VÍNCULOS. Cacho Caselli y el tráfico de armas y drogas

Miradas al Sur. Año 5. Edición número 233. Domingo 4 de noviembre de 2012

 

POR EDUARDO ANGUITA eanguita@miradasalsur.com

El ex embajador argentino en El Vaticano ocupa un lugar central en la compleja trama de las actividades ilícitas que más dinero mueven en el mundo. Los controles que hay en la Argentina.

Esteban Caselli fue parte del círculo íntimo de Carlos Menem. También tuvo relaciones estrechas con Alfredo Yabrán. Fue embajador argentino en El Vaticano. En ese entonces, lo apodaban el Obispo. Cuando murió Farol Wojtyla, en abril de 2005, tanto Menem como su archienemigo Eduardo Alberto Duhalde se alojaron en el hotel Parco Dei Principi, donde Caselli suele dar grandes fiestas y todos lo adjudican a su propiedad.

En la trama de secretos vaticanos existe la Soberana Orden de Malta, con sede en esa isla, una ex colonia británica ubicada al sur de Sicilia. Antonio Caselli, hijo de Esteban, no sólo es el eterno candidato de Daniel Hadad a presidir River Plate, sino el embajador ante la Argentina de esa soberana orden. En cuanto a Esteban, es senador italiano, producto del voto de los residentes italianos en el extranjero.

¿Por qué Caselli? La prensa italiana (salvo Radio Vaticano que informó a este cronista que de ese tema no se ocupa) reveló que el caído en desgracia Silvio Berlusconi y el senador ítaloargentino están involucrados en una transacción ilegal que suma 600 millones de euros. Se trata de la comisión del 11% de ventas por contratos entre Finmeccanica y Rusia, Indonesia y Brasil.

Finmeccanica es un holding estatal italiano dedicado a fabricación de aviones militares que, según su propia página web, está entre las 10 empresas más importantes del mundo en el sector. Fue creada en 1948, cuando la reconstrucción italiana corría por cuenta de Estados Unidos y apoyo de Gran Bretaña. Las investigaciones, ahora que pegarle a Berlusconi parece fácil, llevaron a que Il Cavalieri dijera –según consta en las grabaciones telefónicas que constan en el expediente– varias veces el nombre de il professore Caselli.

Si en la Argentina la causa del contrabando de armas y de la voladura de la fábrica militar de Río Tercero se hubiera llevado a fondo, los argentinos y el mundo podrían haber dado pistas para detectar otros tantos negocios que promueven guerras. Pero “las razones de Estado” y los compromisos internacionales no firmados llevaron a que esa espantosa trama delictiva haya quedado archivada. Los FAL argentinos que llegaron ilegalmente a la ex Yugoslavia estaban al lado de otros tantísimos fusiles de origen norteamericano, británico, belga y alemán. Los señores de la guerra no son sólo los delirantes traficantes como el que interpreta Nicolas Cage, sino los empresarios privados y funcionarios de Estado que manejan los diferentes tentáculos del poderoso complejo militar industrial globalizado con primacía de intereses norteamericanos y británicos y que lograron desarmar el poderío de la ex URSS.

Argentina. En el ranking de actividades ilícitas que mueven dinero en abundancia, la venta de armas y la corrupción política ponen en evidencia las debilidades de los Estados. Cuando Augusto Pinochet viajó a Londres en abril de 1998 para reunirse con Margaret Tatcher no estaba únicamente desafiando al juez Baltasar Garzón y la jurisdicción internacional por crímenes de lesa humanidad, sino que también buscaba arreglar el pago por la compra de armamento hecho por su gobierno a empresas británicas.

El dictador fue detenido y fue un paso para la lucha por la dignidad cuando faltaban pocas semanas para el 50 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Sin embargo, las denuncias sobre el cobro de comisiones ilegales por la compra de armamento siguen siendo secretos de Estado. Los crímenes probados, como decía Rodolfo Walsh, y los delincuentes sueltos.

Años después de la muerte de Pinochet, la Brigada Investigadora de Lavado de Activos de la Policía Civil de Chile elaboró un largo informe con precisiones sobre dónde estaban los sobreprecios y cuáles eran las sociedades inventadas que cobraban las coimas en los paraísos fiscales.

En la Argentina, desde hace 12 años, existe la Unidad de Investigaciones Financieras. Al frente está José Sbatella quien viene siguiendo estos temas. Según relata, en Italia tuvieron que disolver 13 municipios porque, ganara el partido político que ganara, ganaba la Mafia, la Ndrangheta o alguna otra hermandad de negocios clandestinos.

En los últimos dos años, la Argentina puso en marcha un mecanismo pensado para detectar dinero ilegal. Sbatella cuenta que existe un registro que tiene “25 mil sujetos obligados”. Se trata de personas físicas o jurídicas como bancos, transportadoras de caudales, casas de cambio, registros de propiedad automotor, entre otras, que mueven alguna etapa del circuito del dinero. Esas personas obligadas deben dar cuenta del origen del dinero. Permite dar precisiones para que la Justicia ordene congelar fondos de prófugos o esclarecer movimientos de sociedades o personas enroladas en sociedades delictivas.

Por ejemplo, la UIF ayudó a esclarecer los movimientos de dinero de narcotraficantes como Ignacio Álvarez Meyendorff, detenido en Ezeiza en 2011. Quizá puedan ayudar a esclarecer los negocios de Henry de Jesús López Londoño, recientemente detenido y que logró contar con los servicios de un abogado muy peculiar: el ex comisario Juan José Ribelli, quien además defiende a los acusados del triple crimen de General Rodríguez. Ribelli era de la Bonaerense.

Cuando se habla que las redes de narco tienen a la Argentina como lugar de tránsito –para llevar droga elaborada en otros países latinoamericanos a distintos puntos de Europa– se desestiman otros dos aspectos. El primero es que tantos las jefaturas policiales autogobernadas como muchos funcionarios judiciales o municipales nutren sus bolsillos de dineros de narcos locales, que tienen cocinas locales y sicarios locales. El consumo de estupefacientes llega a los más encumbrados hombres y mujeres de poder financiero y político así como los personajes de la farándula. Muchos de los proveedores de los círculos encumbrados están asociados a agentes o ex agentes de Inteligencia que usan esa información para extorsionar a personas que están asociadas a la toma de decisiones sobre drogas ilícitas y, al mismo tiempo, son usuarios de ellas.

El segundo asunto, más grave aún, es que la Argentina tiene entre 100 y 150 mil millones de dólares fuera del circuito legal. Se trata de dinero que esquivó el circuito ilegal y en consecuencia el pago de impuestos. Sbatella estima que “la mitad de ese dinero está en cajas de seguridad bancarias”. Agrega que a partir de la sanción de la ley antilavado de 2011, “todo el dinero generado por delitos no prescriptos daña un bien protegido nuevo que es el orden económico y financiero, porque compiten en forma desleal con los dineros lícitos. Entonces, en todos los casos en que haya delitos que no prescribieron por las leyes penales de cinco a 10 años en la Argentina, o de Lesa Humanidad”, pueden ser alcanzados por la Justicia.

“Entonces –agrega Sbatella– jurídicamente va a haber una gran discusión, a mi entender, sobre cómo se soluciona este tema de explicar el origen de los fondos que, por evasión impositiva u otros ilícitos, se está dañando este bien protegido.” No sólo se trataría de una suma de dinero monumental para las arcas públicas sino que permitiría armar la Conadep de la corrupción. Un desafío que permitiría, además de alejar los negocios de los narcotraficantes internacionales, hacer más creíble a esa compleja trama de decisiones en la que se mueven los hombres y mujeres de poder. A veces caminan sobre un campo minado sin saberlo y otras saben muy bien que hay decisiones que tienen costos que no pueden o no quieren pagar.

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