¿ADIÓS A LA DICTADURA CÍVICO-MILITAR? Con Blaquier y Jimmy Smart, los civiles vienen zafando.

Abajo, la noticia tal como la publicó Página/12 ayer. Más abajo, el vomitivo editorial de La Nación anteayer, martes (sospecho que el propio James Smart escribió varias editoriales de la tribuna de doctrina mitrista). Arriba y a continuación de este introito, las sentidas palabras de Marcelo Parrilli. Coincido con él en que es imposible quitarle gravedad a la impunidad de “Jimmy”, quien habia integrado antes (durante la dictadura de Onganía-Levingston-Lanusse, la Cámara Federal Antisubversiva, vulgo “Camaron”) y colaboró durante la última dictadura con quien usurpaba el cargo de gobernador, el general Ibérico Saint Jean, y su jefe de policía, el coronel Ramón “Chicho” Camps. Smart es, todavía, el único civil preso de la dictadura cívico-militar-eclesiástica. Con la obscena impunidad de que disfruta Carlos Pedro Blaquier, factotum tanto de la(s) noche(s) del Apagón del Ingenio Ledesma del que era dueño como de la injusta prisión de Milagro Sala. Así las cosas, la parte civil de la dictadura tiene, que yo recuerde, un solo condenado, el impresentable salteño Marcos Levin, dueño de la compañía de ómnibus de larga distancia La Veloz del Norte. Que, dicho sea de paso, al lado de Blaquier es un salame, un chichipío. Parrilli explica seguidamente cómo y por qué un canalla paladar negro como Smart es recompensado. Y es que el 2×1 de la Corte no fue una boutade, sino una línea de acción, que si entonces salió mal, fue porque no les dejamos.  JS

 

Smart, fundador del FORES, al que pertenece el ministro  Garavano

 

POR MARCELO PARRILLI

La Corte Suprema de Justicia acaba de avalar el reclamo judicial del ex ministro de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires de la dictadura militar Jaime Lamont Smart para cobrar una jubilación de privilegio. Así le abrió el camino para percibir el retroactivo que tenía a noviembre del año pasado, un beneficio previsional de 12 millones de pesos. Smart fue quien, desde el cargo referido, se encargó de encubrir y justificar el genocidio llevado adelante en la provincia por el ex gobernador genocida Ibérico Saint Jean, aquel de la célebre frase “Primero mataremos a todos los subversivos, luego mataremos a sus colaboradores, después a sus simpatizantes, enseguida a los indiferentes y por último a los tímidos”.

Smart fue fundador de FORES, Foro de estudios sobre la Administración de Justicia, uno de los cerebros jurídicos del genocidio. A esa institución de abogados de ultraderecha que actuó durante la dictadura como asesoría letrada de los comandantes militares pertenece nuestro actual Ministro de Justicia y Derechos Humanos Gernán Garavano. FORES publicó un trabajo titulado “Definitivamente Nunca Más” una suerte de anti-Nunca Más, destinado a justificar el genocidio.

Que Smart registre a la fecha dos condenas por genocidio y esté inhabilitado de manera absoluta y perpetua no fue óbice para que la Corte le otorgara, en violación de toda la legislación nacional e internacional vigente, esta última incorporada a nuestro derecho interno, el beneficio que inmoralmente solicitó. Siempre pensé que la condena de Smart, un hecho enorme, no fue debidamente valorada, por la importancia de Smart en el genocidio y por el sector social al que pertenece Smart. Hoy, este hecho, lo vuelve a traer a la primera plana. Esperemos que sirva no sólo para que en definitiva se lo prive de esta recompensa económica a su tarea criminal sino además para que todos podamos conocerlo un poco más y condenarlo socialmente como se merece y le debemos a sus miles de víctimas.

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Habilitan al represor Jaime Smart a cobrar una jubilación de privilegio

Llegó la reparación histórica

Smart fue ministro de la provincia de Buenos Aires durante la última dictadura y fue condenado, aunque la sentencia no está firme: hace cinco años espera en Casación. El reclamo previsional es por haber sido miembro del “Camarón”, el tribunal para presos políticos.

El represor Jaime Smart cobrará una jubilación de privilegio por su actuación de juez de Cámara en un tribunal especialmente creado a principios de los 70 para tratar denuncias contra militantes sociales perseguidos. El beneficio para Smart, cuya condena por delitos de lesa humanidad cometidos durante su gestión como ministro bonaerense durante el terrorismo de Estado y recibida hace cinco años aún no está firme, fue habilitado por la Corte Suprema, que rechazó un recurso extraordinario del Estado nacional en contra de su aplicación. Smart reclama 12 millones de pesos.

Con el voto de Elena Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda, Horacio Rosatti y el presidente de los magistrados, Ricardo Lorenzetti, el pasado 4 de julio –un mes después de habilitar el beneficio del 2×1 al represor Luis Muiña– la Corte Suprema rechazó por “inadmisible” el recurso de queja que el Estado Nacional, representado por el Consejo de la Magistratura, presentó para discutir la decisión de la Cámara Federal de la Seguridad Social que, por mayoría, había habilitado que Smart cobrase jubilación de privilegio por los años que ejerció en el “Camarón”.

Smart integró el gobierno dictatorial de la provincia de Buenos Aires en calidad de ministro. La Justicia federal lo halló culpable de delitos de lesa humanidad cometidos durante aquellos años de terror y lo condenó. La sentencia aún aguarda confirmación: hace cinco años que está frenada en la Cámara de Casación. Pero aquel puesto no fue el comienzo de la “lucha antisubversiva” de Smart. En 1968 fue nombrado fiscal por el presidente de facto Juan Carlos Onganía. En 1971, el gobierno militar de Roberto Levingston lo promovió como juez de la Cámara Federal porteña creada para perseguir opositores políticos y guerrilleros. Por esos tres años de camarista reclamó Smart al Estado, en una demanda que le presentó en 2006, una jubilación de privilegio. La demanda del represor se basó en la aplicación de la ley 24.018, que regula las jubilaciones y pensiones. Los retroactivos de ese beneficio habilitan a Smart a cobrar en la actualidad 12 millones de pesos, según el cálculo del abogado José Ignacio López, quien denunció la decisión de la Corte.

Varios años después, y por fallo dividido, la Sala II de la Cámara Federal de la Seguridad Social le dio la razón. La disidencia la marcó la jueza Nora Dorado, quien advirtió que la aplicación de la norma que reclamó Smart no correspondía. Según la jueza, el represor no acreditó en la causa 15 años continuos o 20 discontinuos como funcionario del Poder Judicial de la Nación, tal como lo requiere el artículo 9. Sus colegas Luis Herrero y Emilio Fernández no encontraron esa “inconsistencia” en la demanda de Smart y le concedieron el reclamo. El Estado nacional intentó que el tema lo tomara la Corte, sin mejor suerte.

Entrada la democracia, Smart se retiró a su actividad penalista en el ámbito privado. Fue abogado defensor del ministro del Interior del “Proceso”, el general Albano Harguindeguy y del ex subcomisario Samuel Miara, genocida y apropiador de los mellizos Reggiardo Tolosa. En 2009 se convirtió en el primer civil en ser encarcelado mientras la Justicia lo investigaba como responsable del secuestro y la aplicación de tormentos al periodista Jacobo Timerman y de la desaparición del abogado Rodolfo Gutiérrez en 1978, en San Isidro. Llegó a juicio detenido. Fue, también, el primer civil condenado por delitos de lesa humanidad.

EDITORIAL DE LA NACIÓN

Jaime Smart, víctima de la justicia militante

Cada vez que los tribunales disponen la detención domiciliaria del ex funcionario, un juez le inventa un nuevo proceso con prisión carcelaria

JDesde esta columna nos hemos ocupado de la injusta y penosa situación de Jaime Smart, ministro de Gobierno bonaerense entre 1976 y 1979, a quien se lo ha privado de su libertad desde hace más de nueve años mediante procesos judiciales viciados y manejados por jueces militantes.

Quienes conocen a Smart saben de sus elevadas cualidades morales y de su dignidad y entereza para enfrentar una tan prolongada como injusta prisión política. A sus 82 años ha tenido que sobrellevar por enésima vez la situación de prepararse para dejar su calabozo e iniciar una detención domiciliaria, para recibir un minuto antes de partir la notificación de un nuevo proceso con dictado de prisión carcelaria.

La primera vez ocurrió el 5 de mayo de 2015, cuando la Sala I de la Cámara de Casación dispuso su prisión domiciliaria, pero el entonces juez federal de La Plata Ernesto Rozanski inició una nueva causa y lo retuvo en la cárcel de Marcos Paz. Este juez renunció antes de someterse a juicio por el Consejo de la Magistratura. Sus propios empleados y jueces del mismo tribunal lo denunciaron por el desorden de su juzgado y por sólo motorizar los juicios llamados de lesa humanidad, dejando prescribir los restantes. En la última y reciente oportunidad en que la Cámara confirmó su prisión domiciliaria, Smart fue nuevamente retenido con la valija preparada, empleando el mismo artificio, esta vez por el juez Ernesto Kreplak, un notorio militante camporista designado juez federal en La Plata a mediados de 2015. También este magistrado ha recibido fundados pedidos de enjuiciamiento, hasta ahora desestimados mediante falaces argumentos.

Este empeño en mantener bajo prisión a Smart reconoce los extremos de la venganza y rencor alimentados por extremismos ideológicos, odios y resentimientos que perduran. Han sido inútiles los pedidos de recusación de estos jueces a pesar de las evidencias de manifiesta enemistad. Tampoco se han logrado evitar los circos armados en las sesiones de juicio oral con muchedumbres vociferantes.

Las más de doce causas penales concentradas en la persona de Smart parecerían querer dar fundamento a la intencionada calificación de “cívico-militar” que la reciente ley de la provincia de Buenos Aires obliga a aplicar al golpe del 24 de marzo de 1976 y al gobierno militar.

Una de esas causas, según la defensa de Smart, se basó en el testimonio falso de Mario Edgardo Medina, quien declaró que había visto a Smart cuando lo torturaba. Cuando se le preguntó cómo podía reconocerlo, respondió que había sido juzgado en la Cámara Penal de la Nación, que había integrado Smart y que juzgó los delitos de los terroristas entre 1971 y 1972. Medina lo reconoció porque formaba parte del tribunal que lo juzgó en juicio oral en aquella época por integrar Montoneros. La defensa investigó y demostró con aquel antiguo expediente, traído de Bahía Blanca, donde estaba archivado, en el que Medina fue condenado, que Smart no había participado en ese juicio. Medina mintió, se formuló la denuncia del caso, pero la justicia federal de La Plata no la dejó prosperar.

Las causas contra Smart han sido construidas desoyendo testimonios que acreditaban el estricto cumplimiento y limitación de sus funciones a las disposiciones de aquella época. Éstas fueron dictadas a partir de marzo de 1976 para excluir a los funcionarios del gobierno del conocimiento y de la ejecución de las acciones de las Fuerzas Armadas en la lucha antisubversiva.

Todas las evidencias y resoluciones formales presentadas por la defensa de Smart fueron desestimadas aplicando la presunción indemostrable de que “debería saberlo”.

El delito de lesa humanidad y la consecuente imprescriptibilidad entraron en vigor con la incorporación del Estatuto de Roma a nuestro plexo jurídico mediante la ley 26.200, del 5 de enero de 2007. En su artículo 13 dice: “Ninguno de los delitos previstos en el Estatuto de Roma ni en la presente ley puede ser aplicado en violación del principio de legalidad consagrado en el artículo 18 de la Constitución Nacional”. Queda entonces claramente excluida la aplicación retroactiva.

Es de esperar que esta flagrante ausencia de justicia, que no sólo comprende a Smart, sea enmendada dentro de los cauces constitucionales y con el correcto e imparcial funcionamiento del Consejo de la Magistratura y en el ejercicio de sus respectivas responsabilidades, también por la Corte Suprema de Justicia, el Poder Ejecutivo y el Congreso Nacional.

Comentario (1)

  1. Gustavo Bessolo

    El texto de La Nazión es un ejemplo cabal de abuso de adjetivación y carencia de argumentos (sólo encontré uno y es dudoso). No es un dato menor porque así funciona la propaganda y así, afirmando sin pruebas y calificando exageradamente, llegaron al poder…

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