AMIA – JUSTICIA. Casal, Basso y otras claras muestras de la podredumbre de un sistema
Que Eduardo Casal siga ejerciendo interinamente como Procurador General de la Nación desde hace mas de dos años sin haber sido refrendado en su cargo por el Senado es un escándalo por múltiples motivos, entre ellos se destacan tres: proteger al procesado fiscal extorsionador Carlos Stornelli de manera que permanezca en funciones a pesar de lo clamoroso de sus actividades delictivas; perseguir a la fiscal Gabriela Boquin que tiene a su cargo la causa por la deuda multimillonaria acumulada por la familia Macri en la causa Correo Argentino, y ser el garante de la parálisis absoluta de la investigación de la causa AMIA, abulonada días atrás por el traspaso de la elefantiásica causa a manos del juez Julián Ercolini, el único que se atrevía a competir con el finado Claudio Bonadío por el título de Campeón de la prevaricación serial. Como tuiteó hace unas horas Sergio Burstein: «Mientras Casal siga en su cargo, la causa #AMIA seguirá dormida e impune. Casal es garantía de impunidad, los hechos lo demuestran». Como se verá, no exagera un ápice.
Eduardo Casal, el cancerbero que dejó Macri para velar por los intereses de su familia y su camarilla (Foto NA).
El ahora jubilado juez Rodolfo Canicoba Corral le había encomendado la investigación de la masacre al finado fiscal Alberto Nisman, que a lo largo de toda una década (además de viajar por el mundo en compañía de bellas, jóvenes y caras escorts y comprar y esconder propiedades con dineros no declarados) no hizo otra cosa que extender a todo el gobierno de la República Islámica de Irán las imputaciones formuladas anteriormente sin sustento probatorio a algunos pocos funcionarios persas por el juez Juan José Galeano. Que resultó condenado por desviar la causa hacia unos policías bonaerenses bastante delincuentes pero completamente ajenos al atentado, los que purgaron largos años en prisión hasta que el Tribunal Oral Federal nº 3 los absolvió.
A la muerte de Nisman, la Unidad Fiscal de Investigación del atentado (UFI-AMIA) quedó en manos de un trío de fiscales y del coordinador de la unidad, Juan Patricio Murray. A instancias suyas y de la entonces procuradora Alejandra Gils Carbó, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner firmó un decreto por el cual se creo en junio de 2015 el llamado Grupo Especial de Relevamiento y Análisis Documental (GERAD), un equipo de cualificados expertos, también coordinado por Murray, que se dedicó a escrutar y analizar una enorme cantidad de documentos que, por una razón u otra, la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) se había abstenido de compartir con la Justicia. Y que, por lo tanto, eran desconocidos para los familiares de las víctimas y demás partes.
Haciéndose eco de los reiterados pedidos de algunas querellas por «la desclasificación y acceso a toda la información y documentación vinculada con el atentado», aquel decreto, nº 395/2015, dispuso la entrega a la UFI de toda la documentación vinculada a los atentados que estuviera en los archivos de la AFI, ex SIDE, repartidos en distintas bases o «cuevas».
Los investigadores del GERAD encontraron mucha documentación inédita en unas oficinas del pasaje Barolo -entre avenida de Mayo e Hipólito Yrigoyen-; en la base de la calle Estados Unidos (que fuera el feudo del ingeniero Antonio Horacio «Jaime» Stiuso), ubicada en el barrio de San Cristóbal, y en un depósito ubicado en las cercanías de la Plaza Constitución, entre otros lugares.
Los investigadores se centraron primero en el Pasaje Barolo, donde establecieron la sede del GERAD. Hicieron allí hallazgos trascendentales. Por ejemplo, los que revelaron las presiones de un servicio de inteligencia de los Estados Unidos (a todas luces, la CIA) para que la SIDE, lejos de hacer lo posible por que se detuviera de una buena vez al clérigo iraní Moshen Rabbani (supuesto sospechoso nº 1 de haber coordinado el ataque) se le preguntara cuanto dinero quería para hacer mutis por el foro e irse de la Argentina sin abrir la boca ni decir siquiera «esta boca es mía». Ver aquí y aquí y más abajo bajo el subtítulo Operación Cacerola.
Durante el gobierno de Mauricio Macri y su inefable ministro Germán Garavano, es sabido, la procuradora Alejandra Gils Carbó sufrió innúmeras presiones y amenazas, al tiempo que los miembros del GERAD vieron crecientemente dificultada su labor con diversas artimañas, cuya descripción merecería una nota aparte.
Por fin, a fines de octubre de 2017 y luego de que se amenazara a sus hijas, Gils Carbó tiro la toalla y renunció. Y así, sin su valedora, el GERAD quedó paralizado. Desde un principio, y por aquel decreto estaba establecido que el material analizado y clasificado por el GERAD permanecería bajo su control, es decir, el de la UFI-AMIA, del que GERAD depende. Pero la mudanza del material encontrado en las bases ubicadas en los barrios San Cristóbal y Constitución a la sede del GERAD en Pasaje Barolo, a pesar de que hay allí sobrado lugar, nunca se materializó.
Así fue que Murray puso fajas sobre las entradas a la bases Estados Unidos y Salta y volvió a su Rosario natal a continuar trabajando como letrado de la Procuraduría General de la Nación (PNG) y fiscal auxiliar en una fiscalía de esa ciudad.
Eduardo Casal asumió como procurador interino puesto a dedo por Mauricio Macri. Casal puso al frente de la UFI-AMIA en enero de 2018 a Sebastián Basso, que al cumplirse un año de haber ocupado las oficinas de la fiscalía que cuenta con la mayor cantidad de personal y presupuesto de todo el país, a la hora de hacer un balance de su labor, mintió como un bellaco:
Fiscal Basso. Facciatosta.
«Que el atentado fue realizado por un grupo terrorista con el apoyo de Irán no fue cuestionado por nadie» (sic), soltó. Y agregó que tamaño embuste sería… «prueba consolidada».
Ya lanzado a enhebrar infundios, dijo también que los análisis del material acopiado por la SIDE y analizado por el GERAD «no han arrojado ninguna novedad que modifique el curso de la investigación» (sic)
Más aún, Basso dijo que estaba «probada la conexión local con la participación de (Carlos) Telleldín, Rabbani y el embajador (Hadi) Soleimanpour«… el mismo que fue detenido en Londres a pedido del juez Galeano, con el resultado de un tremendo papelón por la absoluta falta de pruebas en el pedido de extradición que Galeano envió. Y que por poco les vuela la peluca a los usualmente impertérritos jueces ingleses. Basta decir que Argentina debió pagar los costes del proceso e indemnizar a Soleimanpour.
El domingo antepasado, la periodista Alejandra Dandan expuso a la luz en El Cohete a la luna, que el primer testigo reservado de la causa AMIA, denominado por ello «Testigo A» fue un iraní opositor a los ayatolás, al que Rubén Beraja, entonces presidente de la DAIA y del Banco Mayo, le pagó para que desviara la investigación, inventando un supuesto malévolo cerebro libanés del atentado llamado Samuel El Reda, que con el tiempo fue mudando de rostro y de nombre a Salman Samuel El Reda y, por fin, a Salman Raouf Sallman, un argentino, a veces colombiano, al que se supone residente en Beirut.
Pagarle a un testigo para direccionar sus dichos no es un delito menor. Baste decir que el que parecía todopoderoso señor de la vida y la muerte en Colombia, el ex presidente Álvaro Uribe Vélez, procesado por ese mismo delito, acaba de ser detenido (en prisión domiciliaria) por orden de la Suprema Corte de Colombia, a pesar de que es su partido el que gobierna el paìs.
AMIA – ATENTADO. La invención del «Testigo A» no fue gratis (aunque si muy barata)
El domingo pasado, en obvia respuesta a lo descubierto por Dandán, un chanta al cuadrado (por chantapufi y chantajista) protegido por Héctor Magnetto (lo que le valió que le concedieran el Premio Rey Emético de España… hoy prófugo de la justicia de su país) escribió, sin la menor evidencia (a pesar de que les rogó a sus supports de La Embajada una confirmación, no se la dieron) que era posible que el fantasmal El Reda se encontrara o hubiera estado en la triple frontera argentino-brasileña-paraguaya, un recurrente clásico de la desinformación.
Con todo, lo mas destacable de esa crónica-parida (como llaman los españoles a las notas carentes de fuentes) es que el escriba asociado a Extorsionelli escribió: «Lo que sí está confirmado es el origen de la alerta. A fines de abril de este año, el ex presidente de la DAIA Rubén Beraja presentó un escrito con un documento adjunto al titular de la UFI-AMIA, Sebastián Basso, al presidente de la Corte Suprema, Carlos Rosenkrantz. En el adjunto, de carácter secreto, Beraja dio el nombre de un informante -cuya identidad se mantiene en estricta reserva- quien afirmaba que El Reda se estaba movilizando “por el sur del Brasil aproximándose a Paraguay”. Una de las ciudades por las que habría pasado sería Curitiba, según las fuentes. Inmediatamente, Basso le tomó declaración en forma inmediata al testigo quien dio las supuestas coordenadas del coordinador de inteligencia del Hezbollah en América Latina. Luego, el fiscal entregó los datos sobre la supuesta localización de El Reda a Interpol renovando su pedido de captura y a la embajada de EE.UU., entre otros destinatarios».
La «alerta roja» vieja, con una cara arriba, con otra cara abajo. El colmo es que ahora dicen que el buscado bien podría llamarse de otro modo. (ver más abajo) El nombre El Reda fue introducido en el expediente por un iraní (el «Testigo A») pagado por el Banco Mayo de Beraja. Ahora, por el fantasma se ofrecen siete millones de dólares. ¿Vivo o muerto?
Reléase con atención lo anterior: No se trata solo de que el imputado Beraja -por desviar las investigaciones- reitera su conducta de auspiciar testigos secretos (y a la luz de lo acontecido con aquel primero, el mercenario al que le pagó para que apuntara contra la República Islámica de Irán, también presumiblemente falso), sino que, para mayor escarnio, lo hace refrendado por el fiscal encargado de investigar el atentado y su encubrimiento.
Si bien Beraja fue absuelto por el encubrimiento, esa absolución está recurrida ante Casación por los mismos fiscales de la UFI-AMIA a quienes Basso traicionó. Beraja pagó a testigos para que mintieran y el fiscal que ocupa hoy el lugar de NIsman en la UFI-AMIA firmò una presentación junto a él, que es un imputado por la misma UFI-AMIA, ciscándose literalmente en quienes recurrieron su absolución.
Basso no puede seguir siendo el titular de la UFI-AMIA sin dejar en evidencia que es un magistrado de la misma calaña que los infames jueces retratados en por Pier Paolo Pasolini en su último film, Saló o los 120 día de Sodoma (1975).
Los jueces de Saló… la última pelicula de Pasolini: ¡Dios nos libre!
Pero esto no es todo: A mediados de junio pasado, Casal nombró al fiscal santacruceño Gonzalo Miranda como adjunto de Basso. Miranda, ex fiscal federal del TOF santacruceño y ex fiscal de la Procelac (Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos), es un cuarentón de frondosa cabellera y reputación de progre y hasta de femimista. Apenas demoró tres semanas en salir a ratificar el macaneo de su superior inmediato.
¡Ni Clark Kent hubiera podido hacerlo! ¿Será campeón ILVEM de Lectura Veloz, capaz de leer mas de 30 mil fojas en unos veinte días, a razón de unas 1500 díarias? Hum… al lector más empeñoso, con mucho esfuerzo y salteándose fojas, le hubiera demandado, como mínimo, unos cuatro meses tener una somera idea de lo que allí se encierra.
Miranda vaticinó que Carlos Telledín será condenado por haber transferido físicamente la Trafic que -supuestamente- habría embestido la puerta de la AMIA y explotado (un absurdo, porque aunque toda aquella sanata fuera cierta, nadie podrá e demostrar que Telleldín sabía para que se iba a utilizar esa Trafic, que varios sostenemos sirvió como señuelo para ocultar el modo en que se voló el edificio) y admitió que «todo nuestro trabajo está claramente basado en la actuación anterior del fiscal Nisman, sobre todo, en sus dictámenes de 2006 y 2009 (dos aireados mamotretos que compilaron «papers» de los servicios locales y extranjeros, carentes de la menor evidencia, tal como destacó Canicoba Corral) que marcaron de alguna manera (sic) las bases sobre cómo se llevó adelante la investigación».
Que es como vanagloriarse de tener la contracción al trabajo de los vacacioneros Nisman y Macri.
Después, repitió de memoria el espinazo de la falaz Historia Oficial: “El atentado se cometió con una camioneta Trafic, el 18 de julio de 1994. Fue conducida por un suicida. La camioneta explotó en la puerta de la sede de la AMIA y la coordinación y la preparación del atentado fue realizada por miembros del grupo terrorista Hezbollah, desde un punto cercano a la Triple Frontera. Eso es a grandes rasgos lo que ocurrió objetivamente. A partir de la investigación, se intenta determinar todo un accionar previo y posterior de encubrimiento. Pero básicamente el hecho es ese”.
Al dar la noticia, Infobae, que en este tema es siempre un vocero oficioso del Mossad y la CIA, echó las campanas al vuelo: «Nisman logró desentrañar quiénes y cómo organizaron el ataque y su hipótesis es la principal pista que reconocen los fiscales actuales que integran la Unidad especial que lleva adelante el caso: el atentado fue realizado con una camioneta Trafic llena de explosivos que era manejada por un conductor suicida y organizado por miembros de Hezbollah desde la triple frontera».
La prueba más contundente de que Basso y compañía siguen los pasos de Nisman en cuanto a cultivar el dolce far niente está en que, al día de la fecha, las fajas pegadas por Murray en las bases del barrio de Constitución y de la calle Estados Unidos sigue incólumes. Una demostración inapelable de que desde octubre de 2017 nadie se molestó en ver que hay adentro.
Así llegamos al pasado 18 de julio, vigésimosexto aniversario del ataque a la AMIA (y mas puntualmente, un mensaje a los blanqueadores de dineros negros enquistados en las oficinas de la DAIA) cuando la AFI, ahora bajo la dirección de Cristina Caamaño, emplazó a Casal a entregarle de una buena vez los documentos almacenados en las bases del barrio de Constitución y de la calle Estados Unidos al GERAD de la UFI.
Recomiendo leer su hilo de tuits cliqueando aquí. Pero si les da pereza adelanto que sus párrafos más salientes son: «Las pruebas de la causa AMIA deben estar custodiadas y a entera disposición de la Fiscalía especializada y no de la AFI, como sucede desde el inicio de la investigación. Hoy, la AFI custodia miles de documentos y grabaciones que le corresponden a la Unidad Fiscal. En muchos casos el original y las copias de los casetes están almacenados en el mismo lugar, lo que implica un grave riesgo (…) la Fiscalía cuenta con el espacio necesario para el almacenamiento en condiciones de seguridad. Hoy, si los fiscales necesitan acceder a la prueba, deben pedirle autorización a la AFI para ingresar a los dos edificios donde se custodia el material».
La doctrina Goebbels
En síntesis, Casal arguyó que la UFI-AMIA no tiene lugar para alojar esa documentación, desmintiendo al GERAD, que dice que lo tiene en el Pasaje Barolo. Asì escinde la UFI-AMIA del GERAD y les dice a los investigadores de este que se las arreglen con la SIDE para ver ese material.
Sobre llovido mojado. Después de las declaraciones de Basso y Miranda, la respuesta de Casal a los requerimientos de Caamaño pulverizó el termostato de Sergio Burstein, el más locuaz y elocuente de los familiares de las víctimas. «El procurador Casal y los fiscales de la UFI-AMIA mienten, y mienten porque algo quedará (parafraseando a Joseph Goebbels). La consigna es no investigar para así nunca saber la VERDAD VERDADERA», tuiteó.
Y continuó diciendo: «La respuesta de la Procuración General de la Nación al tweet de la AFI acerca de los archivos secretos x el atentado AMIA se basa en una burda mentira, ya que el fiscal a cargo del GERAD se retiró en octubre del 2017 y los depósitos en cuestión están sellados desde esa fecha… con fajas firmadas por el fiscal saliente. Esto demuestra la desidia y el desinterés de investigar por parte de los fiscales que lo sucedieron ya que en 3 años esos documentos no fueron consultados. No es una cuestión de espacio, es dejar morir la causa y ocultar la VERDAD».
El colmo de los colmos es que la Causa AMIA, que estaba en el juzgado de Canicoba Corral, al retirarse este pasó a manos por mor de un misterioso sorteo a Julián Ercolini, quien le disputaba al finado pistolero Claudio Bonadio el cetro de ser el más servil a la mesa judicial de Macri-Garavano & Cía.
Era el candado que faltaba para garantizar que nunca jamás se expondrá a la luz la identidad y motivos de quienes asesinaron a 107 personas (contando a los 22 muertos registrados en la Embajada de Israel).
Remató un Burstein enardecido: «Ercolini y Basso forman una dupla ideal para que la causa AMIA siga paralizada. Ambos responden a la mesa judicial de Macri. No hace falta ser muy inteligente para saber que la verdad quedará sepultada bajo los escombros».
Lo cierto es que con el aval de Casal, la UFI-AMIA de Basso y Miranda no retira las 2/3 partes de los documentos ubicados en las bases Estados Unidos y Constitución. Lo que impide que esa documentación sea recuperada, sistematizada, digitalizada y analizada por los profesionales del GERAD. Es decir: que identifiquen documentos de interés para la investigación y pongan toda la documentación a disposición de las partes, como lo ordenan las resoluciones PGN 1872/2015 y PGN 3656/2015.
Casal, Basso y Miranda están impidiendo que se encuentren, recuperen e identifiquen documentos relevantes como las ya mencionadas transcripciones y audios de las entrevistas del vicealmirante Anchézar con Rabbani. O como la carta del delegado de la SIDE en Tel Aviv, «Ruibal», despachada en Tel Aviv el mismo 18 de julio de 1994, antes de los bombazos, dirigida a «Gabriela Rieder», jefa del Departamento de Contrainteligancia, a la que le dijo que confiaba en tener controlado, agarrado «al monstruo de la cabeza y de la cola» (Cfr. La infAMIA, página 37). O el anterior informe del mismo «Ruibal» en octubre de 1993 al subsecretario, el comisario (R) Juan Carlos Scoppa (antecesor de Anchézar) a raíz de una filtración de Jorge Grecco (sí, el mismo que fue Secretario de Medios del gobierno anterior) en Clarín (Cfr. La infAMIA, pág. 31); o los documentos que acreditan la programada Operación Cacerola (ver más abajo) por la que la CIA y Contrainteligencia de la SIDE planeaban sacar a Rabbani de la argentina en 1996 (Cfr. La infAMIA, pág. 63-68), y los que acreditan que el testigo A fue un testigo pago, introducido por ex carapintadas vinculados a la Inteligencia del Ejército sospechados de no ser ajenos al atentado, testigo falaz cuyos dichos distractorios fueron pagados por el Banco Mayo presidido por Rubén Beraja, etc. etc.
La UFI-AMIA no es una fiscalía más: es una unidad especializada de la PGN que actúa por orden y bajo supervisión del procurador Casal, quien designa y remueve a sus titulares, sus funcionarios y empleados. Dicho de otro modo: no tiene un criterio autónomo de actuación. Lo que allí se hace o deshace no ocurre sin conocimiento de Casal y de su mano derecha, el secretario de Coordinación, Juan Manuel Olima Espel.
Quizá lo más grave sea que entre esos archivos arrumbados e inaccesibles al escrutinio público se encuentran los desclasificados del atentado a la Embajada de Israel, causa en la que Casal es el fiscal ante la Corte Suprema de la Nación.
Esa causa es clave pare entender la mecánica del siguiente, el de la AMIA. Porque su mecánica fue mucho más evidente, está a la vista para cualquiera que se interese (Cfr. Caso Nisman: Secretos inconfesables, págs. 229-282) al igual que quienes la protagonizaron.
Como el secretario de la Corte Esteban Canevari -que sentó durante años sobre el expediente judicial, impidiendo que ningún investigador lo viera- Casal nunca se interesó por esos documentos, sometidos a la misma degradación que los correspondientes a la voladura de la AMIA.
La Operación Cacerola
La voluntad del «servicio colateral» yanqui (la CIA) de que su «sugerencia» de eyectar a Rabbani de la Argentina se cumpliera a rajatabla fue subrayada por el anuncio de que enviaría a un agente a Buenos Aires con dólares frescos para ofrecerle al religioso iraní que se marchara (no para reclutarlo como escribió un periodista afecto a las cortinas de humo). Por si no hubiera quedado claro, la CIA agregó que si el enviado fracasara en su cometido, Rabbani debería ser expulsado del país. Lo que volvió evidente que «la agencia» no quería por nada del mundo que Rabbani fuera interrogado en sede judicial, lo que hubiera podido dejar claro que era ajeno al atentado.
El escrutinio de los investigadores del GERAD (entre los que descolló Stella Segado, con larga experiencia anterior en la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y en el Ministerio de Defensa) también expuso a la luz que el subsecretario de Inteligencia y nº 2 de la SIDE (el «señor 8» de entonces) vicealmirante aviador Juan Carlos Anchézar se reunía con Rabbani en la sede principal de la Secretaría. De las transcripciones de sus conversaciones puede deducirse que Anchézar y sus jefes inmediatos, Hugo Anzorreguy y el presidente Menem) no creían ni por asomo que ni Rabbani ni los servicios de inteligencia iraníes (VEVAK) hubieran tenido algo que ver con los bombazos. Por el contrario, procuraban anudar relaciones entre ellos y la SIDE con el argumento de intercambiar información para evitar que se repitieran.
¿Cómo se resolvió el tema? Todo indica que a partir de un pedido personal del presidente William Clinton al presidente Menem durante la visita de aquel a Buenos Aires en octubre de 1997. Aprovechando que Rabbani se encontraba de vacaciones en Irán, el canciller Guido Di Tella se comunicó con el Ministerio de Asuntos Internacionales de Irán y le pidió encarecidamente que convencieran a Rabbani de no regresar, lo que así se hizo mediante un persuasivo llamado telefónico, según informó el propio Rabbani.
Respecto a aquel viaje de Clinton a la Argentina, vale la pena citar in extenso la página 169 de «Argentina e Irán entre 1989 y 1999: Entre las sombras de los atentados terroristas y el cambio de política exterior argentina» de Paulo Botta, una publicación de la UNLP:
«El 16 Octubre de 1997 el presidente norteamericano Bill Clinton visitó oficialmente la Argentina. En esa ocasión se reunió con los dirigentes de la colectividad judía argentina así como con los representantes de las asociaciones de familiares de las víctimas de los atentados. Esta era una iniciativa de ocho senadores demócratas quienes habían enviado una carta a Clinton antes de su viaje para pedirle que reciba a los miembros de estas organizaciones como una manera de demostrar el compromiso norteamericano en este tema. El mismo pedido fue realizado por parte del presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes, Benjamin Gilman. También ese pedido llegó a Clinton desde el presidente del Jewish Community Relations Council, Martin Begun. Todos pedían que se refiera al tema de los atentados durante su visita a Argentina, tanto en sus audiencias públicas como privadas y que pidiera por el rápido esclarecimiento de los mismos.
«Junto con el presidente Clinton llegó a Buenos Aires James Bernazzani quien estaba a cargo del tema Irán/Hezbollah en la sede central del FBI, en una entrevista durante el mes de Noviembre de 2006 este funcionario reconoció que no se encontraron pruebas de la participación de Irán o de Hezbollah en el atentado a la AMIA.
«El 29 de Noviembre de 1997 en una entrevista periodística el encargado de negocios de Irán en Argentina, Abdolrahim Sadatifar, señalaba la postura de su país cuando decía: ‘Algunas autoridades y parte de la gente se preguntan por qué toleramos tanta falsedad. Trabajamos para mantener la relación que nos une a este país desde hace tantos años, pero la tolerancia tiene sus limitaciones’.
«La postura iraní en esos momentos era que Argentina se había sumado a una campaña anti-iraní iniciada por Estados Unidos e Israel. Lo que venía a decir era que la relación no era estrictamente bilateral sino que había otros actores entre los dos países.»
AMIA – ATENTADO. La invención del «Testigo A» no fue gratis (aunque si muy barata)
Yapa
PS: Si se quedaron con ganas de hurgar en este tema, les sugiero la lectura de esta esta nota, publicada por una especie escisión de la cadena Al Jazeera, «friendly» con los gobiernos de Damasco y Teherán (y supongo que también con Hezbolá). Tiene muchas imprecisiones y parece haber sufrido una traducción automática del árabe o del inglés al castellano que hace que por momentos, sobre todo en la segunda parte, el cocoliche se haga difícil de entender. Pero me parece una pegada que vuelva a la carga con el tema de Iosi Pérez (el infiltrado de la Policía Federal que llegó a estar nada menos que en la dirección de la Organización Sionista Argentina) y por lo tanto en lo que es para mi la evidente responsabilidad de policías federales (no del jefe de la repartición, comisario general Jorge Luis Passero, ostensiblemente ajeno) en ambos atentados.Sobre todo, me llamó la atención la siguiente frase, atribuída a Iosi: «Estaba convencido de que la bomba había detonado dentro del edificio, en lugar de delante, y se había colocado en el interior del edificio de la AMIA a través de un hueco entre éste y un edificio vecino. Expertos de la Gendarmería Argentina habían llegado a la misma conclusión, y lo filtraron a Clarín, el mayor tabloide de Argentina, sólo dos días después del atentado». Me llamó la atención la primera parte de la larga frase, porque postula una hipótesis, si no nueva, si prácticamente desconocida. En cuanto a la segunda parte me parece equivocada: Lo que publicó Clarín el miércoles 20 es que ya estaba claro que había habido explosivos en el volquete (lo que, por cierto, nunca mas volvió a postular).
https://espanol.almayadeen.net/news/politics/1413054/c%C3%B3mo-el-impresionante-testimonio-de-un-esp%C3%ADa-policial-amenaz
