APAGÓN DE LEDESMA. La Corte Suprema debe decidir

Ayer discutía con un compañero radicado en Jujuy que a mi entender minimizaba lo que está ocurriendo allí, un verdadero laborarorio acerca de hasta dónde se puede reprimir a los movimientos sociales y a los trabajadores organizados. Hoy recibí la noticia de que los trabajadores de Ledesma lograron arrancarle a los Blaquier un aumento del 38,5 %… lo que no parece estar nada mal en el contexto dictatorial que allí se vive. Y me gustó esta opinión de una abogada querellante en la causa del apagón de Ledesma y codefensora de Milagro Sala. Otra vez, tiene que ver el contexto. Hay una fuerte ofensiva no sólo para que los militares condenados por el exterminio de la segunda mitad de los años 70 salgan de la cárcel y pasen su vejez en casa, sino para que los empresarios que colaboraron activamente con la carnicería y de paso multiplicaron su riqueza, permanezcan impunes. Llegados a este punto, la impunidad del octogenario Carlos Pedro Blaquier (que en ningún caso irá preso, foto) y Vicente Massot son «leading case». JS

La autora denuncia al poder judicial de Jujuy como «extensión represiva» del Poder Ejecutivo Nacional

OPINIÓN: A 40 años del Apagón, queda en la Corte la esperanza de Memoria, Verdad y Justicia

PAULA ALVAREZ CARRERAS (*)
Cuando me pidieron una opinión a 40 años de la Noche trágica del Apagón en Ledesma, en la que numerosos trabajadores, estudiantes y militantes fueron secuestrados,
torturados y algunos de ellos desaparecidos durante julio de 1976, pensé lo difícil que sería tratar de englobar tanto, en tan pocas líneas. Pero el contexto actual nacional y provincial, me lo facilitó.

En Jujuy, el avance de las causas de lesa humanidad implicó la renuncia del Juez (subrogante) Olivera Pastor en 2012 quien retrasó injustificadamente la investigación de lesa humanidad en la provincia. Esa renuncia fue impulsada por la movilización de los históricos Organismos de DDHH de Jujuy, acompañados por la Organización Barrial Tupac Amaru y por su dirigente, hoy presa política, Milagro Sala.

El juez reemplazante del cargo, Fernando Poviña (juez subrogante) procesó a los máximos responsables del secuestro en aquella noche en la que se utilizaron camionetas de la empresa Ledesma para el secuestro. Pero una «benigna» Cámara de Casación, les otorgó la falta de mérito señalando que no había certeza sobre la intencionalidad de los empresarios. Pasó un año de eso, y la Corte Suprema de Justicia, aún no se ha expedido sobre los recursos planteados al respecto. Tanto por el Ministerio Público Fiscal y por los querellantes, acusadores y representantes de las víctimas en estas causas.

Mientras, en Jujuy, renace el recuerdo de aquel nefasto episodio, cuando hace apenas días, el 14 de julio de este año precisamente, las fuerzas de seguridad de la provincia reprimieron violentamente a los trabajadores del Ingenio Ledesma, quienes en su disconformidad por el ofrecimiento paupérrimo paritario, realizaron medidas de fuerza cuya única respuesta fue la mano dura. Y por este hecho, las declaraciones de los funcionarios del Gobierno señalaron «la defensa que debió efectuar la policía provincial, frente a la agresión sindical» a modo de justificación por el uso de la fuerza represiva.

Esta defensa es encabezada por el gobierno del radical Gerardo Morales, actual defensor de los intereses de la empresa y de su propiedad privada. Morales recibió con abrazo filial al presidente Macri, junto a las autoridades de la empresa de Blaquier, al menos en dos de las visitas presidenciales.

Los sobrevivientes de aquel trágico Apagón del 20 y 21 de julio del 76, no han cejado en su denuncia jamás. Sin embargo la Justicia parece no valorarlos. Parece no creerles, como si hubiera en disputa algo más que la verdad real de aquellos hechos; circunstancias que el Estado argentino tiene obligación de investigar y condenar en caso concreto.

Hoy Jujuy es un estado provincial en alerta porque el poder judicial, como extensión represiva del Poder Ejecutivo, reprime y persigue a las organizaciones sociales y a los trabajadores. El poder judicial en Jujuy hoy es la dependencia certificante del gobierno de turno enojado y ensañado con los sectores populares que denunciaron su impavidez frente a las violaciones de derechos humanos.

Ayer secuestraron y torturaron a los trabajadores organizados que reclamaron por sus derechos. Hoy, resurgen con disímiles formas, también las persecuciones políticas. Hoy, está presa Milagro Sala para que todos aprendan que pretender organizarse para defender sus derechos, exigir mejores condiciones de vida, autodeterminarse y exigir el respeto por la dignidad que a cada persona corresponde, sigue teniendo como respuesta la persecución y la cárcel. Esos derechos, parecen no corresponder a
quienes los exigen.

A 40 años del Apagón, parece que determinar la responsabilidad por los secuestros, las torturas, y las desapariciones de quienes participaron y propiciaron estos delitos de lesa humanidad, tampoco corresponde. Le cedemos, entonces la palabra a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que en su histórica oportunidad, y con todo lo que durante estos cuarenta años se sostuvo y exigió, dictamine, esperando de ella solo Memoria, Verdad y Justicia.

(*) Abogada querellante en juicios de lesa humanidad de Jujuy y co-defensora de Milagro Sala.

 

Comentarios (2)

  1. AvatarEL gallo

    VIVA MILAGRO SALA !

    HABEAS CORPUS TUPAC AMARU.

    LIBERTAD A LA TUPAC !

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    1. AvatarIsabel Trillo

      ¿Qué hay de verdad o mentira en el uso de los fondos que enviaba la Nación?

      Responder

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