Cenzón, la “mano izquierda” de Mauricio Macri
Estas dos notas deben leerse juntas. La primera apareció hace unos pocos días en Página/12 y se perdió en el fárrago de la campaña. La segunda la escribí yo hace ya un par de meses y créase o no (acaso porque el casi desconocido protagonista es que el otorga y quita la publicidad del Gobierno de la Ciudad) no encontré medio (¡ni siquiera los abiertamente kirchneristas!) que la publicara. Frustrado en mi propósito de ganarme las habichuelas, la ofrezco en exclusiva a los lectores de Pájaro Rojo.
EL GOBIERNO DE LA CIUDAD ADJUDICO UNA LICITACION PARA PONER CAMARAS EN 330 OBJETIVOS, INCLUIDOS 90 EDIFICIOS ESCOLARES
El Gran Hermano llega a las escuelas porteñas
El contrato, por cuatro años, es de 496 millones de pesos. Incluye también hospitales y ex centros clandestinos de detención, que serán vigilados por cámaras y personal. La Defensoría del Pueblo investiga si no se vulneran derechos.
Cenzón. Más que un valijero, más que un recaudador
Por Eduardo Videla / Página 12. Mie 6 julio
El Gobierno de la Ciudad adjudicó, a través de una licitación pública, el servicio de seguridad privada mediante la instalación de alarmas y cámaras de video en 330 edificios de la administración porteña, entre ellas 90 escuelas y jardines de infantes de gestión pública. La vigilancia también alcanza a tres ex centros clandestinos de detención, donde hoy funcionan espacios para la memoria. La licitación, que incluye también la presencia de personal de vigilancia, ya está siendo investigada por la Defensoría del Pueblo, sobre todo en lo que respecta a la instalación de cámaras en establecimientos escolares. El contrato será por cuatro años y representará para la Ciudad un gasto de medio millón de pesos.
Las cámaras instaladas en los edificios se suman a las que ya funcionan en la vía pública, cuyas imágenes habían sido cedidas por el gobierno de Mauricio Macri a los canales de televisión, según publicó días atrás Página/12. De esta manera, se multiplican los ojos que vigilan, en los espacios públicos, tanto a los potenciales autores de delitos como a los ciudadanos comunes.
De acuerdo con la licitación pública 298/11, los edificios públicos bajo vigilancia se dividen en cuatro zonas, que fueron adjudicadas a otras tantas empresas o uniones transitorias de empresas (UTE). Las mismas deben construir e instalar un centro de monitoreo que estará ubicado en la Dirección de Custodia y Seguridad de Bienes del gobierno porteño, en Venezuela 1445.
La licitación fue adjudicada el 29 de abril de este año, mediante un decreto firmado por el jefe de Gobierno, Mauricio Macri, y su ministro de Seguridad, Guillermo Montenegro. Pero había generado preocupación en algunas escuelas tiempo antes, cuando funcionarios del gobierno porteño y representantes de las empresas preadjudicatarias se presentaron para revisar las instalaciones eléctricas, con vistas a la instalación de los equipos. La sorpresa de directivos y docentes indicaría que el servicio no fue pedido al menos por esos sectores. Tal situación motivó la intervención de la Defensoría del Pueblo. Ayer, ante una consulta de este diario, el Ministerio de Educación prefirió no opinar sobre el tema, por lo que se desconoce si desde esa cartera se reclamó el servicio.
Desde el Ministerio de Seguridad porteño sostienen que las cámaras, en las escuelas, no estarán encendidas durante el horario de clases, sino después de la finalización de las mismas. Las imágenes detectadas permanecerán grabadas al menos durante 30 días, de acuerdo con el contrato.
Los “objetivos” distribuidos en las cuatro zonas son 330. Entre ellos hay 32 hospitales, 24 centros de salud (Cesac) y 90 edificios escolares, incluidos 17 jardines y otras tantas escuelas secundarias. Entre ellas se encuentran el Otto Krause, el Fernando Fader, el Instituto Bernasconi y el Lenguas Vivas. Las cámaras también serán instaladas en el Teatro Colón, en los cementerios de Chacarita y Recoleta y en el Parque Indoamericano
También serán vigilados con cámaras tres ex centros clandestinos de detención: Automotores Orletti, Club Atlético y El Olimpo, administrados por Instituto Espacio para la Memoria de la Ciudad. “Si se utilizan las cámaras para preservar el lugar, la medida es correcta. Pero hay que tener cuidado de que no se utilicen para hacer Inteligencia, ya que son lugares donde se suelen realizar asambleas de vecinos y organizaciones sociales”, advirtió la legisladora Gabriela Alegre (Frente para la Victoria).
De acuerdo con el pliego, los sistemas de vigilancia electrónica comprenderán “dispositivos, censores, paneles y equipos auxiliares” que transmitirán las señales de alarma a los centros de monitoreo. También se integrará un Circuito Cerrado de Televisión “para la verificación de alarmas”, con “capacidad de grabación y guarda de las imágenes durante 30 días como mínimo”.
En cuanto al personal de seguridad, prestarán servicios en los objetivos asignados “durante las 24 horas, todos los días, incluyendo sábados, domingos y feriados”. El pliego aclara que también “deberán prestar servicios en determinados objetivos por fuera del ámbito geográfico de la ciudad de Buenos Aires”, que no se precisaron.
“Esto demuestra que la Ciudad no necesita de la Policía Federal para cuidar los edificios, puede hacerlo con la Metropolitana o con seguridad privada”, comentó la diputada María José Lubertino (FpV). La legisladora –quien el año pasado había presentado un pedido de informes cuestionando una anterior licitación, que parecía dirigida a beneficiar a una mega-empresa de seguridad– resaltó que el gobierno haya “establecido cuatro zonas y diera participación a empresas que ya venían trabajando en la ciudad”. La adjudicación benefició a Líderes Consultores de Seguridad (Zona 1), Murata SA-Yusion SRL-Verini Security SA (Zona 2), Comahue (Zona 4) y Briefing Security SA-Impes SRL (Zona 4).
Un funcionario clave del Gobierno porteño, que decide en todas las compras y contrataciones importantes, es un ilustre desconocido
Cenzón, Cenzón, ¡qué fantasma sos!
Por Juan Salinas / Pájaro Rojo
Edgardo Cenzón, uno de los hombres de mayor confianza del jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Mauricio Macri, es prácticamente desconocido a pesar de que de él dependen todas las compras y contrataciones de importancia que realiza el gobierno porteño.
Que los medios no menciones a Cenzón acaso tenga que ver con que, entre sus múltiples funciones, controla la pauta publicitaria del gobierno citadino.
Cenzón es formalmente subsecretario de Planeamiento y Control de Gestión, cargo que le permite meterse en todas las áreas de gobierno como delegado directo de Macri, a quien rinde cuentas, y del jefe de Gabinete Horacio Rodríguez Larreta, de cuyas huestes proviene y de quien depende orgánicamente.
Licenciado en Economía por la Universidad de Belgrano, especializado en regulación de las telecomunicaciones y con un posgrado en la Universidad Torcuato Di Tella, Cenzón es en los hechos una especie de superministro de compras y contrataciones a quien Macri suele encomendarle las misiones más complejas, explicó un alto funcionario del Ministerio de Justicia y Seguridad de la ciudad.
Según la fuente, Cenzón se encargó sucesivamente del equipamiento de la Policía Metropolitana y de los ministerios de Salud y Espacio Público.
Además, desde el suicidio a fines del año pasado del secretario de Comunicación y Prensa Gregorio Centurión (cuyo reemplazo fue su colaborador Pablo Gaitán) también controla la pauta publicitaria.
El nombre de Cenzón saltó a primer plano cuando este periodista se puso en contacto con fuentes del Ministerio de Justicia y Seguridad y de la Policía Metropolitana en un intento de averiguar cuanto le cuesta a los contribuyentes reemplazar con vigiladores privados a los policías federales que prestaban servicios “adicionales” en los edificios públicos dependientes del Gobierno de la Ciudad.
Como se recordará, a poco de asumir, la ministra de Seguridad de la Nación, Nilda Garré, suprimió la modalidad de las horas extras “adicionales” con las que los agentes redondeaban sus ingresos en larguísimas jornadas a costa de su salud.
También le interesó a este periodista averiguar el estado de las licitaciones para proveer a los edificios públicos de la ciudad de cámaras de video y otros elementos electrónicos de vigilancia, objeto el año pasado de varias denuncias periodísticas.
Ambas fuentes coincidieron en señalar al “director de Compras y Contrataciones, Edgardo Cenzón” como quien decide en esas materias. Y cuando al día siguiente se les reprochó amablemente que hubieran identificado a Cenzón por su viejo cargo (que dejó a fines de 2009), se disculparon.
Explicaron seguidamente que el error se debió a que, en la práctica, Cenzón, que dejó en aquella dirección a “su mando derecha, Lisandro Greco”, retuvo sus funciones. “Sigue cortando el bacalao”, dijo textualmente uno de los funcionarios.
Este periodista se puso en contacto con Cenzón, quién dijo que no tenía “información completa” ni sobre cuanto más está pagando la Ciudad la custodia de los edificios públicos desde la supresión de las “horas adicionales” de los policías federales, ni sobre las licitaciones en curso. Y agregó: “Quien tiene esa información es Rodolfo Ventura, director general de Custodia y Seguridad de Bienes del Gobierno de la Ciudad”.
Ventura depende del Ministerio de Justicia Y Seguridad, y más precisamente, subrayó Cenzón, “del subsecretario de Seguridad Urbana Matías Molinero”.
Es decir, Cenzón le devolvió la pelota al Ministerio de Justicia y Seguridad.
“… cumplo en informarle que toda información respecto a la licitación de seguridad, como al servicio de policia adicional, deberá ser canalizada a través de la Subsecretaria de Seguridad Urbana del Ministerio de Justicia y Seguridad”, respondió un tanto redundantemente por e-mail Ventura.
Consultado un funcionario de dicha cartera que exigió el anonimato dijo que se trata “de un tema re-heavy del que, insisto, se ocupa Cenzón personalmente”. Y aclaró que se refiría a “que hubo denuncias periodísticas, no judiciales, que objetaron la transparencia de la licitación”.
En cuanto al subsecretario Molinero, durante más de dos semanas se lo llamó a su celular y a sus colaboradores sin conseguir ponerse en contacto con él ni que devolviera la llamada, por lo que resultó obvio que no quiere dar explicaciones.
Recuadro:
Denunciado por disponer de 281 millones desde las sombras
El subsecretario de Planeamiento y Control de Gestión del gobierno porteño, Edgardo Cenzón, fue denunciado en julio pasado por el legislador justicialista Diego Kravetz.
“¡Piedra libre para Cenzón! Tomen nota: primer piso del Edificio (de la avenida) Patricios (dónde está la sede del Ministerio de Justicia y Seguridad porteño, en el límite entre La Boca y Barracas). ¡Ya es hora de que lo nombren secretario administrativo! Que justifiquen de alguna manera porque una persona que ocupa un cargo distinto al que ejerce está a cargo de un presupuesto de 281 millones de pesos”, casi gritó Kravetz.
El subsecretario administrativo de la Policía Metropolitana era y sigue siendo formalmente Ignacio Greco, hermano de Lisandro, que a fines de 2009 sucedió a Cenzón en la Dirección General de Compras y Contrataciones. Los hermanos Greco son amigos y estrechos colaboradores de Cenzón.
Kravetz hizo su denuncia en en el curso de una de las audiencias realizadas por la comisión investigadora del escándalo de espionaje encabezado por el jefe de la Policía Metropolitana, el comisario Jorge “El Fino” Palacios y el especialista en intercepciones telefónicas Ciro James.
Palacios y James no sólo perdieron sus empleos sino que también fueron a dar con sus huesos a la cárcel. Actualmente esperan en libertad el inicio de un proceso oral y público en el que Mauricio Macri también está imputado.
Kravetz agregó en aquella ocasión que Cenzón era “de hecho, el secretario administrativo del Ministerio de Justicia y Seguridad y específicamente de la Policía Metropolitana y maneja una caja chica no tan chica de dos millones de pesos”.
