LAVA JATO. Una conspiración contra Lula / 1. The Intercept explica el cómo y el porqué de esta sensacional revelación

The Intercept, dirigido por el periodista estadounidense Glenn Greenwald –residente en Brasil– (foto) a quien el ex analista de la CIA Edward Snowden reveló los programas de espionaje de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA), comenzó a publicar las conversaciones mantenidas durante años por Telegram entre fiscales como Sergio Moro, actual ministro de Justicia de Brasil, y jueces de ese país, en lo que aparece claramente como una conspiración para meter preso a Lula Da Silva, impidiéndole ganar las elecciones como todas las encuentras pronosticaban.

Primera Parte: Cómo y por qué The Intercept está publicando este material

 

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Intercept Brasil publicó ayer tres notas explosivas mostrando discusiones internas y actitudes altamente controvertidas, politizadas y legalmente dudosas del grupo de investigadores de la causa Lava Jato, coordinado por el procurador Deltan Dallagnol, en colaboración con el entonces juez y actual ministro de Justicia, Sergio Moro (foto). Producidas a partir de archivos enormes e inéditos –que incluyen mensajes y grabaciones privadas, audios, vídeos, fotos, documentos judiciales y otros materiales– enviados por una fuente anónima, los tres artículos revelan comportamientos antiéticos y transgresiones que condujeron a Lula a la cárcel, a pesar de su total inocencia respecto a los cargos que se le formularon. El material publicado ayer en Brasil y en portugués fue resumido en dos notas en inglés publicados en The Intercep.

Editorial de The Intercept y de The Intercept Brasil

Este es sólo el comienzo de lo que pretendemos hacer que es  una investigación periodística continua de las acciones de Moro, del procurador Deltan Dallagnol y de los investigadores de  la Lava Jato, además de la conducta de innumerables individuos que aún tienen un enorme poder político y económico dentro y fuera Brasil. 

La importancia de estas revelaciones se explica por las enormes consecuencias de las acciones de la Lava Jato en todos estos años de investigación. Este escándalo generalizado involucra a diversos oligarcas, líderes políticos, a los últimos presidentes e incluso líderes internacionales acusados de corrupción.

El hecho más relevante es que la causa Lava Jato fue la saga investigativa que llevó a la cárcel al ex presidente Lula en el último año. Una vez condenado por Sergio Moro, su condena fue rápidamente confirmada en segunda instancia, haciéndolo inelegible en el momento en que todas las encuestas mostraban que Lula –que terminó su segundo mandato en 2010 con un 87% de aprobación– lideraba la carrera electoral de 2018. Su exclusión de la elección, basada en la decisión de Moro, fue una pieza clave para abrir un camino para la victoria de Bolsonaro.

Moro y los fiscales de la Lava Jato son figuras muy controvertidas en Brasil y en el mundo, tenidos por muchos como héroes anticorrupción y acusados ​​por tantos otros de ser los ideólogos clandestinos de la derecha, disfrazados como hombres de la ley apolíticos. Sus críticos han insistido en que explotaron y abusaron de sus poderes en la administración de justicia con el objetivo político de evitar que Lula regresara a la presidencia y destruir al PT. Moro y los fiscales han negado, con la misma vehemencia, cualquier alianza o propósito político, diciendo que están tratando de librar a Brasil de la corrupción. Pero, hasta ahora, los fiscales de Lava Jato y Moro han realizado parte de su trabajo en secreto, impidiéndole al público evaluar la validez de las acusaciones contra ellos. Es lo que hace que estos documentos sean tan valiosos desde el punto de vista periodístico: por primera vez el público va a tomar conocimiento de lo que estos jueces y fiscales estaban diciendo y haciendo mientras pensaban que nadie los estaba oyendo.

Los notas publicadas muestran, entre otros elementos, que los fiscales del Lava Jato hablaban abiertamente de su deseo de impedir la victoria electoral del PT y actuaron para alcanzar ese objetivo; que el juez Sergio Moro colaboró ​​de forma secreta y antiética con los fiscales de la operación para ayudar a montar la acusación contra Lula. Todo ello a pesar de las serias dudas internas sobre las pruebas con que fundamentaron esas acusaciones y mientras el juez seguía fingiendo ser un árbitro imparcial en este juego.

El único papel de Intercept Brasil en la obtención de ese material fue su recepción por medio de nuestra fuente, que nos contactó hace varias semanas (mucho antes de la noticia de la invasión del celular del ministro Moro, divulgada esta semana, en la que el ministro afirmó que no hubo «captación de contenido») y nos informó de que ya había obtenido toda la información y tenía prisa por enviarla a periodistas.

Informar a la sociedad sobre cuestiones de interés público y exponer transgresiones fueron los principios que nos guiaron durante esa investigación, y continuarán siéndolo conforme continuemos divulgando la enorme cantidad de datos a los que tuvimos acceso.

El enorme volumen de los documentos, así como el hecho de que varios de ellos incluyen conversaciones privadas entre agentes públicos, nos obliga a tomar decisiones periodísticas sobre qué informaciones deberían ser divulgadas y publicadas y cuáles deberían permanecer en secreto.

Para hacer estas valoraciones empleamos la máxima usada por periodistas en democracias alrededor del mundo: las informaciones que revelan transgresiones o engaños por parte de los poderosos deben ser noticiadas, pero las que son puramente privadas y pueden infringir el derecho legítimo a la privacidad u otros valores sociales, deben preservarse.

Al producir artículos a partir de esos archivos, seguimos el mismo argumento que llevó a buena parte de la sociedad brasileña –incluidos algunos periodistas, comentaristas políticos y activistas– a aplaudir la publicidad ordenada por el entonces juez Moro de las conversaciones telefónicas privadas entre la presidenta Dilma Rousseff y su antecesor Luiz Inácio Lula da Silva –en las que discutían la posibilidad del ex presidente de convertirse en jefe de Gabinete de Presidenta– luego reproducidas por innumerables medios de comunicación. La divulgación de esos vínculos privados fue crucial para poner a la opinión pública contra el PT, ayudando a preparar el terreno para el impeachment de Dilma en 2016 y la detención de Lula en 2018. El principio invocado para justificar esa divulgación fue el mismo que nosotros tenemos para divulgar estos archivos.

Pero la divulgación autorizada por Moro y hecha por diversos medios de los diálogos privados entre Lula y Dilma incluían no sólo revelaciones de interés público, sino también comunicaciones privadas de Lula sin ninguna relevancia para la sociedad, lo que llevó a muchas personas a argumentar que la divulgación tenía el propósito de ir directamente contra el ex presidente. A diferencia de ellos, Intercept decidió mantener reservada cualquier comunicación o información relacionada con Moro, Dallagnol y otros individuos que sean de naturaleza puramente privada y, por lo tanto, carentes de interés público.

Nosotros tomamos medidas para garantizar la seguridad de este archivo fuera de Brasil y que que varios periodistas puedan acceder a él, asegurando que ninguna autoridad de ningún país tenga la capacidad de impedir la publicación de esas informaciones.

Al contrario de lo que se tiene como norma, The Intercept no solicitó comentarios a fiscales y a otros involucrados en los reportajes, para evitar que actuaran para impedir su publicación y porque los documentos hablan por sí mismos. Entramos en contacto con las partes mencionadas inmediatamente después de publicar el material, que actualizaremos con los comentarios tan pronto como sean recibidos.

Teniendo en cuenta el inmenso poder de los involucrados y el grado de confidencialidad con que operan hasta ahora, la transparencia es crucial para que Brasil comprenda con claridad lo que realmente hicieron. La libertad de prensa existe para arrojar luz sobre lo que las figuras más poderosas de nuestra sociedad hacen en las sombras.

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