CATALUÑA – ESPAÑA: Unidades militares especiales iban a asaltar la Generalitat y el Parlamento catalán si la población hubiera resistido

Marta Rovira, secretaria general de ERC y número dos de la formación republicana catalana, tras Oriol Junqueras -vicepresidente del gobierno catalán destituido y encarcelado por el ejecutivo de Rajoy- reveló ayer que el  gobierno del PP les advirtió que enviaría el Ejército a Cataluña y “habría muertos en la calle”. Rovira denunció que fuentes solventes del gobierno de Rajoy hicieron llegar a Puigdemont y a Junqueras la amenaza de “usar armas de fuego contra la población”. Hablaban, señaló la dirigente de ERC,  de que “habría sangre” y que “esta vez no serían pelotas de goma como el 1-O” sino “que sería muy contundente”, en referencia a la actuación de la policía española durante el referéndum,  que entre los heridos más graves ha dejado a un hombre que ha perdido un ojo por una pelota de goma, cuyo uso fue prohibido en Cataluña por el parlamento en 2014. La denuncia de Marta Rovira ha sido confirmada por dirigentes de la CUP (Candidaturas de Unidad Popular). Por su parte, el editor y periodista Jesús Rodriguez, especializado en temas de seguridad, explica en la entrevista que reproducimos, que el ejecutivo de Rajoy envió a Cataluña unidades especializadas con la misión de  asaltar la Generalitat y el Parlamento catalán, en caso de que la población civil defendiera  las instituciones de la aplicación del articulo 155 ordenada por el  gobierno del PP. Montserrat Mestre

Unidades especializadas de la Guardia Civil tenían la misión de asaltar el Palacio de la Generalitat y el Parlamento catalán

 

Aspecto de la Plaza frente al Palacio del gobierno catalán tras la declaración de independencia el 27 de Octubre de 2017.

La  víspera de la proclamación de la República en el Parlamento de Cataluña, el jueves 26 de octubre, coincidimos con Jesús Rodríguez, periodista y editor de la Directa, en los pasillos del parlamento. El día era convulso y las informaciones circulaban sin control. El periodista, especializado en información sobre la represión y la seguridad, me contaba que había una amenaza clara de desatar la violencia (del estado español) si se proclamaba la independencia y no se acataba el 155, que debía aprobarse el día siguiente (en el senado del estado español). Me explicó algunos detalles que necesitaban confirmación más adelante. Días después, con medio gobierno en prisión y el otro medio en el exilio, se habla de una amenaza de “muertos en las calles” en caso de resistencia. Pido a Rodríguez de recuperar el hilo de aquella conversación. 

 

PERE CARDÚS / vilaweb

Traducción Montserrat Mestre

– ¿Qué indicios reales y contrastados hay de una amenaza de violencia?

-Antes de responder a esto, quisiera contextualizar la cuestión. Se habla de esta amenaza como si España no hubiera puesto nunca sobre la mesa la posibilidad de intervención del ejército en Cataluña. Y eso no es cierto. Recuerdo las declaraciones de María Dolores de Cospedal (ministra de Defensa del ejecutivo de Rajoy) , el día 12 de octubre: por primera vez no descartaba la intervención del ejército, sino que decía que le parecía que no sería necesaria. Para mí, este matiz es importante. Porque después del 1 de octubre, España comenzó a desarrollar algunos planes y actuaciones que no iban dirigidos únicamente a cuerpos policiales y comenzó a tomar decisiones para el desarrollo y el apoyo logístico y de información vinculadas al Ministerio de Defensa y al ejército en territorio catalán.

– ¿Qué movimientos han detectado?

-Por ejemplo, helicópteros y aviones del ejército español tomaron imágenes de ciudades catalanas como Girona, Manresa, Reus y Lleida. Como mínimo, estas cuatro ciudades fueron fotografiadas y cartografiadas con detenimiento por helicópteros, en tres casos, y un avión, en otro caso. Podemos confirmar que esto pasó y no hicieron una fotografía sino que dedicaron muchas horas a tomar imágenes de estas cuatro ciudades. Fue la semana antes de aprobarse la declaración de independencia. Esa misma semana, dos avionetas también cartografiaron todo el territorio de Cataluña. Venían del centro de Europa, pero no sabemos quien las contrató. No sabemos si era una empresa privada o si tenía que ver con el posible desarrollo militar. Sí que sabemos que los ejércitos contratan avionetas privadas para hacer ortofotomapas.

– Se ha hablado también de unidades de élite que se habían instalado en Cataluña …

-También comprobamos que en las dependencias de la Guardia Civil del aeropuerto de Barcelona había unas unidades especializadas del cuerpo armado que tenían la misión específica de asaltar el Palau de la Generalitat y el Parlamento de Cataluña en caso de que hubiera una resistencia a acatar la orden de destitución dada por el gobierno español. Esta información nos llega de una fuente muy fiable. El problema de estas informaciones es que no las podemos demostrar documentalmente. Pero por la trayectoria y la experiencia de las fuentes que se han manifestado fiables, son informaciones que tienen fundamento. Yo me aventuro a decir que las informaciones sobre estas cartografías de ciudades y sobre la llegada de este equipamiento de la unidad especial desplegada en el aeropuerto de Barcelona provienen de fuentes con un alto grado de fiabilidad. Estas son informaciones estrictamente sobre despliegue operativo. Luego hay otros indicios.

-¿Qué indicios?

-Una parte de las dependencias del cuartel de Sant Climent Sescebes, en el Alt Empordà, había sido ocupada por efectivos policiales. Pero antes de la declaración de independencia estos efectivos fueron retirados, se limpiaron las dependencias y algunas alas del edificio que no habían sido ocupadas y se prepararon para recibir efectivos del ejército. También se realizó la operación en el cuartel del Bruc, para recibir nuevos efectivos. También hemos observado que se acumularon efectivos militares, equipamiento y maquinaria en los cuarteles más próximas de Aragón, especialmente en la provincia de Zaragoza. Todo esto son datos objetivos que apuntaban a un inicio de despliegue. Refuerzan la veracidad de la amenaza de violencia contra la resistencia. Una cosa son datos concretos que indican que había movimiento real y otra cosa es la credibilidad de la amenaza y qué mensajes enviaron desde el gobierno español de hasta dónde querían llegar.

– Este despliegue y las operaciones que se podían desprender, ¿debían hacerse sobre la ‘base legal’ del 155?

El 155 es un artículo que no permite hacer todo esto que han hecho. Ahora se está batallando jurídicamente, con recursos, contra la aplicación que han hecho del artículo. Pero, aunque no permite destituir un gobierno, disolver el parlamento ni convocar elecciones, este artículo sólo tenía posibilidad de ser aplicado con éxito si las partes afectadas no oponían resistencia. Si hubiera habido una resistencia efectiva -no sólo de los cargos institucionales, sino con un llamamiento a la gente a resistir y proteger físicamente las instituciones-, ¿qué posibilidades habría tenido España de hacer cumplir el 155 sin imponer un grado superior de represión? Yo creo que eran muy limitadas. Ni siquiera con el despliegue de cinco mil agentes que el gobierno español hizo para el 1 de octubre, hubiera sido suficiente para hacer cumplir el 155.

-¿Hablas de cinco mil?

-La cifra que se dio de diez mil agentes me parece que no está contrastada por ninguna fuente ni demostrada. Yo calculo que hay unos cinco mil efectivos extraordinarios enviados a Cataluña.

– Si no había capacidad de hacer cumplir el 155, ¿cómo lo habrían hecho?. ¿Con el 116?

-Esta incapacidad de hacer cumplir el 155 en caso de resistencia no es una hipótesis mía. Responsables de algunos ministerios también lo dijeron en algunos medios de comunicación las semanas previas a la declaración. Varios medios se refirieron a la necesidad de activar el artículo 116 si se hacía la llamada a la resistencia. Y el 116 sirve básicamente para ello: ante la resistencia de la población civil en la aplicación de una instrucción del estado, se suspenden las garantías constitucionales con una votación en el congreso, por lo que se borran una serie de derechos que dificultan mucho la resistencia efectiva. Son el derecho de manifestación, de reunión, de asociación … Y también incluye el secuestro -diría que con esta misma palabra- de medios de comunicación. Son medidas destinadas a poder hacer una actuación contra las decenas de miles o cientos de miles de personas que pudieran presentar esta resistencia activa para no obedecer el 155.

– ¿De qué manera se hubiera aplicado el 116?

-El 166 tiene tres niveles: el estado de alerta (destinado a grandes catástrofes naturales o por accidentes nucleares), el estado de excepción y el estado de sitio. Los dos últimos son los que habrían podido activar en esta ocasión. En ambos se propone la intervención del ejército. En el estado de excepción la intervención se hace bajo las órdenes del gobierno y las autoridades civiles, mientras que en el estado de sitio el gobierno es quien queda bajo las directrices de la autoridad militar. El estado de sitio es un salto cualitativo aún superior. Pero en ambas situaciones se prevé que el ejército intervenga para garantizar las órdenes dadas por el gobierno español.

– ¿La amenaza concreta llega a la presidencia de la Generalidad y al gobierno catalán? Marta Rovira (Secretaria general de ERC, N. del E.) habló de ello ayer.

En la mañana del día 26 de octubre, fuentes de Presidencia (del gobierno catalán) explican que los han amenazado con la intervención del ejército. Dicen que los han amenazados con responsabilizarlos de los muertos que pueda haber. La palabra “muertos” está en la amenaza, pero sobre cómo se hizo la amenaza y quién la formuló, no puedo ser más concreto. La información nos llegó entonces de fuentes de Presidencia. Sería necesario que el gobierno catalán explicara quién la hizo y en qué términos. No sabemos si la amenaza habría quedado en eso o si había una voluntad clara de cumplirla y ejecutarla. No sabemos si habrían llegado hasta el final. Sabemos que los planes operativos del gobierno español cambian claramente antes y después del 1 de octubre. Antes había un despliegue acotado al ámbito policial y después empezamos a ver actuaciones circunscritas en el ámbito militar. Si sólo había voluntad de asustar o si había determinación para actuar, es muy difícil de decir.

– ¿El contingente policial de cinco mil agentes se refuerza de alguna manera antes de la declaración de independencia? ¿Había instrucciones de algún tipo?

-No tengo constancia de que hubiera instrucciones específicas y diferentes de las anteriores. Sabemos que se desplazan a Barcelona un par de unidades específicas. Unas unidades de asalto preparadas y equipadas con helicóptero, material subacuático, de alcantarillado, material de todo tipo … Son unidades que se utilizan habitualmente para asaltar edificios con personas atrincheradas con armamento y dispuestas a resistir. Es este perfil de unidad el que llega después del 1 de octubre. Son los que quedan instalados en las dependencias de la Guardia Civil del aeropuerto de Barcelona.

-Y este tipo de actuación contra población civil, aunque fuera bajo el amparo del 116, ¿no choca con la legislación europea?

– El problema de la aplicación del 116 es que había que actuar contra una población civil que se manifestaba de manera pacífica y que no iba armada. Ni llevaba ningún tipo de armas, ni utilizaba cócteles molotov, ni nada de eso. Es una población que no mostraba ninguna voluntad de agresividad contra nadie. Hablamos de población que quería resistir pacíficamente rodeando un edificio … Por lo tanto, que la aplicación de medidas coercitivas, de violencia del estado contra personas que resisten pacíficamente se haga con el ejército y no con la policía, colisiona claramente con los artículos 2 y 7 del Tratado de Lisboa. Estos artículos dicen que el estado no puede actuar contra su población civil. No hablamos de alguien que está armado o de un grupo de gente que tiene voluntad de derrocar el gobierno español. Son supuestos que no se daban en este caso. Estos artículos del Tratado de Lisboa pretendían precisamente que esto no pudiera pasar en el marco de la Unión Europea. Si España estaba dispuesta a traspasar esta línea enviando unidades militares contra la resistencia pacífica, debemos preguntarnos si España estaba dispuesta a saltarse los tratados europeos que tiene firmados, y a ser sancionada por la Unión Europea o, hasta y todo, a ser expulsada.

-¿Por qué el gobierno español ha dado a la Guardia Civil la coordinación de las operaciones realizadas hasta ahora?

-A ojos de España, la Guardia Civil siempre ha sido el cuerpo al que han encargado las misiones más difíciles. Las que necesitaban más confianza, una cadena de mando más fiel y unas garantías de ejecución de aquellas órdenes. Es probable que el Gobierno haya dado el control de los operativos a la Guardia Civil por una cuestión de trayectoria, de confianza y operativa. El gobierno español tiene más garantías de tener menos problemas con la actuación de la Guardia Civil que la policía española. Hay unidades de antidisturbios de la policía española que ejecutan las órdenes de manera más violenta y antidisciplinaria que en las unidades de la Guardia Civil. Hay más casos de actuaciones que vulneran el protocolo en la policía española que en la Guardia Civil, en relación con el orden público. Seguramente se quería tener unas mínimas garantías de que las órdenes se ejecutarían con precisión por muy violentas que fueran.

– Y qué papel hubieran tenido los Mossos en todo esto? ¿Habrían quedado al margen de todo esto?

-Me remito a lo que dijo públicamente entonces algún responsable de Mossos por la Independencia (sectorial integrada a la organización cívica Asamblea Nacional de Cataluña, N. del E.). Se dijo que no obedecerían las órdenes del estado y que había trescientos mozos comprometidos a ser fieles al gobierno de la Generalitat. Supongamos que esta cifra de trescientos -que es muy pequeña- fuera real y que hubiera habido trescientos mozos dispuestos a no obedecer las órdenes del estado. ¿Dónde habría llegado esto? ¿Hasta dónde habría estado dispuesto a llegar el estado español? ¿Había una disposición real de no obedecer las órdenes del estado español o tan sólo era una declaración de intenciones? No tengo elementos para decir qué hubiera pasado pero pienso que si las cosas hubieran ido mal, los mozos habrían optado mayoritariamente por dos vías. De entrada, ser fieles a la legalidad española y luego, mantener una cierta pasividad de actuación y escudarse en unos criterios de proporcionalidad y oportunidad para no tener que ejecutar determinadas órdenes. La opción de la desobediencia la veo difícil. No creo que lo hubiera hecho un volumen significativo de agentes.

– En cualquier caso, España no se fía de los Mossos ni antes ni después del referéndum. Siempre utiliza las policías españolas para actuar …

-Yo creo que es porque (el gobierno español)  no tiene garantías de que los Mossos ejecutaran las órdenes de la manera que el estado quisiera que lo hicieran. Una cosa es dar una orden a un cuerpo policial. Y otra es tener un control efectivo sobre cómo se ejecutará aquella orden. Y, muy a menudo, la manera de ejecutar órdenes es más importante que la obediencia concreta. El ejemplo claro lo encontramos el 1 de octubre. Los Mossos obedecen y ejecutan la orden, pero lo hicieron de acuerdo con su capacidad efectiva sobre el territorio, que no podía abarcar los dos mil trescientos colegios, y recurrieron a los criterios de oportunidad y de proporcionalidad. Si hay un hilo de confianza entre el mando policial y el político, la orden se ejecuta como quiere el político, pero si este hilo no existe el político no tiene garantías de que se hagan las cosas tal como quisiera. Yo creo que el canal de confianza no está.

-¿Esto ha cambiado después del 27 de octubre?

-Una vez el Ministerio del Interior ha asumido la cadena jerárquica de los Mossos, hemos visto que da órdenes que son idénticas a las que daba el mayor Trapero antes de ser destituido. El ministro que se quejó, denunció y llevó a los tribunales al comisario Trapero acusándolo de connivencia con el referéndum por haber actuado con oportunidad y proporcionalidad, ese ministro ahora da órdenes de actuar de la misma manera. Como mínimo se puede decir que es curioso. Por ejemplo, en el desalojo de la estación de Sants durante la huelga del 8 de noviembre (no hubo prácticamente intervención de la policía española, a pesar de que se impidió durante horas la circulación de trenes y del AVE, tanto en Barcelona como en Girona, se cortaron más de 30 carreteras y todo el día hubo un caos circulatorio de dimensiones considerables, N. del E.)

– Antes del 1 de octubre, sorprendió el exceso de celo de algunos grupos de policías municipales contra el referéndum. ¿Por qué lo hubo?

-El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, hace poco más de una semana, publicó una directriz de actuación para dos procedimientos abiertos por policías locales solicitando sanciones contra encarteladas para el referéndum. La consigna del TSJC es de archivar estas causas. Es muy probable que este criterio sirva para marcar la línea general de estos casos y veamos una cadena de archivos de causas abiertas en varios municipios. Es evidente que las policías locales se extralimitaron absolutamente en aquellas actuaciones. La orden que provenía de la fiscalía era en relación con la convocatoria institucional del referéndum, no era una orden contra la gente que colgara carteles en el marco de la libertad de expresión. El exceso de celo fue absoluto por parte de algunas unidades concretas de policías locales.

– ¿Cuál es el origen de esta actitud?

Aquellas actuaciones mostraron un cierto talante de algunos grupos de policías locales de Cataluña. Un talante que viene de antiguo, y que tiene su origen en la forma en que se formaron algunas de las policías locales. Los gobiernos socialistas  optaron por una política de no confrontación con el falangismo, que era muy activo a finales de los setenta. Una parte de este falangismo iba armado e incluso, había usado las armas. Algunos cargos importantes de policías locales los ocuparon miembros de la Falange, por esa voluntad de no confrontación. Por ejemplo, en la ciudad de Barcelona, ​​lo hizo el gobierno de Narcís Serra (alcalde de BCN 1979-1982; ministro de Defensa y Vicepresidente del gobierno durante el gob. de Felipe González, N. del E.) y después el de Pasqual Maragall (alcalde de BCN 1982-1997 por el partido socialista). Se contrataron muchos falangistas para ocupar cargos en la Guardia Urbana, y eso pasó en varios municipios del área metropolitana. Yo creo que el exceso de celo sale de aquí, ese mal de origen está en la cultura y la herencia de valores que han quedado en algunos efectivos de las policías municipales.

Deja un comentario

A %d blogueros les gusta esto: