ADEPA FESTEJA LA “LIBERTAD DE EXPRESIÓN” mientras el intendente de Cambiemos clausura el Canal 7 de Salta

La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas, formada por los CEO’s de Clarín, La Nación e Infobae, resaltó “los avances en términos de libertad de expresión en los últimos años, que contrastan diametralmente con el clima de hostigamiento y persecución que signó el anterior período de gobierno, más allá de discursos actuales que pretenden afirmar lo contrario”.

La construcción de esa falacia sostenida por los grupos financieros que hoy digitan el futuro del país, se cocina en la olla de los medios serviles y mercenarios.

Ese regocijo cínico que expresa  la versión vernácula de la SIP, es producto del odio y el desprecio hacia lo plebeyo que sienten quienes nos gobiernan hoy.

En todo caso, ADEPA debería explicitar que no lleva adelante una lucha  por la “libertad de expresión” sino en defensa de sus intereses corporativos, y en lugar de mostrarse como aparente defensora de los periodistas, dejar que sean las entidades sindicales de prensa las que velen por los intereses de los trabajadores de prensa, permitiéndoles desarrollar su acción gremial en plena libertad, y cumpliendo con toda la legislación laboral y previsional vigente en la materia.

A continuación, una enumeración de Roberto Caballero sobre la irrefrenable censura corporativa-estatal que Cambiemos detenta pero que ni ADEPA ni la SIP denuncian logicamente, porque en definitiva, son de la misma madera.

Luego, la denuncia de un medio salteño sobre la preocupante clausura del Canal 7 de la capital norteña por el intendente  Gustavo Saenz, un ex massista devenido en macrista.

Finalmente, la nota de ADEPA y su festejo junto a Clarín reconociendo las bondades de un clima de época inmejorable para fortalecer la instalación de un discurso hegemónico y antipopular. JMS

Persecución perióidística

 

POR ROBERTO CABALLERO

Ley de Medios descuartizada por decretos presidenciales.
Despido de los periodistas de Radio Nacional.
Persecución a los integrantes de 678.
Despido de VHM de Radio Continental.
Despido de Pedro Brieger de la TVP.
Ataque con patotas al diario Tiempo Argentino.
4500 trabajadores de prensa despedidos, suspendidos o precarizados en 20 meses.
Desaparición del dial de Radio América.
Despidos en 360 TV.
Despidos en CN23.
Golpes y detenciones de periodistas integrantes de la Red de Medios Alternativos.
Acoso financiero y judicial a la empresa editora de Página 12.
Acoso financiero y judicial a la licenciataria de Radio del Plata.
Acoso financiero y judicial a la licenciataria de C5N y Radio 10.
Despido de Roberto Navarro.
Cierre del Buenos Aires Herald.
Cierre de la Revista 23…
Denunciamos el apagón informativo desde el minuto cero del gobierno de Cambiemos.
Esta saga no es una casualidad: es una política oficial que, de manera directa o indirecta, busca acallar las voces disidentes.
El que pretenda verlos como casos aislados no hace otra cosa que naturalizar lo que debería ser repudiado.

 

 La clausura de Canal 7 Salta, una represalia de la municipalidad

Ante la polémica clausura del Canal 7 Salta, para el martes 26 de setiembre a las 18, se convocó a vecinos y televidentes a participar de un abrazo solidario por la libertad de prensa y según afirman sus directivos “contra el intento de la Municipalidad de callar la voz del pueblo a través del cierre de un medio televisivo salteño”.

El Subsecretario de Control Comercial Nicolás Avellaneda prometió sostener la medida de clausura preventiva porque “de ningún modo pueden ‘tener coronita’ por ser un medio de comunicación”. Desde la directiva de la Cooperativa del canal, temen que el objetivo de la Municipalidad sea la clausura definitiva del canal local.

 

Consultado por Nuevo Diario, sus directivos Elizabeth Barrios y Raúl Belmont, denunciaron que la medida fue tomada en represalia a la insistencia de pedidos de entrevistas por temas no gratos para la Municipalidad. Afirman que Avellaneda “concretó su amenaza de clausura el jueves 21 de setiembre en el edificio de Canal 7 Salta, de Los Tulipanes 463 en Villa Las Rosas, donde se encuentran los estudios de televisión”.

Entredichos por una entrevista

Ese día, personal de Control Comercial de la Municipalidad de Salta, con la excusa de un control, llegó al edificio y por falta de algunos papeles les puso la faja de clausura para impedir que siga transmitiendo.

El hecho tiene origen días atrás, luego de un entredicho entre Elizabeth Barrios directora del Canal 7, con el funcionario Nicolás Avellaneda, cuando vía mensajes de whatsap le reclamó que en reiteradas ocasiones le pidieron entrevistas por distintos temas periodísticos para el noticiero del canal, y por una excusa u otra, los enviados nunca pudieron acceder a él.

La directiva del canal recriminó al funcionario que los noteros asistieron varias veces a las oficinas de calle Güemes pero no lograron acceder a una entrevista, a pesar de que el funcionario le dijo haberles que podían encontrarlo en su oficina: “Les dije que les espero para la nota cuando quieran”, escribió Avellaneda.

Ante la insistencia porque no los recibía, él mismo y su secretaria personal le dijeron que “debían coordinar la entrevista con Prensa de la Municipalidad, como hacían otros medios”, para finalmente desligarse del reclamo.

Los entredichos con la negativa de entrevistas fueron vía mensajes de whatsapp y culminaron cuando el subsecretario cerró la discusión con un llamativo mensaje a la directora del canal: “le sugiero que regularice su situación de habilitación, porque me informaron que el canal está funcionando de manera irregular por faltante de habilitaciones”.

Desde este último mensaje el funcionario Nicolás Avellaneda no solo no accedió a las entrevistas solicitadas, sino que concretó su amenaza y como represalia, directamente envió a los inspectores a clausurar el Canal 7 Salta (El canal del Pueblo), por falta de habilitaciones.

A su vez el director de la Cooperativa de Canal 7 Salta, Raúl Belmont, explicó a Nuevo Diario y sus televidentes que esta insólita arremetida del funcionario de Gustavo Sáenz contra el canal del pueblo, se concreta tras las “amenazas de controles de tramites de habilitación que finalmente cumplió y puso su poder de fuego contra la Cooperativa de Canal 7 Salta, como un intento para callar o amedrentar a nuestro medio”.

Uno los argumentos o excusa para la clausura que esgrimieron inspectores de control, fueron “matafuegos sin colgar y no exhibir la habilitación correspondiente”, entre otras cuestiones menores, indicó su director.

La realidad, que detrás de este supuesto “control de habilitación” está el atropello, la amenaza y el abuso de poder de un funcionario del funcionario de Gustavo Sáenz”, aseveró Belmont.

“De ningun modo pueden tener coronita”

Ante las denuncias por la clausura Nuevo Diario se comunicó con el funcionario Nicolás Avellaneda. “Nos sorprendió el escándalos mas allá que sea un medio de comunicación actuamos como cualquier comercio porque puntualmente se hizo una inspección para constatar si contaban con habilitaciones comerciales municipales”, dijo el funcionario.

Afirmó que si se dispuso la clausura preventiva fue porque mediante una denuncia anónima se informó que quienes estaban trabajando en el lugar lo hacían sin ningún resguardo para su seguridad física.

Aseguró que la entidad no tenía ninguna habilitación y que la que debe emitir la Municipalidad se encontraba vencida desde hace un año.

“No tenían ningún certificado habilitante. Sé que salieron a argumentar que (la clausura), fue por falta de matafuegos. La realidad es que no cuentan con ninguna habilitación”, aseguró.

Indicó que en caso de no hacer la clausura los trabajadores corren riesgos para su integridad y que de ningún modo pueden “tener coronita” por ser un medio de comunicación.

Desconoció si se recibía pauta de la Municipalidad. “Y es que de haber recibido se supone que esta irregularidad debería haber saltado antes”, concluyó Avellaneda.

Las obligaciones y el cumplimiento de las normas de habilitaciones comerciales es para TODOS y no para unos cuantos!@PrensaSalta

Argentina: Resalta Adepa la necesidad de consolidar la vigencia de la libertad de prensa

 

Daniel Dessein, presidente de Adepa.

 

La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa) destacó la intensidad del debate público existente en la Argentina, situación que se ve potenciada hoy en el marco de un período electoral, y que es un indicador de la diversidad de opiniones que marcan la agenda ciudadana y de la libertad con que estas se expresan.

El reporte semestral sobre el estado de la libertad de prensa en el país, fue presentado por el presidente de la Comisión de Libertad de Prensa, Martín Etchevers (Clarín, Buenos Aires). El documento (al que se puede acceder en el siguiente link) destaca que: El país ha dejado atrás una política estatal sistemática destinada a desacreditar al periodismo y a combatir a las empresas de medios que son, aquí y en el mundo, estructuras fundamentales para llevarlo adelante”.

En el informe, Adepa reflexiona sobre cómo el Estado debe ponderar la función de los medios informativos en el debate democrático y no considerarlos un “mero vehículo de distribución de mensajes, asimilándolos a las redes sociales o los buscadores de Internet”, que tienen una lógica diferente. “El periodismo de calidad requiere importantes inversiones en talento y genera miles de puestos de trabajo. Y es necesario que todos los actores -medios, anunciantes, audiencias y poderes públicos- lo entiendan y contribuyan a su sostenimiento”, precisa.

“La empresa periodística es, aquí y en el mundo, una maquinaria compleja definida por el ejercicio profesional y por la responsabilidad editorial. Es la organización que da respaldo al trabajo de los periodistas, que puede sostener en el largo plazo una apuesta editorial, que invierte recursos no sólo en buscar la noticia sino en agregar valor a través de la investigación, el análisis, la interpretación de la realidad”, agrega el texto.

Para Adepa, ese valor profesional que tienen los medios de prensa requiere de estrategias públicas, derivadas de un amplio consenso político y social, que ayuden a garantizarlo y preservarlo en el tiempo. Entre estas estrategias, la entidad numera, la inclusión de la protección de la propiedad intelectual de los medios frente a las nuevas plataformas digitales globales; un esquema impositivo y previsional orientado a favorecer la producción de contenidos nacionales; medidas para alentar la transformación digital de los diarios impresos -sobre todo de los medianos y pequeños, y en particular de los del interior del país-; y un régimen tributario equitativo entre actores locales e internacionales.

“Exhortamos a los distintos sectores de la sociedad y poderes del Estado, a asumir un papel creativo, dinamizador y promotor de la industria periodística, entendiendo su real dimensión para la democracia, la educación popular y la cultural nacional. Lo hacemos a la par de nuestros colegas de toda América, de Europa y de gran parte del mundo, que se encuentran ante dilemas parecidos en estos tiempos de proliferación no sólo de plataformas tecnológicas, sino también de noticias falsas y hechos alternativos”, enfatiza Adepa.

Avances y temas pendientes

La entidad representativa de los medios de todo el país resaltó los avances en términos de libertad de expresión en los últimos años, que contrastan diametralmente con el clima de hostigamiento y persecución que signó el anterior período de gobierno, más allá de discursos actuales que pretenden afirmar lo contrario. “Libertad de prensa no es sólo poder decir lo que se piensa, sino poder hacerlo sin represalias”, señala Adepa en su informe de Libertad de Prensa dado a conocer hoy en Santa Fe, en el marco de la 55ª Asamblea anual de la entidad.

El documento de Adepa agrega que en el país se perciben pasos saludables en el acceso a la información pública o en la mayor apertura de funcionarios al escrutinio periodístico. “Estos presupuestos constituyen avances en nuestra madurez democrática en términos de libertad de expresión, que contrastan diametralmente con el clima de hostigamiento y persecución que signó el anterior período de gobierno, más allá de discursos actuales que pretenden afirmar lo contrario. Porque como Adepa ha dicho en reiteradas oportunidades: libertad de prensa no es sólo poder decir lo que se piensa, sino poder hacerlo sin represalias”, señala.

Estos elementos marcan un punto de partida que para la entidad que agrupa a medios impresos y digitales de todo el país, debe profundizarse, ya que “la sociedad argentina aún vive resabios de una intolerancia forjada a lo largo de décadas de violencia política que ni siquiera el retorno de la democracia en 1983 logró desterrar”.

“Esos resabios llevan a que en muchos casos las disidencias se terminen procesando no mediante el diálogo sino mediante el ataque, la intimidación y la amenaza”, reseñó Etchevers. “En los últimos meses, hemos visto cómo nuevamente medios y periodistas de distintos puntos del país han sido víctimas de agresiones verbales callejeras, ataques físicos y persecuciones”, agregó.

El informe de la Comisión de Libertad de Prensa destaca que el Estado, la dirigencia política, la sociedad y los medios debemos asumir plenamente el desafío de recuperar una conversación democrática madura.

Como parte de los temas pendientes en la agenda de libertad de expresión, para Adepa la seguridad personal es un desafío mayúsculo, agravado por las amenazas del narcotráfico y el crimen organizado. “El reciente ataque a balazos sufrido por un periodista misionero y las amenazas al director de un portal digital de Bahía Blanca actualizan esta preocupación”, ejemplificó Etchevers. “Reivindicamos la iniciativa del Protocolo de Protección de Periodistas que presentábamos hace un año junto a Fopea y el Ministerio de Seguridad de la Nación. E insistimos en que más provincias se sumen con iniciativas similares”, dijo.

En materia de Acceso a la Información, Adepa señala que “Deberá ejecutarse con celeridad y amplitud una política activa de acceso a la información pública, tras la aprobación y reglamentación de una ley que fuera postergada por más de una década”. En ese sentido, Adepa saludó la implementación de esta norma y el nombramiento de su máximo responsable, e instó a que todas las dependencias estatales asuman su responsabilidad en la materia de manera efectiva y oportuna y a que normas similares sean sancionadas y puestas en marcha en aquellas provincias que aún no lo hicieron.

En términos de la difusión de los actos de gobierno, Adepa requirió que se avance cada vez más en estándares objetivos y cuantificables a la hora de cumplir ese precepto constitucional, evitando cualquier suspicacia respecto al uso de los recursos públicos como herramienta de castigo o disciplinamiento. “Al mismo tiempo, se deben seguir transparentando los beneficios y privilegios indebidos que años atrás dieron lugar al sostenimiento artificial de algunos medios. Y se debe evitar que tales situaciones se reproduzcan en el futuro”.

En definitiva, señala Adepa “los avances en materia de distribución de publicidad oficial”, que la entidad saludó en su anterior asamblea, “requieren seguir profundizándose en términos institucionales, para que quienes tienen a su cargo el manejo de esos recursos vean limitada su discrecionalidad y deban adecuar su conducta a parámetros que trasciendan la mera voluntad del gobierno de turno”.

La sanción de una ley que cuente con un amplio consenso político -y en cuyo debate sea escuchada la voz de los medios- es una deuda pendiente. Además de los históricos principios que Adepa ha sostenido en esta materia, como atender al alcance real de los medios o la necesidad de una cobertura federal, hoy se hace necesario resaltar otro valor a la hora de difundir los mensajes públicos: el papel clave de los medios en la producción de contenidos, su aporte insoslayable para el ejercicio del periodismo.

Fuente: ADEPA

 

 

A %d blogueros les gusta esto: