AMIA – ENCUBRIMIENTO / 2. Los asesinos tuvieron enorme protección, comenzando por la del presidente Menem

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Hubo un ataque terrorista que se cobró la vida de 85 personas y destrozó la de muchísimas más. Hubo un vasto plan de encubrimiento de los asesinos en el que participaron no sólo el juez y los fiscales de la causa sino, entre otros, el entonces presidente de la Nación, su secretario de Inteligencia y, para mayor escarnio, el presidente de la entidad que a todas luces fue el objetivo de los criminales. Todos se complotaron para desviar las investigaciones a una vía muerta acusando a inocentes para lo cual utilizaron dineros de los fondos reservados de la Secretaría de Inteligencia, es decir, del erario público. En cualquier otro país un juicio así sería cubierto por todos los medios con, valga la redundancia, profusión de medios. En Argentina, insólitamente, no hay ninguno que lo cubra con un mínimo de profesionalismo por lo que el proceso se desarrolla con las condiciones requeridas para el cultivo de champiñones: humedad, estiércol y oscuridad.// El periodista Roman Lejtman dijo que el juez Galeano dejó fuera del juicio al libanés Nassib Haddad y a su hijo Jorge (quienes eran dueños del volquete puesto frente a la puerta de la AMIA unos minutos antes de que volara por los aires y habían comprado diez toneladas de amonal, el explosivo utilizado) por orden del presidente Menem, según este le confió.

Hace tres semanas cababa de subir una impactante minuta de Memoria Activa, en la cual el periodista Roman Lejtman aparecía diciendo que le constaba que había sido el propio Presidente Menem quien había ordenado la inmediata liberación de los Haddad (quienes no sólo eran responsables del volquete dejado frente a la puerta de la AMIA escasos minutos antes de su voladura, sino que también habían comprado diez toneladas de amonal, el explosivo utilizado) una noticia verdaderamente explosiva, cuando recibí otro registro de la declaración de Lejtman, la proporcionada por Emet Digital, una página del periodismo judío comunitario que lleva como eslogan “La verdad de la gente” y el número 49, fechado el pasado jueves 6 de octubre.

Emet Digital describe la audiencia nº 55 del juicio en curso bajo el título “Lejtman volvió a ampararse en la confidencialidad”. Su crónica dice así: “Una de las declaraciones más esperadas del juicio oral y público por encubrimiento de autores o cómplices del atentado a la AMIA era la del periodista Román Lejtman, quien en el debate anterior, sustanciado entre 2001 y 2004, se  había negado a identificar al funcionario menemista que le  habría ofrecido pagar un libro a través del cual el último poseedor conocido de la camioneta usada como coche-bomba (sic), Carlos  Telleldín, contaría  su versión de los hechos.”

“La  esperanza era que el Tribunal Oral FederalN° 2 no fuera tan condescendiente con él como el TOF3 y lo obligara a revelar el nombre del mismo, pero ello no ocurrió hoy, jueves, ya que los jueces difirieron la resolución del dilema, ante el descontento de querellantes y defensores, inusualmente alineados en el rechazo a la argucia del testigo de investir ilegítimamente al “miembro del Gobierno que pertenecía a la Presidencia de la Nación” del carácter de ‘fuente’ e invocar el derecho constitucional a su confidencialidad, garantizado por el artículo 43.

“Esta vez fue el ex comisario de la Policía bonaerense y hoy abogado Juan José Ribelli, sobreseído como (supuesto) cabecilla de la “conexión local”, quien reclamó que se lo intimase a identificarlo porque podría tratarse de un cómplice del delito que es objeto del proceso”.

¡Chocolate por la noticia! Ya hemos explicado en post anteriores que se trata de Carlos Corach. Regresemos pues a la crónica de Emet Digital.

“Al parecer, Rodrigo Borda, querellante por Memoria Activa, tenía otra estrategia, ya que consideró “prematuro el planteo porque se pueden hacer más preguntas para saber si es una fuente”, no obstante lo cual estimó que “la propuesta nada tiene que ver con la actividad periodística, sino con una delictiva” y conocer  de  quién  se  trata “sería un gran aporte al derecho a la verdad de las víctimas del atentado”.

La posición de Borda y Memoria Activa es autocontradictoria. ¿Qué es lo que habría de esperar? No está claro que si una “fuente” le ofrece a unperiodista dinero para que mienta, en ese mismo instante ha dejado de ser “fuente” para ser instigador o “cerebro intelectual” de un delito, y que si el periodista accede a su pedido se convierte él también en delicuente? ¿Qué es lo que no se entiende?¿Memoria Activa también ampara el encubrimiento? O, al menos, que el descubrimiento de ese delito sea sólo parcial?

Continúa la minuta de Emet Digital :

“Más terminante fue Omar Dib, de la APEMIA: ‘No era una fuente, sino un funcionario público que ofreció un negocio” (…) En sentido similar se expresó Mariana Stilman, de la Unidad AMIA del Ministerio de Justicia: ‘Una propuesta económica de un funcionario público es un hecho, no información’.

“El fiscal ad hoc Miguel Yivoff demostró que había ido preparado para esta discusión, con citas de jurisprudencia local e interamericana. Sostuvo que ‘es ajeno al debate si fue fuente antes o después’ de su ofrecimiento y que el ‘derecho a resguardar la identidad no es absoluto y debe caer ante casos excepcionalísimos como éste’, ya que ‘el atentado a la AMIA es un delito de lesa humanidad y la Argentina se comprometió a esclarecerlo’.

“Ricardo Rosset recordó que sus defendidos, (Eamon) Mullen y (José) Barbaccia, habían pedido en el juicio anterior que Lejtman revelara el nombre de su ‘fuente’, y la abogada del ex capitoste de la SIDE Patricio Finnen recordó que por pedido de éste en 2001 el juez Claudio Bonadío había resuelto que Lejtman debía identificar a su ‘fuente’. Bonadío dijo entonces que ‘es necesario porque (“la fuente”) ya no debe ser funcionario y las repercusiones no serán las mismas”.

Debía saberlo porque él mismo era uno de “los jueces de la servilleta” de Carlos Corach.

“A su turno –continuó Emet Digital– Valeria Corbacho, abogada de Beraja, dijo que este ‘no tiene problema’ en que se individualice al oferente, pero reclamó ‘reglas claras para que no se siente un precedente peligroso’. Lejtman se negó y recusó al magistrado, y la Cámara Federal le dio la razón en 2005.

“En  tanto, JoaoNieto admitió que difiere sobre el carácter de presunta fuente del funcionario y que suidentificación no agravia al ex secretario de Inteligencia Hugo  Anzorreguy, pero cuestionó elípticamente a Borda alafirmar que “los querellantes no han probado que sea indispensable” y advirtió que, de hacerlo, el testigo debería relatar qué más le dijo su interlocutor, además de ofrecerle 400 mil peos/dólares para desviar la investigación.

“Tras  un  cuarto  intermedio  de  más  de  20  minutos,  los  jueces  decidieron que recién se expedirán cuando terminen los interrogatorios.

“Llegado el momento, la presidente (del tribunal) de esta quincena, Karina Perilli, consultó a Ribelli, quien mantuvo su pedido, a lo cual se sumó el abogado de Memoria Activa.

“(…) Luego de otros 12 minutos de deliberación, el tribunal informó que lo decidiría más adelante y el ex comisario solicitó que esa resolución sea leída en la audiencia y con la presencia del testigo. Así, (Lejtman) dará el nombre del funcionario en ese mismo momento o, en caso de negarse, podría ser detenido por reticente, unaforma del falso testimonio.

“De  todos modos, cabe preguntarse por qué se niega sistemáticamente a hacerlo y desvirtúa la “sagrada” garantía constitucional a la confidencialidad de las fuentes periodísticas, fundamental para el desarrollo de la profesión”, concluye la crónica.

A continuación, recordamos los dichos de Lejtman, según la crónica hecha desde los tribunales federales por Claudio Gustavo Goldman, que Itomgadol/AJN (Agencia Judía de Noticias) con el título “AMIA/Encubrimiento. Lejtman volvió a negarse a decir qué funcionario le ofreció pagar el libro de Telleldín” y que hemos mezclado con otras fuentes y retitulado así:

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Una noticia bomba:“Menem me dijo que ordenó no investigar a Hadad”

“Recibí un llamado a mi celular de una fuente que era interlocutora sobre el atentado a la AMIA y me invitó a un almuerzo en un restorán de Puerto Madero cuyo nombre no recuerdo; allí me propuso escribir el libro (sobre el último poseedor conocido de la camioneta supuestamente usada como coche-bomba, Carlos Telleldín) que había fracasado y me dijo que el Gobierno se haría cargo del dinero, pero lo rechacé y me fui”, contó Román Lejtman en el juicio oral y público por encubrimiento de los autores y cómplices del ataque terrorista.

El funcionario “quería darnos como un guión para que siguiéramos y un cuestionario, pero no lo hizo; no se habló de cómo lo pagarían” porque “era plata negra para hacer una operación”, aclaró.

“El Gobierno sabía del libro porque todos los teléfonos estaban intervenidos; podría preguntárselo a Anzorreguy”, le espetó el periodista al defensor de el ex secretario de Inteligencia, Joao Nieto.

Además, siguió diciendo “había un auto que me seguía; una vez les pregunté quiénes eran y me dijeron que trabajaban en la SIDE”.

El “miembro del Gobierno”, dijo, habría ofrecido una “coima” de 400.000 dólares, “justo la plata que después le pagaron a Telleldín, para que inventáramos algo que le sirviera a (el  entonces  mandatario  y  hoy  imputado, Carlos) Menem” para presentar en una reunión con dirigentes del American Jewish Committee en Nueva York, a mediados de 1995, relató Lejtman.

Ese monto se dividiría en partes iguales entre el acusado, su abogado de la entonces y ahora también enjuiciado, Víctor Stinfale,  Lejtman  y  su  colega Raúl  Kollmann,  con quien  compartía  la  cobertura  del  caso  para el diario Página/12, detalló.

Lejtman dijo haber rechazado la propuesta “ilícita” contra la opinión de sus futuros socios.

Lejtman especificó que Kollmann “quería recibir el dinero y por eso nos peleamos en un bar; fue una tarde, pero no recuerdo si era
el mismo día” del almuerzo con la fuente, sí que “había pasado un tiempo muy corto”, afirmó a diferencia del aludido: Kollmann adjudicó el quiebre entre ambos a que las otras partes negociaban a sus espaldas.

La  propuesta habría ocurrido meses después de que fracasara una  iniciativa suya para publicar un libro que incluyera una “entrevista larga” con el acusado, prologada por algunos capítulos contextuales donde los autores explicaran qué sabían sobre Telleldín y el atentado, debido a las  pretensiones económicas de este, que había reclamado exactamente ese  monto a la editorial Sudamericana, con la cual el testigo ya tenía contrato a través de su letrado.

Lejtman dijo que la directora de la Editorial Sudamericana, Gloria López Llovet de Rodrigué les explicó que a Gabriel García Marquez se le pagaba en concepto de adelanto de los derechos de autor muchísmo menos. Que a nadie se le pagaba una cifra así ni nada parecido

“Hablé varias veces con Telleldín por el libro, algunas en (la cárcel de) Devoto o por teléfono; le ofrecimos preguntarle todas nuestras dudas y que él contestara lo que quisiera”, señaló.

“Había una competencia con (el destituido juez Juan José) Galeano porque no él quería el libro, sino que Telleldín declarase en la  causa; no le conté el ofrecimiento del Gobierno, pero para cortar la discusión con Kollmann lo llamé al juzgado o a su celular y le dije: ‘Ganaste, no se hace’”, recordó el declarante.

“Después (Telleldín) cambió el discurso de inocente al acercarse al Gobierno y ponerle condiciones; habló con  (la  fallecida presidenta de la Cámara  Federal, María Luisa) Riva Aramayo porque no confiaba en  (su subordinado) y ésta, que en esa época llevaba la causa de facto, operó para que Menem pudiera llevar algo a Nueva York”, sostuvo.

“Supe del pago (para que involucrase falsamente a policías bonaerenses) a los diez o quince días: una fuente me dijo que la SIDE estaba poniendo plata por todos lados y me habló de Ramos Mejía, así que lo relacioné” porque allí tenía su estudio Stinfale, explicó el testigo.

De ese modo, “Telleldín se sentía a salvo porque tenía plata y seguridad”, resumió.

Ese organismo también lo “contactó con el represor (Héctor) Vergez, que había trabajado con su padre en Córdoba, para saber qué sabía y si podía vincular el atentado” con el Presidente de entonces, denunció Lejtman.

El periodista aseveró que “desde 1994 ó 1995 el Gobierno buscaba desviar la atención sobre su responsabilidad y enfocarla en la Policía bonaerense para perjudicar al (entonces) gobernador Eduardo Duhalde”, así que “había que ser meticuloso para no caer” en la trampa.

“El mundo compra información en la lucha contra el terrorismo, no la manipula”, le respondió, enojado, a la abogada rusa del ex mandatario.

De todos modos, “que manipularan la pista no significaba que no mereciera seguirse; escribimos al respecto porque teníamos información chequeada”, se defendió Lejtman.

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“Hacia 1997 nos enteramos de que Menem no quería que se supiese que a cambio de dinero para su campaña presidencial les había ofrecido centrales nucleares a Irán y Siria y el misil Cóndor a Libia, que no cumplió y que en esos años hubo dos atentados”, pero sobre todo que se apuntase contra Damasco o su amigo Nassib Hadad, dueño de la empresa Santa Rita, cuyos volquetes aparecieron el día del atentado frente a la AMIA y cerca de los
domicilios del imputado empresario descendiente de sirios Alberto Jacinto KanooreEdul, especificó.

“En la Casa Rosada (Menem) me confió a solas: ‘Dije que no lo investigaran (a Nassib Haddad) porque era un ‘perejil’. En ese momento no le di importancia, me pareció una nota de color, y es la primera vez que lo cuento porque nadie me lo había preguntado…”, reconoció.

Moldes

 

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Moldes ¿Cómo lo sabía?

Lejtman  también se refirió al actual fiscal general ante la Cámara Federal Germán Moldes, quien recobró protagonismo porque busca afanosamente que se investigue la denuncia del fallecido Alberto Nisman contra los  ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y canciller Héctor Timerman, entre otros, por supuestamente encubrir a imputados iraníes por el atentado a la AMIA: “Había sido funcionario del Ministerio del Interior cuando estaba (José Luis) Manzano y después el Gobierno lo  nombró para monitorear la causa por pedido de Anzorreguy”.

En su momento, creo recordar, Nisman denunció a Moldes (¿por obstrucción?) por lo que o se entiende el supuesto amor de Moldes por la figura del malogrado fiscal.

Pero bueno, Nisman también había investigado y acosado a Fabián Picón y su socio Eugenio “Pipo” Ecke, dos hombres vinculados tanto a la CIA como a la vieja SIDE, y más tarde aquellos le dieron el lujoso Audi que Nisman utilizaba para varearse con sus chicas. A título gratuito.

Moldes tiene como empleada a una hija de Anzorreguy que a la vez es la pareja de Picón ¿capisce?

El fiscal, uno de los más próximos al (todavía) incombustible “Jaime” Stiuso tendría que dar alguna explicación sobre algo que ocurrió poco después de que la AMIA fuera demolida por las explosiones. Subrogaba por entonces a un fiscal y él y su colega Luis Yrimia fueron los primeros funcionarios judiciales en llegar al lugar de la tragedia. Apenas hubo llegado, Moldes levantó de entre los escombros un trozo de metal y proclamó:

–Fue un coche-bomba.

¿Cómo lo sabía?

Para colmo, dicho trozo de metal nunca le fue aportado a la justicia. Moldes se lo dio allí mismo a un periodista que lo guardó durante largos años.


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