MILAGRO SALA: Denuncian burla a la cautelar de la CIDH

Porque no está en su casa y si está rodeada de guardias y con restricción de visitas

Milagro Sala: Denuncian ante el Ministerio de Justicia el incumplimiento de la cautelar de la CIDH

  • Memoria Verdad y Justicia - Télam

    Aníbal Ibarra y María Eñema Naddeo, dos de los que fueron al Ministerio de Justicia.

    Miembros del Comité por la Libertad de Milagro Sala ese reunieron hoy con Martín Casares, jefe del Gabinete de Asesores del Ministerio de Justicia de la Nación, a quien le señalaron que las condiciones de detención de la referente social en la localidad jujeña de El Carmen no cumplen con la medida cautelar resuelta en su favor, en julio último, por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). “Le planteamos a Casares dos cuestiones centrales, una de las cuales es el incumplimiento de la cautelar de la CIDH, porque la de Milagro no es prisión domiciliaria: en El Carmen armaron un nuevo penal, que custodian 23 gendarmes por turno, policías provinciales, con alambrado de púa, once cámaras de vigilancia e increíbles restricciones a las visitas, incluso de familiares”, dijo a Télam María Elena Naddeo, al término del encuentro con Casares.

“Además le planteamos el creciente hostigamiento que pone en peligro la integridad y la vida de Gladys Díaz, Mirta Aizama, Mirta Rosa Guerrero y Graciela López, las cuatro compañeras de la Tupac Amaru que siguen detenidas en el penal de Alto Comedero”. Naddeo, Aníbal Ibarra, Ricardo Carrizo y Estela Díaz destacaron que hay más de 560 represores condenados y procesados y ninguno, excepto uno, tiene un policía en la puerta ni restringidas las visitas.

“Desde que Milagro salió del penal por la cautelar de la CIDH, creció el hostigamiento y el jueves pasado hubo una requisa muy violenta, durante la cual sufrió una descompensación la compañera (Mirta Rosa) Guerrero, recién operada”, relató Naddeo tras la reunión confirmada a esta agencia por una fuente gubernamental.

“Le hicimos saber a Casares que el domingo último hubo una ‘zona liberada’ dentro del penal, durante la cual se apartó el personal de guardia y algunas internas agredieron y amenazaron de muerte a Graciela López y otras compañeras, como lo denunciamos en la Fiscalía de Instrucción de Jujuy”, puntualizó.

Sobre las condiciones de detención de Sala, “le dijimos a Casares que, entre 560 represores en prisión domiciliaria en causas por crímenes de lesa humanidad, sólo uno tiene custodia policial en la puerta y es porque violó una vez ese régimen. Y ninguno sufre restricciones en las visitas como las impuestas a ella”, dijo Naddeo.

Respecto de este punto, según la integrante del Comité, Casares les dijo que abogados de Milagro Sala denunciaron esos hechos ante la CIDH, que pidió informes al gobierno nacional y estimó que seguramente la denuncia va a ser motivo de otro pronunciamiento de ese organismo de la OEA.

En cuanto a los hechos denunciados respecto de las cuatro militantes de la Tupac Amaru que siguen en el penal de Alto Comedero, el funcionario dijo que se trata de una cárcel provincial, aunque sus interlocutores le señalaron que “la responsabilidad en última instancia es del Estado nacional”, siempre según Naddeo.

Por otra parte, dos diputados de la Legislatura de Jujuy, patrocinados por la abogada Elizabeth Gómez Alcorta, defensora de Milagro Sala, denunciaron hoy a la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, por el empleo “ilegal” de gendarmes en lo que consideran un incumplimiento de la cautelar de la CIDH en El Carmen, donde está actualmente detenida la máxima referente de la Tupac Amaru.

En la denuncia penal que recayó en el juez federal Julián Ercolin (Juzgado 10 de la Capital Federal), con intervención del fiscal Eduardo Taiano, los legisladores Néstor Ariel Ruarte y Juan Manuel Esquivel denunciaron también a los jueces jueños Gastón Mercau y Pablo Pullen Llermanos, junto a “cualquier otra persona cuya intervención criminal se derive de lo actuado en el proceso”.

Milagro Sala afronta causas penales por una serie de delitos, entre ellos defraudación al Estado, extorsión, enriquecimiento ilícito y amenazas en grado de tentativa.

La dirigente, inicialmente detenida en enero de 2016 por un acampe que Túpac Amaru realizaba frente a la sede de la gobernación, quedó luego bajo prisión preventiva en una causa en la que está procesada por el desvío de fondos nacionales destinados a la construcción de viviendas sociales en la provincia.

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