Es difícil encontrar una introducción más adecuada para hablar de 26 años de impunidad en la masacre de la AMIA. Su discurso introdujo en la agenda política la necesidad de esclarecer el atentado al que asoció con “los sótanos de la democracia”. Hasta hoy, el Estado hizo lo indecible para no investigar este crimen de terrorismo de Estado cometido al amparo de su institucionalidad democrática.

El Presidente anunció una nueva desclasificación de testimonios de agentes de inteligencia y documentos secretos. En realidad, esto sucede desde hace 17 años: una decena de decretos presidenciales ya ordenaron la desclasificación de documentación y autorizaron a los ex agentes de la SIDE a declarar libremente en dos juicios orales. Se hizo en nombre de ayudar a investigar y esclarecer el atentado, y se repitió hasta el cansancio. (Cfr. Informe de la Fiscalía, págs. 6 a 26).

Sin embargo, hasta hoy no podemos acceder a esa documentación. Está en poder de la Fiscalía AMIA que tampoco mostró interés en esos archivos, por estar enfocados únicamente en una acusación internacional en la que nadie cree y sólo se sostiene para satisfacer intereses geopolíticos.

Aquello que se presentó como “desclasificación” de los archivos resultó en su opuesto: un bloqueo a su apertura, investigación y conocimiento público. No aportó a la investigación ni al esclarecimiento integral del atentado. ¿Por qué sería distinto ahora?

Repetir las mismas palabras y acciones no será un aporte para esclarecer el más importante crimen de Estado cometido en democracia. Para ello, es imprescindible cambiar el rumbo. Se trata de comenzar una investigación que, de gobierno en gobierno, se viene negando deliberadamente. O peor aún: se desplaza el objeto de una investigación hacia “el encubrimiento” exclusivamente, como si esto fuera ajeno a los tres Poderes del Estado.

Para no terminar enredados en palabras y comenzar una investigación hay que abrir los archivos y no restringir su acceso manipulando la palabra “desclasificar”, que sólo sirve para impedir su conocimiento.

Abrir los archivos de AMIA es ponerlos en la misma categoría que el Estado dio a archivos de la dictadura y de la guerra de Malvinas, que ya no son un secreto de Estado.

Las medidas que el Presidente dispuso resultan insuficientes y hasta inconducentes a la hora de transparentar la acción del Estado y abandonar la hipocresía que le reprochó a su dirección política.

Para que la palabra recupere su valor, el Presidente tiene una oportunidad que queremos que considere: la de facilitar la formación de una Comisión Investigadora Independiente, una Comisión de la Verdad, integrada por personalidades de diferentes ámbitos de la vida nacional y familiares de las víctimas, con representación parlamentaria, y con acceso irrestricto a los archivos secretos.

“Sin memoria, verdad y justicia la Argentina no se puede poner realmente de pie”. Para ello, es necesario sacarse las máscaras, dejar de poner el atentado al servicio de la política de los aliados y acreedores internacionales y facilitar que se forme una Comisión Investigadora del crimen de la AMIA.

Laura Ginsberg y Pablo Gitter son integrantes de APEMIA (Agrupación Por el Esclarecimiento de la Masacre Impune de la AMIA).