ÚLTIMO MOMENTO: No sólo renunció Mariana Stilman a la representación del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación en el juicio por el encubrimiento a los asesinos de la AMIA. También lo hizo quien fue el primer acreditado por la querella impulsada por dicha cartera y luego su estrecho colaborador, Ezequiel Strajman. Y me adelantan que los términos de su renuncia son mucho  más duros que los empleados por Stilman.

El gobierno es cómplice de los asesinos. ya que quiere que permanezcan en el anonimato mientras impulsa un adefésico “juicio en ausencia” para declarar culpable a Irán por decreto, de manera de satisfacer a Estados Unidos e Israel. Y, por supuesto, a los argentinos que fueron los autores materiales del mayor asesinato masivo perpetrado en la Argentina desde los fusilamientos de la Patagonia, hace casi un siglo.

Cortinas de humo… y fuego

 

El gobierno nacional intenta tapar el sol con humo y fuego. Como la querellante por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en el juicio a (parte de) quienes encubrieron a los asesinos de 85 personas al volar la AMIA, Mariana Stilman, renunció dando un sonoro portazo y denunciado al ministro Germán Garavano de ordenar “pinchar” el juicio (ya de por si vergonzoso, ya que se juzga entre otros al juez y los fiscales de la causa, al entonces presidente de la Nación y al jefe de sus servicios de Inteligencia… en casi absoluto silencio e incluso a veces en secreto) con el obvio propósito de forzar la absolución de todos los imputados (con la excepción, quizá, del ex juez Juan José Galeano, que parece condenado a ser el pato de la boda, chivo emisario o cabeza de turco), responde a través de esa cloaca servicial que suele ser el Infobae de Daniel Hadad, con la “noticia” de que el gobierno se apresta a desclasificar todos los archivos de la SIDE referidos a los atentados a la Embajada de Israel y la AMIA… lo que ya hizo el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner en el año 2015 como la ex mandataria rápidamente advirtió en un tuiter. En realidad, la aviesa intención del Gobierno es que ese material desclasificado (que el canalla de “Jaime” Stiuso ocultó a la justicia) pase de la órbita de la UFI-AMIA post-Nisman, a la Unidad AMIA del Poder Ejecutivo encabezada por Mario Cimadevilla, que hasta ahora lo único que ha hecho es proponer el anticonstitucional “jucio en ausencia”. Y es que Macri no confia que los fiscales a cargo de la UFI se avengan a hacer la plancha (como hacía Nisman) de modo que jamás se establezca quienes, cómo y por qué demolieron la AMIA con explosivos.

Y como el Bloque de Diputados nacionales del Frente para la Victoria puso blanco sobre negro los pincipales casos de clamorosa corrupción por el que están imputados el presidente Macri y sus allegados (ver aparte), da la casualidad que se produce un incendio en el anexo de la Cámara, de modo de que esta última noticia tape la otra. Es “la casualidad permanente” de la que hablaba el reo Carlos Menem, el mismo que ahora su epígono Macri quiere poner a salvo de las consecuencias de haber desviado la investigación del atentado a la mutual judía luego de que en pocas horas después del aciago 18 de julio de 1994 policías federales llegaran hasta amigos de su cuñado Emir Yoma y al edificio de la calle Cochabamba en el que un Menem pobre vivió a comienzos de los ’80 y dónde también tenía un departamento su médico, Alejandro Tfeli, involucrado personalmente en las maniobras preparatorias del atentado.

Ofrecemos a continuación, la carta de renuncia de Mariana Stilman completa, luego, la noticia tal cual la dio hoy Raúl Kollmann en Página/12, seguida de la denuncia que hicieron por la mañana Oscar Parrilli y Juan Martín Mena, quienes estuvieron a cargo de la AFI que reemplazó a la disuelta SIDE a fines del gobierno de CFK;  una opinión de Diana Malamud, el rostro de Memoria Activa y una buena nota de Irina Hauser que explica la impostura de la anunciada desclasificación de documentos de inteligencia relativos al atentado, así como la revelación del cuchillo que trae debajo del poncho: el control del Poder Ejecutivo (y de Stiuso) sobre dicho material, quitándoselo a la UFI, es decir al Poder Judicial.

Porque el ministro no le dejaba acusar

Mariana Stilman renunció a su cargo en el juicio por encubrimiento del atentado a la AMIA con reproches a Garavano

En la renuncia, cuyo texto se dará conocerá hoy, la abogada designada por el Ministerio de Justicia denuncia cambios para que la querella deje de tener un rol activo en el juicio. Entre los acusados están Menem, Beraja y (el comisario Jorge) El Fino Palacios.

 

POR RAÚL KOLLMANN

En el juicio por el desvío de las pistas en el caso AMIA se producirá hoy un verdadero escándalo: se va a anunciar la renuncia de la abogada designada por el Ministerio de Justicia de la Nación, Mariana Stilman. La letrada le envió una carta informando de la renuncia al tribunal oral que juzga a Carlos Menem, al ex juez Juan José Galeano, a los jefes de la SIDE, los fiscales, al ex presidente de la DAIA, Rubén Beraja, al ex jefe policial, Jorge “El Fino” Palacios y a Carlos Telleldín, todos acusados por sembrar pistas falsas. La abogada Stilman le envió una segunda carta al ministro Germán Garavano explicándole que su renuncia se debe a diferencias que llegan a lo ético y moral: ella considera que tienen que tener un papel activo para buscar la verdad de las graves irregularidades cometidas por funcionarios del gobierno y judiciales hace 20 años. Sin embargo, por expresa orden de Garavano, al lado de Stilman pusieron a un nuevo abogado que se opone a que tengan un papel activo como querellantes y acusadores. “Esto podría generar la defensa de intereses opuestos”, dice Stilman, dando a entender que en lugar de acusar a Menem, Galeano, Beraja, Palacios y compañía, más bien se pretende ayudar a sus defensas. Stilman llegó al cargo de la mano de Elisa Carrió y es de confianza de la diputada, al punto que fue su abogada personal y candidata de la Coalición Cívica en 2015.

La renuncia de Stilman va a producir hoy durísimos planteos en el juicio oral por encubrimiento, que tiene audiencias los lunes y jueves. Ante los jueces, los familiares de las víctimas en todas sus vertientes –Memoria Activa, Familiares, Apemia– dejarán constancia de que una querella que estaba trabajando en la acusación de las irregularidades del caso AMIA recibió instrucciones del ministro de Justicia de no actuar tan activamente contra los imputados. Habrá planteos furibundos también ante el ministro Garavano y ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ya que Néstor Kirchner firmó en su momento un decreto comprometiendo al Estado argentino a juzgar a los que sembraron pistas falsas. Desde esa óptica es un hecho grave que el Estado instruya a su representante que no acuse con la fuerza que debería.

Texto

Stilman podría haber renunciado argumentando motivos personales o sin argumento alguno. Sin embargo quiso dejar constancia de que lo que motiva su paso al costado es una orden que va contra sus criterios éticos y morales. El texto tiene cinco páginas. “Los cambios ordenados en nuestra querella –señala la letrada– están directamente relacionados con el criterio disímil que se me ha planteado en cuanto al rol y la actividad que debe tener esta parte acusadora. Considerando la suscripta que dicho rol debe ser suficientemente activo como para llegar a la verdad de los hechos investigados, plagados de numerosas irregularidades cometidas –20 años atrás– por funcionarios de gobierno y judiciales. Entiendo que de lo contrario podría generarse la defensa de intereses opuestos”. En otras palabras, Stilman está diciendo que se le pidió no actuar activamente en la acusación y que semejante conducta va contra sus principios éticos y morales y la pondría del lado de los intereses de Menem, Galeano, Beraja, Palacios y las ex autoridades de la SIDE.

Cambios

La querella que representa al Estado, es decir que acusa a los imputados en nombre del Poder Ejecutivo, fue cambiando de manos. Durante la última etapa del kirchnerismo quien se ocupaba de la acusación era Luciano Hazan, ex abogado de las Abuelas de Plaza de Mayo y en ese momento subsecretario de Justicia. Al asumir Mauricio Macri, Hazan presentó la renuncia y quedó en la primera fila Elizabet Gómez Alcorta, que hoy es defensora de Milagro Sala. Sin embargo, ante la realidad de que le iban debilitando su equipo, también Gómez Alcorta presentó la renuncia. La querella quedó en manos de Stilman, quien en su renuncia menciona que “oportunamente acepté intervenir en este juicio por pedido de la diputada Elisa Carrió”. Junto a ella trabajó el joven abogado Ezequiel Strajman, quien vivía a una cuadra de la AMIA y vivió el atentado muy de cerca: siendo un niño estallaron los vidrios de su casa cuando él jugueteaba allí. Hace tres semanas Strajman fue sancionado y le impidieron continuar en el juicio con el argumento de que “perdió objetividad”.

Desde hace varios meses, el ministerio de Justicia envió para intervenir en el juicio a un nuevo funcionario, Miguel Inchausti. El abogado fue designado por el propio Garavano con el argumento de que es el ministro el que tiene que tener el control de lo que estaba pasando. Inchausti empezó sentándose atrás y fue comentando que la orden era diferenciarse de los familiares de las víctimas. Los gestos fueron advertidos por los abogados de Memoria Activa, Familiares y Apemia: ni siquiera los saludaba. Con el tiempo fue adquiriendo cada vez más protagonismo, pese a que nunca tomó la palabra en las audiencias.

Micrófono

En una de las últimas audiencias del juicio oral las cosas derivaron en un virtual escándalo. Estaba a punto de declarar un testigo clave, unl ex prosecretario del entonces juez Galeano, Claudio Lifschitz. La defensa de los ex fiscales Eamon Mullen y José Barbaccia se opuso a que Lifschitz declarase argumentando razones procesales. Trataron de impedir que diera su testimonio el hombre que contó los desvíos, las maniobras del juez, el gobierno y la SIDE. Las querellas –la Unidad Fiscal AMIA, los familiares de las víctimas– pusieron el grito en el cielo considerando que se trataba de evitar una declaración clave. Cuando le tocó el turno a la querella, Stilman iba a tomar la palabra, pero se percibió una puja con Inchausti por el micrófono. Este quería apoyar el planteo de la defensa de Mullen y Barbaccia y Stilman se negaba. Se escuchó la frase de la abogada hacia Inchausti: “en ese caso, decilo vos”. Hubo algo bastante parecido a un forcejeo por el micrófono.

Finalmente los jueces –Néstor Costabel, Jorge Gorini y Karina Perill– permitieron que declarara Lifschitz, quien relató, paso a paso, los vínculos del juzgado con el Poder Ejecutivo en tiempos de Menem. Lifschitz fue testigo de la decisión de abandonar otras pistas y apuntar contra los policías bonaerenses como cómplices del atentado. Todo indica que esa movida –decisiva en el encubrimiento– tuvo como objetivo adjudicarle cierta responsabilidad a una fuerza de Eduardo Duhalde, archienemigo de Menem en la época y, además, entregar algún culpable a la sociedad ante el fracaso de la investigación. El ex secretario describió desde adentro la jugada clave que consistió en pagarle 400.000 dólares a Telleldín para que declarara contra los policías. Lifschitz expuso también una de sus principales hipótesis: la SIDE tenía localizada la célula que cometería el atentado, encabezada por un tal Khalil Ghatea pero los espías fallaron en evitar el ataque (hipótesis sin raíces que Pájara Rojo no respalda en absoluto. aunque comparta la importancia del testimonio respecto al desvío adrede hacía la policía bonaerense… para exculpar a los federales que participaron tanto del ataque como de su encubrimiento. N. del E.) . Como se ve, era un testimonio de máxima importancia.

En ese marco de tensión por la envergadura del testigo, el incidente entre Stilman e Inchausti terminó entre lágrimas de la letrada y la sensación de que el cruce derivaría en su renuncia. Es que era conocido que Stilman había trabajado mucho las preguntas para hacerle a Lifschitz, por lo tanto la situación se percibió como intolerable para ella. Incluso si Stilman no daba un paso al costado con sus dos renuncias por escrito –a los jueces y al ministro Garavano–, algunos de los querellantes iban a plantear la cuestión en la audiencia de hoy. Advertirían a los miembros del tribunal de la existencia de la puja y el peligro de que una querella se iba a convertir en defensa de los acusados: lo que Stilman menciona en su carta de renuncia como “la defensa de intereses opuestos”.

Ordenes

En la carta de renuncia a Garavano, Stilman deja en claro que Inchausti actúa por directas órdenes del ministro de Justicia. “Conforme a las últimas disposiciones del señor ministro –dice Stilman en su texto–, (Inchausti) es quien tiene su real aval para tomar las resoluciones en el día a día del juicio, en tanto goza de una mayor confianza del jefe de ese Ministerio e invoca sus órdenes expresas”. Por lo tanto, la letrada señala que no puede traicionar su “conciencia jurídica” aceptando lo que en el fútbol se llamaría ir para atrás.

Stilman ratifica que llegó a encabezar la querella del Ministerio de Justicia por pedido de Carrió “y se me está impidiendo ejercer mi función con libertad y probidad, máxime tratándose de una causa que me genera un superlativo compromiso moral y una alta sensibilidad social ante el reclamo de los familiares de las víctimas”.

Clave

El paso al costado de Stilman es de fuerte impacto:

* No es casual que se haya producido alrededor del testimonio de Lifschitz, una pieza importante en la acusación. La querella del Ministerio de Justicia intentó mostrarse al lado de las defensas y de la querella de AMIA y DAIA, que parece alineada en la idea de tratar de salvar a Beraja.

* La implosión de la querella del Ministerio de Justicia se produce a un mes del momento en el que se producirán los alegatos. Iba a ser muy distinto el alegato acusatorio de Stilman. En la renuncia, la letrada tiene una definición: menciona que, cuidando la objetividad, se perciben las graves irregularidades de los funcionarios del gobierno y judiciales. Es decir que la abogada ya deja claro en su texto que acusaría con dureza a los imputados en el juicio.

Coalición

El escándalo de la renuncia de Stilman deja secuelas en varios terrenos:

* Hay un nivel en el que habrá, tarde o temprano, denuncias judiciales contra Garavano e incluso contra Inchausti. Por incumplimiento de los deberes de funcionario público pero también por aspectos que tienen que ver con un fraude procesal.

* Habrá indefectiblemente una denuncia ante la CIDH. La delegación que viene en mayo tiene el tema en su agenda, a raíz del acuerdo que se firmó en Washington en el que la Argentina se comprometió, entre otras cosas, a juzgar las maniobras que se hicieron en AMIA. El ir para atrás –opinan algunos de los querellantes– va directamente en contra de lo firmado.

* Y está el aspecto político. Como en otros casos, la administración Macri aparece en coalición con la AMIA, la DAIA, la derecha norteamericana e israelí. Y mirado desde este ángulo, Menem, Beraja, y casi todos los imputados formaron –o forman– parte de ese alineamiento.

El problema es que salir en defensa de los acusados es impedir que sean condenados por desviar la investigación AMIA. E 2 de septiembre de 2004, el Tribunal Oral que juzgó a los imputados de integrar la conexión local del atentado –los policías bonaerenses y Telleldín– dictaminó que la investigación “fue un armado al servicio de políticos inescrupulosos”. Los responsables de ese armado falso –Menem, Galeano, la SIDE, los fiscales, Palacios, Beraja– son los que están sentados hoy en el banquillo de los acusados y por los que se le pidió a Stilman que no acuse de manera tan activa. Se trata de otra estafa contra las víctimas del atentado y sus familiares.

La renuncia de la abogada del Gobierno en el caso AMIA

“Es un nuevo encubrimiento”

 

 

Oscar Parrilli y Juan Martín Mena advirtieron que la decisión de la administración macrista de “abandonar un rol activo” en el juicio por el encubrimiento del atentado apunta a beneficiar a los acusados. Dijeron también que la Argentina podría recibir por ello “una condena internacional por violación a los derechos humanos”.

La renuncia de la abogada Mariana Stilman a la querella del Estado en la causa por encubrimiento del atentado a la AMIA, tras las presiones del Ministerio de Justicia para bajarle el tono a la acusación contra los imputados en ese hecho, es la comprobación de la “decisión política” del Gobierno “para que esa causa termine en la nada”. Así lo consideraron Oscar Parrilli y Juan Martín Mena, ex director y ex subdirector de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), respectivamente, quienes además advirtieron que la Argentina podría recibir por ello “una condena internacional por violación a los derechos humanos”.

Para Mena, la decisión del Poder Ejecutivo de cambiar el eje de la querella es, en los hechos, “dejar de acusar”. Y no acusar “no solo es una decisión política reprochable, sino que también es (un acto) delictivo”. Por lo tanto, añadió, esa decisión es parte de “un nuevo encubrimiento del poder político” al atentado terrorista más grave que sufrió el país.

Tal como lo reveló hoy Página/12, la dimisión que Stilman le presentará al ministro de Justicia, Germán Garavano, tiene como principal argumento un rechazo a su postura de incorporar a la querella a un nuevo abogado con instrucciones de no actuar activamente contra los procesados. Quienes están sentados en el banquillo de los acusados son el ex presidente Carlos Menem, el ex juez Juan José Galeano, los ex jefe de la SIDE, los fiscales, el ex titular de la DAIA Rubén Beraja, y el ex jefe policial allegado al macrismo Jorge “Fino” Palacios.

La decisión de que el Estado sea querellante en esa causa fue decidida a través de un decreto del gobierno de Néstor Kirchner, en 2006, que reconoce la responsabilidad internacional de la Argentina en ese hecho. El objetivo no sólo fue investigar las presuntas irregularidades en la investigación cometidas por espías y funcionarios judiciales y políticos durante el menemismo, sino también dar cumplimiento al compromiso que el Estado tenía al respecto con la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

De este modo, si se cumplen las instrucciones de Garavano de no actuar tan activamente contra los imputados, “se va a venir una condena internacional (contra la Argentina) por violación a los derechos humanos”, alertó Mena durante una entrevista por Radio 10.

Parrilli, en tanto, sostuvo ante AM 750 que el nombramiento de “un abogado sustituto de Stilman” en esa causa es parte de una “decisión política” del Gobierno “para que en lugar de acusar a los acusados, se los defienda. Con lo cual, la intención es que “esa causa termine en la nada”.

El ex titular de la AFI consideró, además, que esa medida se enmarca en otra similares respecto del caso AMIA, como por ejemplo cuando el Poder Ejecutivo “le sacó funciones a la UFI-AMIA” para “tener a su cargo todo el material desclasificado” del caso.

Mena añadió que la medida del Ministerio de Justicia se enmarca, también, en la regulación y transparencia de los fondos para inteligencia, uno de los objetivos que se persiguió con la creación de la AFI en reemplazo de la entonces Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) durante la gestión de Cristina Kirchner. “Entre la orden de echar para atrás la investigación por encubrimiento y la derogación del decreto que transparenta los fondos de inteligencia, pasamos a incumplir dos de los principios acordados con la CIDH”, explicó Mena.

Por otra parte, los ex funcionarios también se refirieron al anuncio del Gobierno sobre la desclasificación de archivos de la ex SIDE sobre el atentado a la mutual judía. “Anunciaron lo que ya se hizo en el decreto 395/15 de CFK”, sintetizó Parrilli. En ese decreto se disponía que toda la información sobre la AMIA fuera remitida a la UFI-AMIA, así como también toda la documentación adicional y de aquella nueva que apareciese. “No solamente desclasificamos sino que hicimos que fuera público, fundamentalmente para los familiares de las víctimas”, subrayó.

Mena recordó al respecto que la primera desclasificación de archivos se había hecho en 2003, cuando Néstor Kirchner relevó a los funcionarios de inteligencia del secreto que debían guardar y ordenó que se pusieran a disposición de la Justicia. Luego, “en 2005 se ordenó a todas las áreas la prohibición de la destrucción de cualquier papel que tuviera que ver con la AMIA. Y en marzo de 2015 se volvió a desclasificar toda la información. Por eso, concluyó, el anuncio hecho ayer por el gobierno de Macri fue solamente para “hacer algo para que parezca que hicieron algo”.

Diana Malamud criticó la actitud del Gobierno en el juicio de la AMIA

“Están operando para salvar a los imputados”

 

La referente de Memoria Activa anticipó que esa organización hará una presentación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). “Quieren terminar con este juicio”, se lamentó.

La referente de Memoria Activa, Diana Malamud, sostuvo que la decisión del Ministerio de Justicia de frenar el trabajo de la querella del Estado en el juicio por encubrimiento del atentado a la AMIA, revelada hoy por Página/12, “deja claro” que el gobierno de Mauricio Macri “está operando en todos los niveles para salvar a los imputados”. Además, anticipó que esa organización de familiares de víctimas hará una presentación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que sus representantes participen “como veedores” en ese juicio.

“Quieren terminar con este juicio”, lamentó Malamud al referirse a la revelación de Página/12, de que la abogada que representa la querella del Estado en el juicio por encubrimiento durante el menemismo, Mariana Stilman, renunciará a ese cargo debido a las instrucciones del ministro de Justicia, Germán Garavano, para que se actúe menos activamente en ese proceso judicial.

Durante una entrevista con AM 750, la integrante de Memoria Activa contó que “en las últimas semanas”, durante el juicio, “se veía que había una situación sumamente incómoda” en la querella. “A uno de los abogados le habían prohibido seguir yendo al juicio y Stilman se veía incómoda”, relató.

En la causa son investigados el ex presidente Carlos Menem, funcionarios políticos y judiciales, y el ex comisario Jorge “Fino” Palacios, ex mano derecha del presidente Mauricio Macri durante su gestión como jefe de gobierno porteño. Se los acusa de interferir en la investigación que aún trata de establecer las responsabilidades del atentado.

Para Malamud, la decisión del gobierno nacional de quitarle intensidad a el trabajo de los abogados intenta “salvar a los imputados” y fue tomada por “quienes negaron la verdad y justicia, y trabajaron para que la causa quede impune”. No obstante, advirtió que “haremos todas las denuncias pertinentes” e inclusive “vamos a hacer una presentación ante la CIDH”, cuyos veedores harán una visita en mayo próximo y se los invitará a participar “como veedores” del juicio.