Narcos, banqueros y criminales (2004)

Prólogo a la segunda ediciónNarcos

Quien se interesa en la “guerra contra el Mal” que George W. Bush declaró a partir de la demolición de las Torres Gemelas el 11-S de 2001, debe preguntarse por cómo se ejecutó durante los años ’80 la anterior fase de la “guerra antiterrorista”, que terminó  con la implosión de la Unión Soviética. Pero al buscar referencias se encontrará que cotejar ambas “cruzadas” es algo que los grandes medios jamás hacen. El motivo surge diáfano cuando se revisan y aquilatan los hechos: las “guerras de baja intensidad” de aquella década degeneraron rápidamente en agresiones tan brutales que, al decir de Noam Chomsky, dejaron “sociedades tan traumatizadas que quizá no puedan recuperarse nunca”. [1]

Los lazos entre ambas epopeyas son harto evidentes. Hace poco más de un año, en febrero de 2005, el presidente Bush nombró director nacional de Inteligencia  –es decir, jefe civil de la segunda “cruzada” antiterrorista– a John Negroponte… quién cumplió casi idéntica función durante la primera. Entonces, como embajador en Honduras, Negroponte (que recientemente fue el embajador-virrey de Estados Unidos en el Irak ocupado, cargo que sólo abandonó cuando los escuadrones de exterminio estuvieron funcionando a full)  estaba al frente de la estación de la CIA en Tegucigalpa, la mayor en todo el planeta, cuyo tamaño, como era obvio, no derivaba de que Honduras tuviera un gran papel en los asuntos internacionales, sino de ser la principal base desde la que Washington desarrollaba su ofensiva contra el gobierno sandinista de Managua y los movimientos insurgentes de toda Centroamérica y particularmente de El Salvador.[2]

Si Negroponte es nuevamente el jefe civil de la guerra, el jefe militar es, como secretario de Defensa, Donald Rumsfeld… quien en los años ’80 fue el enviado especial de Ronald Reagan al Medio Oriente y especialmente a Irak, con la misión de estrechar las relaciones con Sadam Hussein. Estados Unidos impulsó entonces a Sadam a declararle la guerra al Irán de los ayatolás, y le proveyó de armas y pertrechos a gran escala, “incluidos medios de destrucción masiva” como los gases letales, una vez finalizada la “Operación Tormenta del Desierto” y contando con la vista gorda de Washington– Sadam utilizó tanto contra los kurdos del norte del país como para ahogar la sublevación de la mayorías chiítas en el sur.

Establecidos estos dos nexos prominentes entre la actual “guerra antiterrorista” –que comenzó con la invasión de Afganistán–, y la precedente, este libro pretende entre otras cosas llenar, siquiera parcialmente, la llamativa carencia de bibliografía sobre el principal episodio de aquella “guerra”: la triangulación de armas y drogas llamada originalmente “Contragate” y conocida universalmente como Asunto Iran-Contras o Irangate.


La importancia de comparar aquellos trasiegos con los actuales es capital. Nadie que lo haga  podrá creer inocentemente que los más de mil vuelos transeuropeos clandestinos que organizó en lo que va de este siglo por la CIA (a la que llaman sarcásticamente Cocain Import Agency) con la evidente complicidad de los servicios de inteligencia de los países miembros de la OTAN que se detectaron hasta ahora, hayan servido sólo para llevar y traer a prisioneros musulmanes (algunos de ellos,  auténticos desaparecidos) de cárceles clandestinas ubicadas en Europa del Este y el norte de África o al enclave neocolonial de Guantánamo (extremo oriental de la isla de Cuba), ni que esa  flota de aviones no contrabandeaba desde antes enseres y sustancias diversas, incluidas las prohibidas por las autoridades sanitarias.

Un hecho más importante aún es que con estos vuelos, la existencia de detenidos-desaparecidos se ha globalizado y corre el riesgo de naturalizarse, e incluso de trivializarse. Como la tortura, cuyas “bondades” son publicitadas por el vicepresidente Dick Cheney.

Hasta ahora pudo establecerse que entre 2001 y 2005 la CIA organizó al menos mil vuelos que hicieron escalas en distintas capitales europeas para trasladar de un lugar a otro a unos tres mil prisioneros. ¿A dónde se los llevaba? A cárceles secretas, en  algunos casos muy conocidas, como la de Guantánamo, la de Bagram, en las cercanías de Kabul, o la trístemente célebre de Abu Ghraib, en el Irak ocupado.

No se trata de que la CIA haya aprovechado un agujero negro en la legislación internacional para arrojar a un pozo a supuestos terroristas a los que, en flagrante violación de las leyes internacionales, no quiere reconocerles entidad como oponentes. Es mucho peor: desde 1984 la Convención de la ONU contra la Tortura prohíbe taxativamente extraditar personas a países donde corren el riesgo de ser torturadas, que es, precisamente, lo que se hizo, con la expresa intención de que fueran torturadas, único motivo de su traslado.

Las investigaciones se aceleraron gracias al escándalo producido por el secuestro del imán de una mezquita de Milán. La justicia italiana identificó a 22 agentes de la CIAinvolucrados, incluyendo a su jefe, el mismísimo cónsul estadounidense en esa ciudad. Todos se comunicaban entre sí con sus propios celulares, en acabada muestra de que creían gozar de una impunidad absoluta. Otro escándalo fue la aparición en Egipto –donde había sido ferozmente torturado– del ciudadano alemán Khaled Masri, “chupado” un año atrás.

Organizaciones de defensa de los Derechos Humanos, periodistas de varios países y diarios como The Guardian y The Washington Post llegaron a la conclusión de que hubo cárceles secretas en la República Checa, Polonia y Rumania. Y que a ellas fueron a parar miles de sospechosos de integrar la fantasmal red Al Qaeda. Que fueron puestos fuera de cualquier ley, en un limbo físico, aislados de familiares y abogados e interrogados y torturados metódica y parsimoniosamente.

La denuncia de la existencia de estas cárceles clandestinas provocó su “deslocalización”: a fines del año pasado fueron trasladadas a Egipto, Uzbekistán, Jordania y, posiblemente, también a Marruecos.

Cuando la secretaria de Estado norteamericana, Condoleezza Rice se entrevistó en Berlín con la nueva canciller alemana, Angela Merkel, ésta le echó en cara el secuestro de Masri, a lo que Condy no atinó a otra cosa que poner la boca en “o” y exclamar: “!Qué horror!”.

El relator de la comisión de investigación conformada por la Unión Europea, el diputado suizo Dick Marty, lamentó la falta total “de informaciones y explicaciones” por parte de Rice, a la vez que subrayó que “las acusaciones nunca han sido desmentidas formalmente por Estados Unidos”.

Como es sabido, el que calla, otorga. Sin embargo, la Unión Europea hizo como que las explicaciones de Rice hubieran existido. Sus portavoces fingieron ser osos suecos. Y ciegos.

Quizá el periodista que más haya investigado el tema sea el argentino Roberto Montoya, jefe de noticias Internacionales del diario El Mundo. Montoya publicó recientemente un libro, La impunidad imperial [3] prácticamente desconocido en Latinoamérica pero imprescindible para comprender la magnitud de la demolición del andamiaje jurídico que, so pretexto del 11-S, emprendió la administración Bush.

El libro, que lleva como subtítulo “Cómo Estados Unidos legalizó la tortura y blindó ante la justicia a sus militares, agentes y mercenarios”, lleva un prólogo del Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, quien sostiene que “Estados Unidos se ha transformado en un Imperio (que) maneja los resortes del poder económico y militar (y)  el tráfico de armas y de drogas”. Y que la crisis económica endémica que lo afecta hace  imprescindible que mantenga un estado de guerra permanente a fin de poder  “sostener su déficit y potenciar el complejo militar-industrial”.

Montoya analiza los secuestros hechos por la CIA en Alemania, Suiza e Italia y demuestra que éstos, así como las torturas y asesinatos en Afganistán y el limbo legal en el que permanecen cientos de prisioneros en Guantánamo, no constituyen “excesos”, sino que son parte de un plan diseñado por la Casa Blanca y el Pentágono.

Luego de enumerar las muchas veces que los vuelos de la CIA utilizaron los aeropuertos de Palma de Mallorca y Las Palmas de Gran Canaria, Montoya se refirió a la siniestra paradoja de que “tu aterrizas para ir de vacaciones a la playa y al lado hay un avión aparentemente civil que está llevando a un secuestrado a un centro de tortura”.

Y enfatiza que no se le termina de dar a este hecho la enorme gravedad que tiene. Luego de referirse a la hipocresía de los gobiernos europeos (cuyos servicios de inteligencia fueron obvios cómplices de aterrizajes y decolajes) Montoya deja resonando la pregunta: “¿Es que acaso las Naciones Unidas están de vacaciones?”.

Un reciente caso demuestra que la impunidad imperial no se restringe a los musulmanes encarcelados: también puede cebarse en los carceleros cristianos. Vean, si no, el caso del uruguayo residente en Nueva Jersey Federico Pimienta Perdomo, de 28 años, quien se integró a las filas de los marines con la promesa de obtener la nacionalidad estadounidense. Llevado a la cárcel de Bagram, en Afganistán, Pimienta mató de un disparo en la cabeza a un joven compañero en ocasión de limpiar su fusil. Se formó un Consejo de Guerra para juzgarlo sumariamente, pero el día anterior, a principios de junio de 2005, Pimienta desertó. Policías militares estadounidenses lo ubicaron y detuvieron el 15 de febrero en el Puerto gaditano de San Fernando, lo condujeron a la cercana base de Rota donde pasó la noche en un calabozo, y al día siguiente lo metieron en un avión militar que lo llevó a la base aérea de Kelly, en Texas… sin siquiera ponerse en contacto con alguna autoridad española. Se trató, claramente, de un secuestro, por más que después Pimienta fuera a decir que se entregó voluntariamente, algo lógico, ya que de esa manera redujo su condena, que hubiera sensiblemente mayor si se lo consideraba –como era– un desertor.

Las bases norteamericanas en España datan de la época del franquismo y permanecen en funcionamiento bajo el paraguas de la OTAN.  El Convenio de Cooperación para la Defensa entre España y Estados Unidos prevé la posibilidad de que los jueces españoles declinen su jurisdicción en favor de magistrados estadounidenses en los casos en que los militares yanquis destinados en Rota sean acusados de puramente delitos militares, pero  ello exige un acto formal del juez español, y además de que ello no tuvo lugar, en el caso de marras la violación de la soberanía española fue absoluta, puesto que Pimienta no era un militar destinado en España y sujeto a lo previsto en aquel convenio, sino un uruguayo que había ingresado a territorio español como turista.[4]

A pesar de que Estados Unidos le pide insistentemente a España que le permita a sus agentes de inteligencia y policías militares realizar investigaciones criminales por su cuenta en territorio español, España siempre se lo ha negado, pues sería absurdo que dichos agentes gozaran en España de prerrogativas que no tienen en su propio país, y que, por cierto, tampoco tienen los policías militares y agentes de inteligencia locales.

Pero a eso, como puede apreciarse, al Pentágono, le tiene sin cuidado.


La primera edición de este libro tuvo dificultades insalvables para circular en Ecuador, lo que equivale a una censura virtual, aunque no establecida por el poder político, sino por el económico. Así, todos los distribuidores posibles se negaron a su turno a poner en circulación un texto que podía significarles represalias financieras, por ejemplo el bloqueo de líneas de crédito en el principal banco del país, el Pichincha. Es que casi todas las empresas ecuatorianas deben recurrir a este banco o a otras entidades financieras vinculadas a quien controla el Pichincha, Fidel Egas Grijalva, quien concentra en sus manos un porcentaje abrumador de la gestión financiera del país y a quien se refiere uno de los capítulos de este libro, que narra, entre otras cosas, como Egas pudo hacer la carambola de conseguir el control del Banco del Pichincha y ponerlo en e primer lugar del ranking en una sola jugada, utilizando para ello como pértiga la reserva monetaria internacional de Ecuador, es decir, dinero del público, de todos los ecuatorianos.

El ex presidente de Ramdon House Mondadori para los países de la comunidad andina, Jorge Pérez Pérez, es en la actualidad editor independiente. Demostrando su sincero aprecio por este libro y su difusión en Ecuador, informó de estas dificultades al gobierno del presidente Alfredo Palacio. Recibió la siguiente respuesta del secretario general de la Presidencia, José Modesto Apolo:

¨Presidencia de la República, Palacio de Carondelet, Quito, a 2 de febrero de 2006. Señor don Jorge Pérez, Bogotá: Agradezco el gentil envío del libro ‘Narcos, banqueros y criminales. Armas, drogas y política en América Latina a partir del Irangate’, escrito por el periodista Juan Salinas, cuya temática es de gran interés y actualidad. En cuanto al contenido de su misiva, lamento conocer que aparentemente el libro no será distribuido en el país por cuanto las instituciones que habrían estado interesadas en hacerlo han desistido por temor a posibles represalias. Sin embargo, no deja de sorprenderme tal aseveración considerando el tradicional respeto a los derechos fundamentales que ha caracterizado al Ecuador a lo largo de su historia, incluyendo los derechos a la libertad de prensa, de información y de expresión, así como al ejercicio del libre comercio, los que han sido, como son en la actualidad, debidamente garantizados por el Estado. Hago propicia la ocasión para reiterarle los sentimientos de mi consideración. Dr. José Modesto Apolo, Secretario General de la Administración Pública.¨

Ante esta situación, el representante de la editorial para los países andinos, a cargo de la gestión de distribución, envió algunos ejemplares a una lista de periodistas y personalidades ecuatorianas, informándoles del virtual bloqueo que sufría el libro. Las respuestas fueron muy generosas, sobre todo luego de una entrevista telefónica que se me hiciera el domingo 5 de febrero pasado para el programa Hora Uno del Canal 1 de Ecuador, a la que siguieron otras para radioemisoras de Quito y Guayaquil.

El presidente del Consejo Ejecutivo de la Asociación de Periodistas de Guayaquil, Julio Villagrán Lara, me escribió ofreciéndome su solidaridad, al igual que periodistas de Cuenca, Ibarra, Quito y aquella ciudad puerto. En tanto, desde el Congreso ecuatoriano, la diputada Sandra Sandoval Chávez me envió un enfático “cuente conmigo”, y Leonardo Escobar, ministro de Agricultura del gobierno de Lucio Gutiérrez y miembro del consejo editorial del diario Meridiano, me manifestó su vivo interés en el desbloqueo. En sentido contrario, Juan Falconí Puig, el principal lugarteniente costeño del banquero  Egas, algunas de cuyas andanzas se narran en el libro, me atacó desde una columna (casi escribo “calumnia”) del diario quiteño Hoy ­–controlado por Egas– bien que cuidándose de no mencionar jamás por sus nombres ni al libro ni a mi persona.

Mientras en Buenos Aires el tabloide dominical Perfil le dedicaba tres abigarradas páginas al libro, recibí un e-mail del economista y escritor  Eduardo Benalcázar, el mayor impugnador de la deuda externa ilegítima que soporta Ecuado, que entre otras cosas dice: “He leído su valiente libro. Los protagonistas en Ecuador de su obra son los mismos que en mi obra Clonación de la ilegítima deuda externa son señalados como protagonistas de las crisis que vivimos”.


¿Se repetirá una situación similar en España? La primera edición ni siquiera se intentó distribuir en la península, entre otros muchos motivos porque era inminente la salida allí de mi libro anterior libro, Ultramar Sur [5]y mi agente literaria, Mercedes Casanovas, me desaconsejó que ambos de distribuyeran simultáneamente. Pero esta segunda edición incluye dos nuevos capítulos, El príncipe de  Marbella y La capital de la mafia global que abordan lo que parece haberse convertido en un tema tabú para el periodismo español e incluso para la abrumadora mayoría de los medios europeos: la increíble impunidad de que disfrutan dos viejos amigos y vecinos de Puerto Banús: el sirio Monzer al Kassar y el británico Judah Eleazar Binstock.

“Al Kassar ha sido identificado en  todo el mundo por las autoridades policiales como uno de los traficantes de armas y de drogas más poderosos del hemisferio occidental y como un individuo que está implicado incluso en actividades terroristas”, sintetizó el experto periodista Jürgen Roth[6], que cita un informe de la policía alemana que ya en 1993 calificaba al sirio de “el mayor traficante de armas privado del mundo”[7]. El mismo Roth explicó que si Al Kassar es “intocable” no lo es “porque haya persuadido a las autoridades internacionales de que es inocente”, sino porque “cuenta con poderosos padrinos y protectores” y porque “puede afirmar sin que nadie lo desmienta: Lo he hecho todo por orden de organismos estatales”.

 

Hace muchos años que Al Kassar ni siquiera es mencionado por los medios españoles, y el nombre de Binstock, que hace tres años fue identificado como el factotum del golpe de palacio que expulsó de la alcaidía de Marbella a Julián Muñoz en beneficio de los impresentables Jesús Gil y Gil y Juan Antonio Roca, también hoy es silenciado. Algo que resulta estruendoso desde que las investigaciones que desembocaron en la “Operación Malaya” permitieron corroborar que la ciudad es sede y foro de más de un centenar de organizaciones criminales internacionales, que traman sus asuntos, negocian, acuerdan y se reparten áreas de influencia en sus restoranes, playas y palacios.

Mientras España está cada vez más golpeada por una especulación inmobiliaria desenfrenada, deseo fervorosamente como ciudadano español que este libro encuentre sus lectores naturales allí. Y como hijo y nieto de socialistas españoles, que cese esta increíble complicidad (por no figurar, Binstock y Al Kassar ni siquiera figuran en las listas de grandes contribuyentes) que terminó de forjarse hace ya más de dos décadas, durante el gobierno de Felipe González.[8]

Buenos Aires, 15 de mayo de 2006.

 

[1] Ver “El terrorista en el espejo”, Veintitrés Internacional nº 6 de marzo de 2006

[2] Fue una guerra no declarada por la que Estados Unidos resultaría condenado por el Tribunal de Justicia Internacional de La Haya e incluso (por falta de veto) por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. El autor se refirió extensamente a la misma enGorriarán, La Tablada y las “guerras de inteligencia en América Latina (Mangin, Buenos Aires, 1993), escrito en colaboración con Julio Villalonga.

[3] La esfera libros, Madrid, 2005.

[4] Ver “Defensa rechaza que los servicios secretos de EE.UU. actúen por su cuenta en suelo español”, en El País del domingo 16 de abril de 2006, pág. 17.

[5] Belacqua, El ojo de la Historia, Barcelona, 2006.

[6] Mafia de Estado. Como cooperan los estados de Occidente con la mafia del narcotráfico (Salvat, España, 2001), págs. 27-28

[7] Obra citada, página 121.

[8] Puede alegarse, como atenuante, que a González Al Kassar se lo recomendó Bruno Kreisky, el veterano canciller socialista y judio de la jamás desnazificada Austria. La organización de Al Kassar tenía entonces su central en la empresa vienesa Alkastronic, gracias a lo cual la industria austriaca de armamentos había encontrado nuevos mercados.

Venta online, por Editorial Punto de Encuentro.

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