CASO MILANI/6: Lo que está en juego

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A diferencia de Alejandro Horowicz, respaldo explícitamente a Cristina y su potestad de nombrar a Milani al frente del Ejército. Pero como él, creo que Milani se metió en una trampa al responder al cuestionario del CELS. Porque no tenía más remedio que contestarlo como si estuviera imputado y ante un juez. Porque en la Argentina, la franqueza no paga, y ahí tenemos a periodistas que en los años ’70 fueron guerrilleros y ahora se comportan como si fueran graduados de Harvard o Yale y trabajaran en el NYT.  Al responder el cuestionario del CELS. Milani cayó en una trampa porque decir la verdad lo hubiera puesto fuera de carrera: en los ’70 todos sabíamos en términos generales que se estaba procediendo a un exterminio, nuestro exterminio. Todos, Milani y todos los jefes militares que lo precedieron. Todos, Verbitsky, Anguita, Horowicz, yo y todos los que tuvimos  militancia política en los ’70. Todos. Los que no sabían es porque o vivían dentro de una caja de fósforos Ranchera o no querían saber. Todos sabiamos y no hubo un solo militar, que yo sepa, que se exiliara y lo denunciara a los organismos humanitarios internacionales (quedarse en el país en esas circunstancias era imposible). Horowicz señala con precisión que el debate imprescindible es que Fuerzas Armadas queremos y también lo que está en juego: Todo.
Por eso, porque es un juego a todo o nada, me parece imprescindible sentar posición.

Para pensar el escenario de un ascenso

El problema es la crisis de las Fuerzas Armadas y las consecuencias políticas de un proceso que no figura en la agenda pública.

La reacción quiere que Cristina, como dijo Alfonsín, «eche los bofes», retrotraer la situación a antes del 19 y 20 de diciembre de 2001

¿Cómo entender el ascenso del general César Milani? ¿Cómo una necesidad funcional del gobierno? ¿Cómo un error político? ¿Cómo una abdicación de la política de Derechos Humanos del gobierno nacional? ¿Una evaluación contradice la otra?
Milani ascendió, el Congreso aprobó su pliego; el oficialismo y sus aliados defendieron al general con su voto, las distintas corrientes opositoras votaron contra su ascenso. Las formas han sido respetadas, la institucionalidad republicana, tan cara al conservatismo liberal, se han seguido escrupulosamente; ambas partes argumentaron en el recinto y a mi ver ambas eludieron el problema de fondo: la crisis de las Fuerzas Armadas, las consecuencias políticas de un proceso de descomposición que no figura en la agenda pública. Un escándalo que no escandaliza.
Milani sintetiza en su figura una ausencia muy grave: una política militar que se proponga algo más que impedir la autonomía de las instituciones armadas. El precio de quebrar el funcionamiento del partido militar sólo es un modo de contarlo sucintamente, no puede ser, no debería ser, la ausencia de un programa de reconstrucción democrática de las Fuerzas Armadas. No nos equivoquemos tan burdamente, creer que los pergaminos democráticos de un oficial superior y el carácter democrático de la fuerza son una misma cosa. El verdadero escándalo: reducir la institución armada, su naturaleza, a un nombre propio. Con una aclaración inmediata: esto no supone de ningún modo convalidar el nombramiento de César Milani.
Volvamos a empezar. Desde el momento en que las Fuerzas Armadas reprimen a la guerrilla revolucionaria de los ’70 mediante la conformación de Grupos de Tareas (GT), la cadena de mandos queda suspendida. O en todo caso, subordinada en última instancia a los jefes operativos. Vale decir, el orden piramidal donde una jineta más hace la diferencia entre ordenar y obedecer, pierde paulatina vigencia. Precisemos, una orden jerárquica instituye los GT, y al hacerlo autoriza a ignorar la cadena de mandos, porque la somete a la lógica operativa de los GT. Si un GT choca con la cadena, prevalece el GT. Esto no lo ignoraba nadie, ni dentro ni fuera de las Fuerzas Armadas, por tanto operaba como una verdadera reeducación política. Por eso oficialitos secundarios, como Astiz, se emergieron bajo la luz alfonsinista como si fueran protagonistas políticos.
Al tiempo que la delimitación interna entre fuerzas, las complejas relaciones del Ejército con la policía, entre la Marina con la Prefectura, terminaron existiendo tan sólo en el organigrama administrativo. Esa era la estrategia represiva adoptada y ejecutada desde el Operativo Independencia, en febrero de 1975, por la entonces presidenta constitucional María Estela Martínez de Perón. Y esa estrategia continuó durante la cacería iniciada el 24 de marzo del 76.
Al interior del GT la diferencia de rangos se volvía difusa. No sólo porque el comando operativo quebraba la lógica de «los mandos naturales», sino que en nombre de la eficacia represiva –aumentar el número de capturas mediante el uso de una política de terror sistemático– organizaba una institución dentro de la otra. Una parte de la fuerza «combatía» a través de los GT, la otra observaba en silencio el desarrollo de los acontecimientos. Los «oficiales de escritorio» integraban el orden diurno, donde los aullidos de la represión llegaban atemperados, y los «oficiales combatientes» picana en mano, aseguraban la victoria del orden occidental y cristiano.
Es cierto que la mayor parte de esos oficiales pasaron a retiro, y por tanto el problema biográfico tiende a desaparecer; ahora bien, los patrones de selección de personal (escuelas militares) no abandonó la lógica del gueto endogámico, los encargados de la formación, los programas y los encargados de llevarlos a cabo, siguen básicamente inalterados; basta recordar la incidencia directa de la Iglesia Católica y los capellanes militares y, sobre todo, señalar que la sociedad no se puso a pensar cómo organizar una estructura militar de ciudadanos armados. Más bien avanzó en la dirección opuesta, con la «profesionalización» de toda la fuerza.
EL AFFAIRE MILANI. El CELS –a pedido del propio general– envió un cuestionario que permite y no permite evaluar su comportamiento pasado. Escribe Horacio Verbitsky en su columna dominical de ayer. Milani reconoce que «sólo trasladó detenidos de la cárcel legal al juzgado legal». Recuerda el periodista que en esa cárcel funcionaba un centro clandestino, que la justicia probó que allí se torturaba, y que el juzgado entonces interviniente no garantizaba precisamente la seguridad de nadie, ya que cumplía una función autoasignada en el circuito represivo, motivo «por lo cual hoy está detenido el entonces juez Roberto Catalán».
Verbitsky añade que Milani sostiene que no conocía a «quienes trasladaba ni qué se les reprochaba, ya que todo el trámite estaba a cargo de la policía. Esta afirmación contradice la normativa vigente entonces, por la cual el Batallón 141 era el asiento del Área de Seguridad 314, que encabezaba la represión en La Rioja y que conducía operacionalmente a las demás fuerzas, provinciales y nacionales, como la Fuerza Aérea y las policías».
Este ejemplo, hay muchos más, permite entender. La pregunta cae de maduro: ¿podía Milani ignorarlo todo? Obvio que no. Ahora bien, ¿puede hoy Milani admitir que lo sabía sin ser penalmente imputado por su «conocimiento» de entonces? Milani responde el cuestionario como lo haría ante un juez, evita cuidadosamente cualquier rango de responsabilidad personal, y para lograrlo casi sin proponérselo termina deslizándose hacia la responsabilidad política.
Desde el momento en que debe transformarse en un oficial ciego, sordo y mudo, desde el momento en que nada de lo que allí sucedía puede ser admitido, se trasviste en reproductor «moderado» del discurso procesista. Para un procesista clásico, la imputación de los organismos de Derechos Humanos era una infamia. Un ataque encubierto contra las Fuerzas Armadas. Ese era el discurso «oficial» anterior a los levantamientos carapintada.
El Juicio a las Juntas del ’85 volvió imposible sostenerlo, las pruebas eran abrumadoras, y aun así el autismo militar prosiguió su marcha. Adolfo Scilingo escoró definitivamente en los noventa esa posibilidad, cuando reconoce lo que todos sabían. Y Jorge Rafael Videla, puesto entre la espada y la pared, admitió al final de su vida el asesinato aleve de miles de prisioneros políticos. Sólo se atrevía a discutir el número de víctimas.
Milani no es responsable de las órdenes impartidas, pero pretende no ser responsable de nada. Es precisamente esa imposibilidad, no el caso del soldado Alberto Agapito Ledo, la que lo vuelve políticamente responsable de todo ese pasado en este presente. Y el «error político» del gobierno alcanza en ese punto máxima relevancia: lastima su legitimidad política, cuando esta legitimidad está siendo erosionada por la crisis política nacional. Dicho de un tirón, disminuye su capacidad de maniobra frente a la crisis. Esto es así, aunque Hebe de Bonafini se inmole a la lógica de las circunstancias, y sonría junto al oficial que no torturó a nadie.
Si fuera preciso diferenciar el impacto de la crisis política nacional en los dos partidos mayores, diríamos: el PJ la soportó mejor que la UCR. ¿El motivo? Tanto Raúl Alfonsín como Fernando de la Rúa no pudieron completar sus mandatos. En cambio Carlos Saúl Menem controló el desbocado potro de la política hasta el final. El gobierno K «hereda» el signo de la gobernabilidad sistémica, y en medio de una colosal debacle logra sostenerlo.
Si Cristina Fernández tuviera que abandonar la Casa Rosada antes de que se venza su mandato constitucional, si las distintas crisis convergentes –dólar, precios y salarios, policía– facilitaran el incendio, los poderes fácticos, los que no dependen del resultado de ninguna elección, restablecerían sus propios términos políticos. Es decir, la situación anterior a 2001. Y esa es la batalla que ruge en la trastienda y se hace sentir ante una sociedad alucinada.

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