el enemigo a aniquilar entre la población civil ya circulaban en la Escuela Superior de Guerra dos años antes de la Revolución Cubana, y trece años antes del surgimiento de Montoneros y el ERP. En vista a esto, no parece tener ningún sustento histórico la afirmación de La Nación que señala que Los instrumentos empleados por el Estado también evolucionaron, según el grado alcanzado por la violencia y la fortaleza de los grupos armados, sino más bien exactamente lo contrario.

La supuesta existencia de una guerra interna en los años setenta, que tanto pregona La Nación en coincidencia completa con la dirigencia de la dictadura, no alcanza para determinar que efectivamente hubo un conflicto armado generalizado, aun cuando varias organizaciones guerrilleras también lo creyeran. La experiencia de guerra desarrollada por aparatos armados antagónicos está muy lejos de determinar la presencia de una guerra civil –tanto en términos políticos como estrictamente militares–, aunque sí habla de manera elocuente de una conflictividad política y social en un estadio crítico de enfrentamientos armados en el que diversos sectores civiles no dudaron en tomar partido. La invención de un estado real de guerra –a pesar de que el mismísimo Proceso sostuviera que la guerrilla no pasaría de ser un problema de incumbencia policial en el breve plazo– constituye una falacia histórica conducente a legitimar el golpe de marzo de 1976 contra un gobierno constitucional y las prácticas clandestinas del nuevo Estado terrorista.

A esta necesidad de legitimación han hecho sus importantísimas contribuciones intelectuales y periodistas estrechamente ligados a los grandes multimedios. El historiador Luis Alberto Romero –recurrente columnista de Clarín– destacó en un encuentro en la Universidad de San Andrés que “No es claro que el terrorismo de Estado haya sido peor que lo que hicieron las organizaciones armadas”. El mismo diario se encargará de reproducir unas declaraciones del ya mencionado Leis que no podían ser más conducentes a lo mismo: “Todos somos Videla –sostuvo– O muchos. Firmenich es un Videla. Perdía es un Videla. Vaca Narvaja es un Videla. Está lleno de Videlas”.

Por supuesto, semejante paridad será reflejada en otra falsa equivalencia, la de la práctica de la tortura por la guerrilla. El promocionado paralelismo tiene un único caso paradigmático, el del secuestrado y supuestamente ejecutado coronel Argentino del Valle Larrabure. Ciertamente, el ERP había secuestrado al militar en Córdoba, pero no hay evidencia contundente de que haya sido torturado y asesinado. De hecho, y ello queda demostrado en la investigación del periodista Carlos del Frade, ni la autopsia, ni el expediente judicial van en esa línea, convertida en ficción para forzar una igualdad que carece de asidero documental. Ceferino Reato y Durán Barba, ambos en el diario Perfil, también recurrieron al largo decálogo de barbaridades guerrilleras vertebrado por Leis y sus persistentes señalamientos sobre la violencia como locura compartida entre militares y guerrilleros, o la violencia como una droga seductora y fascinante que “nos fue llevando no sólo a nosotros (los Montoneros), sino también a los militares”.

La noción cristiana de Reconciliación está estrechamente ligada al de Confesión, Arrepentimiento y Perdón. En términos personales supone una determinación subjetiva, personal, privada de cada individuo. En términos políticos, por el contrario, supone una definida conceptualización sobre actuaciones y acontecimientos que involucran a colectivos sociales, conceptualización que constituye un campo de batalla por la hegemonía, es decir, por la visión histórica predominante. En este sentido, la Reconciliación es, siempre, la victoria de una mirada específica sobre otra, de ahí que constituye una victoria y una derrota para unos y otros.

Una forma peculiar de alcanzar esa victoria o esa hegemonía es la falsa idea de solución igualitaria, que en el caso que nos ocupa va precedido de la imposición de dicha equivalencia en el plano histórico. Dicho en otras palabras, si la violencia de los años setenta fue, parafraseando a Leis, una locura que fue al encuentro de otra locura, resta simplemente Confesar, Arrepentirse, pedir Perdón, y tema resuelto. El problema es que está suficientemente demostrado que no fueron locuras enfrentadas, sino posicionamientos políticos que se sostuvieron con prácticas concretas, donde las diferencias están harto documentadas. El accionar del Estado Terrorista cuenta con un larguísimo corpus documental en el que no es menor el dato de los asesinados, los desaparecidos, los encarcelados, los exiliados, los torturados, etc., y donde tampoco es menor la cuantificación de niños apropiados. Elementos todos que certifican planificación, tácticas y estrategias basadas en el terror.

Además de la diferencia de grado y naturaleza del accionar del Estado y los grupos civiles amparados por el mismo, nadie puede seriamente igualar las actuaciones del terror estatal con las de las organizaciones político-militares. Entre 1973 y 1976, sobre un total de aproximadamente 2.800 acciones armadas de la guerrilla y un número similar de acciones antisubversivas, las primeras no produjeron víctimas en el 80%; en las segundas el porcentaje es exactamente el inverso. A las más perversas y variadas torturas perpetradas por las FF.AA y de Seguridad, se le opone el ya citado caso Larrabure, con sus inconsistencias documentales. A la desaparición de más de 500 niños, se le opone la muerte de entre 5 y 10 menores –según las fuentes–, que siendo trágicas y condenables, destaca inequívocamente la existencia de un plan sistemático de eliminación de un lado, y la ausencia del mismo en el otro. A los 30 mil desaparecidos en aproximadamente seis años se le opone, también según las fuentes, entre 900 y mil víctimas de la “subversión” en 24 años (1959-1983), aunque entre estos últimos habría que eliminar casos como el del comisario Robles y Helena Holmberg, entre otros muchos, asesinados por las FF.AA. y de Seguridad, aunque fueron achacados a la guerrilla como tantos otros. También habría que aclarar los militares y parapoliciales muertos durante operaciones e intentos de secuestros clandestinos, sobre todo en el período 1974-1978.

La memoria del pasado reciente se inserta en un entramado social dividido de antemano por múltiples fracturas de clase, de género, étnicas y políticas. El pasado no es un objeto inerte, sino un peligroso terreno de disputa en torno a los sentidos de lo acontecido, un lugar donde, como decía Walter Benjamin, “tampoco los muertos estarán seguros ante el enemigo cuando éste venza”. Las falsedades históricas que pregonan los multimedios, y sus intelectuales son un ejemplo cabal de esta disputa que el conjunto de la sociedad civil no puede dejar asentar sin ver en grave peligro sus más elementales derechos y libertades.

  • (UBA / CONICET)

** (SS.DD.HH / El Topo Blindado)

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