El testamento que le permitió a Ernestina Herrera heredar el diario Clarín de Roberto Noble, su esposo anciano y  convaleciente, presenta tal cúmulo de irregularidades que bien puede definirse como “trucho”, según surge de la demanda judicial que le hizo  hace casi 28 años Guadalupe, la única hija de Noble.

Corría abril de 1978, en plena dictadura militar, cuando la joven Guadalupe Noble denunció y demandó a su madrasta Ernestina por “redargución de falsedad; nulidad contra un testamento y simulación”, explicó Ana Elisa Feldman de Jaján, leyendo un escrito.

“Es un testamento trucho por donde lo mirés”, sentenció luego aquella tarde de la primavera del año 2005. Estábamos en el jardín de invierno del amplio departamento de planta baja que los Jaján tenían en la calle Paraná entre la avenida Santa Fe y Paraguay.

Radargüir quiere decir “convertir un argumento contra quien lo levantó”, es decir, reconvertirlo, darlo vuelta, hizo notar Ana Jaján, que pasó largos años de su vida estudiando al Grupo Clarín y sus modus operandi.

Durante más de una década, Ana había reunido una ingente cantidad de material y presentado innumerables escritos en los estrados de la Justicia. Por entonces escribía  una biografía no autorizada de Ernestina Herrera de Noble, la que registró con el título “Del cabaret al imperio de las comunicaciones”  pero que en sus charlas con el abogado, periodista y ex delegado general de Clarín Pablo Llonto dijo que quería publicar con el título de “La Apropiadora”, tal como quien escribe le había sugerido.

Ana murió hace ya casi dos años. Su libro permanece inédito en manos de familiares suyos que, por alguna razón, no quieren que se publique.

Pero aquella vez, con una copia de la demanda judicial en la mano, Ana recordó que el abogado Juan Carlos Gentile Pace, en representación de la veinteañera Lupita (como la llamaba su padre para distinguirla de su madre, la mexicana Guadalupe Zapata Timberlake), había impugnado el quinto y último testamento firmado por Roberto Noble.

El fundador del diario Clarín, dijo Ana, había suscripto ese quinto testamento porque  estaba muy disminuido a causa de un ACV. A ella le resultaba evidente que lo habían engatusado.

El engaño, siguió diciendo, había sido organizado por Rogelio Frigerio, el ideólogo y jefe del Movimiento de Integración y Desarrollo (MID), que temía no sin motivos que si Lupita heredaba el diario, terminaría el férreo control político que ejercía sobre el mismo.

Ese testamento, agregó, había contradicho de manera flagrante a los tres anteriores, en los que los que Noble había declarado a su única hija, Lupita, su única heredera.

La demanda por redargución, etc. había sido presentada por Gentile Pace, en el Juzgado Nacional Civil nº 1 (cuya titular era la doctora Montes de Oca), secretaria Berzosa de Naviera, en el marco de los autos caratulados “NOBLE, Roberto Jorge, s/Sucesión testamentaria”.

La jugada había sido minuciosamente planeada por otro abogado, Ramón Martos, amigo del marido de Ana, Emilio Jaján y mentor de Gentile Pace. “Martos era muy pero muy inteligente, un verdadero estratega”, explicó Ana.

“Tal como lo había calculado Martos, Ernestina, Héctor Magnetto y los demás directivos-accionistas de Clarín entraron en pánico ante la perspectiva de perderlo todo a manos de Lupita”, agregó.

Según la demanda cuya copia blandía Ana, Lupita demandó a los titulados escribanos Idelfonso Lázaro José Ingaramo, Alberto Antonio Poch y Tomás García, así como al gerente general de Clarín, Héctor Cabezas y a la mismísima Ernestina, acusándolos de haber intervenido en la gestación del testamento póstumo de Noble.

En cambio, no demandó al quien todo indicaba  había sido el cerebro de la maniobra, el escribano Mario Asconchilo, escribano de Noble y de todas sus empresas. Asconchilo y Noble habían vivido en el mismo edificio de la avenida Santa Fé 1664-68. Noble ocupaba los pisos 11 y 12, Asconchilo, el primero.

La razón por la que Lupita se había abstenido de demandar a Asconchilo era simple: para entonces ya se había muerto.

A continuación, una síntesis de la historia tal como la narró Ana, de acuerdo a las notas que el cronista tomó entonces.

En nombre de Lupita, el abogado Manuel Gentile Pace impugnó el quinto testamento de Noble, registrado con el número 224 por Asconchilo, “que se dice otorgado” por él y registrado “en el folio 713, escritura número 238, del día 15 de julio de 1968”.

Al impugnarlo, el escrito precisó que  Ingaramo, Poch y García aparecían como “testigos” de su dictado; Ernestina como “beneficiaria” y Cabezas, que había “desempeñado un rol fundamental en todo lo relativo a la redacción y (conseguir la) firma” de Noble, aparecía como legatario.

Y es que según el escrito firmado por Gentile Pace y todo indica que pesado si no directamente redactado por Martos, la redacción y firma de ese testamento por Noble fue el resultado de un “plan de acción ejecutado de común acuerdo” entre Cabezas y el finado Asconchilo.

La demanda reputó como absolutamente falso que los supuestos testigos Ingaramo, Poch y García hubieran podido actuar como tales, pues, precisaba, “nunca vieron ni conocieron” a Noble.

Todo el aspecto formal del supuesto testamento,  sostuvo, “es de una escandalosa mendicidad” puesto que ni Roberto Noble compareció ante Asconchilo, “ni es sincera la fecha en que se dice redactado”, ni fue leído, escrito, ratificado y firmado en un solo acto en presencia de Ingaramo, Poch y García, ni éstos vieron al testador –al que por otra parte, como ya se ha dicho, no conocían– en el acto de la escritura, ni, mucho menos, lo oyeron ratificar su contenido. Ni, como es obvio, lo firmó ante ellos.

 “Estamos ante una grosera falacia”, el escrito en nombre de Lupita. Y agregó: “Vamos a probar también por qué medios deshonestos la cónyuge se apoderó de la herencia desplazando a la hija” de Noble.

La demanda firmada por Gentile y craneada por Martos sostuvo, en síntesis, que todas las declaraciones que contiene el controvertido quinto testamento “son falsas” como una perla de cristal. Y que Asconchillo, con la colaboración de Cabezas, creó “un testamento falso desde el punto de vista ideológico”, siendo también falsas “las formalidades que se dicen cumplidas para darle validez al acto y que en realidad nunca se cumplieron”.

Por ejemplo las supuestas declaraciones atribuidas al testador que éste jamás realizó, la presencia de los supuestos testigos, etc.

Para mayor abundancia se refirió también a su “mendacidad en cuanto a la profesión de los supuestos testigos”.

Ingaramo, Poch y García habían declarado ser de profesión escribanos pero lo cierto es que jamás la habían ejercido.

“Profesión”, según el diccionario de la RAE es “Empleo, facultad u oficio que cada uno tiene y ejerce públicamente”, y según el Vocabulario Jurídico de Eduardo J. Couture (pág. 484) la “Dignidad, arte u oficio que ejerce una persona en forma normalmente habitual y pública”.

La demanda pidió que se librara oficio al Colegio de Escribanos de la Capital Federal, lo que permitiría corroborar que  aquellos “no ejercían tal profesión a la época de redacción del testamento, ni antes ni después”, sino que “eran simples testaferros” de Asconchilo.

“La declaración de su profesión de escribanos por parte de los tres oculta que eran dependientes del escribano Asconchilo (…) ninguno de ellos ejercía la profesión de escribanos como titulares o adscriptos a registros notariales”, insistió.

Al ser García, Poch e Ingaramo dependientes, como quien dice meros empleados del escribano Asconchilo, se violó el artículo 3037 del Código Civil, que dice que no pueden “ser testigos en los testamentos los parientes del escribano dentro del cuarto grado, los dependientes de su oficina ni sus domésticos”.

El diccionario de la RAE define a “dependiente” como “el que sirve a uno o es subalterno de una autoridad”, y el ya mencionado Vocabulario… afirma que es la “calidad o condición del que está ligado a otro por una relación de subordinación, derivada normalmente de su empleo, y de índole tal que le quita idoneidad para actuar como testigo”.

La falsedad ideológica del testamento por el que Ernestina Herrera de Noble heredó el diario Clarín de su reciente y anciano esposo parece tan clamorosa como evidente,  y no sólo ni principalmente por las sospechas de que Roberto Noble no estaba en la plenitud de sus facultades mentales, sino, sencillamente, porque ese acto careció de testigos válidos.

Como ya se explicó, los tres testigos necesarios – Idelfonso Lázaro José Ingaramo, Alberto Antonio Poch y Tomás García– se presentaron en dicho testamento como de profesión escribanos, en un pie de igualdad con el  escribano interviniente, Mario Asconchillo, pero resultó que jamás habían ejercido como tales y dependían laboralmente de Asconchilo.

Hasta la sanción de la Ley 15.875 -promulgada en octubre de 1961- recordó la demanda, todos los actos que se realizaban con la intervención de un escribano público requerían por lo menos de dos testigos.

Según los protocolos de la escribanía Asconchilo, puntualizó seguidamente, en las 693 escrituras realizadas en 1960, Poch apareció como testigo en el 98 por ciento, e Ingaramo en el 80 por ciento. No hubo una sola en la que no apareciera  alguno de ellos. “Hay días en que Poch e Ingaramo deben permanecer todo el día en la escribanía, para atestiguar en todas las escrituras que intervienen”, señaló.

La demanda presentada en nombre de Lupita por el abogado Manuel Gentile Pace y pergeñada por el estratega Martos ofrece ejemplos incontrastables: Ingaramo y Poch llegaron a firmar nueve escrituras el 1 de febrero de 1960, ocho el 16 de marzo de ese mismo año, seis el 11 de febrero y también el 2 de marzo, y cinco el 7 de enero, el 10 de febrero y el 28 de marzo.

Precisamente, la Ley 15.875 eliminó los testigos de las escrituras públicas con excepción de los testamentos “para poner coto definitivo a una corruptela de los escribanos”. Al fundamentar la necesidad de la reforma del Código Civil mediante esta ley, el diputado Héctor Angaromi (UCRP) dijo respecto a los testigos de aquellos actos que:

“Es difícil obtener su concurrencia, tan difícil que ya no se busca su presencia, sino que se procura la ulterior firma, como si su asistencia hubiera sido cierta. Ajustados a lo verídico, es absurdo que se mantenga una exigencia legal para hacer valer afirmaciones de testigos que, no estando presentes, digan presuntamente verdad cuando en realidad dicen mentira”.

La reforma no alcanzó al artículo 3654 del Código Civil que dispone que “El testamento por acto público debe ser hecho ante escribano público y tres testigos” por cuanto no hay contraparte, explicó el escrito. “Al ser actos de última voluntad del testador, se producen con posterioridad a su fallecimiento, con lo que queda descartada cualquier posibilidad de que aquel los controle”.

En este contexto, Asconchilo continuó con el régimen corrupto anterior a la Ley 15.875 usando casi invariablemente como testigos a Poch, Ingaramo y García en los testamentos que registra su protocolo a partir de 1962.

Un registro a vuelo de pájaro sobre dicho protocolo permite ver que en dos testamentos refrendados por  Asconchilo en 1962 aparecen como testigos Ingaramo y Poch, y en uno Poch y García. El 3 de septiembre, y también el 22 de octubre,  Poch e Ingaramo llegaron a intervenir en  9 (nueve) escrituras de protesto. En el primer tomo del protocolo correspondiente al año 1963 se abre con un record que se diría imposible de igualar: el 2 de enero este dúo interviene en 15 (quince) escrituras de protesto. En ese tomo hay 147 escrituras, de las que 96 corresponden a protestos de págares, y en todas intervienen Poch e Ingaramo.

Saltemos tres años para evitar el agobio de una incesante repetición. En julio y agosto de 1966, sobre cuatro testamentos registrados, en todos aparece como testigo Ingaramo, y en una revocatoria de testamento, los hacen Ingaramo y García. Durante ese año, Asconchilo registra nueve testamentos y en todos aparecen como testigos Ingaramo y Poch. Ambos también aparecen en los cuatro testamentos registrados en agosto de 1967.

“Puede decirse así que, si no en todos, en la inmensa mayoría de los testamentos refrendados por el escribano Asconchilo el único testigo es él mismo”, sintetiz{o la demanda. “Hay casos en que un solo día se ha redactado y firmado siete testamentos, por supuesto con la intervención complaciente de los ‘testigos’ Ingaramo, Poch, García y el inefable portero de la casa de departamentos de Avenida de Mayo 953”, Manuel Rodríguez Días, agregó.

Antes y después de la sanción de aquella ley, Ingaramo y Poch “forman parte del activo fijo como las máquina de escribir, los folios del protocolo, las mesas y mostradores de los empleados, la tinta, los lapiceros, etc., que constituyen el conjunto de bienes muebles” de la escribanía Asconchilo, se regodea el escrito de Gentile-Martos. El dúo era parte del inventario “hasta el punto de que a veces Poch e Ingaramo protestaban pagarés de Agea”, lo que vuelve evidente que lo hacían en nombre de Asconchilo.

Además del quinto testamento de Noble, en 1968 el escribano Asconchilo registró otros cinco testamentos en los que aparecen como testigos Ingaramo, Poch y Rodríguez Dias. Y en 1969 registró siete testamentos en los que aparecen como testigos aquellos tres y también García.

La demanda de Lupita negó que su padre hubiera comparecido en la escribanía Asconchilo para dictar su último testamento, protocolizado el 3 de agosto de 1967. “Nunca, por ningún concepto”, sostiene, Noble había concurrido a la escribanía y ademáss resultaba obvio que “el trámite de la firma no estuvo a cargo del escribano”, sino que Asconchilo “le entregó el protocolo, como habitualmente lo hacía  con otras escrituras” a Cabezas, “quien lo llevó al Dr. Noble y lo hizo firmar”.

Y es que Cabezas –precisó la demanda– era para Noble “la persona de su más absoluta confianza”, al punto de que, al morir Noble “la totalidad del paquete accionario  de Agea se encontraba en una caja de seguridad de La Caja Obrera de Montevideo a su nombre.

Al morir Noble y abrirse la sucesión –sostuvo el escrito–, se hizo un arqueo del tesoro de Agea en busca de dichas acciones, las que fueron aportadas al juzgado por Cabezas luego de ir a buscarlas a Montevideo. Está información surge del escrito presentado a fojas 139-142 del juicio sucesorio con el título “Denuncia bienes”, escrito que firmaron ambas partes. La abogada Carmen F. Cruz de Giordano Romero lo hizo con el patrocinio letrado de sus colegas Gerardo C. Giordano Romano y Manuel J.P. Cruz en representación de Ernestina,  y Martos –con el patrocinio letrado de Gentile Pace– en representación de Lupita.

Si era falso que Noble hubiera concurrido personalmente a la escribanía Asconchilo para dictar testamento –continuó la demanda–, también lo era que lo hubiera hecho de viva voz, puesto que padecía una lesión cerebral que se lo impedía.

Y es que cuando en enero de 1967 Noble se encontraba en su estancia cordobesa de La Loma, había sufrido un derrame cerebral “que lo había dejado baldado, y que entre otros estropicios le afectó el centro del habla.”

Ana Jaján decía saber de fuentes directas que el ataque le sobrevino a Noble en medio de una feroz pelea con Ernestina, y que así lo narraba en su inédita biografía no autorizada de Ernestina..

Como fuera, a causa de sus limitaciones físicas, desde entonces Noble tuvo como residencia habitual a su estancia cordobesa –si bien realizó esporádicos viajes a Buenos Aires, y uno al extranjero– hasta que sufrió un nuevo ataque cerebral. Dos años después falleció  de un infarto.

El primer ataque –destacó la demanda de Lupita– le causó a su padre “una pronunciada incapacidad en la dicción” de la que no se recuperó hasta el día de su muerte, además de “una notable merma en su capacidad intelectiva y otras secuelas” que permiten asegurar que “no volvió jamás a adquirir la plena lucidez mental”.

Imposibilitado de poder hablar de corrido y “poseído de un profundo complejo de  inferioridad por tal padecimiento –siguió exponiendo– se excluyó tanto de la dirección del diario como de la vida política y social” hasta su muerte.

Prueba de ello –señaló la demanda– fue que “ni en 1967 ni en 1968 Noble concurrió a lo que él mismo había calificado en numerosas oportunidades como el acto más trascendental de su vida: los aniversarios de la fundación de Clarín”.

Efectivamente: desde el 28 de agosto de 1945, Noble estuvo siempre presente en los fastos celebrados en la redacción del diario, En su defecto, el diario informaba a los lectores que Noble no había podido estar presente por encontrarse en el extranjero.

Pero en los aniversarios de 1967 y 1968 Clarín nada informó sobre el paradero de su  su fundador.

La demanda le sirvió al trío Lupita-Gentile Pace-Martos para negociar nuevas y mejores prebendas por parte de Ernestina, Magnetto & Co.  Obtenidas las cuales, se la retiró.

Pero nunca nadie refutó que las cosas que en ella se afirmaron fueran verdaderas.

El juicio se desarrollaba en la misma sala de Audiencias del Palacio Tribunales dónde una década atrás se había juzgado a las Juntas Militares. Ese 24 de agosto de 1995 y en ese augusto escenario, un hombre calvo y erguido de 74 años  fue condenado a 15 meses de prisión en suspenso por “tentativa de estafa procesal”.

La trascendencia del acto surge  de que de esa condena, la de Emilio Jaján, surgió automáticamente, como respuesta, la denuncia de la apropiación ilegal, por parte de Ernestina Herrera de Noble, de los dos hijos que había “adoptado” en 1976, Marcela y Felipe.

Por increíble que parezca, hasta entonces nadie había denunciado a la Justicia lo que era un secreto a voces, cuando menos entre muchos periodistas: que los hijos de Ernestina habían sido paridos por detenidas-desaparecidas. Y puesto que no los habían reclamado, que también sus padres parecían haber sufrido el mismo horrible destino.

Jaján había sido condenado a instancias de Ernestina, que lo acusó de adulterar evidencias para sustentar la querella que, por el cobro de importantes honorarios, le había iniciado. A ella y a los directivos de Clarín.

Aseguraba Jaján que los directivos de Clarín le habían prometido el 6 % del paquete accionario de AGEA (Arte Gráfico Editorial Argentina SA, la sociedad que publicaba el  diario) en pago por una tarea que había cumplido a la perfección.

Tarea tan importante había sido, recordó, que había impedido que la única hija de Roberto Noble, Guadalupe, heredara el matutino, dejando a aquellos  directivos en la puta calle.

Así, a la demanda de Jaján, Ernestina, Magnetto & Cía. habían respondido con otra demanda. Sin poner en duda la importancia del hallazgo (Al que nos referiremos más adelante. N. dcel E.) argumentaron que no había sido Jaján quién lo había hecho, sino un ex amigo suyo, a la sazón abogado de la Policía Federal,  Raúl Bernardz.

De ahí lo de “tentativa de estafa procesal”.

Jaján, un optimista inveterado, escuchó la sentencia con expresión desolada. Cuando terminó de leerse, cerca de las 20, hacía rato que había caído la noche. Los jueces  se estaban levantando cuando una mujer que estaba en medio de la sala se puso de pie y se dirigió a ellos de viva voz:

“¡Un momento señores camaristas: Quiero presentar una denuncia!”, gritó Ana Elisa Feldman, la esposa del condenado.

Estupefacto, el presidente del Tribunal Oral en lo Criminal nº 1, Luis María Ragucci, cruzó en voz baja algunas palabras con los vocales, Martín E. Vázquez Acuña y Ricardo Giúdice Bravo. Después invitó a la mujer a pasar a la contigua Sala de Acuerdos.

Allí, y en presencia de los miembros del tribunal y del fiscal Luis Jorge Cevasco, Ana Elisa comenzó a declarar en voz alta y pausada,  de modo  que la secretaria Erica Susana Manigot pudiera transcribir sus palabras. La intempestiva denuncia los había sorprendido sin una mísera máquina de escribir.

“La compareciente expresa que presenta dos fotocopias de actas de adopción (se trataba, en realidad, de sus partidas de nacimiento) presentadas por doña Ernestina Laura Herrera de Noble de los niños adoptados respectivamente con los nombres de Marcela y Felipe Noble Herrera, en las cuales no figura ni nombre de padre ni nombre de madre…”, manuscribió trabajosamente la secretaria Manigot.

Tras algún titubeo, el hablar de Ana fue cada vez más firme.  Destacó que “la dependencia aparentemente responsable” de las adopciones había dejado constancia de que “no había antecedentes en el libro” acerca de la procedencia de ambas criaturas. Por lo que a continuación Ana pidió expresamente que copias de ambas partidas de nacimiento (nº 674 la de Marcela, nº 921 la de Felipe) le fueran entregadas a las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo “y a toda otra institución dedicada a la defensa de los derechos humanos”.

En el entendimiento de que esas actas de nacimiento habían sido fraguadas, Ana pidió también que se investigara el origen de los niños, supuestamente nacidos el 23 de marzo (Marcela) y el 17 de abril (Felipe) de aquel aciago año 1976. Y particularmente si los mismos eran hijos de “padres desaparecidos” durante los primeros meses de la dictadura militar.

A esta altura de los acontecimientos, recordaría Ana, el fiscal Cevasco la interrumpía continuamente, tratando de que se contradijera. En cuanto a los  jueces y la secretaria, parecían urgidos por  acabar con el trámite. A causa de ese apuro fie, dijo Ana, que la secretaria escribió: “Que es todo cuanto desea declarar. Firma para constancia previa lectura que se dio en voz alta…”.

Pero no: Ana Jaján insistió con firmeza en que quería continuar con su declaración.

El fiscal Cevasco pidió entonces que se abriera un cuarto intermedio de unos pocos minutos, como si fuera para satisfacer una urgencia física o comprar un sandwich.  Según la denunciante, resultaba obvio que quería poner en conocimiento de las infaustas novedades a los abogados de Ernestina.

El acto se reanudó pasados unos diez minutos, recordó Ana Jaján. Luego de haber denunciado que los hijos “adoptados” por Ernestina Herrera de Noble eran con toda probabilidad hijos de detenidos-desaparecidos, recordó, pasó a otro tema. Aportó un “Acta de de designación de beneficiarios” de una empresa llamada Scripto Etablissment con domicilio en Vaduz, Liechtenstein.

Dicha acta estaba firmada por la viuda de Noble en su carácter de “beneficiaria única del establecimiento Scripto” y, créase o no, la viuda, al fin y al cabo bastante cándida, designaba “como beneficiarios en caso de fallecimiento”, entre otros,  a Héctor Horacio Magnetto y José Aranda.

Como en un juego de cajas chinas, Scripto Etablissment controlaba a Agea SA editora de Clarín- y era a su vez controlada por otra sociedad llamada Fides y constituida en Ginebra, agregó Ana.

Para fundamentar su denuncia, Ana aportó un escrito titulado “Inicia demanda”. Se trataba de una presentación de la abogada Silvia Patricia del Carmen Bandini en representación de su padre, Reynaldo Bandini.

Bandini, un experimentado periodista en temas económicos y prominente afiliado al Movimiento de Integración y Desarrollo, había sido primero hombre de confianza de Roberto Noble primero, y después, en la dictadura,  prosecretario general de Clarín y al mismo tiempo el principal contacto entre los jerarcas militares y el núcleo desarrollista que, liderado por Rogelio Frigerio, controlaba el diario.

A fines de noviembre pasado, Bandini declaró en la causa abierta por la apropiación ilegal de Marcela y Felipe, proceso en que distintas fuentes le asignan importante protagonismo, al menos tanto como el que tuvo en la apropiación de Papel Prensa por sus patrones.

Según periodistas que integraban la redacción de Clarín en las primeras épocas de la dictadura, Bandini recibió ambos niños de un teniente coronel entrerriano llamado Marco Antonio Cúneo que falleció en 1978.

A pesar de ello, Bandini negó saber quiénes fueron los progenitores de Marcela y Felipe, pero sí aceptó haberlos cuidado en su infancia como si hubiera sido su padre (“tuve a mi cargo su custodia, administración de bienes y educación”, declaró) y agregó que la adopción fue un plan ideado por Frigerio, fallecido en 2006.

Con estas “adopciones”, los desarrollistas, que detentaban la dirección política, periodística y comercial del diario buscaron contrarrestar “el avance de Lupe, la ex mujer de Noble”en el juicio sucesorio, explicó.

Lupe era Guadalupe Zapata Timberlake,  madre de la única hija que tuvo el fundador de Clarín, también llamada Guadalupe pero más conocida como “Lupita”.

Según otras fuentes, los Frigerio y sus acólitos, asociados con quién a la postre habría de ser el efímero sucesor de Videla,  el general Roberto Eduardo Viola, querían encauzar,  o si se quiere distraer, a Ernestina. Veían con beneplácito que se consagrara a las absorbentes tareas propias de la maternidad responsable, de modo que les dejara las manos libres para gestionar el diario.

“Fue un juicio terrorífico”,  enfatizó Bandini. Un proceso en el cual  Ernestina “estuvo a punto de perder el diario”. Y fue a causa de este juicio tan peliagudo que, para consolidar sus derechos puestos en peligro, Frigerio, apodado El Tapir, y el abogado de Clarín, Bernardo Sofovich, habían ideado el plan de adopción.

En el escrito redactado por su hija abogada,  Bandini afirmó que la viuda de Noble había transferido a Scripto “la propiedad de la totalidad de las acciones que componían el capital accionario de AGEA S.A”, acciones que se hallaban depositadas en una caja fuerte de la Union de Banques Suisses  (UBS), en Ginebra.

En una carta que le escribió a Ernestina en 1987, Bandini, despechado, le recordó con perceptible amargura que él había sido “el número uno” del Consejo de Administración de la ginebrina Fides cuando esta firma era “la única dueña” de Clarín. Y que tiempo después,  y pedido de ella, le había traspasado,  “otorgado mandato al señor H. Magnetto para que asumiera mi representación en dicho Consejo de Administración Societaria”.

Así, Magnetto había sucedido a Bandini como lugarteniente de Ernestina, quién además –en un gesto de extrema generosidad que no habría de repetirse– lo había nombrado heredero.

La secretaria Manigot buscó como cerrar la denuncia de Ana acerca de que AGEA –es decir, Clarín– había sido vaciado. Era un papa hirviendo.  “Como se presume que estos hechos configuran un vaciamiento total de la empresa, se pide su exhaustiva investigación”, transcribió apretadamente sus dichos.

Pero, para gran desazón de Manigot,  Ana fijo entonces que tenía una tercera denuncia para hacer. Acto seguido aportó un escrito suyo, titulado “Intervención de Herrera de Noble y su grupo en el juicio de USA Vs. Emilio Jaján”, compuesto de 39 fojas y un índice de dos páginas.

Según Manigot, en dicho escrito Ana denunció “diversos delitos presuntamente cometidos en perjuicio de un imputado (por su marido) y que surgen en su gran parte del juicio seguido” contra él  “por el delito de tentativa de estafa procesal, más otros que figuran en el expediente civil que el Sr. Emilio Jaján tiene entablado contra la Sra. Ernestina Herrera de Noble”.

La historia a la que se refería Ana era de película. Su marido, dijo,  había caído en una trampa tendida por Dardo Irurburu, un antiguo capitán de ultramar, ex miembro del Partido Comunista uruguayo devenido agente especial del Tesoro norteamericano. Jaján habría sido tentado a depositar una suma de dinero de otros a cambio de una comisión, y así, tras ser sorprendido en una infracción tributaria,  se lo había acusado, sin más, de lavar dinero proveniente del narcotráfico.

Jaján, que no sabía bien inglés, quería vender un terreno en Misiones o buscar asociados para poner allí una sucursal de Disneyworld. Como buen vendedor, elogiaba las rojas tierras misioneras, su feracidad. Allí crecía de todo, solía decir. “¿Hay pericos?” le preguntaba el agente encubierto, mientras lo grababa.

“Hay muchos pericos. Y papagayos, loros y cotorras” decía Jaján. “Hay mucho perico”, le hizo escuchar el sérpico uruguayo al fiscal y a la jueza, explicándoles que en muchos países hispano-hablantes se le dice “perico” a la cocaína.

Con una serie de emboscadas de este tipo, explicaba Ana, habían detenido a Emilio. Y como no se avenía a declararse culpable, habían conseguido que viajara a Miami un yerno para asistirlo, y una vez que estuvo allí, también lo habían detenido.

Clarín y sus aliados destrozaron la reputación de Jaján en densos artículos que aseguraban sin pruebas que estaba preso por lavar dinero procedente del narcotráfico. Ana había averiguado que uno de los abogados de Ernestina, Eduardo Padilla Fox, le había alcanzado a la jueza norteamericana una carpeta con los antecedentes penales de Jaján fotocopiados ad infinitum, a fin de que la carpeta fuera bien gruesa y la impresionara, cosa de que no le concediera la libertad ambulatoria y estaba convencida de que la trampa que le habían tendido a Emilio había sido financiado e inducida por Ernestina, Magnetto & Co.

Luego de que la denuncia fuera firmada por la señora de Jaján, los tres jueces, el fiscal y la secretaria, se dio por concluido el acto aquella noche de invierno en el lúgubre Palacio de Tribunales.

“Era cerca de las 22.30 y los jueces, el fiscal y la secretaria me despidieron de manera descortés. Ni siquiera amagaron con  darme la mano, tal como es de práctica. Y al bajar por la escalera me topé con los abogados de Ernestina, José Ignacio Garona y Bernardo Rodríguez Palma, quienes muy agitados, como poseídos, subían los escalones de a dos en dos”, recordó Ana.

Ambos abogados habían sido en 1985 y en ese mismo escenario los defensores de uno de los miembros de la primera junta militar de la dictadura, el brigadier Ramón Orlando Agosti (quien, justo es reconocer, la había sacado muy barata).

Las tres denuncias de Ana sólo habían sido el acto inicial de una larga década de tesonera lucha por restablecer el buen nombre de su familia y poner en evidencia las maniobras ilegales del Grupo Clarín.

Una década larga de recopilar con obsesiva porfía muchas informaciones y de redactar su investigación bajo las formas de una biografía no autorizada de Ernestina. Libro que registró con el título “Del cabaret al imperio de las comunicaciones”, al que pensaba titular “La Apropiadora” y que permanece inédito.

La denuncia penal sobre el vaciamiento de AGEA –sociedad editora del diario Clarín–- que Ana Elisa Feldman de Jaján presentó ante los azorados miembros del Tribunal Oral en lo Criminal nº 1 había sido presentada originalmente dos años antes ante la justicia laboral por Reynaldo Bandini.

Bandini había sido sucesivamente editorialista, jefe de su sección Economía y prosecretario de Economía durante casi dos décadas. En muchos aspectos, había sido el predecesor de Héctor Magnetto. Pero el diario lo había despedido sin pagarle. Lo había largado duro.

El despedido había sido el principal nexo entre las juntas militares y el núcleo desarrollista liderado por Rogelio Frigerio  que controlaba el diario,  y había sido echado cuando Héctor Magnetto capitaneó un golpe interno (que  describió  Jorge Así en su Diario de la Argentina) que expulsó a los menguantes desarrollistas del diario.

Tras haber sido despedido sin explicaciones, Bandini  reclamaba el pago de los haberes e indemnizaciones legales.

Representado por su hija abogada, Silvia Patricia, Bandini había decidido demandar a AGEA y a la viuda de Noble en su carácter de “propietaria de la totalidad, es decir, del ciento por ciento de las acciones de dicha SA”.

Bandini afirmó en que le constaba que la viuda era propietaria de todas las acciones de AGEA,  y que “si en los libros de accionistas alguna vez figuraron otras personas o figuran en la actualidad, estas personas son prestanombres”.

“La totalidad de los beneficios que arroja la actividad periodística de la empresas y de otras empresas cuyos paquetes accionarios le pertenecen, son de ella y para ella”, insistió.

Bandini había ingresado a Clarín a fines de 1962. A mediados del año siguiente, narró, Roberto Noble, le propuso que conociera a su “amigo entrañable”, el ideólogo Frigerio, quien, le había confiado, era  “el verdadero cerebro conductor de este diario”.

De resultas de aquel encuentro y por indicación de Noble, Bandini secundó a Frigerio -a quien sus íntimos llamaban “El Tapir”- tanto en la conducción de la sección Editoriales como en la tarea de imprimirle “un rumbo totalmente desarrollista a la sección Económica”, de la que fue nombrado jefe.

Tras recordar que más tarde fue ascendido a secretario de redacción y que durante sus casi dos décadas de labor en el diario viajó unas treinta veces al exterior por cuenta del diario, Bandini recordó que su familia tenía relaciones con la entonces joven Ernestina Herrera “mucho antes de su casamiento con el doctor Noble”. El escrito puntualiza que por entonces “ella y su hermana Carmencita trabajan en la Dirección Municipal de Parques y Paseos como inspectoras” donde eran conocidas como “las marineritas”.

Esto se contradice con lo afirmado por otras fuentes que sostienen que la joven Ernestina conoció a Noble cuando con su hermana bailaba danzas españolas en “El Tronío” de la Avenida  de Mayo, y que trabajó primero en una receptoría de avisos clasificados de Clarín en el microcentro porteño, y que luego fue Noble quien le consiguió a ella y a su hermana conchabos en aquella repartición comunal.

En cualquier caso, no parece que los modales de Ernestina fueran demasiado pulidos, puesto que Bandini recordó que fue su familia la que se encargó de su adiestramiento en “elementales comportamientos de la vida social, maneras de vestirse y demás”.

La relación entre Noble y su amante eran un tanto tormentosas.  Bandini recordó que  “mi abuela Teresa y mi tía Neve (…) intervinieron en alguno de los avatares que la rodearon y (que) terminaron en el casamiento” de ambos.

“Cuatro días antes de la fecha fijada para el matrimonio”, recordó, Ernestina, que había viajado con Noble a la estancia que éste tenía en Córdoba , luego de “mantener con éste una violenta discusión” regresó a la Capital Federal. Pero luego de que la Tía Neve llamara por teléfono a Noble, la abuela de Bandini, Teresa Maximino, logró “suavizar la situación” y conseguir que Ernestina pudiera regresar a Córdoba.

Tras la muerte de Noble, siguió diciendo Bandini, comenzaron los problemas “en la conflictuada sucesión del doctor Noble. Vencidos estos problemas y los  que para entonces tenía la empresa editora, se la reorganizó y por espacio de casi tres años fui asesor permanente de la directora”.

En 1972 –continuó recordando Bandini- fue “secretario adjunto de la dirección” con la función específica de atender  a la “información político-militar” e internacional y asesorar en lo que hacia a “la ponderación global del manejo periodístico” de la empresa.

Bandini fue un “comisario político” del desarrollismo que como él mismo apunta, siempre cumplió sus funciones “dentro de aquella orientación político-económica (…) que le impuso el Dr. Noble y que la señora de Noble ratificó y respetó durante más de una década en términos absolutos”.

Bandini reivindicó que fueron precisamente esos diez años -la década de los ’70- los que “convirtieron a Clarín en una gran empresa” y “a la señora de Noble en poderosa propietaria de inmuebles en Punta del Este, París, Nueva York y otros lugares. “Basta decir que la construcción de una propiedad en Luján le costó más de 15 millones de dólares”, remató.

No se piense que el demandante había sobrevivido a los reacomodamientos que preludiaron el golpe militar de marzo de 1976. Por el contrario, y al igual que el resto del staff desarrollista, el pustch significó un renovado impulso a su carrera.

El propio Bandini narró que en abril de 1976 la viuda de Noble lo citó en su casa ( el piso 24 del edificio de la Avenida Libertador 3752) donde le informó de que había decidido que él, Bandini, junto a otros altos funcionarios de AGEA integrara el directorio o consejo de administración  “de una sociedad fundada por ella en Ginebra”, sociedad que, le explicó, “se había hecho cargo de sus intereses”.

Ernestina, dijo, le pidió entonces la más “absoluta discreción” sobre el asunto. Y, también, que  recibiera más instrucciones de Bernardo Sofovich, apoderado y asesor legal tanto del diario como de ella misma.

Sofovich –que había sido secuestrado en 1973 por la guerrilla del Ejército Revolucionario del Pueblo-22 de Agosto (ERP-22) que consiguió así la publicación en Clarín de una solicitada que publicitó su apoyo al gobierno del presidente Héctor Pedro Cámpora-  le pidió a Bandini que fuese a Ginebra tomando la precaución de no hacerlo en un vuelo directo.

Sofovich también le indicó que una vez en Ginebra debía presentarse en las oficinas de la empresa Fides situadas en la avenida de Campel, invocando a la sociedad Scripto Etablissment, de la que tendría que firmar documentación.

Bandini dijo que así fue que a principios de mayo voló a París con pasajes que le proporcionó el propio Sofovich y luego a Ginebra, y que una vez atendido en las oficinas de Fides por una persona que hablaba español se enteró “no sin cierto asombro, por la documentación que tuvo a la vista, que alguien había viajado con escasa anterioridad” para llevar  una orden “firmada por la señora de Noble”.

Ernestina había ordenado que se lo incluyera en el consejo de administración de Scripto, del que también formaban parte el ya mencionado Sofovich, Octavio Oscar Frigerio –hijo del Tapir-, Héctor Horacio Magnetto y José Aranda.

Lo más importante –destacó Bandini- era que “la señora de Noble había transferido” a la sociedad ginebrina “la propiedad de la totalidad de las acciones que componían el capital accionario de AGEA”, las que “estaban depositadas en una caja fuerte” de la UBS “a la orden conjunta o indistinta de la señora de Noble y los señores Sofovich y Magnetto”.

Bandini dijo haber visto en dicha oportunidad “presentaciones firmadas” por Magnetto, Sofovich y Horacio Rioja en la que declaraban ante Scripto Ettablissment que aunque aparecieran como accionistas de AGEA, en realidad sólo eran “prestanombres” y que la totalidad del paquete accionario de la sociedad editora de Clarín le pertenecía a la viuda de Noble.

“En realidad la empresa Fides, de Suiza, administraba la sociedad referida (Scripto), que legalmente estaba constituida en Vaduz, capital del principado de Liechtestein”, puntualizó.

Como prueba de sus dichos, presentó una copia en francés del “Acta de designación de beneficiarios” en la que la viuda de Noble, domiciliada en 15 rue Leroux, París, designó como herederos a Sofovich, Frigerio, Magnetto y Aranda.

Bandini puso su firma para puntualizar: “Este documento me fue entregado como constancia por los señores Rogelio Frigerio y Bernardo Sofovich en presencia de mi hija Silvia Patricia Bandini en septiembre de 1985”.

A partir de que Ana Jaján denunció que los hijos supuestamente adoptados legalmente lo habían sido fraudulentamente, que según todo indicaba eran hijos de detenidos-desaparecidos, y que el diario Clarín había sido vaciado, comenzó un vasto y profuso encubrimiento judicial. Que en ambos casos continúa hasta hoy.

La primera denuncia fue elevada el 25 de  agosto, a través de la Policía Federal,  al presidente de la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín, Alberto Mansur. En una nota adjunta rubricada por el presidente Ragucci y la secretaria Manigot, se le pidió a  Mansur que la Cámara “desinsacule (sorteé) el Juzgado que deberá intervenir ante la comisión de un delito con relación a la adopción de los menores Marcela y Felipe Noble Herrera”.

“Asimismo se acompañan fotocopias de las actas respectivas, que fueran aportadas por la denunciante en relación a la adopción de los menores Marcela y Felipe Noble Herrera”, concluyó la nota, sin siquiera mencionar los sendos escritos presentados sobre el vaciamiento del diario Clarín y la “Intervención de Herrera de Noble y su grupo en el juicio de USA Vs. Emilio Jaján”.

“Porque luego de entrevistarse con los abogados de la viuda de Noble y sin informármelo, el tribunal había decidido no remitir a la Cámara copia de esos escritos”, destacó  Ana once años después, en una larga conversación con Pablo Llonto y quien escribe.

Lo cierto es que la nota que el camarista Ragucci elevó a la Cámara  sobre la única denuncia hecha por la apropiación de dos bebés por Ernestina, la enturbió al mezclarla arbitrariamente con la condena de Emilio Jaján.

La nota de Ragucci y Manigot le informó a Mansur que le remitían testimonios adjuntos de la (primera) denuncia hecha por Ana Elisa Feldmann de Jaján“ y fotocopias de las partidas de nacimiento “aportadas por la denunciante”.

El presidente y la secretaria del tribunal destacaron que dicha denuncia había sido presentada por Ana “luego de que se realizara la lectura de la parte dispositiva de la sentencia dictada en la causa 172 seguida contra (su esposo) Emilio Jaján por el delito de estafa procesal”.

De ese modo establecieron -sin que viniera a cuento y sin fundamentos jurídicos- una ligazón entre dos causas totalmente independientes.

Seguidamente, y con el obvio propósito de fortalecer esta forzada ligazón, la secretaria Manigot  dirigió de inmediato, en nombre de Ragucci, un teletipograma al jefe de la Dirección General de Delegaciones de la Policía Federal:

“Tengo el agrado de dirigirme a Ud. ern la causa nº 172  seguida contra Emilio Jaján en el delito de tentativa de estafa procesal a fin de que personal de esa dependencia remita en el día de la fecha a la Cámara Federal de San Martín las actuaciones que se acompañan, referidas a una denuncia formulada en la causa de referencia”.

Ana Jaján sospechó que estaban durmiendo sus denuncias y le pidió al tribunal información acerca de qué había hecho con ellas. Ragucci y Manigot le contestaron por escrito el viernes 28 de agosto que “por no ser parte de esta causa -en referencia a la causa nº 172- no ha lugar a lo peticionado”.

Tal como lo leen.

A la noche del  mismo día que el presidente del tribunal que condenó a su marido le negó a Ana Jaján información sobre qué había hecho con sus tres denuncias (por la apropiación de dos bebés por parte de Ernestina; por vaciamiento del diario Clarín y por los supuestos delitos cometidos contra Emilio Jaján) con mezquino argumento de que no era parte de la causa, Clarín celebró su medio siglo de existencia.

Fue una fiesta por todo lo alto, y en su curso Ernestina puntualizó que Clarín no sólo se había convertido en “el diario de todos” y en “el maestro de quienes no pueden pagar maestros”. También se jactó de que la sociedad le estaría “otorgando funciones casi sustitutivas de otros poderes”.

El “cuarto poder” había dejado de ser una metáfora. En este contexto, la celebración del quincuagésimo cumpleaños de Clarín fue suntuosa, por todo lo alto.

Casi cinco mil personas, “miembros del gabinete y de la Corte Suprema, autoridades religiosas, políticos, empresarios, diplomáticos, figuras de la cultura, artistas, deportistas” (sería más fácil hacer una lista de los pocos famosos que no fueron) se reunieron en los 5.000 m2 cubiertos de la planta impresora que el diario tiene en Barracas.

La planta estaba iluminada a giorno por “más de trescientas luminarias, 60 metros cuadrados de estructura lumínica colgante, 10 máquinas robotizadas de luces,  3 proyectores de logos y 8 pantallas gigantes”, describió la crónica de aquél fasto.

Aunque no se encuentra a más de 5 kilómetros de la Casa Rosada, los embotellamientos hicieron que el trayecto en automóvil demorara casi una hora.

Sabiéndolo, el presidente Carlos Menem lo cubrió en helicóptero y descendió junto al jefe de Gabinete, Eduardo Bauza –quien se encargaba de las relaciones con el grupo– a escasos doscientos metros de allí,  en la playa de verificación de automotores de la Policía Federal.

“Juntos caminaron por la misma puerta y al mismo tiempo el vicepresidente Carlos Ruckauf y uno de sus más cercanos colaboradores, Esteban Cacho Caselli, un hombre de fluídos contactos con el Vaticano. Detrás de ellos ingresó el cardenal Antonio Quarraccino”, describiría el propio diario.

Todo estaba milimétricamente calculado. Los invitados ingresaban con una tarjeta magnética que les indicaba a que parte del enorme salón debían dirigirse.

Curiosamente, dos enconados enemigos como el ministro de Economía, Domingo Cavallo, y el líder radical Raúl Alfonsín fueron dirigidos hacia el mismo sector y se dieron un rápido apretón de manos -el último que se conozca- frente a Eduardo Van der Kooy -secretario de redacción y editorialista de Clarín- quien entrecerró sus manos como en una plegaria y sonrío ante ese módico milagro.

La viuda de Noble, teñida de rubio, se encontraba flanqueada por Marcela y Felipe. Recibía las felicitaciones de los visitantes más ilustres mientras los invitados, atendidos por 210 mozos, engullían canapés y entrechocaban las copas de champagne Möet Chandon.

Terminado el besamanos, Ernestina se dirigió al estrado y, flaqueada por Carlos Menem, inició un discurso exultante. Dijo que Clarín se había transformado en el diario “de todos, en la compañía que, en las buenas y en las malas, no abandonó nunca a nadie (…) un foro cotidiano para todos los argentinos”, gracias a la libre elección de los lectores “frente a una oferta amplia y diversa”.

Los grupos de medios, dijo, “son un anticipo del mundo del mañana” y Clarín había pasado de ser un simple diario para ser el emblema de “el primer grupo de comunicaciones del país”.

Ante la virtual desaparición de la enseñanza pública y la retracción de las demás funciones del Estado, Ernestina dijo que no se trataba tanto de que la prensa tuviera un excesivo poder como que “las expectativas de la sociedad le están otorgando funciones casi sustitutivas de otros poderes”.

Por este motivo, continuó,  además de ser  el “control de los poderes en beneficio de los ciudadanos”, en la práctica se había convertido en “el maestro de los que no pueden pagar maestros”.

En lo que quiso pasar por autocrítica, Ernestina recordó que “durante largos años, el país vivió a merced de un péndulo institucional que oscilaba entre los golpes de Estado y la emergencia de la protesta que marcaba el retorno transitorio a la democracia “lo que había hecho que “la prensa independiente muchas veces no pudo, no la dejaron o no supo cumplir cabalmente su papel”.

“Nuestro doloroso pasado –insistió más adelante- debe servirnos para aprender, para no repetir errores. Porque creo que en nuestro país nunca más deben violarse los derechos humanos…”.

“La prensa libre necesita cultivar la ética periodística de la responsabilidad, un pacto con la verdad que le permita fijarse sus propios límites profesionales y controles éticos. Este es hoy nuestro compromiso, cuando vemos realizados los sueños más audaces de Roberto Noble”, añadió.

“Hoy puedo decir con orgullo que los objetivos que me trasmitiera Noble y que yo recogí cuando asumí la dirección de Clarín hace más de 26 años se han cumplido”, concluyó, invitando a alzar las copas y brindar “por el futuro que ya estamos viviendo”.

El presidente y cuatro de los ocho miembros de la Corte Suprema así lo hicieron: Julio Nazareno, Antonio Boggiano, Augusto Belluscio, Gustavo Bossert y Guillermo López. Tras el brindis, Ernestina pidió un minuto de silencio en memoria de Roberto Noble, tiempo que fue aprovechado por la mayoría para vaciar sus copas.

Seguidamente, la viuda le pidió a Menem que lo acompañara a la sala de rotativas.  Allí, el cardenal primado de Buenos Aires, Antonio Quarracino, bendijo la sexta y última rotativa Metro Goss de la planta. El monseñor elevó una súplica para que se mantuviera vivo el deseo de Noble de que Clarín destacase siempre “los aspectos positivos de las noticias”.

Luego, Ernestina le cedió al presidente Menem el honor de poner en marcha la rotativa, tras lo cual esperaron unos breves minutos a que la máquina comenzara a escupir un nuevo suplemento del diario llamado, precisamente, “Lo Nuevo”.

Frente a este presente venturoso, ¿Quién querría mirar hacia el pasado?

Al mismo tiempo que se celebraban los fastos de los cincuenta años de Clarín, el presidente de la Cámara Federal de San Martín, Juan Mansur,  trasladó las actuaciones relativas a las sospechosas adopciones hechas por Ernestina al juez Roberto Marquevich, titular del Juzgado Federal nº 1 de San Isidro.

Tan diligente fue Mansur que terminó y fechó su escrito el sábado 29 de agosto. Tan pronto recibió semejante brasa, el lunes, Marquevich requirió la opinión del procurador fiscal federal, Carlos Villafuerte Ruzo, quien en el plazo de una  semana, el 7 de septiembre, se expidió negándole cualquier asidero a la documentada denuncia de Ana Jaján.

Villafuerte Ruzo (que escasos días después de esta faena fue nombrado juez federal, el mismo juez que está a punto de ser sometido a juicio político por su pésimo desempeño al frente de la causa que investiga el asesinato del obispo de San Nicolás, Carlos Ponce de León por la dictadura)  destacó en su escrito que siendo la denunciante esposa de Emilio Jaján –quien como era público y notorio tenía “notoria enemistad” con la viuda de Noble– su denuncia carecía “de la aptitud suficiente como para instar a la acción penal”… porque “la verosimilitud y estabilidad de todo proceso de adopción” tramitado por un juez “con asistencia del Asesor de Menores no puede ser conmovido por una simple elucubración”.

Como si en las adjuntadas partidas de nacimiento no estuviera claro ya a primera vista la supresión de cualquier rastro de los progenitores.

Quizá no le hubieran llegado ambas, puesto que Villafuerte Ruzo escribió que  de  la lectura de “la propia acta aportada (sic) surge que la inscripción ante el registro Provincial de las Personas se formula por mandato del Tribunal de Menores nº 1, y que la anotación marginal en las actas referidas corresponderían a las sentencias de adopción plenas dictadas por un juzgado civil del mismo departamento judicial”.

A partir de lo cual, el juez se permitía “suponer la intervención de más de un tribunal de justicia y por ende descartar toda connivencia dolosa en la adopción de los menores”.

Haciendo propios y acrecentado aquellas suposiciones, Marquevich desestimó in limine la gravísima denuncia, negándole “cierta entidad, o mejor dicho, virtualidad suficiente como para instar a la acción penal”. Argumentó para ello que carecía “de datos objetivos que permitan tenerla como un anoticiamiento de un delito” y que más aún,  se trataban de “meras conjeturas (…) que no dejan de desarrollarse en un plano puramente hipotético” sin encontrarse “siquiera mínimamente reforzadas por datos objetivos”.

Todavía más: de las fotocopias de las actas de nacimiento presentadas por Ana Jaján, dijo Marquevich que se desprendía ”que la inscripción efectuada ante el Registro de las Personas” obedecía a sendos mandatos del Tribunal de Menores nº 1 de San Isidro y que de las anotaciones marginales que podían leerse surgía “que la adopción plena ha sido ordenada por sentencia del señor Juez a cargo de un juzgado de Primera Instancia en lo Civil del mismo departamento judicial, lo que evidencia con toda claridad la existencia de un proceso de adopción y el consiguiente cumplimiento de las formalidades previstas por la ley…”.

En síntesis: Villafuerte Ruzo y Marquevich sostenían que era sencillamente inimaginable que dos jueces hubieran podido delinquir de consuno en ambos trámites de adopción.

Sin embargo, de la mera lectura de las inscripciones de nacimiento de los niños bautizados como Marcela y Felipe – tal como explicaría Ana Jaján al denunciar en octubre a Ragucci y Manigot ante el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires- surgía con meridiana claridad  “la presunción vehemente de que los mencionados menores podían ser hijos de padres desaparecidos (cuatro personas, dos padres y dos madres) y sustraídos a sus respectivos familiares por quien aparecía dándoles su apellido y el de su esposo muerto en 1969, desde el momento mismo de los nacimientos”.

En cuanto a Villafuerte Ruzo, Ana Jaján recordó que este juez había pedido que se desestimara la denuncia a causa de la “notoria enemistad” de ella y su marido con la viuda de Noble sin condescender siquiera a una certificación de la veracidad de las fotocopias de las partidas de nacimiento que había presentado, por lo que había groseramente su obligación de investigar los posibles delitos denunciados.

“Tal vez el ex fiscal y actual juez federal creyó que Ernestina Herrera a los 51 años  podía haber dado a luz con diferencia de tres meses a dos niños”, ironizó. Esa era, recordó, la “única razón” que podría justificar que ambos niños “desde el momento mismo del nacimiento llevaran su apellido a continuación del de su esposo muerto en 1969: Noble Herrera”.

Porque Ernestina no le había puesto a los chicos su apellido sino detrás del de su marido, fallecido siete años antes.

Tampoco el juez Marquevich se salvó de la indignada crítica de Ana. Tras señalar que “la necesidad de justificar la antijuricidad de su resolución” lo había llevado “al límite de pretender confundir las dos ‘Actas de inscripción de nacimientos (del año 1976, emanadas del registro Provincial de las Personas) con actas de adopción”, lo acusó de incurrir en “encubrimiento de los delitos de supresión de dos menores”.

Respecto a las responsabilidades del Tribunal Oral Federal nº 1 en el mencionado encubrimiento, habían continuado luego del traslado de las actuaciones a Marquevich.

Para hacerse con la resolución de Marquevich, el abogado Garona le pidió al secretario interino del tribunal, Santiago Cafferata, que le diera un certificado de que era el letrado de Ernestina en “la causa 172 seguida a Emilio Jaján por el delito de estafa en grado de tentativa”  a fin de presentarlo ante el Juzgado Federal nº 1 de San Isidro.

Cafferata así lo hizo así el 19 de noviembre. Al día siguiente, valiéndose de este certificado y aprovechando la confusión intencionalmente creada desde un comienzo por Raggucci y Manigot, Garona pudo introducirse fraudulentamente en la causa, de la que pidió fotocopias con el alegado propósito de añadirlas a la causa 172. Obtuvo las fotocopias. Pero, como era de prever, no las incorporó a la causa 172 con la que aquellas nada tenían que ver. El Grupo quería evitar por todos los medios que informaciones tan comprometidas se hicieran públicas.