El empresario periodístico Vicente Massot requería información a un espía de la inteligencia chilena del dictador, Augusto Pinochet, para llevar adelante una campaña en sus medios “sobre la penetración soviética en América Latina”.

Así lo reveló el portal del Ministerio Publico Fiscal, que publicó una serie de documentos del espía chileno, Arancibia Clavel, donde dejaba asentada su relación con Massot. Los documentos revelan que Massot quería alertar desde sus medios por la compra de armas del gobierno militar peruano de Juan Velasco Alvarado, una situación que había despertado preocupación en las dictaduras de la región por entonces, puesto que el proveedor de esas armas había sido la Unión Soviética.

En los mensajes que el espía chileno enviaba a sus jefes indicaba que lo unía a Massot “una antigua amistad” y se reunía semanalmente con la redacción de la revista Cabildo, en Buenos Aires, donde justamente Massot ejercía como secretario de redacción.

La historia de Arancibia Clavel quedaría ligada a la Argentina. En 1978 fue detenido en el marco del conflicto con Chile por el canal Beagle, aunque luego liberado por mediación papal. En los años 90 se mudó a la Argentina, donde fue detenido, procesado y capturado por el asesinato del jefe del Ejército chileno de Salvador Allende, Carlos Prats. Ese fue el antecedente en materia de jurisprudencia para la anulación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, pues un año antes del dictado de inconstitucionalidad, por este caso la Corte Suprema dispuso que el delito no había prescripto pues se trataba de un delito de lesa humanidad. En 2011, apareció muerto de una puñalada en su departamento de Buenos Aires, donde cumplía condena.

Los documentos hallados fortalecen la acusación de la fiscalía sobre Massot, luego de que el juez subrogante Claudio David Pontet le dictara una polémica falta de mérito. El empresario de medios bahiense se encuentra imputado por la realización de operaciones psicológicas para las Fuerzas Armadas, que consistieron en “el ocultamiento deliberado de la verdad” en lo referido a secuestros, torturas y homicidios de 35 personas a través de tareas de acción psicológica desde las páginas del diario antes, durante y después de la dictadura militar. También está acusado de homicidio, entre el 30 de junio y el 4 de julio de 1976, de dos obreros gráficos de su diario, Enrique Heinrich y Miguel Ángel Loyola, luego de un conflicto sindical registrado un año antes.

Los fiscales de la Unidad de Derechos Humanos de Bahía Blanca, Miguel Palazzani y José Nebbia, presentarán la prueba documental en la causa que tiene al empresario periodístico con pedido de procesamiento por “instigación al genocidio”.