Fragmentos claves del extenso informe elaborado por el sector de Contrainteligencia de la disuelta Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (Dipba). Pasaría poco mas de un mes hasta que un bombero díscolo del Departamento de Explosivos de la Federal fuera asesinado.

Se ocultó durante un cuarto de siglo hasta hoy. Desde que con el propósito explícito de apuntalar la trémula Historia Oficial (Trafic-bomba con chofer suicida que habría embestido la puerta de la mutual judía y explotado) se hizo detonar una camioneta similar con una carga idéntica a la que habría tenido aquella en un campo militar de Azul. La explosión produjo un cráter de casi siete metros de diámetro por tres de profundidad, mientras que en aquel infausto lunes 18 de julio de 1994 a la altura de la calle Pasteur 633 no hubo pozo alguno o si lo hubo fue tan pequeño que, tapado por los escombros, nadie lo advirtió.

En todas las explosiones que se producen a bordo de un vehículo-bomba, por mas potente que sea el artefacto, las partes que están por debajo del epicentro de la explosión se aplastan o incrustan contra el suelo. Por lo general, todos los vehículos-bomba, a pesar de no quedar más que un conjunto de metales retorcidos, son fácilmente identificables a primera vista. Argentina es el ùnico país en el mundo donde se supone que no quedaron en el lugar rastros visibles de ellos. Sin embargo, los peritos que condujeron el experimento no tuvieron más remedio que consignar (a la explosión asistieron unos veinte miembros del Departamento de Explosivos de la Policía Federal, y la mayoría de ellos, es de presumir, debía ser completamente ajeno a los chanchullos de sus jefes) que “los restos de elásticos traseros quedaron en el mismo cráter, y en el caso de la AMIA ocurrió exactamente igual”.

¿Cómo? En la AMIA, nada de eso se había verificado. Como ya se dijo, no hubo cráter aunque si, al parecer, alguna oquedad poco profunda. Quien afirma que hubo cuando menos una perceptible depresión, y que el asfalto tenía como dientes levantados (como si se hubiera producido una explosión prácticamente al ras del piso) es Sergio Burstein, quien participaba de las labores de rescate sabiendo que la madre de sus hijos debía estar debajo de los escombros.

Burstein narró que antes de que se produjera un derrumbe que por poco lo sepulta, trabajaba en el lugar una grúa, mientras que otra, perceptiblemente más grande y poderosa, estaba estacionada en la calle Azcuénaga casi Viamonte, y que él convenció al jefe de los bomberos que se encarga de las labores de rescate y a un civil que dirigía las evoluciones de la grúa, de utilizarla. Y que tras  despejarse el lugar con una pequeña pala mecánica para que esta grúa pudiera situarse frente a dónde había estado la puerta de la AMIA, su parte trasera se hundió y que fue entonces que se descubrió que había un pozo poco profundo, y que sus bordes más próximos al centro de la calzada se habían elevado y estaban cortados, como si fuera una dentadura.

En diálogo con Pájaro Rojo, Burstein se lamentó de que a pesar de que puso al tanto de la novedad al juez Juan José Galeano y a los fiscales Eamon Mullen y José Barbaccia, éstos jamás lo citaron a declarar a él ni a los bomberos y al civil testigos del hallazgo. Y razonó que de haber habido una camioneta-bomba, piezas de la misma deberían estar enterradas en ese pozo. “Hubiera sido fácil comprobar con un detector de metales si había piezas de la supuesta camioneta-bomba o no, pero por alguna razón ni el juez ni los fiscales quisieron averiguarlo”.

Juan Gabriel Labaké, abogado de Alberto Jacinto Kanoore Edul y autor del libro AMIA, Embajada ¿Verdad o fraude? reclamó formalmente al juez Galeano y luego al fiscal Alberto Nisman que se cavará en el lugar en busca de partes o fragmentos de la supuesta camioneta-bomba sin resultado. Y es que todos sabían y saben que nunca existió mas que como señuelo, para desviar las investigaciones.

En Azul quedó demostrado todo lo contrario de lo que los artificieros que hicieron detonar una Trafic querían demostrar: quedó claro que tal como declararon testigos que estaban mirando hacia el lugar –Gabriel Villalba– y otros que estaban sobre la puerta del edificio o muy cerca de ella y sobrevivieron con múltiples heridas: que no hubo aquella mañana en la calle Pasteur minutos antes de la 10 ninguna Trafic.

Esta evidencia, el enorme cráter con piezas de la camioneta en su fondo, fue celosamente ocultado por el juez y los fiscales (luego condenados por encubridores); por el Departamento de Explosivos de la PFA (algunos de cuyos miembros eran claros sospechosos de haber participado en el ataque) y por un gendarme experto en explosivos, Osvaldo Laborda, que estaba al servicio del banquero Rubén Beraja, otro partícipe del encubrimiento.

Pasó poco más de un mes de esta “pericia”, cuando uno de los bomberos intervinientes, Alberto Cánepa Carrizo, fue asesinado alevosamente en el cuartel de bomberos de La Recoleta de dos disparos, uno en la cabeza y otro en el pecho. Sin embargo, la jefatura de la PFA presionó que los medios no difundieran la noticia y la muerte fuera considerada suicidio. Ver, al final, La silenciada muerte de un bombero.

El cráter se produjo a consecuencia de la supuesta reconstrucción fidedigna de la explosión que habría demolido el edificio de la AMIA-DAIA, matando a 85 personas e hiriendo a centenares. Como en el lugar del atentado no se había visto un cráter ni remotamente parecido, quedó a la intemperie la endeblez y vacuidad de una Historia Oficial que, contra toda evidencia, apuntalaba –y sigue apuntalando hasta hoy– la trémula hipótesis de una Trafic blanca cargada de explosivos que –siguen predicando contra toda evidencia y harta alegría de los asesinos– habría embestido contra la entrada de la mutual judía sin que nadie la viera.

La existencia de ese gran cráter producido por el simulacro lo reveló un informe de la disuelta Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos (Dipba) cuyos archivos administra la Comisión Provincial por la Memoria que preside Adolfo Pérez Esquivel.

De dónde surgió la idea

A mediados de 1995, antes de que se cumpliera el primer aniversario de voladura de la mutual judía y ante las muchas dudas acerca del lugar exacto donde habían detonado los explosivos, una misteriosa iniciativa privada, en sociedad con el Departamento de Explosivos de la Superintendencia de Bomberos de la Policía Federal (algunos de cuyos miembros, vale la pena repetir, eran claros sospechosos de haber participado del ataque) llevó a cabo una supuesta reconstrucción del hecho con el explícito objetivo de demostrar que una única explosión había tenido lugar a bordo de una camioneta Renault Trafic.

El experimento fue insólitamente validado a último momento como prueba judicial por el juez Juan José Galeano y los fiscales Eamon Mullen y José Barbaccia, los tres ulteriormente condenados por desviar las investigaciones y encubrir a los asesinos.

Como era su obligación, ya que el experimento se llevó a cabo en territorio provincial, el servicio de inteligencia de la policía bonaerense siguió atentamente los movimientos de sus colegas federales, el juez, los fiscales y demás intervinientes en la parodia.

Lo que demostró dicha “pericia” –consistente en la detonación de una Trafic estibada con 300 kilos de amonal, el explosivo en base a nitrato de amonio utilizado el infausto 18 de julio de 1994– fue exactamente lo contrario de lo que sus autores buscaban demostrar.

En efecto, la detonación del vehículo en un predio de la Armada en las afueras de la ciudad de  Azul, acto al que se impidió asistir a periodistas (excepto los que, vinculados a la PFA y acaso también a servicios de inteligencia locales y extranjeros, impulsaron y financiaron el experimento) así como a cualquier observador neutral, tuvo como principal producto un cráter de más de casi siete metros de diámetro y casi tres metros de profundidad.

Nada ni siquiera remotamente parecido, se había observado cerca de la puerta de Pasteur 633, donde las opiniones se dividieron entre quienes proponían que entre la vereda y la línea de edificación pudo haber una pequeña oquedad tapada por los escombros que no había sido registrada por los centenares de fotos y videos tomados ese día y los siguientes,  y quienes juraban que allí no hubo ningún hoyo.

La existencia del enorme cráter abierto en tierras azuleñas fue cuidadosamente ocultada por Galeano, Mullen, Barbaccia, el comisario Carlos Néstor López –jefe del Departamento de Explosivos de la PFA­– y el segundo comandante de Gendarmería Osvaldo Laborda, perito de parte de la DAIA, entonces  presidida por el banquero Rubén Beraja. Laborda había sido antes  –al producirse el atentado a la Embajada de Israel– perito de la Corte Suprema de Justicia, encargada de la investigación por tratarse de un territorio extranjero. Su relación con Beraja databa desde entonces.

La existencia de ese cráter, ese gran agujero negro de la Historia Oficial, fue revelada por un extenso informe de 77 fojas elaborado por el servicio de inteligencia de la Policía Bonaerense, en cuya jurisdicción se efectuó la explosión.

La gruesa carpeta confeccionada por su Dirección de Contrainteligencia (DCI) contiene numerosas repeticiones y está caratulada “Operacional. Asunto: Reconstrucción de atentado a la AMIA con detonación de vehículo Trafic. Lugar: Base Naval Azopardo. Fabricaciones Militares de Azul”. Tiene luego una segunda portada que reza: “Requerimiento todas delegaciones. Procedencia: Delegación Inteligencia Azul. Origen: Reunión de información. Fecha 06/JULIO/1995. Legajo 103”. Y seguidamente, en una primera foja “Legajo 293. Dirección de inteligencia de la PBA. División Contrainteligencia. Asunto: Detonación, Trafic. (Reconstrucción AMIA). Origen: Azul. Fecha 06/07/95”.

Transcribo los párrafos más salientes del contenido, redactado con escueta prosa tarzanesca:

“Tomose conocimiento a través medios difusión (de la) Capital Federal (que) se realizaría (una) pericia ordenada por (el) juez Galeano (…) consistente en (la) detonación (de un) vehículo Trafic cargada (sic) con 300 kgs. (de) explosivo compuesto por amonio y aluminio, similar (al utilizado en el atentado) al que también asistiría Víctor Stinfale, defensor del detenido Carlos Telleldín”.

Luego, primero en un manuscrito y luego mecanografiado se informó que “Se lleva(rá) a cabo el sábado (8) a la tarde. Estarán presentes el secretario de Beraja, de apellido Bronsten (Jorge Bronstein), la posible presencia del juez y secretario. Peritos de parte de Gendarmería (y) Stinfale”.

Más adelante se refiere a los allanamientos a fábricas de explosivos que Galeano le había ordenado a la Policía Federal: Explosur de Tandil y Delbene & Serris de Olavarría, donde el libanés “Nasif (Nassib) Hadad (Haddad)” y su hijo Javier habían comprado una tonelada de explosivos, recordó el redactor.  Ambos, padre e hijo, habían estado brevemente detenidos, pero habían sido prontamente liberados por el juez Galeano a pedido de la Casa Rosada.

AMIA – NISMAN / SCOOP-NOTICIA BOMBA: Menem ordenó liberar a claros partícipes de la voladura de la mutual judía

Al parece extrañados por este hecho anómalo, el dossier de la DCI de la DIPBA consigna que se le pidió al “Jefe Delegación Inteligencia Capital Federal” información sobre los Haddad: si exportaban o importaban explosivos, si estaban autorizados a ello, etc.

Él o los redactores fueron reiterativos al consignar que la PFA no quería que hubiera periodistas presentes cuando se hiciera el experimento, cuyo objetivo explícito era comparar lo que quedará del vehículo explosionado “con los restos del rodado similar hallados en el lugar del atentado y todo otro efecto que pudiera aportar a la causa”: “… por ser una zona netamente militar existe la posibilidad (de) que sea totalmente prohibido el acceso al lugar, donde solamente ingresarán bajo estricto control todos aquellos que intervinieron (sic) en la diligencia pericial.

“Existe cierta preocupación por parte de la Policía Federal en cuanto a la presencia de los medios de difusión (…) se estaría haciendo trascender que la detonación del vehículo se realizaría el lunes próximo a los efectos de que el periodismo se haga presente ese día y no el sábado 8 (cuando finalmente se hizo, adelantándose la cita para las 15 cuando se había anunciado para las 16, y registrándose la explosión alrededor de las 15.30).

“Estuvieron presentes: Comisario General Corsett (Roberto Corsetti) Superintendente de Bomberos de la PFA, Laborde (el gendarme Laborda, conchabado por Rubén Beraja), Crio. Rodríguez (de la delegación Azul de la PFA), Tte. Cnl. Trentaude (Carlos Hugo Trentadue), director de Fanazul, abogados y peritos de partes y 20 (veinte) peritos del Gabinete del Cuerpo de Exlosivos de la PFA.”

Los espías de La Bonaerense consignaron que se detonó una Trafic modelo 1986 (en otra parte dicen que era modelo 1987) totalmente equipada, hasta con radio.

Una hoja manuscrita precisó que la camioneta se situó en un lugar rodeado de sierras y a 15 metros de la ladera de una montaña “que hizo de edificio de la AMIA”.  Y agregó que la Trafic, que tenía puerta lateral derecha estaba con ésta en dirección a la ladera, y con sacos de tierra alrededor, para direccionar la onda expansiva. Y que la explosión se aceleró y potenció con 30 kilos de gelamón.

Como resultado de la explosión, los espías “pata negras” (como se llama en la jerga policial a los bonaerenses) informaron que en el lugar de la misma no quedó “absolutamente nada”, sólo un “cráter que tenía entre unos seis a siete metros de diámetro y una profundidad de casi tres metros”. Y que restos de la Trafic se encontraron sobre la ladera (a unos 15 metros de altura) y también esparcidos entre los 400 y los 500 metros de allí.

Agregaron luego que, según los peritos (es decir Laborda, el comisario López y sus subordinados del Departamento de Explosivos) lo visto “coincidió totalmente con lo ocurrido en el atentado de la AMIA”, Pero poco después, más prudentes, matizaron que “en términos generales, la explosión fue similar a la del hecho”, lo que es parecido pero para nada igual.

Los agentes de la DIPBA destacaron que, tal como habían adelantado, “al lugar no se permitió el ingreso a personas ajenas a las autorizadas por el magistrado que interviene en el hecho” y que “llamó poderosamente la atención que sólo ingreso Telefé y su equipo de exteriores”. Según habían podido averiguar “en forma extraoficial” añadieron “Telefé había comprado la Trafic, que le habría costado unos 13.000 dólares, (que) también había comprado el material explosivo y costeado todos los gastos del experimento, y que, “a cambio de ello, habría adquirido derechos para filmar todos los preparativos y detalles de esta pericia, y en Edición Plus próximamente se haría un espacio especial…”.

Los agentes no tenían por qué saberlo pero Edición Plus era una producción de las consideradas independientes, cuyos programas se emitían por Telefé por contrato. Dicho de otro modo: ese dinero no había sido puesto por el canal sino por la producción del programa. La pregunta a hacerse era si la inversión era redituable o si había habido un mecenas.

Edición Plus fue un ciclo conducido por la periodista argentina anticuarentena Lana Montalbán, con fuertes vínculos con el Departamento de Estado, que ya entonces vivía en Miami.

El programa especial que se supone condujo ella resultó inubicable. Pero si se encontró en Youtube un supuesto “crudo” (como quien dice, un borrador) de un programa de Edición Plus que abordó ambos atentados. Se trata de un “crudo” muy raro, más bien, un grabación pirata, ya que  incluye la publicidad de la época en que fue emitido por Telefé, e incluso una parte de un programa de Videomacht, conducido por el joven Marcelo Tinelli.

Comentarios del video, al final de la nota principal.

………………………

Se ve que los hacedores de aquella “pericia”, Raúl García y Néstor Machiavelli –que en Edición Plus había oficiado de reportero- y el productor Florencio Monzón -nexo con los jefes de la PFA– no quedaron conformes. Lo cierto es que a principios de 1997 estrenaron un nuevo documental: AMIA, La deuda. Programa que tuvo dos propósitos explícitos: 1) Combatir a quienes sosteníamos que había habido dos explosiones, una adentro de la línea de edificación y otra externa, y que ésta muy probablemente había tenido lugar en el volquete que un camión había dejado frente a la puerta de la AMIA cuatro o cinco minutos antes de las explosiones (ver, a partir del minuto 8). Y, 2) el otro objetivo explícito del programa (ocupa toda la segunda mitad) fue apuntalar la falsa historia pergeñada a cambio de 475 mil dólares por Carlos Telleldín, que –presionado por la camarista María Luisa Riva Aramayo en nombre del superministro Carlos Corach– inventó una entrega a policías bonaerenses completamente ajenos al atentado, quienes purgaron largos años de prisión.

García, Machiavelli y Monzón, periodistas con fluidas relaciones con los servicios de inteligencia, no ocultaron sus intenciones. Allá por el minuto 8 y medio, Machiavelli, recordó que “hace más de dos años nuestro equipo” le había propuesto al juez Galeano detonar una Trafic, y que fue el juez quien dispuso que “la prueba tuviera calidad de pericia judicial”.

¿Se trataba de una iniciativa local o extranjera?

¿Cómo saberlo?

https://youtu.be/xB2pc9sATLE

En el minuto 9 se ven, expuestos en un patio del Departamento de Explosivos de la PFA (Avenida Belgrano y Virrey Cevallos, Departamento Central de Policía) los supuestos restos de la supuesta camioneta bomba, que no pasaban del 13 o del 17% según distintas estimaciones.

A 9.40 aparece el fiscal Eamon Mullen (que en el curso del programa enlazará una larga ristra de bulos & macanazos) diciendo que los resultados de la explosión de Azul “corroboran casi en un cien por ciento” la hipótesis previa (de la Trafic-bomba con chofer suicida) y, enseguida, que “la prueba fue categórica”.

Machiavelli seguidamente comenta que es necesario establecer fehacientemente qué pasó, porque si no se esclarece, “florecerán versiones de que no hubo vehículo-bomba” tal como había pasado luego del bombazo en la Embajada de Israel.

Tanta resultó la preocupación del equipo integrado por García-Machiavelli-Monzón, etc. por refutar la idea de que hubiera explosivos en el volquete, que esta vez como conductor, Machiavelli reveló que, con posterioridad a la explosión en Azul de una Trafic, habían detonado un volquete en terrenos del regimiento de Tanques de Magdalena, a 110 km. de la Capital Federal.

Antes, había mostrado restos del volquete que estaba frente a la puerta de la AMIA, combados, como inflados, y sin impactos de  fragmentos metálicos como la metralla que impactó en todos los vehículos estacionados en los alrededores: Lo que ya desde un principio pareció indicar que los explosivos parecían haberse detonado en su interior.

Es verdad que el programa incluye al barrendero (Juan) Carlos Álvarez, quien se encontraba justo frente a la puerta de la AMIA y arrojó papeles adentro del volquete antes de ser muy malherido. Álvarez aparece diciendo que el volquete estaba vacío, pero los editores se abstuvieron de puntualizar que, según Álvarez es imposible que haya existido un vehículo-bomba porque, de haber existido, no sólo lo hubiera visto, sino que “me hubiera atropellado”.

El resto del programa, como se adelantó, da vergüenza ajena, pues está dedicado a apuntalar “La causa Brigadas”, es decir la pista falsa demolida en el juicio por el TOF3, pista que sirvió para mantener a policías bonaerenses completamente ajenos a los hechos presos durante años, garantizando así la impunidad de los asesinos. Tarea en la que Mullen se llevó los laureles.

El video de la Embajada

“AMIA. La deuda” fue producido y dirigido por Lucía Suárez, que contó con la asesoría del mentor Raúl García. Todo lo relacionado con  el atentado a la Embajada de Israel merece un tratamiento aparte porque se trata de un caso clarísimo en que los autores y cómplices de los asesinatos son fáciles de descubrir y eso motiva una reacción paranoica de los servicios de inteligencia que se suponen deberían esclarecer el hecho pero que en cambio se han dedicado a ocultarlo.

Primero aparece el gendarme Laborda tratando de institucionalizar la existencia de un cráter que en realidad se trataba de un pozo cavado mecánicamente después del atentado. Luego (1:45) se informa que la Embajada contaba con cinco cámaras de video, data importante porque el jefe de explosivos de la policía de Tel Avi, Jacob Levy, se quejaría amargamente de que la seguridad de la Embajada (sus miembros habían sobrevivido en su práctica totalidad porque a la hora del estallido estaban en una reunión en el Hotel Sheraton) se negaban a proporcionarle esos videos que podían probar o desechar la hipótesis de que del atentado había sido vehículo y vector una Ford F-100 verde con techo blanco que absolutamente nadie había visto.

2:31. Imágenes del comisario Meni Battaglia, el “taquero” de la comisaría 15ª, al que el Bitajón (seguridad en hebreo) le impuso la hipótesis de que la embajada había sido demolida por un vehículo-bomba (en principio, por las piezas aportadas por bomberos, se pensó en un Ford Falcon, dijo el ministro José Luis Manzano).

4:10.Que los objetos que estaban en las oficinas de la embajada hubieran volado hacia afuera del edificio parecían indicar prima facie que la explosión se había producido adentro del edificio. Laborda se esmera en contrariar esta suposición lógica. Y admite que, respecto a la AMIA, es fundamental refutar que el explosivo pudiera haber estado en el volquete si se quiere evitar que se repita lo que pasó tras el bombazo que demolió 3/4 de embajada, que mucha gente descreyó que hubiera habido una camioneta-bomba.

10:30 La Dra. María Elena Rodríguez, aparece diciendo que en la cocina de su casa apareció la piel de la yema de un dedo gordo con callos y una rótula. Y conjetura que como la piel era trigeña y tenía esos callos bien podría haber sido un libanés de Hezbolá acostumbrado a calzar sandalias de cuero sin que se le ocurriera que, si no habían sido sembrados, bien podrían haber pertenecido a alguno de los obreros bolivianos que habían sido despedazados.

11:31. Luego de decir que estaba prácticamente probado que el ataque a la AMIA había sido una venganza por el asesinato del jeque Musawi, secretario general de Hezbolá, su mujer, un hijo de 5 años y sus asistentes y guardaespaldas por un misil israelí. Seguida y caprichosamente luego, involucró a Musawi en el atentado con coche-bomba (y al parecer, con conductor suicida, contra el cuartel general de los Marines en octubre de 1984, que produjo 220 marines muertos, 18 marineros y 3 soldados. Por cierto, en ese atentado, cometido con caso diez toneladas de TNT o su equivalente en explosivos más potentes), quedó aplastado con el piso el chapón del falso chasìs, los dos ejes y tres de sus cuatro puntas de eje (y centro de las ruedas). Lo que demuestra una vez mas que solo en Buenos Aires se produce el milagro de que los vehículos-bomba se desvanezcan en el aire.

1. Se habla de la hipótesis de que los explosivos que volaran la Embajada fueron activados por control remoto, hipótesis a la que me referi extensamente y en detalle en mi libro Caso Nisman: Secretos inconfesables.

12:50. Después de que quedará claro que en la investigación había más dudas que certezas. Macchiavelli pontificó: “Los investigadores determinaron como fue el atentado (?). Ahora resta saber quienes fueron”. Luego comentó que inicialmente los muchachos de la CIA pensaron que el que estaba involucrado era Muamar Gadafi, el reis de Libia que le había prestado dinero a Carlos Menem, pero que rápidamente viraron después hacia Irán. Y que aunque al principio se habían detenido alemanes y paquistaníes, ràpidamente se había terminado en focalizar la investigación en Hezbolá.

14:30, Machiavelli presenta a una tal Nora Caamaño, supuesta especialista en terrorismo árabe, que dice lo que tiene que decir. Las sospechas, apunta, se abaten sobre la comunidad chiíta que acude a la mezquita de Floresta.

15:57. Interesantes imágenes de la F-100 verde y blanco que pertenecía a un fotógrafo de la Policía Federal; fue supuestamente vendida al contado y a un precio muy superior al de mercado a un supuesto brasileño y habría explotado ante la Embajada de Israel… aunque absolutamente nadie la haya visto en sus cercanías.

16:14. Intesantísimas imágenes de Moshen Rabbani, agregado cultural de la Embajada de la República Islámica de Irán al momento de producirse el atentado, a quien se le pidió encarecidamente que no regresara a la Argentina por pedido expreso de la CIA y el presidente Bill Clinton. Como las de la F-100 solo pueden haber provenido o bien de la SIDE, o bien de la Policía Federal.

17.16: Respecto al atentado a la Embajada, el locutor Franco Salomone comenta que los israelíes no daban información y que la investigación estaba estancada.

20:52. En un auténtico “cisne negro” que lo enaltece, Salomone se refiere a la posibilidad de que se hubieran colocado explosivos en el interior del edificio. Se refirió a la AMIA pero bien se podía haber referido a ambos atentados.

La silenciada muerte de un bombero

(Fragmentos de libro Caso Nisman: Secretos inconfesables)

 

Alberto Rafael Cánepa Carrizo era un bombero atípico. Había ingresado a la Policía Federal y se había especializado en explosivos con el único objetivo de tener un trabajo estable, con seguro médico y jubilación. El Departamento de Explosivos de la PFA había alcanzado dicha jerarquía en 1974 bajo la batuta del comisario Alberto Villar, que se desempeñaba como jefe de la fuerza de día, y de las escuadras de sicarios de la Triple A (Alianza Anticomunista Argentina) por las noches. Dicho de otro modo: tenía el doble propósito de desactivar las bombas de Montoneros y otros subversivos, y de armar y detonar otras. Allí, Alberto Cánepa desentonaba como un vegano en una tribu de caníbales: llevaba siempre consigo una cadenita y medalla con la clásica efigie de Ernesto “Che” Guevara. Aun así, su vida discurría plácidamente, acaso porque no era más que un agente, por lo que en sus ratos libres podía dedicarse a leer —lo apasionaban los manuales de contrainsurgencia y de técnicas guerrilleras y todo lo referido a su héroe máximo— y a arreglar bicicletas, un pasatiempo que, además, le permitía ganar unos pesos extra.

Quizá todo hubiera seguido así (aunque se hace difícil pensar en que tuviera más ascensos que los imposibles de evitar por sus superiores por el mero paso del tiempo) si no fuera por el ataque a la AMIA, donde le tocó participar en las labores de búsqueda de sobrevivientes y remoción de los escombros junto con los rescatistas israelíes. Desde entonces, su vida experimentó un cambio abrupto. Su carácter, alegre y optimista, se avinagró. Cánepa, de 42 años —un hombre tan fornido como mal avenido con la disciplina cuasi militar impuesta por sus jefes—, se encerró en un silencio hosco, que solo rompía para susurrarle a sus familiares que se sentía en peligro; que sus jefes lo investigaban; que tenía la certeza de que escuchaban sus conversaciones telefónicas; que lo hacían seguir y que temía que lo matasen a causa de cosas de las que se había enterado acerca del atentado a la AMIA, le dijeron a quien escribe dos hermanosas suyos y ratificaron otros familiares.

Esta situación había perturbado gravemente su relación con María Beatriz Amor, la mujer con la que convivía desde hacía muchos años sin haberse casado junto a dos hijos de ella.

Poco antes de que se cumpliera el primer aniversario del ataque terrorista, pasó lo que Alberto temía y le provocaba gran angustia: contra su voluntad, sus jefes le dieron el pase del cuartel de Belgrano-Saavedra al de Recoleta. Allí, una fría mañana de invierno, murió de dos tiros, uno en la cabeza y otro en el pecho. Su muerte, rápidamente declarada suicidio, le fue sustraída a los medios, revelando la complicidad que suele haber entre muchos periodistas de noticias policiales y la repartición.

Sucedió el viernes 11 de agosto de 1995 pasadas las 8 de la mañana. Cánepa recibió dos balazos calibre 9 mm, uno en el tórax y otro en la cabeza, disparados por su propia pistola de dotación, una Browning hecha en Rosario por Fabricaciones Militares. Fue en su habitación en el cuartel IV de la Superintendencia de Bomberos de la PFA, en la calle Laprida 1739. Alberto había tomado servicio poco antes. Compañeros suyos le dijeron a María Beatriz que había subido las escaleras muy agitado e insultando a voz en cuello a alguien con quien había discutido en la planta baja. Ella dijo que nadie supo decirle si alguien había subido detrás de él.

Agonizante, Cánepa fue llevado al Hospital Alemán, donde el médico Julio César Marocchi certificó su fallecimiento (el acta llevó el número 1721). Dicho médico, curiosamente, no sería recordado un lustro después por la dirección médica del hospital como perteneciente a su plantel.

El certificado de defunción, emitido recién el sábado 12 por el Registro Civil (Tomo 3º X, Nº 1706) lleva el número de folio 53 e informa que Alberto era soltero, hijo de Aurelio Rafael y de Gregoria Cayetana Carrizo, y que su deceso fue corroborado a las 9 del día anterior en el Hospital Alemán por “heridas de arma de fuego en tórax y cráneo”. Informa también que intervino el oficial Héctor Osvaldo Vázquez Fanego, de la comisaría 19ª —de la calle Charcas, entre Anchorena y Laprida—, un policía domiciliado, como Alberto, en el barrio de Mataderos. Fanego dio fe de que quien había certificado el deceso era el misterioso Dr. Marocchi, quien “obra en virtud de la autorización de María Beatriz Amor, quien ha visto el cadáver, que se archiva” (sic).

Habían pasado más de cuatro años cuando la dirección del Hospital Alemán informó al autor que la investigación de la “muerte dudosa” de Cánepa había quedado a cargo del Juzgado Criminal de Instrucción Nº 13, Secretaría 140. En esta informaron que hacía mucho que la causa se había archivado, pero que hacía más de un año el juez Juan José Galeano la había pedido y nunca la había devuelto.

La muerte de Cánepa no había pasado inadvertida para los avispados movileros de “Crónica TV”, por norma general informados al instante de los avatares de la vida policial. Esa misma mañana, el canal de noticias emitió desde la puerta del cuartel de bomberos de Recoleta, donde uno de los jefes de Cánepa puso la cara para informar de su presunto suicidio.

Sin embargo, la Policía Federal se cuidó de informar de esa muerte a las agencias de noticias, tal como lo hacía habitualmente, y es obvio sospechar que alguien debió haberse comunicado con el diario “Crónica” para que se abstuviera de dar la noticia en sus ediciones vespertinas. Lo cierto es que la muerte de Cánepa no salió en ningún diario, ni siquiera en “Crónica”, que era entonces parte del mismo grupo que “Crónica TV”.

Pero aunque se hubiera filtrado a los medios, en pocas horas la noticia habría sido tapada por otras muy sorprendentes y también vinculadas al caso AMIA, echadas a rodar por el Gobierno con bombos y platillos.

No esclarezcas que oscurece

El día que Cánepa murió, una de las principales noticias de los matutinos —que acaso él haya llegado a leer, al menos en titulares— era la sanción de cuatro policías cordobeses por la exhibición por parte de un agente de una esvástica pintada en su casco, a la hora de reprimir una manifestación. La sanción se produjo luego de las denuncias del ex comisario Octavio Cuello acerca de que en la fuerza seguían funcionando células nazis que habían sido creadas en tiempos de la dictadura por el comisario Raúl Pedro Telleldín, alias “Uno”. Es decir, el padre de Carlos Alberto Telleldín, “El Enano”, por entonces el único detenido por el atentado a la AMIA (aunque, en rigor, y aunque tampoco se lo aclarase al público, estaba legalmente detenido por otros delitos).

El tenebroso comisario Telleldín, fallecido hacía más de una década, había sido uno de los fundadores del Comando Libertadores de América, versión cordobesa de la Triple A dirigida con mano de hierro por el Tercer Cuerpo de Ejército. También fue el jefe del Departamento Informaciones (D2) de la Policía provincial, que en la dictadura, entre sus múltiples “hazañas” (pormenorizadamente narradas por un prisionero sobreviviente, Charlie Moore, que para salvarse trabajó para los represores), asesinó a varios policías críticos de la vorágine de desapariciones, torturas, asesinatos y atentados con bombas –que utilizaban como venganza y para fomentar el terror de la población, y que sistemáticamente atribuían a Montoneros– a los que se había entregado la D2. Por dar solo un ejemplo: a un subcomisario acusado de pasarle información a la guerrilla lo mató amarrándolo a una silla amordazado, cortándole los testículos y dejándolo desangrar… mientras él y sus esbirros comían un asado.

Ese mismo viernes de invierno, al anochecer, cuando el cadáver de Alberto Cánepa ya estaba en la Morgue Judicial para la autopsia, como es preceptivo en caso de “muerte dudosa” —que de dudosa tenía bien poco—, la 6ª edición de “Crónica”, en la que normalmente debería haber aparecido la noticia de su muerte a balazos, llevó como título principal: “CASO AMIA: LA CORTE DEBE DECIDIR”. El texto de la nota informaba sobre el pedido de captura de cuatro diplomáticos iraníes por parte del juez Juan José Galeano. Los acusados, respaldados por su Gobierno, amenazaban desde Teherán con querellar a la Justicia argentina.

La misma edición informaba también que el día anterior, el jueves 10, el secretario de Inteligencia (llamado “Señor 5” en la nomenclatura interna de la SIDE), Hugo Anzorreguy, había comparecido ante la Comisión Bicameral de Supervisión de las Fuerzas Policiales y de Seguridad cuyo titular era el diputado Miguel Ángel Toma. Al término de la reunión, Toma había proclamado: “El atentado está casi esclarecido”. Ni más, ni menos. Habrá sido por éxitos como este que al hacerse cargo de la Presidencia a fines de 2001, con el país en llamas, Eduardo Duhalde puso a Toma al frente de la SIDE. Su gestión estaría marcada por una completa sumisión a la CIA y el robustecimiento absoluto del poder del Jefe de Operaciones, el ingeniero Antonio Horacio Stiuso, (as) “Jaime” y “Stiles”. Según decían otros agentes de “la casa”, Stiuso tenía a Toma “agarrado de las bolas”.

Alarma: ¡Se viene el tercero!

La misma edición de “Crónica”, pero del día siguiente a la muerte del bombero —la del sábado 12— llevó un título catástrofe a tres columnas que ocupó casi toda la primera plana. En letras blancas sobre fondo negro podía leerse: “ALERTA EL GOBIERNO: PELIGRO DE UN NUEVO ATENTADO TERRORISTA”.

El cuerpo de la nota justificaba el voluminoso titular, al informar que en la noche del mismo viernes en que se produjo la oscura muerte de Cánepa, de urgencia e imprevistamente, se habían reunido en la Casa Rosada el secretario general de la Presidencia, Eduardo Bauzá; el ministro del Interior, Carlos Ruckauf; el secretario de Seguridad Interior, brigadier Andrés Antonietti, y el propio Anzorreguy. Y que como resultado del cónclave, el Gobierno había decidido dar a conocer a la ciudadanía que existía una “amenaza de golpe extremista extranjero (que) se puede dar en cualquier lugar del país”.

En cualquier lugar, dijo. Como para tranquilizar a toda la población.

El Gobierno se justificó alegando que había recibido “información que fue suministrada por Israel y varios organismos de Inteligencia” acerca de la inminencia de un tercer atentado terrorista. “El Gobierno nacional pudo establecer en forma fehaciente la posibilidad de un nuevo atentado del terrorismo internacional”, destacó el parte oficial que dio cuenta de la existencia de aquella reunión.

Por increíble que parezca, el comunicado afirmó que si hacía pública la (supuesta) amenaza era para “evitar la generación de un clima de alarma y confusión ante las medidas inevitables que se deben adoptar”.

Más allá de crear el mayor pánico posible, el Gobierno se limitó a anunciar que había convocado de urgencia a la comisión bicameral presidida por Toma, cuyas declaraciones de la víspera —“El atentado está casi esclarecido”— seguían siendo tan incompresibles como sorprendentes… Excepto que Toma se hubiera referido a otras noticias incluidas en esa misma edición. Por ejemplo, a “DETUVIERON A UN LIBANÉS QUE PODRÍA ESTAR IMPLICADO EN EL ATENTADO A LA AMIA”.

¿Sería eso? Si se leía la letra chica, lo único que se informaba allí era que Akram Frahap, de 32 años, había sido detenido… por emitir cheques sin fondo en su país. Ese titular mentiroso respondía perfectamente a lo que los inefables servicios de informaciones llaman “acción psicológica” o “propaganda negra”.

“Crónica” también informaba en esa misma edición que el “testigo clave del atentado” según el juez Galeano, el iraní Manoucher Moatamer, estaba en Ecuador, donde había pedido refugio. Lo sorprendente era que la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas (Acnur) de Venezuela, que había sido la protectora de Moatamer cuando este supuestamente había escapado de sus captores iraníes (funcionarios consulares que lo habían ido a buscar a La Habana y que lo habían alojado en Caracas en un hotel cinco estrellas), desaconsejaba que Ecuador le otorgara el refugio pedido, porque a pesar de haberlo intentado todo un año, ni siquiera había podido corroborar que fuera verdadera su identidad. Más tarde se sabría que Moatamer se había radicado en los Estados Unidos, de donde sería expulsado cuando se lo pilló in fraganti robando en una joyería.

Ante versiones de que el cachivache persa pediría asilo en la Argentina, el vicecanciller Fernando Petrella dijo que tal cosa “no tenía sentido”, que la Cancillería no veía que hubiera “ningún motivo” para ponerse en contacto con el supuesto desertor de los servicios secretos de Irán, cuyo oficio, había reconocido y ya estaba claro, era el de instalador de antenas satelitales de TV, las conocidas budineras.

En medio del clima de fin del mundo creado adrede por el Gobierno, “Crónica” también informaba de la detención en Buenos Aires de un iraní cuando intentaba cruzar al Uruguay a través de un ferry de Buquebús haciéndose pasar por francés. Al parecer, tenía la doble nacionalidad.

¿A qué se debía la alarma nacional lanzada por el Gobierno? ¿En qué se basaba? Nadie lo sabía ni lo sabe hasta hoy. Por lo que no puede descartarse que su propósito haya sido garantizar que el asesinato del infortunado bombero —el verdadero muerto 86 de la AMIA— no tomara estado público.

Indefensos

Al momento de morir y desde hacía muchísimos años, al menos 15, Cánepa vivía con María Beatriz y los hijos de ella en los fondos de la casa familiar, en la calle Basualdo 1732. En la parte delantera vivía su madre, Gregoria Cánepa Carrizo de Jerez, viuda de un policía, junto a una nuera y los hijos, sus nietos.

La muerte largamente anunciada de Alberto Cánepa sumió a la humilde familia en una tristeza desesperanzada. Ningún jefe de la Policía Federal se comunicó con su madre y sus hermanos para darles el pésame. Solo lo hicieron con María Beatriz, a la que le devolvieron las escasas pertenencias que Alberto llevaba consigo al morir, entre ellas la ensangrentada cadenita y medalla con la efigie del Che Guevara.

Sorpresivamente, María Beatriz le pidió a la familia Cánepa que no pusiera un abogado. Alegó para ello que personas que aunque ataviadas de civil claramente eran policías, la habían ido a ver en un automóvil, y mostrándole sus armas le habían pedido que cerrara el pico. “A mí ella me dijo que los días siguientes también paraban en la puerta coches con personas que se limitaban a mostrarle armas por la ventanilla”, comentó una familiar que convivió largos años con la pareja. Lo cierto es que la familia no nombró abogado ni intentó revisar la absurda calificación de “suicidio”. Después de cobrar el seguro y de asegurarse la pensión (aunque no estaba casada, la Policía Federal salvó administrativamente la falta de la libreta), la mujer se distanció de la familia. Antes de hacerlo, dio una dirección falsa.

El testamento

Más de un año después, casi año y medio, en un cobertizo que Alberto utilizaba para reparar bicicletas apareció su testamento dentro de un tubo de plástico: seis hojas cuadriculadas manuscritas por ambas carillas. En ellas, Alberto acusaba a un grupo de oficiales del Cuerpo de Bomberos de estar involucrados, como mínimo, en la destrucción de pruebas. Evidencias que, a su entender, de haberse judicializado hubieran permitido individualizar a los ejecutores materiales del ataque.

En el texto, Cánepa expresaba su desconfianza en el juez Juan José Galeano y pedía expresamente que, de pasarle algo, esas hojas le fueran entregadas a los medios. No fue así: el juez Galeano guardó celosamente el testamento de Cánepa y con diversos pretextos evitó durante mucho más de un año poner una copia en manos de la querella.

La importancia de este texto es crucial si se atiende a que hay sobradas evidencias de que peritos del Cuerpo de Bomberos manipularon las pericias, e incluso fundadas sospechas de que algunos de sus expertos en explosivos pudieron intervenir en la confección de los artefactos que demolieron el edificio.

Fue Marcelo Pellegrino, el hijo mayor de María Beatriz Amor, quien encontró el testamento que el previsor bombero había dejado dentro de un tubo verde de plástico, de los usualmente utilizados por los ciclistas para llevar protegidas sus cosas. Estaba sellado con un papel lleno de firmas de Cánepa recubierto completamente con cinta scotch. Su contenido eran seis hojas grandes de cuaderno cuadriculadas y firmadas por él en los márgenes. Contenían gravísimas imputaciones contra un reducido grupo de oficiales del Cuerpo de Bomberos.

Pellegrino le diría al autor que el bombero dejó escrito que la célula de policías terroristas se reunía clandestinamente en un departamento de Palermo, cercano a Plaza Italia, y que estaba dirigida por un comisario inspector de apellido Capra. Uno de los oficiales de Bomberos que dirigió las labores de remoción de los escombros y búsqueda de víctimas debajo de ellos codo a codo con los rescatistas israelíes, efectivamente, fue el comisario inspector César Renato Capra, del cuartel de Recoleta.

Nunca vio el autor los papeles originales que dejó como legado Alberto Cánepa. A fines de 1997 la AMIA le había dejado de pagar por sus servicios de investigador, y al cortarse ese vínculo dejó de ser parte y no tenía manera de acceder al frondoso expediente. Lo que fue un gran alivio para el juez Galeano, al que la aparición del libro “AMIA. El Atentado. Quiénes son los autores y por qué no están presos” a mediados de aquel año había obligado a casi duplicar sus fojas a fin de cubrirse, según destacó el abogado Gabriel Labaké.

El autor le había hecho luego a Galeano tres densas y detalladas presentaciones, pidiéndole detenciones. Pero a fines de 1999, sin aquella representación que abría puertas, apenas si había podido leer fugazmente una fotocopia borrosa que cotejó mentalmente con la transcripción que hizo de ese mismo documento el secretario Carlos Velasco, quien, habiendo podido leer esas hojas cuadriculadas con detenimiento, las había entendido de otra manera.

En fin: el autor escribió un borrador en base a apuntes, sin conocer a ninguna de las personas sobre las cuales el muerto arrojó sospechas hasta el punto de enfatizar que si le pasaba algo “los responsables directos” serían Liliana María Leiva, sus hermanos y su cuñado (oficial de la Federal), al igual que el ya citado comisario Capra, que tendría estrechas relaciones con los Leiva. El escrito de Cánepa acusa a Capra nada menos que de haber “programado” su pase al cuartel de Recoleta, donde quedaría “inerme” en sus manos.

Según los familiares de Cánepa, Marcelo Pellegrino y su madre les ocultaron durante un buen tiempo el hallazgo y nunca les dejaron ver el original. María Beatriz Amor, dijeron, lo escondió en la casa de una amiga, apodada “La Peti”, mientras Pellegrino intentaba mercar una copia, por la que habría logrado unos trescientos pesos convertibles de unos policías interesados.

En diálogo con el autor, Pellegrino negó haberlo hecho, pero lo cierto es que desde el momento que se produjo el hallazgo (en 1996) hasta el momento en que lo denunció ante el juez Galeano, pasaron al menos dos años. Pellegrino llevaba consigo una copia borrosa, que mostró pero no dejó leer con detenimiento.

El rescate

El asunto probablemente nunca hubiera llegado a oídos del autor de no ser porque la historia del mensaje arrollado dentro de un tubo (como si Alberto Cánepa se sintiera un náufrago en la vida) llegó a oídos de una parienta del muerto, que vivía, y acaso siga viviendo, en Mar del Plata: Juana Novacyk, una señora de clase media, docente y afiliada al Partido Socialista. Después de pensarlo cuidadosamente, la mujer puso la historia en conocimiento de su amigo de casi toda la vida, el diputado Héctor Polino. Quien a su vez la puso en conocimiento de su colega Juan Pablo Cafiero, que integraba la Comisión Bicameral de Seguimiento de la Investigación de los Atentados a la embajada de Israel y la AMIA.

Al comienzo, Cafiero se interesó vivamente en el asunto, poniéndose en contacto con la docente marplatense y otros familiares de Cánepa. Marcelo Saín, que entonces era asesor de Cafiero, debe acordarse del tema. También la entonces diputada María Cristina Fernández se interesó en el asunto, que durante un tiempo fue objeto de curiosidad de asesores de la Comisión Bicameral como Eduardo “El Chino” Estévez, coordinador en 1988 del segundo informe de la Comisión, que “empaquetó” a todos los legisladores, incluida a CFK, al hacerles firmar que había existido una Trafic-bomba. Gulp.

El descubridor

Estamos a fines de 1999 en el bar de Venezuela y Bolívar con Marcelo Pellegrino. Es treintañero, gordo, de grandes ojos color azul claro. En el pasado tuvo algún problema con la Justicia y pasó una temporada preso. Admite vivir a salto de mata, haciendo bolos en distintos programas de Telefé. Trajo y me enseñó diversas fotografías. Entre ellas, una en la que se lo veía junto a Natalia Oreiro en el rodaje de “Muñeca brava”. Trajo también consigo unas borrosas fotocopias del virtual testamento de Alberto Cánepa.

Cuando encontró el original, dijo, hacía pocos meses que había tenido a su hija. Se jactó de que la beba ya había aparecido en varios programas, y que por ello le habían pagado un dinero que le había venido muy bien. Me dijo que, además de esa carta, Alberto había dejado un mapa en el que estaban señalados varios puntos de sus investigaciones del caso AMIA. Y agregó que, aunque se lo iba a llevar a Galeano, bien podría hacer una copia para mí. Por el modo en que lo dijo interpreté que quería dinero a cambio de la primicia.

También trajo a la cita un “Manual de Inteligencia” de la Policía Federal de tapas azules, manual que había sido de Alberto. Algunas hojas estaban dobladas y subrayadas. Correspondían a partes en las que se hacía referencia al marxismo-leninismo y a Guevara. Dijo que Alberto sentía auténtica fascinación por él. “Lo idolatraba. Juntaba cosas que hicieran referencia al Che. Fotos y artículos”, comentó.

Esa fascinación por la figura del Che no le impedía a Alberto ganarse unos pesos haciéndole publicidad al MODIN del teniente coronel Aldo Rico, dijo Marcelo. Esas changas las conseguía a través de un capitán retirado del ejército, de apellido Tichegui (fonético), que vivía en Palermo y al que Alberto trataba familiarmente de “Tito”. Dijo que tanto “Tichegui” como Alberto eran amigos del teniente coronel (R) Luis Polo.

Pescar con carnada

Cuando le dije que fuera más explícito respecto del contenido de los papeles de Alberto, Marcelo Pellegrino se mostró evasivo. Era evidente —y lógico— que tuviera miedo, pero al final dijo, redondeando, que “lo que más recuerdo es que acusan a un comisario de Bomberos, de apellido Capra, y a otros oficiales del Cuerpo especializados en explosivos, particularmente a un subinspector, de haber destruido intencionalmente evidencias, de estar relacionados con los terroristas y de reunirse habitualmente en un departamento de Plaza Italia. Y, también, que de esas reuniones participaba una mujer”.

Luego, repitió con algo más detalles una historia que ya había escuchado de boca de Isabel, hermana de Alberto: que el bombero había tenido relaciones íntimas con esa mujer, Liliana Leiva, pero que se había convencido de que no habían sido sus encantos los que la habían conquistado, sino que se la habían “plantado” sus enemigos para que le tirara de la lengua y averiguase qué era lo que sabía del atentado a la AMIA. Alberto, dijo Marcelo, le había dicho que se había dado cuenta de la maniobra por las insistentes preguntas de ella. Y también que temía haberse ido de boca.

Por lo —poco— visto, el miedo de Cánepa no se basaba solo en lo que le había dicho a Liliana Leiva. Su escrito hace referencia a diálogos que habría tenido en el cuartel de Saavedra con el comisario Cufré y con otro bombero de apellido Goycoechea, y a su creciente desconfianza por ciertas actitudes de un principal de apellido Medina y un sargento ayudante de apellido Páez. Afirmaba que Medina, Páez, Goycoechea y un sargento apellidado Pelliza participaban, al igual que Liliana Leiva, de las misteriosas reuniones que se celebraban en un departamento del barrio de Palermo, cerca de Plaza Italia, reuniones presididas por el comisario Capra.

Algo chirría en la facilidad con que, según el relato, él se encontró con ella y tuvieron sexo en esa primera cita: es el diferente estatus social de ambos. Según la transcripción del texto, Liliana era secretaria de Relaciones Públicas de la Facultad de Farmacia y Bioquímica, ubicada junto la Facultad de Medicina, a escasos 200 metros de la AMIA, y el agente Cánepa Carrizo solía llamarla allí por teléfono al interno 300.

Tras aquel primer sorprendentemente fácil lance amatorio, según el texto Cánepa acompañó a Liliana a su casa, en la calle Comodoro Py 2550, de Gregorio de Laferrère. En el trayecto, ella le habría señalado distintas casas que, le dijo, pertenecían a efectivos de la Policía Federal y de la Gendarmería con los cuales, por lo visto, mantenía un trato asiduo. Desde entonces, Cánepa había comenzado a desconfiar.

No es esta la historia oficial: según los apuntes que pude tomar en la fiscalía de Eamon Mullen y José Barbaccia de la transcripción del texto por el secretario Velasco, en su angustiado testamento Cánepa contaba que conoció a Liliana Leiva casualmente en 1993 (es decir, antes del atentado a la AMIA), cuando quiso llamar a la inmobiliaria Pugliese para vender un terreno y en lugar de marcar el número correcto (620-1940) marcó 626-1940. Es decir que habría sido un “levante telefónico”, lo que aventaría toda posibilidad de que se la hubieran “plantado” a su lado…

Tiempo después, Rolando Graña, por entonces en la CNN, dijo al aire refiriéndose a la Policía Federal que era una vergüenza que los policías que custodiaban la AMIA, sospechados de haber abandonado su consigna antes de la explosión, no dieran la cara.

De inmediato, el ministro del Interior, Carlos Vladimiro Corach, le ordenó al jefe de la PFA, comisario general Juan Adrián Pelacchi, que todos los policías implicados en la investigación pudieran ser entrevistados por la CNN en el Departamento Central de Policía. Ventajas de las cadenas imperialistas. Así fue que Graña pudo entrevistar al jefe de los Bomberos, a oficiales del Departamento de Explosivos, a los policías que habían abandonado la guardia, a casi todo el mundo, bien que en un clima de inocultable tensión.

Ya habrá, más adelante, referencias a esas entrevistas. Lo que importa ahora es que a la salida del Departamento, una hermosa policía de uniforme salió al paso de Graña y le dijo que era la encargada de relaciones con la prensa. Y que estaba a su entera disposición. Al decirlo esbozó una amplísima sonrisa y clavó sus ojos en los de él.

Graña era joven y pintón, pero se le cruzó, como una nube, la sospecha. Primero se sintió halagado, pero cuando ella lo llamó, urgiéndolo a concretar, y más tarde cuando le propuso un trío con una amiga, se echó atrás. “Estaba tan buena como comer pollo con las manos, buenísima, pero algo me hizo desconfiar. Y parece que mi intuición no estaba equivocada. Porque por entonces tenía un informante que era agente de calle de la SIDE y que días después confirmó mis aprensiones: ‘Jefe, a esa mina se la pusieron de estampilla para que le bata a sus jefes en qué anda’”.

Por lo visto, pescar con carnada era una inveterada costumbre.

Porongas

Pellegrino negó que estuviera tratando de vender esos papeles al mejor postor ya que, planteó, no los tenía consigo. Solo tenía una copia de mejor calidad que la que había traído. Dijo que a través de un pariente, comisario retirado, se había puesto en contacto con el oficial principal Rodolfo Artese, de Robos y Hurtos, quien le había dicho que le tomaría declaración, pero que antes tenía que leer el escrito de Cánepa, “no sea cosa que estén involucrados porongas” de la propia Policía. Y que cuando días más tarde lo llamó por teléfono, Artese no mostró el menor interés en tomarle declaración.

Luego de exhibirme una tarjeta de Artese, Pellegrino me contó que a mediados del año anterior había ido al juzgado de Galeano y declarado extensamente ante el secretario Carlos Velasco durante dos jornadas, los días 15 y 17 de julio, aunque sin llevar consigo los originales, que permanecían guardados en casa de una amiga de su madre. Me mostró seguidamente una constancia de que había dado testimonio esos días y dijo que entre una y otra declaración había ido a ver a Artese y que este, muy preocupado y para cubrirse, le había tomado declaración, poniéndole fecha antedatada, como si primero hubiera declarado ante él y después lo hubiera hecho en el juzgado.

También entre una y otra declaración judicial, agregó, Galeano le había ordenado a los policías del nuevo Departamento Unidad de Inteligencia Antiterrorista (DUIA, que había reemplazado al disuelto –por encubridor– Departamento de Protección al Orden Constitucional, DPOC) dirigido por el comisario Jorge “El Fino” Palacios, que allanaran el domicilio de Alberto (donde seguían viviendo Marcelo y su madre) en busca de los papeles originales. Y que aunque no los encontraron allí, consiguieron que su madre los condujese hasta la casa de la amiga donde los había guardado. Los policías los habían incautado allí y llevado al juez. María Beatriz también les había dado a los policías la nutrida agenda de Alberto.

Luego, también ella había declarado en el juzgado de Galeano. Pero Marcelo dijo que no sabía qué había dicho porque estaba distanciado de su madre (que, dijo, estaba viviendo en Bella Vista) y ni siquiera se hablaban.

Pellegrino dijo que él había ratificado sus declaraciones ante el secretario Javier De Gamas el 4 de agosto, ocasión en que tanto él como Velasco lo instaron a “no meterse más” en un asunto tan escabroso y le aseguraron que el escrito de Alberto estaba seguro, guardado en una caja fuerte del juzgado.