AMIA. Cerrarían la Unidad Especial del Poder Ejecutivo creada para ayudar en el esclarecimiento del atentado

Garavano acusa a Cimadevilla de inútil. Cimadevilla destaca, con razón, que no le dan un peso. En cualquier caso, al parecer los miembros de la Unidad Especial están pintados, y el proyecto laboriosamente elaborado por el abogado juninense Adolfo Athos Aguiar (laboriosamente para que no se note tanto que es un enchastre, y para colmo con pretensiones de retroactivo) se encuentra varado en el Senado, y si se trata luego de que Cristina asuma se tiene la garantía absoluta de que su insalvable ridiculez será objeto de burla desde Alaska a Tierra del Fuego y del Algarve hasta Kamchatka.
Lo cierto es que nadie sabe quien respaldada Cimadevilla, y por momentos pareciera que nadie, o que el radicalismo es tan débil en el Ejecutivo que así como lo pusiero al frente de la Unidad para pagar algún favor (como al analógico Aguad al frente de las Comunicaciones) aunque no tuviera la menor idea del tema, del mismo modo ahora se lo quieren sacar de encima a sabiendas que Sanz Techíin no clamará al cielo ni aparecerá el Chapulín colorado para salvarlo.
Uno de los misterios es por qué se haría una movida semejante en víspera de la visita del primer ministro Netaniahu. ¿Fue Cimadevilla quien destapó su enfrentamiento con el ministro Garavano para que Israel acuda en su auxilio? O, por el contrario, es Garavano quien cuenta con el tácito apoyo de un gobierno israelí que no desea por nada del mundo que se separa la verdad del caso AMIA?
A continuación, tres notas sobre el tema. La primera, de Hugo Alconada Mon en La Nación, plantea el problema central y es muy buena. Las otras dos, de La Política On Line e Infobae, traen bastante información y esbozan conjeturas.

 

 

AMIA, sin fondos para investigar

 

Hugo Alconada Mon

​POR HUGO ALCONADA MON

Aprincipios del mes pasado se cumplieron 37 años de la llamada “Masacre de Bolonia”. El sábado 2 de agosto de 1980, una bomba estalló en la estación de trenes de esa ciudad italiana. Murieron 85 personas y más de 200 resultaron heridas. Los escombros no habían sido removidos aún cuando el gobierno de turno comenzó a lanzar acusaciones sin pruebas, mientras sus servicios de inteligencia enchastraban la investigación, con la ayuda de jueces, políticos, policías, periodistas y hasta banqueros que aportaron lo suyo para encubrir la verdad.

 

 

Casi catorce años después, el lunes 18 de julio de 1994 estalló otra bomba, pero en Buenos Aires, en la sede de la AMIA. También murieron 85 personas y más de 300 resultaron heridas. Y los escombros tampoco habían sido removidos aún cuando el gobierno de turno comenzó a lanzar acusaciones sin pruebas y los espías a enchastrar la pesquisa, con la ayuda de jueces, políticos, policías, periodistas y hasta banqueros que también aportaron lo suyo para encubrir la verdad.

Hoy, 37 y 23 años después de ambos atentados, italianos y argentinos siguen reclamándoles a sus Estados que cumplan con una de las premisas fundacionales de cualquier Estado: impartir justicia.

Allá, en Italia, los políticos dejaron de participar en los actos conmemorativos cuando se cumplieron 30 años del atentado, en 2010. No lo dijeron, pero apostaron al paso del tiempo, al olvido, y a la vejez y muerte de sobrevivientes, familiares y responsables.

Acá, los gobernantes de turno asisten a los actos, pero sólo mientras los silbidos apuntan contra sus antecesores, y comienzan a ausentarse a medida que los reclamos caen sobre sus inacciones. Y, también, aunque no lo digan, apuestan al paso del tiempo, al olvido social y a la impunidad judicial.

Por eso, allá, en Italia, intelectuales y personalidades como Umberto Eco o el sacerdote Luiggi Ciotti difundieron el documento “Processare lo Stato infedele” (“Enjuiciar al Estado infiel”). Allí aludieron a las “sombras oscuras” que se ciernen sobre el Estado, a las mafias con “poder de chantaje” sobre aquellos que podrían colaborar en la investigación, pero también remarcaron la oportunidad que aporta el paso del tiempo. Permite cruzar, dijeron, “una gran masa de documentos recopilados por varios tribunales”, lo que aportaría “una nueva lectura” del atentado, detectar “posibles correlaciones” y llegar, así, a la “verdad indecible”.

Hoy, eso también es posible en la Argentina.

Una de las promesas centrales del presidente Mauricio Macri cuando asumió versó sobre aquel atentado contra la AMIA: “No nos olvidaremos tampoco de los argentinos víctimas del terrorismo. Queremos saber qué ocurrió; y, por eso, también elevamos a rango de Secretaría de Estado la Unidad Especial de Investigación de la causa AMIA. Necesitamos verdad y justicia”.

Más allá de las palabras, sin embargo, eso no ocurrió. Por el contrario, la “Unidad Especial” quedó hundida y trabada en la burocracia del Ministerio de Justicia, donde incluso le retacean los fondos que necesita para sistematizar, informatizar y cruzar la información proveniente de varias investigaciones judiciales. Porque, créase o no, hasta ahora y después de tantos años, nunca se sistematizaron, informatizaron y cruzaron los expedientes que podrían aportar sorpresas, como la “causa Armas”, entre otras.

Sin embargo, un gobierno que destinó fondos, por citar sólo un ejemplo, a la Dirección de Movilidad en Bicicleta de la Dirección Nacional de Transporte No Movilizado de la Subsecretaría de Movilidad Urbana de la Secretaría de Planificación de Transporte del Ministerio de Transporte, al mismo tiempo le retacea 500.000 dólares a la “Unidad Especial” para cumplir con su labor, por lo que debe salir a pedir colaboración a otros organismos estatales y no gubernamentales. ¿Se privatizó, acaso, la administración de justicia?

A la ley de presupuesto se la conoce, por tradición, como “la ley de leyes”. Porque más allá de las palabras, expresa con claridad cuáles son las prioridades de quienes gobiernan. ¿Es más importante, por ejemplo, renovar la vajilla de una embajada o adquirir lo esencial para centros de salud? ¿Las bicisendas o emprender un camino serio contra la impunidad?

“No es demasiado tarde para escribir en profundidad la historia de agosto 2 de 1980, de los 85 muertos y 200 heridos en la estación de tren de Bolonia”, reclamaron Eco y los otros referentes, allá, en Italia, en pos de “la civilidad y la justicia”.

Aquí, en la Argentina, Macri llegará al fin de su mandato cuando se cumplan, en 2019, los 25 años del peor atentado terrorista en la historia de nuestro país. Aquí también se dirime “la civilidad y la justicia”.

 

 

 

 

El gobierno cierra la Unidad AMIA a días de la llegada de Netanyahu

 

La Politica Online / Cimadevilla denunció trabas burocráticas de Garavano. El premier israelí se reúne con Macri la semana próxima.

El gobierno nacional planea cerrar la Unidad Especial AMIA, en medio de una fuerte disputa entre su titular Mario Cimadevilla y el ministro de Justicia, Germán Garavano. El tema salió a la luz a días de la llegada del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, por lo que podría generar un chispazo en el encuentro con Mauricio Macri.

El cortocircuito entre Garavano y Cimadevilla y la idea del gobierno de cerrar la Unidad AMIA trascendieron en un momento más que inoportuno para Macri, que el martes de la semana próxima se reunirá con Netanyahu en la Casa Rosada. Será la primera vez que un primer ministro de Israel visite la Argentina.

Macri y Netanyahu han mostrado una buena sintonía tras el encuentro que mantuvieron en Davos a comienzos de 2016. Desde su asunción, el Presidente se comprometió a respaldar las investigaciones por los atentados a la AMIA y la Embajada de Israel y la muerte del fiscal Nisman, causas que impulsan el gobierno israelí y las entidades judías locales.

Una de las medidas que tomó Macri en ese sentido fue darle rango de secretaría a la Unidad Especial de Investigación del Atentado a la AMIA, un organismo creado en 2000. Uno de los objetivos centrales de esa dependencia es intervenir como querellante en las causas judiciales por encubrimiento del atentado. En los últimos meses, Cimadevilla había estado detrás de la elaboración del proyecto de juicio en ausencia, el instrumento para condenar a los iraníes acusados de llevar a cabo el ataque contra la mutual.

Macri con Netanyahu en Davos

 

 

Sin embargo, este lunes fuentes del Gobierno hicieron trascender que planean cerrar la Unidad AMIA porque ya “cumplió” con sus objetivos y “deja de tener mucha razón de ser”. La decisión final la tendría Macri, aunque el Ministerio de Justicia y la Jefatura de Gabinete ya habrían avanzado con la idea.

Lo llamativo es que el objetivo del juicio en ausencia todavía está lejos, aunque Cimadevilla ya avanzó en la elaboración del proyecto (presentado en marzo) junto a senadores de varios bloques. Pero la temporada electoral demoró el tratamiento, que se preveía para después del receso invernal pero el Congreso sigue casi paralizado.

Este proyecto había sido reclamado por el grueso de las entidades judías, que también se verán con Netanyahu. Aunque no hubo un reclamo formal del Gobierno de Israel por este tema, recientemente el director general del Ministerio de Exteriores, Yuval Rotem, dijo que su país “recibirá con agrado cualquier progreso que haga justicia y condene a quienes planearon, financiaron y ejecutaron estos ataques”.

No obstante, en una entrevista con LPO el director de la Agencia Judía de Noticias, Daniel Berliner, advirtió meses atrás que en la comunidad el respaldo a esa iniciativa dista de ser monolítico y es resistido por la ortodoxia. “El juicio en ausencia puede abrir la puerta del infierno”, afirmó Berliner.

En realidad, más allá de la excusa de los objetivos cumplidos lo que hay detrás de la idea de cerrar la Unidad es la disputa de Garavano y Cimadevilla. “El manejo de la causa judicial y la investigación que podemos aportar desde esta Unidad Especial no puede estar sometido a una permanente traba burocrática del Estado. Acá hace falta una mayor celeridad en los trámites administrativos que nunca hubo”, dijo a Infobae el ex senador radical.

Cimadevilla también se quejó porque desde el primer día contó con una estructura “mínima” para desarrollar su trabajo: 10.000 pesos mensuales de presupuesto y 15 abogados. Desde Justicia negaron esa acusación y, por otro lado, hablaron de compras “poco transparentes” reclamadas por el titular de la Unidad.

 

 

 

El Gobierno analiza cerrar la Unidad Especial de AMIA por falta de resultados y escasa transparencia

 

 

 

El radical Cimadevilla a cargo de esa dependencia se quejó por la falta de presupuesto; el Ministerio de Justicia cree que ya cumplió una etapa

Mario Cimadevilla, titular de la Unidad Especial AMIA del Ministerio de Justicia de la Nación (NA)

 

Trabas burocráticas, denuncias de un organismo paralizado, un largo cruce de mails, resoluciones internas fallidas, puja de egos y escasos resultados a la vista. Con toda esta catarata de antecedentes en la mano sobre la Unidad Especial de Investigación del atentado a la AMIA, el Gobierno evalúa por estas horas cerrar por completo esa dependencia que se creó en el 2000 con la intención de dar celeridad a la causa judicial que investiga el ataque terrorista.

Así, la Unidad Especial AMIA, que desde que Cambiemos llegó al poder está a cargo del radical Mario Cimadevilla, podría dejar de existir en lo inmediato ya que, según analizan en la Casa Rosada, su trabajo “dejó de tener razón de ser”. No solo esto. En los últimos meses la unidad a cargo del ex senador de Chubut protagonizó duras polémicas internas en el Gobierno y cuestionamientos externos de algunos referentes de la comunidad judía.

“La intención fundamental de la Unidad AMIA era darle celeridad a la causa judicial, colaborar con la redacción del proyecto de ley de juicio en ausencia y pagar las indemnizaciones a las familias de las víctimas del atentado. Todo eso ya se cumplió. De ahora en más la Unidad Especial de AMIA deja de tener mucha razón de ser”, sentenció ante Infobae un destacado funcionario del Gobierno. El tema de la eventual clausura de esa dependencia se conversó en los últimos días entre el ministro de Justicia Germán Garavano y la Jefatura de Gabinete. Pero la resolución final no se dará a conocer hasta que no cuente con el visto final del presidente Mauricio Macri.

Desde que llegó a ocupar su cargo en diciembre del 2016, el titular de la Unidad Especial de AMIA se quejó por la falta de recursos y las trabas burocráticas que le impusieron desde el Ministerio de Justicia y desde el Ministerio de Modernización para la adquisición de un software especial destinado a realizar la digitalización y el cruce de datos de todos los archivos secretos de la causa del atentado. “El manejo de la causa judicial y la investigación que podemos aportar desde esta Unidad Especial no puede estar sometido a una permanente traba burocrática del Estado. Acá hace falta una mayor celeridad en los trámites administrativos que nunca hubo”, expresó Cimadevilla en diálogo con Infobae.

¿Cuál fue el detonante para acelerar la eventual clausura de esa Unidad Especial? Al parecer, la gota que rebalsó el vaso fue la idea de Cimadevilla de contratar un software en Gran Bretaña con el que se podría hacer un cruce de los miles de datos de los archivos secretos de la causa AMIA y, eventualmente, arrojar nuevas pruebas para la causa. Este software tendría un costo global de dos millones de dólares. Pero nada de ello se hizo hasta ahora.

Allegados al ministro Garavano justificaron la decisión de cerrar la Unidad Especial AMIA. Dijeron que “nunca fueron transparentes y claros los pedidos que hizo Cimadevilla: primero exigió que sea una compra directa, luego la contratación de una consultoría y después la compra de un software”. El departamento jurídico de Garavano objetó los formularios que presentó en varias oportunidades Cimadevilla para avanzar con la compra del software británico por “falta de claridad en la información”. A la vez, creen que la tarea de entrecruzamiento y digitalización de datos de los archivos de la ex SIDE la pueden hacer el juez Rodolfo Canicoba Corral o la comisión especial de tres fiscales que reemplazó al fallecido fiscal Alberto Nisman.

Desde el Ministerio de Justicia coincidieron ante Infobae con el Ministerio de Modernización a cargo de Andrés Ibarra en que “nunca hubo desde la Unidad Especial AMIA un reclamo ordenado y claro de lo que se requería”. En el medio de ello hubo intercambio de mails y de formularios entre Cimadevilla y Justicia que lo único que hicieron fue generar malestar y tensión entre ambas partes.

Cimadevilla mostró un profundo malestar con Garavano por lo que denomina “una permanente muestra de trabas burocráticas” y destacó que desde el primer día contó con una estructura mínima para desarrollar su trabajo: 10.000 pesos mensuales de presupuesto y 15 abogados, adujo. Desde el Ministerio de Justicia negaron rotundamente estas acusaciones y dijeron que la Unidad Especial AMIA tiene un amplio presupuesto, un staff de personal que pocos entes estatales tienen y que se le alquiló una amplia oficina en la calle Mitre por un pedido especial del propio Cimadevilla.

La Unidad Especial AMIA fue creada en el 2000, con el fin de asistir a las investigaciones y con la facultad de “intervenir como parte querellante en las causas judiciales por encubrimiento del atentado a la sede de la AMIA, coordinando su accionar con el de la Oficina Anticorrupción del Ministerio de Justicia”. El artículo 2° del decreto de su creación habilita a la Unidad a “monitorear” el avance de la totalidad de la causas vinculadas con el atentado ocurrido el 18 de julio de 1994, “proponer” al ministro de Justicia los proyectos normativos para cumplir con los compromisos del Estado Nacional con relación al ataque terrorista y “establecer espacios de diálogo” con las entidades de la comunidad judía.

En marzo pasado se emitió un decreto presidencial para desclasificar todos los archivos secretos de la causa AMIA que recolectó la ex SIDE durante 23 años y que ahora están bajo llaves en las oficinas de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI). La Justicia debe tomar ahora esos archivos y la idea de Cimadevilla era colaborar con la digitalización y cruce de esos datos. Para ello se contactó con una empresa británica que, según dice el titular de la Unidad Especial AMIA, es “de las pocas en el mundo que hace esa tarea”.

Pero tanto en Justicia como en Modernización le dijeron a Cimadevilla que no se podría hacer una compra directa porque se trata de un monto de dos millones de dólares, muy por encima de la cifra exigida por ley para las compras directas. En el medio de ello hubo asociaciones de la comunidad judía como APEMIA y Memoria Activa que también cuestionaron los pedidos de Cimadevilla. Allí comenzó un largo derrotero burocrático y una puja política para hacer una licitación pública que ya lleva casi siete meses, no hay resultados a la vista y Cimadevilla cree que lo único que se busca es frenar su trabajo.

Allegados a Garavano negaron todo esto y dijeron a Infobae que la Unidad Especial AMIA ya cumplió sus dos tareas centrales: ordenar el pago de indemnizaciones a los familiares de las víctimas del atentado a la mutual judía y colaborar con la redacción del proyecto de ley de juicio en ausencia a los iraníes involucrados en el ataque a la AMIA. Esta iniciativa ya fue presentada por el Poder Ejecutivo al Congreso y cuenta con el consenso de buena parte de la oposición.

La Unidad Especial AMIA tal como se encuentra ahora no tiene razón de ser. Ni siquiera hizo contactos con agencias internacionales de inteligencia de Estados Unidos o Europa para obtener más resultados a la causa”, dijo a Infobae un encumbrado funcionario de la Casa Rosada.

Ahora solo resta saber cuál será el camino que definirá el Presidente en lo inmediato: dejar todo como está o avanzar con el eventual cierre de esa Unidad Especial.

Comentario (1)

  1. Teodoro - Teo

    El principal responsable de la inaccion en la causa se llamo NISMAN,ademas de dilapidar lo caudales publicos en festicholas y viajes con ninfas poco pudicas por ser benevolo con un bom vivant siglo XXI.

    Responder

Deja un comentario

A %d blogueros les gusta esto: