2×1: ¡RECULARON! Crónica de un gran triunfo de la resistencia popular

Mañana todos a las 18 sin falta a Plaza de Mayo. Llevemos pañuelos blancos, ya sea para ponérnoslos o para agitarlos cuando así lo pidan las Madres. ¡Les doblamos el brazo otra vez! A continuación, una sucinta crónica del triunfo. Que no quita que sigamos atenntos y vigilantes. Del inicuo fallo de la Corte no deben quedar ni rastros.

Impedirá que se aplique a reos por crímenes de lesa humanidad, anunció el senador Pinedo 

2×1: El oficialismo impulsará una ley que volverá inocuo el controvertido fallo de la Corte

Memoria Verdad y Justicia - TélamEl gobierno nacional, a través de sus bancadas en el Congreso, impulsará la sanción de una ley que vuelva inocuo el controvertido fallo por 3 votos contra 2 con el que la Corte Suprema de la Nación aplicó la derogada Ley de Reducción de Penas conocida como “2×1” a un agente civil de inteligencia, Luis Muiñas, condenado por secuestros y aplicación de torturas. Así lo informaron tanto el presidente provisional del Senado, Federico Pinedo, como, con menor precisión, el diputado Daniel Lipovetzky. La nueva ley, adelantó Pinedo, hará inaplicable el beneficio para quienes no hayan estado presos durante la vigencia de la ley del 2×1, es decir, entre 1994 y 2001.

Fue el corolario de un fin de semana agitado, en el que abundaron las manifestaciones de repudio, incluso de aliados de un gobierno que, por indicaciones del Presidente, procuró poner distancia de dicho pronunciamiento.

Una noticia que se dio a conocer luego de que las Naciones Unidas, a través de su Alto Comisionado para los Derechos Humanos le reclamara al Estado el cumplimiento de los tratados internacionales que ha suscripto. Y de que su Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de personas iniciara ayer su inspección de diez días que tendrá su escala más urticante en Jujuy, donde ya adelantó que considera que Milagro Sala ha sido injustamente privada de su libertad.

Los acontecimientos que se sucedieron en los últimos días fueron tan vertiginosos que la Pastoral de la Conferencia Episcopal Argentina  (CEA) que culminó ayer, lunes, al mediodía en una quinta de Pilar, no emitió documento alguno, tal como es costumbre, a causa de las evidentes diferencias que se registraron entre los obispos luego de que el llamado a la reconciliación emitido por la CEA quedara fatalmente ligado al casi inmediato fallo de la Corte.

Ayer, como si le faltara algún ingrediente a una situación en la que cuatro días atrás los familiares de los condenados por crímenes de lesa humanidad festejaban y los de los detenidos-desaparecidos se lamentaban consternados entre lágrimas, se pronunciaron las Naciones Unidas a través de su Alto Comisionado para los Derechos Humanos (ACNUDH).

“El Estado argentino, y la Corte Suprema como instancia del Estado, deben cumplir no sólo con el derecho interno, sino también la normativa internacional aplicable y los compromisos asumidos a nivel internacional”, advirtió el Acnudh a través de su representante para América del Sur, Amerigo Incalcaterra (foto).

Desde Santiago de Chile, dónde tiene su oficina regional el Acnudh, Incalcaterra dijo que la Corte Suprema argentina no puede eludir el cumplimiento de lo dispuesto en la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados (1969) y debe abstenerse de “invocar disposiciones de derecho interno como justificación del incumplimiento de una obligación internacional”.

Recordó también el experto que Argentina ratificó en 1995 la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de Lesa Humanidad, con lo cual ésta adquirió rango constitucional, y que dicha convención, junto con el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (CPI), establecen con meridiana claridad que “estos delitos son imprescriptibles” a la vez que “instauran el esquema jurídico para su juzgamiento y la reparación de las víctimas”.

Los crímenes de lesa humanidad, subrayó Incalcaterra, “no pueden asimilarse a delitos comunes y su gravedad requiere de una sanción proporcional”.

La UCR bonaerense

El Comité Provincia de la Unión Cívica Radical, aliado del PRO en la coalición Cambiemos, manifestó que el fallo de la Corte “implica un grave retroceso en la política de Estado” y advirtió que “soslaya un principio fundamental como lo es el de la no regresión en la materia en delitos de lesa humanidad”.

En un comunicado, la UCR bonaerense sostiene que el fallo “modifica el principio respecto a que, en los delitos de lesa humanidad, no hay posibilidad de amnistía ni de indulto, ni se aplica a ellos el instituto de la prescripción, además de que su persecución forma parte de los objetivos de la legislación internacional, a la que la Argentina adhiere”.

“Si la Argentina ha sabido mantener una política de Estado, ésta es la política de DDHH vinculada a la última dictadura militar, y esto ha sido así por el permanente compromiso de todas las instituciones democráticas que, con el apoyo irrestricto del pueblo argentino, no han cedido ante presiones ni amenazas”, afirma el documento. Que considera que el fallo de la Corte “atenta contra la conciencia jurídica y democrática de nuestro pueblo, conciencia que ha sabido permanecer intacta más allá de las dificultades que ha atravesado el país”.

La UCR bonaerense espera una rectificación de la propia Corte: “Esperamos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, junto a todo el arco democrático y al pueblo argentino, una nueva postura en este tema, para no alterar el resultado del compromiso, la lucha y los sacrificios que los argentinos hemos sabido sostener en pos de la defensa de la democracia desde 1983”, expresó.

La lupa sobre Highton de Nolasco

Dio la casualidad que este fin de semana se reunieran en la ciudad de Santa Fe los abogados (integrantes del colectivo Mario Bosch) y fiscales (invitados) en juicios de lesa humanidad. Lógicamente, gran parte de las deliberaciones se refirieron al controvertido fallo de la Corte.

Carolina Varsky, de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad informó que en un rápido relevamiento, el Ministerio Público Fiscal estimó que 278 condenados están en condiciones de pedir acogerse a los beneficios del 2×1, un 52 por ciento del total.

El abogado Pablo Llonto dijo que el fallo de la Corte era parte de la política gubernamental dirigida a obstaculizar los juicios para dejar en libertad a los represores. “Lo van haciendo con distintas herramientas y una de ellas es la Corte”, dijo, y recordó que en diciembre de 2015 cuando Macri designó “en comisión” a los ministros Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz, el colectivo de abogados impugnó “el decretazo que quería meterlos  por la ventana en la Corte”.

Fue el voto de la jueza Elena Hihgton de Nolasco el que más despertó sospechas: “Cumplió los 75 años que prevé la Constitución Nacional para jubilarse, presentó un recurso de amparo y el gobierno no lo apeló. Por lo que sospecho cuales fueron las razones que la llevaron a votar de esa forma”, reveló Elisabeth Gómez Alcorta, una de las defensoras de Milagro Sala.

“Hubo una negociación entre el gobierno que no apeló el amparo que le permitía seguir a Higton y hoy tenemos las consecuencias: Higton se quedó en la Corte y votó con Rosatti y Rosenkrantz en contra de su propio voto en el caso Yofre”, coincidió Llonto, para quien “el fallo de la Corte se veía venir” porque “Rosenkrantz cuestionó la derogación de las leyes de obediencia debida y punto final” y respecto a Rosatti, “sabemos de su estrecha rtelación con sectores repudiables de la Iglesia”.

“Pedimos el juicio político de Rosatti y Rosenkrantz, y también el de Lorenzetti porque aceptó tomarles juramento sabiendo que entraban por la ventana. Lamentablemente hay varios  senadores del Frente para la Victoria que votaron los pliegos pese a que les llevamos las carpetas con las impugnaciones”, agregó Llonto.

Antecedentes

La primera voz discrepante desde adentro del oficialismo fue la de Santiago Cantón, secretario de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires. Cantón, un diplomático de carrera especializado en el tema (fue el representante argentino en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA), de origen radical, dijo que la Corte se había apartado del derecho internacional al equiparar a los delitos comunes con los imprescriptibles de lesa humanidad. “Con este fallo, la Corte dijo que no son categorías distintas, por lo que se les aplican las mismas reglas” y “la gravedad de los delitos de lesa humanidad requiere de una sanción proporcional, e igualar la sanción con la correspondiente a los delitos comunes ignora el carácter de lesa humanidad, lo que puede llevar a que no se cumpla con el principio de la proporcionalidad”, dijo el pasado jueves. Y ayer propuso que el Estado nacional se presente ante la CIDH impugnando el fallo de la Corte.

Seguidamente, en la mañana del viernes pasado, el TOF 5 porteño que se negó a liberar al coronel (R) Héctor Giribone por la aplicación del 2×1. Giribone fue condenado en septiembre de 2014 a ocho años de prisión por sus responsabilidades como jefe inteligencia de la Escuela de Caballería de Campo de Mayo y por ser el apropiador del bebé Pablo Gaona Miranda, nacido en cautiverio en 1979 de María Rosa, a la que se le perdió el rastro después del parto y se descuenta que había sido asesinada, como su padre Ricardo, luego de que ambos fueran secuestrados.

Casi simultáneamente, la fiscal Ángeles Ramos le pidió al TOF 6 que no liberara al capitán (R) Víctor Alejandro Gallo, un delincuente polirrubro condenado a 25 años de prisión entre otros crímenes imprescriptibles por haberse apropiado del bebé Francisco Madariaga Quintela, hijo de Mónica, una médica desaparecida que lo parió en cautiverio en el Hospital de Campo de Mayo.

Ramos le pidió a los jueces que declaren la inconstitucionalidad e inaplicabilidad de la derogada Ley 24.390 (conocida como del 2×1) entre otros motivos por afectar “al principio de proporcionalidad de las penas”.

Nuevamente fue el TOF 5 el que rechazó el pedido de acogerse al 2×1 al capitán de navío médico (R) Jorge Luis Magnacco, el obstetra de los muchos partos que tuvieron en la ESMA las desaparecidas embarazadas en poder de la Armada y unas pocas en poder de las otras fuerzas.

Orden del Presidente

Para entonces las primeras declaraciones del secretario de Derechos Humanos de la Nación, Claudio Avruj, que inicialmente no se había mostrado  para nada en desacuerdo con el fallo de la Corte  (“Tenemos que ser respetuosos y acatar el fallo de la Corte (…) los derechos humanos son para todos por igual”) habían quedado en entredicho, ya que en la reunión de Gabinete del jueves el presidente Mauricio “Macri ordenó a (el ministro de Justicioa, Germán) Garavano endurecer la crítica al fallo que aplicó el ‘dos por uno'”, según tituló La Nación la crónica de dicha reunión redactada por el periodista Mariano Obarrio.

Garavano salió de la reunión y si bien se atajó diciendo que el poder ejecutivo respeta el fallo de la Corte y la división de poderes, agregó que el fallo era “uno de los peores engendros” y que la reducción de penas conocida como 2×1 “no me parece buena en ningún escenario”.

Desde Mendoza, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, fue aún más lapidario, y tras recordar que “la Corte Suprema es independiente y son sus miembros quienes deben velar por la responsabilidad de sus fallos” opinó que la aplicación del 2×1 al agente civil de inteligencia Luis Muiña, condenado por haber oficiado como secuestrador y torturador en San Juan, era un “símbolo de impunidad” y agregó: “Rechazamos el 2×1, y rechazamos todavía más que se aplique a los delitos de lesa humanidad”.

“Consideramos que el 2×1 es un símbolo de impunidad en general porque es un mecanismo que beneficia, o beneficiaba, a los delincuentes más complicados, más duros. Esto se agrava muchísimo con lo que tiene que ver con lesa humanidad”, dijo Peña, y seguidamente destacó que “La política del Gobierno es continuar con las acciones de Memoria, Verdad y Justicia y la búsqueda del fin de la impunidad”.

Estela Carlotto y Cristina

Estela Carlotto, presidenta de las Abuelas de Plaza de Mayo, no quedó conforme con el distanciamiento del Poder Ejecutivo del Judicial y sostuvo que el fallo de la Corte “fue preparado y pensado desde el Gobierno. Prueban y luego retroceden. La mía no es una visión personal. Es evidente que hay una consigna desde el Gobierno de desactivar todo lo relacionado con los derechos humanos: Nos acostamos y levantamos con malas noticias todos los días”.

Ayer, desde Grecia, Cristina Fernández de Kirchner anunció que no viajará a Oxford, en Inglaterra, en cuya universidad se la había invitado a exponer, porque la gravedad de la situación en Argentina requiere su presencia. Dijo que se ve en el deber de “posponer” esa visita “en razón de que en mi país han ocurrido hechos de suma gravedad, que requieren mi presencia en la Argentina”.

La ex presidenta dijo que la aplicación del 2×1 permitiría “que los condenados por delitos de lesa humanidad no cumplan con sus condenas” y que volverá al país tras sus actividades en la capital de Bélgica, Bruselas, donde se entrevistará con autoridades y miembros del Parlamento Europeo, “para aportar a las acciones políticas que se lleven adelante junto a todos y todas las que saben que esto no sólo puede sino que debe modificarse”.

Escándalos, desgracias, espantos

Por su parte, al ser entrevistado por una FM musical, Radio con Vos, el titular del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos, Hernán Lombardi, manifestó sentirse personalmente “escandalizado” por el fallo de la Corte como, dijo, le sucede “ante cualquier situación de impunidad”, pero agregó que por su condición de funcionario “no puede opinar” sobre el contenido de la sentencia.

“No puedo opinar porque (al fallo) lo tenemos que respetar, pero como cualquier persona me escandaliza cualquier situación de impunidad. El 2×1 es una ley que vulnera la igualdad de los ciudadanos, me parece algo espantoso”, remató.

Más incisivo por su condición de constitucionalista, Daniel Sabsay, calificó de “desgraciado” a un fallo anterior de la Corte que proclamó que “los fallos de los organismos internacionales no son vinculantes”, lo que posibilitó que el tribunal supremo de la república se haya quedado “con la última carta” en tan espinoso tema.

Una salida

Tras deplorar que la Corte haya “revivido” una ley que fue derogada por el Congreso, Sabsay destacó que éste bien puede ponerle remedio a la situación legislando sobre la ley del 2×1 para “aclarar” que “de aquí en más no pueda aplicarse a los delitos de lesa humanidad”.

En cambio rechazó la posibilidad de que los tres ministros de la Corte que votaron por la aplicación del 2×1 a los convictos de crímenes de lesa humanidad puedan ser sometidos a juicio. “Los jueces no pueden ser juzgados por el contenido de sus sentencias”, explicó.

Primera denuncia

De otra opinión, evidentemente, es el abogado y ex legislador de la izquierda Marcelo Parrilli, de larga trayectoria en la defensa de las víctimas del Terrorismo de Estado.

Parrilli denunció a los tres jueces que firmaron el fallo de la discordia (Horacio Rosatti, Carlos Rosenkantz y Elena Highton de Nolasco) ante los tribunales federales por “prevaricato”, el delito que cometen los jueces que dictan resoluciones contrarias a derecho.

En su denuncia, que sorteada recayó en el juez Daniel Rafecas (que la remitió al fiscal Guillermo Marijuan para que dictamine si corresponde o no impulsar una investigación) Parrilli alude a la “gravedad del fallo” firmado por los tres ministros puesto que, sostiene, los tres jueces firmantes del fallo tendrían “fuertes vínculos con el gobierno nacional”.

Se trata de la primera denuncia ingresada a los tribunales a raíz de un fallo de la Corte, que ya derivó en varios pedidos de excarcelación por parte de represores condenados.

Otro abogado, Daniel Igolnikov, le dio una oportunidad a la propia Corte Suprema al pedirle formalmente ayer mediante un escrito dirigido a su presidente, Ricardo Lorenzetti, que “suspenda” y “revoque” su fallo, a causa de “las consecuencias que ya se empiezan a notar respecto de la paz social y especialmente en los delitos que implicaron violación de los derechos de los niñós y los adolescentes”.

Iglonikov advierte que de mantenerse dicho fallo en vigencia “causará un gravamen irreparable, social, jurídica y políticamente”.

Según el letrado, la Corte debe utilizar una “reposición in extremis” instrumento que, dijo, sirve para “subsanar  yerros esenciales, groseros o evidentes, deslizados en un pronunciamiento judicial”

El FR dice que apelará a la CIDH

En este contexto, el diputado Sergio Massa, anunció que el Frente Renovador (FR) apelará el fallo de la Corte Suprema ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). “El Frente Renovador se opone a la decisión de la Corte de aplicar el beneficio del 2×1 en las condenas por lesa humanidad. Es un mensaje pésimo para la sociedad que reclama justicia y que los delincuentes cumplan su pena completa. El lunes se recurrirá el fallo Muiña ante la CIDH en una presentación que será elaborada por un grupo de juristas”, señaló en un comunicado.

Además, desde el FR se anunció que se “pedirá juicio político” para todos aquellos jueces y camaristas que modifiquen sentencias anteriores y decidan “aplicar el 2×1 sin respetar los fallos precedentes”.

Más amable con el gobierno nacional estuvo Facundo Moyano, diputado del FR, quien dijo “no se me ocurre cómo ligar al Gobierno con este fallo, más viendo como diferentes funcionarios han manifestado su rechazo, como la vicepresidenta de la Nación (Gabriela Michetti, que se limitó a decir que Cambiemos y antes el PRO siempre estuvieron en contra del 2×1 para condenados por delitos graves), el jefe de Gabinete (Marcos Peña) y el ministro de Justicia (Germán Garavano)…”.

Lo que no fue óbice para que Moyano calificara el controvertido fallo como “un hecho grave en términos políticos y en términos legales”.

Poniendo distancia

Así las cosas, el secretario Avruj buscó matizar su inicial aprobación al fallo de la Corte. Reconvenido por el Presidente, dijo que era “un error” confundir dichp fallo con “una decisión del gobierno”, y rechazó las acusaciones de injerencia del Poder Ejecutivo en el Judicial. “Lo primero que planteamos fue el respeto a la independencia de los poderes,” subrayó ante los micrófonos de Radio Mitre.

Seguidamente, Avruj puntualizó que el gobierno “cuestiona la aplicación del 2×1: es un convencimiento inequívoco, esto no tiene nada que ver con el compromiso inquebrantable por la lucha contra la impunidad.”

En este sentido, el secretario se pronunció a favor de “seguir manteniendo nuestros estándares de derechos humanos lo más alto posible para que nunca más en Argentina la impunidad, el miedo y el odio se adueñen de nuestra sociedad”.

“Compartir las calles con personas que cometieron delitos atroces contra la humanidad sería algo negativo”, estimó. E insistió en que “este gobierno tiene una decisión política tomada de continuación de las políticas de memoria, verdad y justicia.”

Ayer, Avruj recibió al GTDA de la ONU en la sede de la Secretaría de Derechos Humanos, en la ex ESMA. Un comunicado informó que en la reunión “se abordaron temas relacionados con el avance de la creación de los mecanismos nacionales y provinciales de prevención de la tortura, la situación en las cárceles, prisión preventiva y los procesos de reforma judicial trabajados a través del Programa Justicia 2020”.

La delegación del GTDA estuvo encabezada por dos expertos independientes, Elina Steinerte y Sètondji Roland Adjovi. Por parte de la secretaria, además de Avruj participaron el subsecretario de Protección de Derechos Humanos, Brian Shapira, y el jefe de Gabinete de la misma, Leonardo Zsuchet.

Durante diez días la delegación visitara cárceles, hospitales penitenciarios y comisarias, en la CABA, Provincia de Buenos Aires, Chubut, Santiago del Estero y Jujuy, donde se interesará especialmente en el caso de Milagro Sala y otros militantes de la agrupación Tupac Amaru detenidos.

En octubre del año pasado, el GTDA solicitó la liberación de Sala y afirmó que su detención era “arbitraria” al considerar que “no existen elementos legales para justificar su prisión preventiva” ni tampoco “riesgo de fuga o de entorpecimiento de la investigación que justifiquen su privación de libertad”.

La independencia de los poderes

En la misma dirección que Avruj  pero menos enfático se expresó el ministro del Interior, Rogelio Frigerio. Al ser entrevistado por el canal A24 dijo que si bien los fallos de la Corte “no se discuten” y “hay que acatarlos”, el gobierno “no está de acuerdo con el 2×1”. Tras decirlo, preguntó retóricamente: “Por qué vamos a estar de acuerdo con la impunidad?”. Y tras un instante de silencio, agregó: “Nos acostumbramos en los últimos años a que el kirchnerismo le dé órdenes a la Justicia: Nosotros estamos construyendo un país republicano, que respeta la libertad de los tres poderes”, subrayó, y manifestó su esperanza de que el 2×1 se aplique únicamente en casos “muy puntuales”.

Vidal, tajante

La gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, fue tajante al manifestar ayer su total desacuerdo con el fallo de la Corte. “Los delitos de lesa humanidad deben ser tratados como delitos de lesa humanidad y no como delitos comunes” enfatizó al inaugurar junto al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y el intendente Jorge Macri, una muestra itinerante de Ana Frank (la joven judía asesinada por los nazis en un ‘lager’ luego de que escribiera un diario que se hizo célebre en el escondite que compartía con sus padres y hermanos en la trastienda de un edificio de Amsterdam) en el partido bonaerense de Vicente López.

“Nuestra posición es clara: los delitos de lesa humanidad deben ser tratados como delitos de lesa humanidad y no como delitos comunes. La única forma de aliviar el dolor, de reparar en algo el sufrimiento de las víctimas, de los sobrevivientes y sus familias, es con respuestas justas. No hay otra respuesta más que la respuesta justa, no puede haber atajos para que haya alivio al dolor”, dijo Vidal en el acto que se realizó el Centro Cultural Trabucco.

“Se debe respetar la división de poderes, pero también nuestra propia libertad de decir lo que pensamos”, concluyó.

En Diputados

La diputada nacional Alicia Ciciliani, presidenta del Bloque Socialista, presentó ayer un proyecto de ley para que los delitos de lesa humanidad no puedan ser susceptibles de amnistía, indulto, prescripción o cosa juzgada, y que las condenas no puedan ser sujetas a reducción o conmutación “bajo ningún concepto”.

“Creíamos que nunca íbamos a tener que volver a discutir sobre el tratamiento de los delitos de lesa humanidad y, erróneamente, consideramos que nuestro país había dado una vuelta de página en la secuencia del horror que nos dejó la dictadura, pero nos equivocamos”, manifestó la diputada por Santa Fe.

Ciliani estimó que el fallo de la Corte viola “compromisos internacionales asumidos en la firma de los Tratados de Derechos Humanos”.

Por su parte, Daniel Lipovetzky uno de los más mediáticos diputados del PRO, calificó ayer de “despropósito” y “retroceso” al fallo de la Corte, y consideró que para quienes cometieron delitos de lesa humanidad no debe haber “ni olvido ni perdón y, menos que menos, reducción de penas”.

En diálogo con Télam Radio, Lipovetzky adelantó que está elaborando un proyecto de ley para aportar “una solución” a la situación derivada del fallo dictado el miércoles último por el máximo tribunal de la Nación, aunque dijo que no coincide “con la posibilidad de un juicio político” contra los jueces que lo suscribieron porque, explicó, “aunque tenga una fundamentación jurídica equivocada, la tiene”.

En el Senado

Por su parte el presidente provisional del Senado, Federico Pinedo, aseguró ayer que el bloque de Cambiemos elaborará un proyecto para que el beneficio del 2×1 “solamente se aplique a quienes estuvieron presos durante el período de vigencia de la ley”, que fue desde 1994 hasta 2001, con énfasis en delitos de lesa humanidad, es decir, hizo suyos los argumentos presentados por Daniel Sabsay.

“Nosotros vamos a hacer un proyecto para que el beneficio del 2×1 se aplique solamente a quienes estuvieron presos durante el período de vigencia de la ley (1994-2001), en general, para cualquier delito, con énfasis en lo que acaba de pasar en delitos de lesa humanidad”, dijo Pinedo ayer por la mañana a radio El Mundo.

Respecto a dos de los ministros de la Corte que rubricaron el fallo de marras, Carlos Rosenkratz y Horacio Rosatti, recientemente incorporados a la Corte luego de un fallido intento del Gobierno de meterlos en la misma por decreto, Pinedo, desmintiendo a Parrilli, dijo que el Presidente no los conocía personalmente y que al impulsar su nombramiento sólo quería que fueran “jueces creíbles y que actuaran en base a la ley y su interpretación, y no en base a lineamientos políticos”.

FUENTES. TÉLAM Y PÁGiNA 12

 

 

Comentarios (8)

  1. LaHiena

    Hebe pidió que no usen los pañuelos. Publicó un video. Creo que está bien respetar esa decisión.

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  2. Adriana Soraire

    EL TITULAR NO ES ADECUADO , CON TODO RESPETO A ESTE BLOG MUY IMPORTANTE e IMPRESCINDIBLE-2×1: ¡RECULARON! Crónica de un gran triunfo de la resistencia popular ???. En MI OPINIÓN: LA OLIGARQUÍA NEOLIBERAL Y PRO-CONSERVADORA, JUNTO A SUS ALIADOS de LA EMBAJADA, HAN AVANZADO USANDO A LOS MONARCAS JUDICIALES, HASTA LOGRAR HACERLOS EXPEDIR Y VOTAR EL 2×1, PREVIAMENTE ACORDADO . COMO DECIMOS EN EL CAMPO: #NOS METIERON LA VACA EN LA PIEZA#. Y AHORA ANTE UNA CONTUNDENTE MAYORÍA NACIONAL E INTERNACIONAL QUE HA SALIDO A OPONERSE Y A DENUNCIAR AL GOBIERNO DE MACRI Y SUS ALIADOS RENOVADORES, INCLUYENDO A LOS OBISPOS QUE DIERON EL “PUNTAPIÉ INICIAL” O O “TIRARON LA PRIMERA PIEDRA PECAMINOSA”, AHORA DICEN “VAMOS A IMPULSAR UNA LEY PARA “ANULAR EL 2X1”. NADA MÁS CERCANO Y COINCIDENTE CON el CINISMO, Y MENTIRA.TRATANDO DE AHORA APARECER ANTE LOS MEDIOS CONCENTRADOS QUE MANEJAN COMO CAMPEONES DE LA REPÚBLICA. ACUERDO CON EL COMPAÑERO ROBERTO NAVARRO,… ESTO SUCEDERÍA SI NOS SIGUEN TOMANDO POR BOLUDOS. CREO QUE NO: ¡¡¡ LAS CALLES NOS ESPERAN. CON O SIN REPRESORES SUELTOS. UNIRSE ORGANIZARSE PARA MÁS RESISTENCIA Y DAR VUELTA LA TABA.
    VOLVEREMOS!!!! Javier Peñoñori

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  5. Cecilia

    En mi opinion, el titulo de la nota no se corresponde con la realidad.

    Responder
    1. lia

      el título no es adecuado…

      no se corresponde con la realidad…

      no tiene sentido decir no comparto y comentar diciendo lo mismo que el periodista.

      recular sólo quiere decir eso: retroceder con el c…

      y fue un triunfo sí, que “sólo” recularan; sin resistencia popular seguirían aplicando el 2 x 1. nadie lo duda.
      como tampoco que fue una bajada de línea del ejecutivo.

      y todos sabemos también que en esta argentina colonia yanki los tres poderes son conniventes.

      y que nos aún nos esperan varios años de estas diarias escaramuzas.

      a analizar mejor lo que se lee y concentrar mejor las energías.

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  7. Chris MB

    Falso. Para lo que fueron a la plaza el Senado ya había votado la nueva ley. Parece que andan carentes de alegrias.

    Responder

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