HUBO JUSTICIA. Histórico veredicto en Mendoza: cuatro ex jueces federales condenados a perpetua

También recibieron penas 22 militares, penitenciarios y policías 

TÉLAM, MEMORIA, VERDAD Y JUSTICIA

Memoria Verdad y Justicia - TélamEl Tribunal Oral Federal número 1 de Mendoza sentenció ayer a prisión perpetua a los ex jueces federales Roque Otilino Romano, Luis Guillermo Max Petra Recabarren, Luis Francisco Miret y Rolando Evaristo Carrizo, por hallarlos culpables de delitos de lesa humanidad durante la última dictadura, en el final de un proceso judicial que se extendió por más de tres años. El TOF compuesto por Alejandro Piña (presidente), Juan Antonio González Macías y Raúl Fourcade, dictó la más severa sanción prevista en el código procesal para los ex magistrados, en el IV juicio oral por delitos de lesa humanidad que tuvo lugar en Mendoza desde el 17 de febrero de 2014.

Emoción, abrazos y lágrimas en Mendoza

El proceso oral, que demandó 216 audiencias, puso en el banquillo de los acusados, por primera vez, a cuatro ex jueces y ex camaristas que ejercieron durante la última dictadura y que estuvieron al frente de la Justicia Federal en esta provincia hasta hace pocos años atrás.

En una Sala de Audiencias repleta y con una pantalla gigante instalada en las escalinatas de acceso al edificio judicial, por la gran convocatoria de público, la secretaria letrada del Tribunal Oral, Natalia Suárez, leyó la sentencia, en los autos 076-M caratulados “Menéndez Sanchez, Luciano B. y otros”, en donde, además de los cuatro ex jueces sentenciados a prisión perpetua, recibieron una pena similar otros ocho imputados; cuatro fueron condenados a 20 años de prisión; otro a 18 años; dos recibieron una pena de 15 años; uno fue condenado a 10 años; cinco imputados recibieron penas menores de entre 6 y 3 años de prisión y tres fueron absueltos.

El coronel Carlos Horacio Tragant, ex director del Liceo Militar y el suboficial (RE) José Antonio Fuertes fueron condenados a prisión perpetua por homicidios, secuestros y torturas. La misma pena recibieron quien fuera jefe de la Policía, el comodoro (RE) Alcides París Francisca -que resultó absuelto en dos causas- y quienes cumplieron funciones en el centro clandestino de detención D2: Armando Fernández, Pablo Gutiérrez, Luis Rodríguez y Miguel Ángel Tello Amaya.

Otro imputado que recibió la pena máxima prevista en el código fue el ex jefe del G2, división de Inteligencia del Ejército, Paulino Furió, quien ya tenìa una condena semejante recibida tras el segundo juicio que se realizó en la provincia.

Por su parte, recibieron 20 años de prisión quien fuera jefe del centro clandestino de detención que funcionó en la Compañía de Comunicaciones de Montaña 8, Dardo Migno; el jefe de esa unidad militar, Juan Ramón Puebla; y los integrantes del D2, Rubén Darío González y Julio Héctor Lapaz. Otro integrante del D2, el cabo Marcelo Rolando Moroy, fue penado con 18 años de prisión.

Mario Alfredo Laporta, quien también fuera jefe de la Policía de Mendoza, fue sentenciado a 15 años de prisión. Misma cantidad de tiempo recibió el ex sargento del D2, Diego Fernando morales. En tanto, el segundo jefe del D2, Ricardo Benjamín Miranda, deberá cumplir diez años de cárcel.

Los penitenciarios retirados Oscar Alberto Bianchi y Pedro Modesto Linares fueron condenados a seis años de prisión.

Un subcomisario retirado de la Seccional 13, Armando Hopólito Guevara, recibió la mitad de la pena que habían pedido los fiscales: cinco años de prisión. Ocurrió que fue absuelto en dos causas.

En tanto que los policías de la Comisaría 7ma. Antonio Indalecio Garro y José Antonio Lorenzo recuperaron su libertad. Ellos fueron absueltos en los cargos de asociación ilícita, siendo condenados a 3 años de prisión, lo cual es una pena excarcelable. Ahora, para mantener su libertad deberán observar buena conducta los años que vienen, notificando a la Justicia su lugar de residencia y sometiéndose a los estudios del Organismo Técnico-Criminológico (OTC).

Finalmente, Juan Carlos Ponce, Héctor Rubén Camargo y Miguel Ángel Ponce resultaron absueltos por el beneficio de la duda. Los tres cumplían funciones en la Comisaría 16 de Mendoza.

Esta megacausa, conocida en todo el país como el “Juicio a los Jueces”, resultó de la acumulación de alrededor de 20 causas por delitos de lesa humanidad y tuvo en el banquillo a 34 imputados, por delitos que incluyeron la apropiación de una menor, detenciones, secuestros, torturas, violaciones, desapariciones y/o asesinatos de los que fueron vìctimas màs de 200 personas.

En declaraciones a Télam, Alejandro Piña prefirió no opinar sobre el juicio en el que su tribunal acababa de dictar sentencia, pero expresó que: “sólo quiero reconocer el trabajo y el compromiso de mis colegas jueces, de los abogados de fiscalía, querellantes y defensores, por su profesionalismo. Y a los funcionarios y empleados de mi tribunal por su labor ejemplar”.

Por su parte, el fiscal Dante Vega le dijo a Télam que: “fue un fallo histórico, no hay que olvidar que aquí se juzgaba todo el arco que actuó durante el terrorismo de Estado, y no solamente hay jueces condenados, sino militares, policías y penitenciarios, con distintas penas. Y la sentencia dice muchas cosas; primero, que los testigos dijeron la verdad, y después, que nos entendió a nosotros cuando interpretamos a esos testigos y trasladamos su testimonio al derecho”. “Y cuando el Tribunal dicta este fallo contundente -agregó- e impone estas penas que son las más graves del ordenamiento jurídico argentino contra cuatro ex magistrados, lo que está diciendo es que toda esa construcción y cómo fundamentamos esa participación delictiva y todo lo que valoramos, que esa es la magnitud más terrible del terrorismo de Estado, ya que las víctimas no tenían donde guarecerse y donde encontrar amparo, porque la Justicia era cómplice del Terrorismo de Estado”.

“Después de haber escuchado tanto dolor, y haber analizado los dichos de los imputados y sus descargos, estoy satisfecho por el deber cumplido, y por el resultado que demuestra que un Tribunal democrático determinó que el terror estatal no solo fue obra de uniformados, sino que solo pudo ser posible con una justicia que facilitara la tarea represiva e ilegal”, apuntó Vega. Y concluyó: “Es histórico en varios sentidos, porque es un período muy extenso que incluso abarca periodos anteriores al golpe militar, o sea que ya había terrorismo estatal antes del golpe, y después se sistematizó”.

Luz Amanda Faingold, actualmente Directora de Derechos Humanos de Mendoza, estuvo siete días detenida en el D2 de forma ilegal siendo menor de edad. Su familia no sabía dónde estaba y se presentaron ante el por entonces fiscal Otilio Romano y su causa la llevó adelante el ex juez Luis Miret. Durante los días de cautiverio sufrió todo tipo de abusos y vejaciones. Su caso fue uno de los más emblemáticos en el Megajuicio que llevó al banquillo a los cómplices civiles de la última dictadura cívico militar.

Tras la sentencia, Faingold declaró al diario UNO de Mendoza que los imputados y condenados en el juicio tuvieron durante los dos años y medio de audiencias “todas las garantías legales aseguradas, las que ellos no les dieron a sus víctimas”.

Por su parte, el Secretario de Derechos Humanos de la Nación Claudio Avruj expresó en una columna de opinión que “esta sentencia es el resultado de un trabajo de la justicia en democracia, que incluyó entre las partes querellantes a la Secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural de la Nación, lo que reafirma nuestro compromiso inalterable en la búsqueda de justicia como valor insoslayable de la república”.

 

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