El Gobierno quiere cerrar la “ventana de oportunidad” que tuvo para modificar la política de impunidad y aportar al esclarecimiento del atentado a la AMIA. Las decisiones que tomó son muy graves y expresan la continuidad del esfuerzo de tantos gobiernos para preservar al Estado de su responsabilidad criminal en un acto de terrorismo de Estado en democracia.

Lo hace cuando está por terminar el segundo juicio oral AMIA pensado sólo para sancionar las irregularidades cometidas durante la investigación del atentado. En ese marco, no se pudo evitar que surgiera lo esencial: los jueces tendrán que referirse a la responsabilidad de la SIDE en la comisión del atentado. Si no lo hicieran, el juicio terminará en un nuevo escándalo.

“Fue una operación controlada” por la SIDE, afirmó un ex oficial de la inteligencia policial y prosecretario de Galeano. Temiendo por su vida, firmó en Nueva York un acuerdo de confidencialidad con dos personas que le dieron seguridad para volver al país y cierta protección para contar su versión del atentado y del encubrimiento.

Sin identificarlas, dijo que una de ellas es un ministro del actual gobierno nacional.

O sea que un ministro sabe, desde hace casi 20 años, de la participación criminal que tuvo el Estado argentino en el atentado a la AMIA y aún lo oculta, protegido en el anonimato y la confidencialidad.

Aún sabiendo de quién viene, valga este ejemplo para ilustrar el compromiso de este gobierno con la política de sus antecesores y lo gastado que está el relato oficial, que continúa hablando de “irregularidades y encubrimiento” cuando ya no alcanzan para ocultar la magnitud del compromiso criminal del Estado. Es como pretender tapar el sol con un dedo.

El Poder Judicial también es responsable de esta situación: la sociedad no puede conocer los testimonios de acusados e integrantes de la SIDE porque el Tribunal resolvió que el 25% de las audiencias fueran secretas (al 12/6/2017), impidió el acceso al público, prohibió su difusión y mandó investigar a periodistas que dieron información.

¿Esto habla o no de la continuidad del encubrimiento y de la impunidad?

Desde hace tres meses, el Gobierno reforzó este rumbo. Dictó el Decreto 229/17 que vuelve a poner el manejo de las pruebas desclasificadas en manos de la AFI y del Ministerio de Justicia, subordinando a los fiscales, únicos facultados para controlarlas.

Las consecuencias son gravísimas. La AFI se niega a certificar la legitimidad de la documentación secreta y bloquea la entrega de archivos que son pruebas, cuestionando la esencia de un proceso judicial.

El decreto es un obstáculo que refuerza el control del Ejecutivo sobre el Judicial. Habla de “desclasificar” archivos mientras prohíbe acceder a ellos. ¿Revela o no la determinación del Estado por seguir ocultando las pruebas?

Esta brutal violación de la Constitución, que impide al Ejecutivo interferir en causas judiciales, fue denunciada por APEMIA, acompañada por las otras querellas de familiares de las víctimas y la Comisión Provincial por la Memoria presidida por Pérez Esquivel y V. Mendibil. Días atrás, la Cámara de Apelaciones escuchó nuestra exigencia de no innovar y rechazar el nuevo ordenamiento “legal” que el juez Canicoba Corral no quiso cuestionar, ordenándole un nuevo pronunciamiento.

Se trata de los primeros rounds en una pelea por el control de los archivos secretos. Sin su apertura y su conocimiento por la sociedad toda, no hay posibilidad de conocer la verdad sobre la responsabilidad del Estado argentino en el atentado y su encubrimiento posterior.

Al mismo tiempo, y a contramano de las evidencias que comprometen al Estado nacional, el Gobierno promovió un acuerdo en el Senado con los principales bloques del oficialismo y de la oposición (PJ, UCR, C. Cívica, PRO y Massa) para seguir descargando sobre Irán la supuesta responsabilidad del ataque, violentar el Código Penal y simular un “juicio en ausencia”.

Se trata de un verdadero pacto de impunidad acordado con el lobby de DAIA y AMIA bajo la presión de Israel, que impide el conocimiento de la Verdad. Se forjó para evitar una investigación independiente, una investigación integral como la que reclamamos como condición para que se haga Justicia.

El hecho que tanto el Decreto 229/17 como el “juicio en ausencia” sean promovidos desde una oscura dependencia del Ministerio de Justicia como lo es la Unidad Especial AMIA -expresión formal de los servicios de inteligencia en la causa judicial- revela la continuidad del encubrimiento.

Esta política está agotada. El balance de 18 meses de la gestión oficial es negativo.

Resulta indispensable la creación inmediata de una Comisión Investigadora con acceso irrestricto a los archivos secretos para conocer la Verdad e impulsar Justicia.

Ante un nuevo aniversario y 20 años después del “Yo acuso”, Macri debe identificar al ministro que firmó un acuerdo de confidencialidad para manipular y ocultar la verdad de este crimen de Estado. Debe derogar el Decreto 229/17, liberar sin vueltas la documentación secreta al conocimiento público y facilitar la creación de una Comisión Investigadora Independiente en el Congreso Nacional.