CASOS AMIA – NISMAN. Maniobras de encubrimiento (incluso del encubrimiento) y un detenido por falso testimonio
Como en otros muchos aspectos de su labor de Gobierno, el de Macri ha puesto al zorro a cuidar las gallinas en lo que hace a las investigaciones de las matanzas de la Embajada de Israel y la AMIA y la muerte del fiscal Nisman. Así es que el ministro de Justicia Germán Garavano ha viajado a Estados Unidos a pedir ayuda, y dijo haber obtenido la del FBI a pesar de que, en la práctica, la justicia yanqui no ha movido un dedo para abrir las casillas de e-mails del occiso de modo de conocer su correspondencia antes de que su cerebro quedara destruido por un balazo de un arma que le había pedido especialmente a un asistente…
Todo como si el FBI y la CIA no hubieran pasado todo un mes en 1998 hurgando en la documentación de la SIDE (y presumiblemente también de las policías) para concluir que todo lo hecho por el prevaricador Galeano y sus secretarios estaba perfecto, es decir, convalidaron las falsas acusaciones contra el comisario Juan José Ribelli y demás policías bonarerenses.
Su única crítica fue que Albertito Jacinto Kanoore Edul (a quien se acusaba falsa y extrajudicialmente de haberle traspasado la supuesta Trafic-bomba que nunca existió a gente de Hezbolá) estuviera en libertad.
Misión imposible
En cuanto al radical Mario Cimadevilla, al que el gobierno puso al frente de la unidad gubernamental encargada de impulsar las investigaciones pero al que le retaceo hasta último momento los pasajes y viáticos para que cumpliera con su misión: ir a Europa a estudiar como podría hacerse para juzgar en ausencia a los acusados iraníes por el hipercorrupto Nisman, de modo de condenarlos y así poder cerrar la causa.
Antes de viajar para entrevistarse con las autoridades del Tribunal Penal Internacional y pedir asesoramiento a los servicios de inteligencia de la Guardia Civil española, Cimadevilla dijo cosas muy interesantes, que demuestran lo abrumado que está. Por ejemplo que la causa AMIA «es muy voluminosa, son más de 200 mil fojas, nosotros calculamos que llevaría entre 4 y 5 años leerla; no hay mente que pueda retener todas las implicancias, los detalles escritos en esas 200 mil fojas”, la mayopría de la cuales, comenta Pájaro Rojo fueron escritas, precisamente, para tapar con la hojarasca las verdades más elementales que surgían de leer los primeros cuerpos de la causa.
Cortina de humo
En sintonía fina con estas iniciativas y con el reaparecido «Jaime» Stiuso y para completar el desaguisado, la jueza Sandra Arroyo Salgado (que estuvo casada 17 años con el hipercorrupto Nisman, por lo que no puede sospecharse que sea precisamente una beata) sigue insistiendo que la muerte de su ex fue un «magnicidio» (?) y dijo que buscará la intervención de la OEA.
El juicio
Mientras tanto, el juicio por el encubrimiento continúa con más pena que gloria. Memoria Activa, que nunca ha criticado públicamente la falacia de las acusaciones a Edul (lo que no implica extenderle un certificado de inocencia, se trata de que si Edul tuvo alguna participación, no es la de que se lo acusa), informó que en la audiencia nº 37 dio su testimonio Norberto Antonio Godoy, empleado administrativo y chofer de Albertito a quien éste acusó falsamente de hanber llamado por su celular ¡un domingo! a la casa de Telleldín.
Lo mas importante que habría contado es que no le consta que los policias al mando del comisario Jorge Palacios hubieran allanado realmente las oficinas de la firma Aliantex.»Un día llegué al comercio y había policías que preguntaban por Alberto Kanoore Edul. Cuando me retiré, los policías seguían en el lugar», habría dicho.
También dijo que para la época del atentado los Kanoore Edul buscaban comprar una camioneta nueva ya que la que tenían era muy vieja.
Sigue informando Memoria Activa:
Por último declaró Carlos Gardiner, hasta 1996 secretario en la Cámara de Comercio Árabe-argentina. Por esa labor conoció de cerca a Alberto Kanoore Edul (padre), quien se desempeñaba como tesorero y a quien acompañaba «semana de por medio» a la Casa Rosada a visitar al ex presidente Menem y a su hermano Munir, con quienes mantenía una relación entre familias «de más de 30 años». «Le llevaba empanadas típicas árabes y entraba sin ningún control o registro», aseguró Gardiner.
También, dijo el testigo, Kanoore Edul concurría con frecuenta a la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), que quedaba a metros de la Cámara. Explicó que las relaciones del organismo comercial con altos funcionarios del gobierno servían de resguardo por las irregularidades administrativas que se cometían.
En concreto sobre el atentado a la AMIA, Gardiner contó haber pasado por «situaciones extrañas». Por ejemplo, luego del atentado se realizaban reuniones con funcionarios de embajadas árabes, personal de la SIDE y funcionarios del gobierno de Menem. «Yo sólo servía el café», comentó y dijo «Cuando le pregunté a Edul padre sobre el atentado, me dijo que no preguntara o me mandaría de vuelta al trabajo».
Por otro lado, después del atentado, Kanoore Edul hijo lo invitó a su casa para contarle, según recordó, que los investigaban por el atentado. «Estaba muy nervioso y se lo veía preocupado», dijo Gardiner, quien a partir de ese momento comenzó a confundir los episodios y los momentos en los que ocurrieron y mezcló esa reunión con su declaración testimonial de 2005 ante el ex fiscal Alberto Nisman.
Los abogados defensores aprovecharon ese momento y continuaron confundiendo al testigo para quitarle credibilidad. De todas formas, los datos aportados acerca de las relaciones entre los Kanoore Edul y los Menem, la SIDE y el atentado, resultan relevantes para la investigación.
Respecto a la audiencia realizada hace una semana, la nº 38, Memoria activa informó que declararon efectivos del Departamento de Protección al Orden Constitucional pero, insólitamente, no consignó sus nombres.
En una nueva audiencia del juicio por encubrimiento declararon tres policías de la Federal que se incorporaron a la División (sic) Protección al Orden Constitucional (POC) a raíz del atentado a la AMIA.
Si bien no queda claro si fue el entonces juez Juan José Galeano quien los designó personal y especialmente para la investigación (como hizo con Jorge «Fino» Palacios y su equipo), los dos primeros testigos contaron que conocían a Galeano desde antes del atentado y fueron asignados al DPOC para la causa AMIA, a pesar de haber estado procesados en varias causas con anterioridad al atentado.
Una de las imputaciones que, según admitió (¿quién?) recayó sobre Carlos Heise, el primero en declarar, era por el delito de falsedad ideológica. Es decir, haber puesto datos falsos en una declaración u otros escritos. De esto se desprende que el currículum del agente policial no fue relevante para designarlo en el POC como una de las personas encargadas de tomar declaraciones y realizar transcripciones relativas a la causa AMIA.
Aún así, Carlos Heise admitió estar en desacuerdo con la forma en la que se trabajaba en el POC y que, por lo tanto, se limitó durante meses, a permanecer en la oficina. Se refirió, por ejemplo, a la manera en la que ingresaban detenidos: sin previo aviso, como Carlos Telleldín y Ana Boragni. «Los traía la gente de Palacios pero no nos avisaban a nosotros», contó.
También hablaba de la pista que apuntaba a Alberto Jacinto Kanoore Edul y su relación con Telleldín y el atentado. «Le tomamos declaración, había información. A mi me gustaba Kanoore Edul pero a dónde fue a parar, no sé», admitió y explicó a su vez que si bien intentó transmitirle la importancia de la prueba a su superior Carlos Castañeda, al entonces Juez Galeano y a los ex fiscales Eamon Mullen y José Barbaccia, no se continuó con esa línea de investigación. «No me dejaron investigar», concluyó.
Por otro lado, Heise dio a entender que, si bien no se metía en el tema, cuando se analizaban escuchas telefónicas se buscaban los casetes en la Secretaria de Inteligencia del Estado (SIDE) y luego se devolvían, en muchos casos, para ser re-grabados. Es decir, se reutilizaban los casetes con pruebas. Esto es importante, además, porque en ese contexto se investiga la desaparición de casetes, delito que se le imputa a Jorge «Fino» Palacios y a Carlos Castañeda, jefe del POC.
Esto fue también confirmado por los dos testigos siguientes, José Portaluri y Humberto Almerich. Este último era quien se encargaba, de hecho, de transportar los casetes de una dependencia a la otra y de su testimonio se desprende que si bien la SIDE emitía un recibo cuando entregaba los casetes con escuchas al POC, no se dejaba constancia de la devolución de los mismos.
José Portaluri, por su parte, recordó haberle tomado declaración a Alberto Jacinto Kanoore Edul y no creerle «ni una palabra». Sin embargo no recordó si su opinión en torno a ese testimonio llegó al entonces juez Galeano, con quien dijo haber compartido causas previas al atentado y de quien juró «con la paz absoluta de las seguridades» no haber recibido pedidos para desviar la investigación.
Por último, cuando le preguntaron por la detención y declaración de Carlos Telleldín y su ex esposa Ana Boragni, dijo no recordar muchos detalles, a pesar del esfuerzo solicitado por la defensa de la imputada Boragni. Cuando le tocó declarar en este juicio, Boragni denunció haber recibido un fuerte maltrato por parte de quienes le tomaron declaración en el POC. Pero sobre ello, Portaluri no dijo ni una palabra.
En estos momentos continúan declarando policías del disuelto DPOC. Veremos que informa Memoria Activa de sus dichos. Y ojalá tengamos también alguna otra fuente de información. Agradecemos la información acercada por José Petrosino. Pueden escribirnos a jotajotasalinas@gmail.com
Último momento: Llegó el parte de lo ocurrido esta mañana, enviado por Memoria Activa. Lo transcribimos:
En esta audiencia 39 del juicio por encubrimiento del atentado a la AMIA, declararon dos policías que investigaron el atentado durante años pero que, al parecer, no les resultó relevante, ya que de nada se acordaban. A uno de ellos, de hecho, se terminó pidieron la detención por falso testimonio.
José Luis Callojas trabajó entre 1997 y 2003 en el Departamento Unidad Investigación Antiterrorista (DUIA), cuyo jefe era el comisario Jorge «Fino» Palacios.
Desde allí tuvo contacto con varias líneas de investigación, pero la mayoría no las recordaba. Sï afirmó con seguridad que las órdenes les llegaban desde el juzgado de Juan José Galeano.
También recordó que debió investigar a la familia de origen sirio libanesa Kanoore Edul de la cual no había mucha información. «Investigué los volquetes de la empresa Santa Rita porque uno estaba en la AMIA y otro en la calle de la casa de Kanoore Edul», afirmó Callojas.
Esa investigación sobre los Kanoore Edul, se demuestra aquí, fue levemente retomada por la DUIA años después de los allanamientos de agosto de 1994, lo que demuestra que la pista se había abandonado.
Testigo detenido por falso testimonio
El siguiente testigo fue más reticente a contestar que Callojas y le costó una detención. Eduardo Aguilera, actual abogado, trabajó durante no menos de diez años para la investigación del atentado, primero para el Departamento Protección al Orden Constitucional (POC) y luego, desde 1997 y hasta 2005 para la DUIA.
Sin embargo, su cercanía a la investigación no le permitió recordar mucho más que generalidades y nada dijo sobre líneas de investigación, objetivos, hipótesis o resultados. Ante esto nos surge la pregunta de si de verdad investigaban o hacían de cuenta que lo hacían.
A su nulo interés por contestar, se le sumó una contradicción con lo que él mismo declaró ante el TOF 3 en el juicio por el atentado (2001-2004). En la audiencia de hoy, el testigo afirmó haberse enterado a través de los medios de comunicación del video en el que el ex juez Galeano negocia la falsa declaración de Carlos Telleldín. Y que, además, no le llamó la atención ni lo comentó con sus compañeros con los cuales investigaban el atentado.
En el juicio anterior Aguilera había afirmado que el video se lo mostraron en el juzgado de Galeano. Por esta razón la Fiscalía y las querellas pidieron la detención del testigo por falso testimonio. «Indigna a las víctimas del atentado ver cómo se comportaron funcionarios públicos que debían investigar», afirmó en su argumento Alejandro Rua, abogado de Memoria Activa.
Las defensas, como era de esperar, se opusieron a estos planteos pero cabe resaltar que una de las abogadas que más enfáticamente se opuso a la detención fue la del ex DAIA, Rubén Beraja. Con esto queda claro, nuevamente, a quién le interesa la verdad.
El Tribunal, tras un largo cuarto intrmedio, accedió a la detención de Aguilera marcando especialmente las inconsistencias del testigo agravadas por su cargo como principal, el tiempo que estuvo en la investigación (casi 10 años) y el trato «asiduo» con el juzgado de Galeano.
Lo único que puede rescatarse del testimonio de Aguilera es, en coincidencia con el primer testigo, el haber dmitido que la pista de Kanoore Edul se retomó en cierto momento, cuando en realidad se barajaban otras alternativas. Con esto también se desmuestra que la pista había sido interrumpida en el 94.
La próxima audiencia – el jueves 23 de junio- declarará Marcelo Martin, quien trabajó junto a Callojas y Aguilera, y, por otro lado, se esperan declaraciones de ex agentes de la SIDE.
