Entre estos crímenes se encuentran las sucesivas desapariciones del director del diario «El Cronista», Rafael Perrota, de Casariego del Bel y de Julio Gallego Soto, un íntimo colaborador del exiliado ex presidente Juan Perón: Gallego Soto había sido su representante ante Ernesto «Che» Guevara , según documentó el eximio periodista Rogelio García Lupo, quien había declarado el martes ante el mismo TOF 5 en los tribunales de la porteña Avenida Comodoro Py, cerca de la estación de Retiro.

Maria Casariego dijo que la última persona que vió con vida a su padr fue un compañero de trabajo que lo dejó en la avenida Las Heras y Salguero, a dos cuadras de su hogar.

Admitió que incomprensiblemente para ella, poco antes de su desaparición, su padre, que tenía un cuarto de siglo de antigüedad en el Ministerio e ideas de izquierda, había sido nombrado director interino del Registro de Inversiones Extranjeras, un cargo en el que dependía directamente de Klein, quien lo urgía a que dictaminara que la Compañía Ítalo-Argentina de Electricidad era de capitales suizos, trámite imprescindible para su estatización.

La testigo dijo también que su padre se resistía a ello y que había comentado en su casa que declarar a la Ítalo extranjera era la antesala a que se la nacionalizara pagando por ella 398 millones de dólares cuando apenas valía 8 millones y, además, su concesión estaba a punto de finalizar, por lo que podría pasar a manos del Estado sin que se pagara nada.

«A mi padre le pedían que dijera que la Ítalo era una empresa extranjera de capitales suizos, un requisito imprescindible para poder estatizarla, pero él nunca certificó eso», subrayó.

También afirmó que muy poco después de la desaparición de su padre y a lo largo de unos diez días, sus captores le exigieron a su ya fallecida madre, Alicia de Gainza, 50 mil dólares por devolverlo con vida.

La testigo puntualizó que entonces ella tenía 18 años y que fue la encargada de recoger pruebas de que su padre seguía con vida, que los secuestradores dejaron en las toilettes de sendos bares.

Mientras su madre se desesperaba por reunir los 50 mil dólares que le pedían, la policía instaló en su casa equipos para grabar y rastrear las llamadas de los secuestradores, pero las casetes desaparecieron. Allegados al general Ramón Camps, jefe de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, comentó María Casariego, le dijeron a su madre que Klein, a través del Ministerio de Economía, había pedido que se las remitieran.

Inmediatamente después, y tras haberlo pedido sin éxito una audiencia desde el mismo momento de la desaparición de su padre, su madre y ella fueron recibida por Klein, el principal colaborador del ministro José Alfredo Martínez de Hoz, quien hasta poco antes había sido miembro del directorio de la Ítalo.

Klein, que estaba acompañado de un militar de uniforme, negó haber estado reunido con Casariego del Bel aquél viernes infausto, les aseguró que no tenía la menor idea acerca del paradero de su padre y les encomió que «por su buen nombre” no siguieran investigando.

María Casariego dijo que su madre estaba muy angustiada porque su padre sufría de hipertensión y tomaba 14 pastillas diarias, que La Nación y Clarín se negaron a informar de su desaparición y que por ese motivo se vieron obligadas a pagar una especie de solicitada en la que le informaron a los secuestradores de la mala salud de su padre y los medicamentos que necesitaba tomar.

También recordó que entre las muchas entrevistas a la que fue a acompañar a su madre hubo una  con el jefe del Primer Cuerpo de Ejército, el general Carlos Guillermo Suárez Mason. «Fue una de las experiencias más horribles de mi vida. Fue muy perverso: gozaba con nuestro dolor. Cuando salimos de su despacho le dije a mamá: «Estoy convencida de que este hombre tiene que ver con la desaparición de papá», recordó la testigo.

«Mi padre no estaba de acuerdo con el proyecto económico y lo decía abiertamente, no militaba pero sus ideas eran de izquierda», respondió a preguntas de la defensa de Vergéz. Y agregó que las  ideas de su padre eran tan claramente opuestas a las del ministro que no entendía como lo habían nombrado en «un cargo político» y que “no le quedó otra que aceptarlo».

También dijo que le escuchó a su padre decir en la intimidad del hogar «Pero qué hijos de puta: quieren privatizarlo todo y lo único que quieren nacionalizar es a la Ítalo», así como otras frases del mismo tenor, como «Quieren pagar 394 millones de pesos por algo que vale 8».

Recordó que su madre le pedía a su padre que dejara el ministerio, pero que él le respondía que «una vez que sabés estas cosas, no te podés ir».

«Mi padre conocía a mucha gente de muchos lugares, pero no tenía una militancia específica», dijo la testigo, que admitió como posible «que conociera gente del PRT», pero descartó que fuera miembro del ERP puesto que «era enemigo de la violencia».

Por fin, María Casariego dijo que nunca hasta este momento había escuchado hablar de Federico . Dumas, y ratificó que su padre dependía funcionalmente en el Ministerio de Economía  directamente de Klein.

El rematador desmemoriado

Esto vino a cuento porque después de María, declaró el ingeniero Dumas, quien dijo haber sido el jefe de Casariego del Bel al momento de producirse su desaparición y terminó aceptando que su función consistía en “vender el país”.

Dumas, quien firmó la declaración de que la Ítalo era una empresa extranjera –la misma que Casariego del Bel se había negado a firmar– y que por eso fue sometido a un largo interrogatorio por una comisión bicameral investigadora de la estatización de la Ítalo, dijo haber comenzado a trabajar en el Ministerio de Economía muy poco antes de la desaparición de aquel, en marzo de 1977, como subsecretario de Inversiones Extranjeras, cargo en el que permaneció hasta 1981.

Su declaración duró una hora, en el curso de la cual respondió innumerables veces «no me acuerdo» y «no recuerdo». Por no acordarse, dijo «no recuerdo donde estaba la oficina de Casariego ni qué cargo ocupaba».

También dijo que Klein lo había convocado por su buen desempeño como asesor económico de la empresa Adela, de propiedad de Adalberto Krieger Vasena, ex ministro de Economía. Dijo que Adela era una empresa de inversiones con sede oficial en Luxemburgo y operativa en Lima.

Los dichos de Dumas lograron poner nervioso a los miembros del tribunal, hasta el punto de que el presidente explotó: «¡Usted tiene graves problemas de memoria!» .

Dumas dijo que se entero de la desaparición de Casariego por una noticia en Clarín y fue a comentárselo a Klein quien le dijo, «Dejá que yo me encargo».

«No lo vi más. Dejé de verlo y nunca más supe de él. Nadie me habló nunca de él”, dijo varias veces respecto a Casariego este ingeniero, que presume de su observancia católica. Y agregó: “No estoy ideológicamente de acuerdo con el termino desaparecidos».

«El cargo como subsecretario lo dejé cuando dejamos el gobierno con Videla», puntualizó. «Mi función era vender el país» describió, lo que provocó risas en el público.

«Yo firmaba aprobando o recomendando operaciones», dijo. «Si hubo irregularidades con ítalo, yo nunca me entere», aseguró, como si pagar por la eléctrica casi cincuenta más de lo que valía fuera normal.

«Esto sucedió hace 35 años, como quieren que recuerde si yo solo le informe a Klein de lo que leí en el diario y él me dijo ‘Yo me ocupo'», repitió.

El caso Padilla

En cambio, y en contraposición a su amnesia respecto a las circunstancias en las que Casariego del Bel desapareció de la faz de la tierra, Dumas recordó la muerte de un estrecho colaborador de Martínez de Hoz, el subsecretario Miguel Tobías Padilla. Dijo que lo habían matado «guerrilleros» cerca de su casa, en Las Lomas de San Isidro, de dos tiros mientras manejaba.

En realidad, según coinciden un cable desclasificado de la Embajada de los Estados Unidos, y diversas fuentes, el cordobés Padilla fue asesinado a causa de enfrentamientos internos de la dictadura.
El periodista y escritor Juan Gasparini, por entonces detenido-desparecido en la ESMA y el abogado Pablo Argibay Molina, que conocía al muerto, sostienen que a Padilla lo mató el grupo de tareas que operaba en la ESMA.

Refiriéndose al traspaso de las acciones de Papel Prensa en poder de Lidia Papaleo de Graiver a los dueños de los diarios Clarín y La Nación, Argibay Molina dijo que Videla y sus secuaces se apuraron «porque querían evitar que vengan los duros, que eran Ramón Camps, Suárez Mason y los que estaban con la Marina».

«La clave es Miguel Tobías Padilla, que era el tipo que manejaba la información de Martínez de Hoz y todo lo que iba ocurriendo en la parte económica que bajaba de las Juntas. (Padilla) era el abogado personal de (Héctor) Magnetto. Fue el que manejó los tiempos del negocio», le dijo a la periodista Victoria Ginzberg, del diario Página 12, en julio pasado.

Secreto profesional

El tercer testigo en declarar fue el ex secretario de Estado de Inteligencia Juan Bautista «El Tata» Yofre. Cuando terminó, la fiscalía pidió que se lo careé con el también periodista Fabián Domán. El motivo fue que Yofre negó haber leído la transcripción de los interrogatorios hechos a Casariego del Bel por sus secuestradores, en hojas mecanografiadas con muchas faltas de ortografía, tal como dijo Domán, antiguo vocero de María Julia Alsogaray, que dijo que Yofre se los dio para que los evaluara.

Yofre mencionó a un tal “Pepe” y dejó flotando la duda de si era o no el acusado Vergéz. Relevado de guardar el secreto inherente a un ex secretario de inteligencia del Estado por un decreto del Poder Ejecutivo, Yofre igual se negó a dar detalles del asunto amparándose en el derecho de los periodistas a preservar sus fuentes, lo que un querellante calificó de “absurdo” en diálogo con Télam.

Como dato anecdótico, Yofre reveló que en la época de la guerra fría, la SIDE sostenía negocios de venta de cámaras, fotografía y revelado de negativos en todos los barrios para vigilar y fotografiar a los comunistas o sospechosos de serlo.

Se aguarda con gran expectativa la declaración de Guillermo Walter Klein. También quedó flotando el interrogante de si al dictar sentencia, el TOF 5 impulsará la reapertura de la investigación de la estatización de la Ítalo, es decir si la considerará, a la luz de la desaparición de Casariego del Bel, un crimen de lesa humanidad y por lo tanto imprescriptible.

 Más información aquí.