BAHÍA BLANCA EN LLAMAS. El juez Ramos Padilla, un forastero, encontró un pozo de iniquidad en un juzgado federal

Hay historias que se repiten. En los años ’80 del siglo pasado, el juez Juan Manuel Ramos Padilla desembarcó en el juzgado federal de Morón y encontró tantos desastres que pidió que se lo interviniera mientras ordenaba procesar a su predecesor, que incluso estuvo detenido. Alejo Ramos Padilla encontro en el Juzgado Federal nº 1 de Bahía Blanca un pozo de iniquidad. Una vibrante crónica que recuerda explícitamente al film Missisipi en llamas. JS

Pese a la presión del establishment local, Ramos Padilla cumple con su misión 

Bahía Blanca: Todo eso que vio, describió y va a juzgar un juez que vino “de afuera”

 

TÉLAM

Memoria Verdad y Justicia - Télam

Vicente Massot sale de los juzgados federales de Bahía Blanca.

(Por Oscar Federico Taffetani) El escenario que se le presenta al juez federal Alejo Ramos Padilla, designado por el Consejo de la Magistratura para llevar adelante y concluir añejas causas por delitos de lesa humanidad cometidos en jurisdicción de la Armada y el V Cuerpo de Ejército en Bahía Blanca, no puede ser más difícil. Por momentos, nos recuerda aquella gran película de Alan Parker titulada “Mississippi en llamas”, basada en la verídica historia de un equipo de agentes federales enviados a investigar el asesinato de tres activistas de los derechos civiles en un pueblo ganado por el racismo, en el sur de los Estados Unidos.

Los abogados de la matrícula bahiense designados como jueces ad hoc o subrogantes para hacerse cargo de las vacantes que iban dejando las súbitas renuncias, apartamientos y recusaciones, en causas que, sugestivamente, tocaban a figuras del establishment (el dueño del único diario local, el Arzobispo, el Presidente de la Cámara Federal, etcétera), boicoteaban mientras podían los procesos y cuando ya no podían boicotear más o frenar las citaciones, las indagatorias o los procesamientos -como en un partido de rugby- entonces le pasaban la pelota a otro del mismo equipo, para que hiciera lo mismo.

Así ocurrió, entre otros casos, con Eduardo Tentoni, quien tras haber hecho el maravilloso descubrimiento de una flota de automóviles Ford Falcon y de otras marcas que permanecían guardados en un hangar de Puerto Belgrano, cometió la “torpeza” de sentarse a almorzar con un jefe de Inteligencia de esa base naval, comentándole (como pudo saberse, off the record) que “el Chevy azul que encontramos es el que fue utilizado para secuestrar a Elena Holmberg”. Adiós Tentoni.

Otro caso es el de Claudio Pontet, abogado y hacendado con propiedades en Puán, muy conocido del también abogado y hacendado Rubén Diskin (oh casualidad, ex cuñado y defensor de Vicente Massot). Pontet, famoso por haber tuiteado y retuiteado picantes aforismos en la web (“Los huéspedes de los hoteles de Cristina: los nuevos desaparecidos”, fue uno de ellos), en un principio intentó apartarse de la causa que involucraba a Massot y luego, como no podía, en menos de 37 horas, mediante una resolución de 331 páginas y (supuestamente) después de haber leído las casi 60 mil fojas de la causa principal y conexas, dictó la falta de mérito para el titular de La Nueva Provincia y de un holding empresario. Adiós Pontet, y que pase el que sigue.

Esta clase de anomalías y de burlas a la Justicia fueron las que llevaron, con gran dificultad, al Consejo de la Magistratura, a decidir el apartamiento de otro juez bahiense -Santiago Ulpiano Martínez- y a designar a un juez “de afuera” -Alejo Ramos Padilla- para regularizar la situación de las causas por delitos de lesa humanidad que se llevan adelante en Bahía Blanca.

Previsiblemente, los diarios Clarín y La Nación pusieron el grito en el cielo por los “atropellos” de una Magistratura “con mayoría kirchnerista”, que entraba a Mississippi, perdón, a Bahía Blanca, con “un juez K”, para acabar con la escandalosa trama de impunidad que desde la misma vuelta de la democracia viene garantizando a los poderosos que no serán juzgados ni condenados por los crímenes que alguna vez cometieron.

“La justicia federal de Bahía Blanca -se lee en una nota de La Nación del 10 de septiembre pasado- viene sufriendo desde mediados de este año un duro embate institucional. Éste comenzó con la remoción del magistrado a cargo del Juzgado Federal Nº 1 de esa ciudad, Santiago Ulpiano Martínez, desplazado por decisión de la mayoría kirchnerista del Consejo de la Magistratura”. Sin comentarios.

Otro que se quejó por el desplazamiento de Santiago Ulpiano Martínez fue el hoy suspendido presidente de la Cámara Federal Bahiense, Néstor Montezanti. En un reportaje publicado por La Nueva Provincia el pasado 8 de septiembre, dice el entrevistado: “Cuando lo remueven a Santiago Ulpiano Martínez, designan en reemplazo al juez federal de Dolores, violando la propia ley K de subrogancias, (…) que dice que el subrogante tiene que ser de la misma jurisdicción donde va a prestar funciones”. De modo que Montezanti, muy afecto a las contradicciones y paradojas, le pide a la Magistratura que no viole esa “ley K” que él mismo considera inconstitucional, para que la localía judicial en Mississippi (perdón, en Bahía Blanca) garantice la eficacia de la trama de impunidad.

Pues bien, en su última resolución, dictando veinte procesamientos y preventivas, en relación con la causa FBB 15000005/2007 “Álvarez”, el titular del Juzgado Federal Nº 1 de Bahía Blanca Alejo Ramos Padilla se permite extenderse y dar elementos de contexto (ya que un juez sólo debe hablar por sus fallos) sobre la desastrosa situación en que se encontraba ese mismo juzgado cuando se hallaba a cargo de Santiago Ulpiano Martínez. Y el desastre no era casual, no era fruto del clima bahiense ni de la idiosincracia de los bahienses. Era fruto de una verdadera asociación ilícita cuyo propósito es cubrir y brindar impunidad a ciertos acusados (no a todos) de cometer violaciones a los derechos humanos durante los años del terrorismo de Estado.

Dice Ramos Padilla, en la página 4 de una resolución de 175 páginas: “Entre las diferentes irregularidades que fueron constatadas en el marco del expediente administrativo Nº 1 caratulado ‘Reorganización del Juzgado Federal Nº 1 de Bahía Blanca’, se pudo determinar que existían detenidos a los que no se les había recibido declaración indagatoria, otros centenares de detenidos a los que no se les había resuelto su situación procesal, prisiones preventivas vencidas, miles de escritos sin agregar, armas y material estupefaciente sin la debida custodia, detenidos alojados en lugares inadecuados y contraviniendo expresas disposiciones del Ministerio de Seguridad de la Nación, entre otras tantas irregularidades”.

“La demora de este expediente -continúa- no escapa a la situación descripta, y por ellos es que previo a resolver este caso, se reclamó que por Secretaría se certificara si los imputados se encontraban detenidos, en ese caso en qué unidad penal y desde qué fecha, si también se encontraban detenidos a disposición de otro Tribunal, si alguno de ellos había sido procesado en orden a los hechos que habrán de ser materia de tratamiento en esta resolución, e incluso si los imputados continuaban con vida, En función de ello se produjo el certificado que antecede a la presente resolución”.

Los hilos sueltos, los olvidos y el desorden, como se sabe, les sirven a los abogados penalistas “sacapresos” (incluso cuando se trata de delitos de lesa humanidad) para pedir la inmediata liberación de sus defendidos, para denunciar que no se cumplen las “garantías procesales” o para solicitar nulidades y sobreseimientos, especialmente si los jueces que llevan las causas son amigos, o deben favores, o son amigos de algún amigo.

En el caso concreto de “Mississippi-Bahía Blanca”, resulta inevitable, para cualquier juez imputar a la mano de obra de los delitos de lesa humanidad cometidos en las guarniciones militares y centros clandestinos de detención. Saber, por ejemplo, quiénes eran “Chiche”, “el Turco”, “el Tío”, “el
Pelado”, “Peine”, “Gatovaca”, “Loro”, “la Bruja”, “el Abuelo”, “el Flaco”, “el Zorzal”, “Chamamé” o “el Perro” (apelativos usados por los custodios del centro clandestino de detención “La Escuelita”).

Pero es más importante -aunque mucho más difícil (ya que tenían y todavía tienen poder)- imputar, indagar, procesar y finalmente condenar, si corresponde, a los integrantes de distintas asociaciones ilícitas formadas para llevar adelante un plan de exterminio y de eliminación de personas, causando a la ciudad de Bahía Blanca y a su pueblo (que no hay que confundir con el establishment) un daño que ni siquiera hoy somos capaces de medir ni de evaluar, y que acaso nunca se alcance a reparar.

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