El fallo de la Cámara, dictado el 26 de mayo de 2011, fue firmado por Otilio Romano (destituido por delitos de lesa humanidad durante la última dictadura militar), Julio Petra, que renunció tras ser imputado por su actuación en causas sobre violación de derechos humanos, y Alfredo López Cuitiño, quien también dejó el cargo luego de haber sido denunciado por acoso sexual y laboral.

Cuando revocaron la sentencia de primera instancia, que había sido favorable a Gasparini, Romano, Petra y López Cuitiño consideraron que los dichos del periodista habían sido injuriosos y lesionaron el honor de Gómez Miranda.

Según una entrevista que publicó el diario local El Sol el 16 de agosto de 2005, Gasparini dijo, refiriéndose a Gómez Miranda y la apropiación de tierras de Chacras de Coria, que “al pibe no le interesa la justicia; le interesa hacer plata”.

La Cámara consideró que Gasparini había efectuado manifestaciones sobre “un tema de extrema sensibilidad para el actor, como la desaparición de su padre».

En su dictamen ante la Corte, Gils Carbó recordó la doctrina de la “real malicia” del máximo tribunal, según la cual los funcionarios públicos sólo reprochar daños generados por la divulgación de información de interés público si prueban su falsedad, que la difusión fue realizada con conocimiento de dicha falsedad o con notoria despreocupación por su veracidad”.

Gils Carbó recordó que la Corte aplicó la doctrina de la “real malicia” también a particulares que hubieran intervenido en cuestiones de interés público, lo que, afirmó, es aplicable a este caso.

“El debate amplio y desinhibido sobre esos acontecimientos tiene un valor instrumental para garantizar la dimensión colectiva del derecho a la verdad, memoria y justicia, que ha sido consagrado por los distintos sistemas de protección de derechos humanos”, expuso la Procuradora.

Agregó que el “interés público -suscitado sobre la posible apropiación durante la última dictadura de una finca que pertenecía a una sociedad integrada por víctimas del terrorismo de Estado que permanecen desaparecidas- demanda evitar la aplicación de estándares de responsabilidad civil que traigan aparejado un posible efecto de silenciamiento sobre hechos aberrantes”.

La Procuradora dijo que la importancia del asunto y el hecho de que tanto Gómez Miranda como Gasparini hayan expuesto sus diferencias en los medios de comunicación, “llevan a concluir que la acción de daños y perjuicios sólo puede prosperar si se prueba que el demandado divulgó información falsa con conocimiento de su falsedad o con notoria despreocupación por su veracidad”.

Como Gils Carbó consideró que “las constancias probatorias no demuestran que el demandado haya divulgado información falsa a sabiendas de su falsedad o con total despreocupación al respecto”, pidió que se revoque la sentencia condenatoria.

Gasparini, que estuvo detenido-desaparecido en la ESMA, reside en Ginebra, Suiza, desde 1980. Ha escrito en solitario o como coautor una docena de libros, entre los que se destacan La pista suiza; La delgada línea blanca; Graiver, el banquero de los montoneros; La injusticia federal y Montoneros, final de cuentas.