Atentado a la AMIA: Que buen Caballero sería si tuviera buen Señor

Roberto Caballero me cae bien. Es un peronista y kirchnerista sincero. Por lo general escribe desde las tripas, y no es para nada propenso a las hipocresias. Pero es director de un diario cuyo propietario es Sergio Szpolsky, que fue tesorero de la AMIA cuando yo investigaba el atentado a la mutual hebrea por encargo inicial de su presidente. Por necesidad, pues, está obligado a adecuar sus dichos al discurso de su patrón en asunto tan peliagudo como el del atentado a la mutual hebrea.

Tengo muy poco que objetar de lo que Caballero escribió. Pero lo que tengo no es menor.

Téngase en cuenta que Caballero se abocó al tema AMIA a mediados de 1997, cuando yo (que había comenzado a investigar en octubre de 1994, cuando Joe Goldman y Jorge Lanata estaban terminando su instant-book, Cortinas de humo) acababa de publicar el libro AMIA. El Atentado. Quienes son los autores y por qué no están presos (Planeta).

Lo que narra no me extraña en lo más mínimo ya que engarza a la perfección con mi propia experiencia.

Excepto, claro, la siguiente frase (atiéndase a lo destacado en amarillo, sobre todo a lo primero):

“A una sentencia tan radical en sus efectos, sólo podía seguir un libro que contara el porqué de las cosas. Había sido el proceso oral y público más largo de la historia nacional. Durante dos años y cuatro meses, 1231 testigos pasaron por el tribunal. Todo para obtener una sola certeza, que ya se tenía a las dos horas de la explosión: existió una camioneta-bomba.”

Caballero agrega que según “las proyecciones más conservadoras”, el Estado nacional “a través de sus organismos de seguridad e inteligencia, del Poder Judicial, del Servicio Exterior de la Nación y la Comisión Bicameral de Seguimiento” habría gastado “100 millones de dólares para llegar a una conclusión obvia…”.

 Y por fin comenta: “Cuando pienso que parte de toda esa plata –la suya y también la mía- se malgastó en perseguir periodistas como “el causante”, me sale pedir perdón.”

Pues bien: lo del coche-bomba es un invento total, echado a rodar en ambos atentados (porque primero fue el de la embajada de Israel, el 17 de marzo de 1992) por los asesinos, y de inmediato por Israel. Cynthia Ottaviano, que está entre los mejores colaboradores de Tiempo Argentino. puede explicárselo en detalle a Caballero en lo que hace a la Amia,  ya que fue a ella a quien el incombustible general Zeev Livne escogió para comunicarle que se acababa de encontrar entre los escombros de la Amia no sólo la cabina de la (supuesta) camioneta-bomba, sino también, dentro de ella, los de su chofer suicida. Un bolazo tremebundo, digno del Libro Guiness de los récords.

La existencia o no de la Trafic-bomba es un tema que sería bueno debatirlo públicamente. Otros investigadores, como Gabriel Levinas y Carlos De Nápoli podrían aportar mucho. A mi juicio, es fácil demostrar que en el primer atentado, el de la Embajada, la bomba fue colocada adentro del edificio (que se encontraba en refacciones) y los mismos que la detonaron apuntaron a Irán. ¡Hasta un experto israelí llegado desde Tel Aviv descartó la existencia de un coche-bomba! Y que en el segundo, a la AMIA, no dos horas, sino dos días después, Clarín daba por descartado que pudiera haber sido usado una camioneta-bomba, poniendo la lupa sobre el desfondado volquete que había sido colocado frente a la puerta de la mutual minutos antes. Un diario Clarín, vale recordar, que no era entonces el enemigo. Y que todavía no había cerrado con el Gobierno y el juez Juan José Galeano bancar una versión falsa de los hechos.

Acá va el prólogo que le hizo Caballero a su libro:
 

El juez había comprado testimonios con plata del Estado en vez de garantizar el debido proceso.

Había espías que se hacían pasar por empleados judiciales, prófugos refugiados en la casa de un comisario y periodistas detrás de una recompensa.

En fin: se trataba de una trama sin inocentes, salvo los 85 muertos y sus familias doloridas.

Todavía tenía intenciones de narrarla cuando el sobre de papel madera llegó a mis manos. Estaba cerrado. No tenía remitente. Tuve que abrirlo para comprender que ya estaba demasiado metido en esta historia maldita. Más, mucho más de lo que hubiese querido.

Lo primero que vi fue un mapa hecho a mano alzada de mi anterior domicilio. Podían verse las calles que delimitaban la manzana, un local vecino, la puerta de entrada, la identidad del propietario real (yo alquilaba) y la altura exacta de la calle. Además había algo escrito: “Investigaciones efectuadas en el domicilio de…permitieron establecer que en dicho inmueble vive, en el primero y único piso, la familia Caballero. Asimismo, se pudo saber que el señor Caballero se desempeña laboralmente como periodista”.

Había más hojas. La que seguía, parecida a un memorándum, estaba originada en una misteriosa “Dirección 34” y estaba dirigida al “Señor 3”. Debajo podía leerse el siguiente texto: “Informo al señor subsecretario que el día jueves 17 de julio me reuní con un colaborador, quien me entregó el fax que adjunto, en el que se realiza una crítica a miembros de la Dirección 85…Habida cuenta de que ese mismo día se habló con el Señor 5 sobre el particular de las internas, ésta sería una prueba más de que las mismas pueden estar impulsadas por terceros, ajenos a ambas direcciones, que intentan perjudicar la conducción de esta SIDE. Por gestiones realizadas se logró que esta nota no fuera publicada como un apartado en el tema AMIA. Se investigan los contactos de dicho periodista…”. Firmado: “C-1 In 5 Antonio Bousquet. Jefe”. El “documento” estaba fechado el 22 de julio de 1997.

Para esa época, “dicho periodista”, o sea yo, trabajaba en la sección Policiales del diario La Prensa y también hacía investigaciones para la revista Noticias. Precisamente, abrochada al misterioso documento aparecía una fotocopia de un informe para la revista donde contaba que la causa AMIA estaba destinada al fracaso porque se había convertido en territorio de disputa de dos sectores de la SIDE, uno llamado “Sala Patria” y otro, “Estados Unidos”, ambos con conexiones con la Policía Bonaerense, y daba nombres, lugares y relaciones de cada uno de los bandos.

Al parecer, desde aquel informe, que nunca supe muy bien cómo llegó a manos de los espías, me convertí en enemigo de la SIDE, entonces conducida por Hugo Anzorreguy.

 

Ahora era “el causante”.

Los espías nacionales son únicos. A diferencia de los ingleses, los rusos o los alemanes, que pueden alardear de actuaciones brillantes, hasta heroicas, los argentinos no tienen un promedio aceptable: son grotescos o trágicos. En aquella esquela, en un reducido texto de apenas trescientos caracteres, había tres errores groseros: el apellido es Caballero, el DNI es otro y Noticias no publicaba Impacto, que era de otra editorial. Pero lo que resulta imperdible de la investigación sobre “el causante” es el burocrático acopio de necedades que bajo el rótulo de “estrictamente secreto y confidencial” se adjuntó el pedido de búsqueda inicial del siempre enigmático “señor Bousquet”.
Allí, entre otras cosas, desfilan los antecedentes de todos los periodistas de apellido Caballero del país. Y también los de España.

 

Ahora hasta parece divertido. Contarlo así, de manera irónica, sólo sirve para sacudirse la pesadilla. Pero confirmar que uno fue víctima de espías a sueldo del Estado produce algo más que escalofríos.

¿Cuántas veces besé a mis hijos y salí de mi casa ignorando que estaba siendo vigilado?

¿Cuántas veces pude haber tropezado con mi perseguidor confundiéndolo con un vecino inofensivo?

¿Cuántas veces me burlé del mito instalado en todas las redacciones periodísticas que dice que la SIDE escucha nuestros teléfonos todo el tiempo?

Debo confesar que algo sospechaba. Trabajando en La Prensa, en 1996, tuve la sensación de que una “colega”, llamada Sandra Lorenzo, que “trabajaba” en la sección Servicios (las casualidades no existen) se ocupaba demasiado de mis notas y mis fuentes. Un día después de ponerla en evidencia ante Jorge Mansur, director del diario, esa chica jamás volvió a pisar la redacción. Ni siquiera renunció. Se fue, sin más. Se esfumó.

Volví a cruzármela cinco años después, tras la purga que el delarruista Fernando de Santibáñes hizo en la SIDE cuando la Alianza tomó el gobierno. Esta vez, la espía llamo a Noticias presentándose ante otro periodista como “arrepentida” del organismo. Mi colega me pidió que lo acompañara a la cita. Me quedé helado al verla. Ella también. Me confesó entonces, en el centro mismo de la Plaza Houssay (“hay que evitar que nos escuchen”), que había estado espiándome durante un largo tiempo y otra sarta de barbaridades. No le creí del todo porque la escena era increíble. Y, al tiempo, hasta me olvidé del asunto, pensando que todo era fruto de mi paranoia estimulada por las alucinaciones de una desequilibrada.

Recién dos años más tarde, con la llegada del sobre de papel madera a mi buzón, confirmé que no se trataba de una locura. Y sucedió algo terrible. De golpe me sentí vulnerable. Violado. Y tuve miedo. Mucho miedo.

Me preguntaba por qué me habían enviado el sobre. Y, además, a mi nueva casa. Sólo podía ensayar conjeturas. Las operaciones de los dos bandos enfrentados de la SIDE confluyeron en una historia oficial amañada que sepultó la verdad de la AMIA. Y pensaba publicar un libro contando todo eso. Era evidente. Me estaban enviando un mensaje.

¿Qué hacer? Estaba el contrato firmado con Sudamericana. En el medio viajé a Bolivia junto con Gloria Rodrigué, su directora editorial, y en una cena ofrecida por el historiador Pacho O´Donell en Vallegrande, ella me preguntó por el libro. ¿Qué libro? Salí de la situación hablando de cualquier otra cosa.

Durante meses pisé la calle mirando hacia ambos lados, tratando de adivinar quiénes eran los perseguidores, pero jamás los descubrí. Hasta que un día pasé del miedo a la náusea. Y de esa repugnancia, sin escalas, a escribir este prólogo.

Fue cuando, diez años después del atentado terrorista más grande de la historia argentina, el tribunal oral anuló todo lo actuado por la propia justicia federal en su etapa preliminar, hasta la foja 8 de un expediente que llegó a tener 172 mil. Decía el fallo:

“Se resuelve:

1. DECLARAR NULO el decreto del 31 de octubre de 1995, obrante a fs. 37.557/37.559, por el que se dispuso instruir la denominada causa “brigadas”…

2. ABSOLVER DE CULPA Y CARGO A CARLOS ALBERTO TELLELDÍN…

3. ABSOLVER DE CULPA Y CARGO A JUAN JOSÉ RIBELLI (…) de las demás condiciones personales obrantes en el exordio, en orden a los delitos de homicidio calificado, lesiones gravísimas, graves y leves agravadas, daños múltiples, privación ilegal de la libertad agravada y extorsión –ambas en grado de tentativa-, falso testimonio agravado, secuestro extorsivo, asociación ilícita y coacción agravada”.

Podría suplantar este párrafo por otro que dijera que la libertad de expresión es un derecho de la sociedad, que los periodistas estamos obligados a defenderla y debemos denunciar todo tipo de abusos. Conozco multitudes de colegas dispuestos a suscribir estas ideas, pero ya dijo Malraux que “el hombre no se conoce a sí mismo en las palabras, sino cuando es llamado a la acción.”

Acá va entonces una introducción que se parece mucho a un exorcismo. No nace de un arranque altruista ni de ningún código moral, apenas de un profundo y genuino sentimiento de repugnancia a los que se burlan de nosotros.