CASOS AMIA Y NISMAN. Quedó constituída la nueva Unidad de Investigación del Poder Ejecutivo, ahora con rango de Secretaría de Estado
Último momento: Sergio Burnstein aclara: «El tema Nisman no esta incorporado en esa secretaria, a la que solo le dieron una lavada de cara en el nombre. Por lo demás, sigue siendo la misma que era antes, cuando su titular era Luciano Hazan. El tema del Grupo GERAD se solucionó (por lo menos de palabra ante nosotros y el grupo mismo) con el compromiso del ministerio de asumir la continuidad del grupo.»
Recién hoy se publicó en BOE el decreto (ver abajo) que nombra al ex senador radical por Chubut Mario Cimadevilla secretario de Estado a cargo de la Unidad de Investigación del atentado a la AMIA (y, a partir de ahora, de las circunstancias en que encontró la muerte el fiscal Nisman) del Poder Ejecutivo a la que se elevó de rango. Y lo primero que tendra que hacer es responder por qué el ministro Garavano ha desmantelado elGerad: grupo que expurgaba y analizaba la documentación escondida por Stiuso.
A Cimadevilla se le encomendó la misión imposible de impulsar un juicio en ausencia a los altos funcionarios iraníes a los que Nisman acusó de haber instigado el ataque. Y digo misión imposible porque el juicio en ausencia es un controvertido instituto rechazado por la mayoría de los sistemas judiciales de occidente por hacer tabla rasa del derecho de defensa; que aún si se aprobara no se podría aplicar retroactivamente para juzgar hechos ocurridos hace un cuarto de siglo, y que aún si ciscándose en todo se pusiera en marcha semejante «auto de fe»… jamás podría hacerse de cara al público, ya que Nisman sostenía su acusación en una serie de dichos de enemigos mortales del gobierno de Teherán que de ningun modo constituyen pruebas.
Como puede apreciarse, el decreto avanza sobre atribuciones de la Unidad Fiscal AMIA, que tras la muerte del fiscal Nisman está a cargo de dos fiscales (Sabrina Namer y Roberto Salum) que son coordinados por Juan Patricio Murray, equipo en el que el gobierno de Mauricio Macri no confía que se limite a «hacer la plancha» como hacia Nisman para beneplácito de sus mandantes de la CIA y el Mossad.
Así, en el artículo 3 inciso 1 se faculta a la nueva secretaría de Estado a «Intervenir como parte querellante en las causa judiciales por encubrimiento del atentado a la sede de la AMIA, coordinando su accionar con el de la Oficina Anticorrupción del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos», es decir con Laura Alonso, y en artículo 4 a «Establecer espacios de diálogo con las entidades de la comunidad judía de la República Argentuna y con todas aquellas asociaciones comprometidas con el esclarecimiento del atentado», y el 5 «Establecer contacto con organismos nacionales e internacionales que puedan proporcionar aportes….», lo que da pretexto para que la nueva secretaría de Estado establezca contactos con aquellos servicios de inteligencia extranjeros que, al igual que la mayor parte de los dirigentes de «la cole», no sólo no están interesados en que las investigaciones avancen sino que bregan activamente para que no se haga nada opaque la acusación contra Irán, acusación que, por cierto, ya se había levantado automáticamente poco después del atentado a la Embajada de Israel (curiosamente, el decreto ni siquiera menciona a este bombazo, quizá porque hasta un niño de teta -invito a leer el capítulo pertinente en mi «Caso Nisman: Secretos Inconfesables»- puede darse cuenta de quienes y cómo colocaron la bomba que la demolió (foto).
Claro que el artículo 9 reza que la nueva secretaría debe «actuar como Auxiliar de la Unidad Fiscal». No parece que se trate de una ayuda desinteresada. Por lo pronto, el gobierno Mau ha reducido el personal que a las órdenes de Murray estudia una enorme cantidad de material relativo a los atentados que la SIDE ocultaba en varias de sus sedes (25 de Mayo, Estados Unidos, Billinghurst, Avenida de los Incas) a pesar de la órden del presidente Néstor Kirchner de desclasificarlas y permitir el acceso al público, lo cual (como la Apemia de Laura Alche de Guinsberg denunció siempre) no ocurrió hasta que Stiuso fue obligado a jubilarse.
PS: Vi a Cimadevilla en «A dos voces». No parece un desalmado, pero si una persona que no conoce la causa AMIA en profundidad, y que está constreñida a agradarle al presidente que lo nombró y a los dirigentes de la cole… que son los principales responsables de que la causa se haya empantanado hace ya casi dos décadas. En fin, que me parece obvio que la elevación a Secretaría de Estado es más un «pago» a Cimadevilla que otra cosa. Por lo pronto, a Cimadevilla ya le llegaron reclamos por el desmantelamiento del grupo que expurgaba y analizaba la documentación celosamente escondida por los Stiuso’s boys en distintas sedes de la ex SIDE:
Tomado de La Voz Judía:
El Grupo Especial de Relevamiento y Análisis Documental (GERAD) dejó de trabajar a raíz de que no se renovaron los contratos de sus integrantes, ya que ni el Ministerio de Justicia ni la Procuración dieron los pasos para que continúe el análisis de los documentos secretos relacionados con la causa AMIA que fueron desclasificados.
Luego de que el ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Germán Garavano, se negara a prorrogar los contratos de los trabajadores del GERAD, el grupo de trabajo interdisciplinario organizado por la Procuradora Gils Carbó y la Unidad Fiscal AMIA quedó formalmente disuelto. Desde las agrupaciones de familiares Memoria Activa y APEMIA tomaron nota de la polémica decisión y reclamaron que no se interrumpa el proceso de desclasificación de archivos reservados de la ex Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE).
Tanto Garavano como Gils Carbó se acusan mutuamente de ser responsables por no financiar y disolver al equipo. El GERAD comenzó su tarea hace cinco meses, después de 12 años y decenas de decretos que prometieron abrir los archivos secretos. Su función principal es identificar, organizar y preservar la documentación de la ex SIDE desclasificada por el Poder Ejecutivo y la que esté en poder de la actual Agencia Federal de Inteligencia.
La propuesta había sido presentada por Sabrina Namer, Roberto Salum y Patricio Sabadini, los titulares de la dependencia del Ministerio Público encargado de la investigación del atentado a la mutual judía, en el marco de un plan de trabajo programado tras la muerte del fiscal Alberto Nisman. El GERAD contaba con la colaboración de la Unidad Especial de Investigación del atentado contra la AMIA, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.
Ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la Argentina no sólo asumió el compromiso de desclasificar los archivos de los servicios de Inteligencia, sino también de realizar un relevamiento de todo lo que esconden esos archivos y evitar que se pierdan. Los familiares agrupados en Memoria Activa, el CELS y otras organizaciones reclaman que este trabajo imprescindible no se frene.
“Expresamos nuestra solidaridad para con los profesionales del GERAD y exigimos que se conforme una Comisión Investigadora Independiente en el ámbito del Congreso Nacional, que tenga acceso irrestricto a los archivos secretos para conocer la verdad e impulsar el juicio y castigo para todos los responsables en el crimen de nuestros familiares y amigos en la AMIA”, reclamó APEMIA mediante un comunicado.
Por su parte, el CELS y Memoria Activa enviaron una misiva al Ministro de Justicia y al titular de la flamante secretaría de Investigación del atentado a la AMIA, Mario Cimadevilla, para expresar su preocupación ante la disolución del GERAD. “La creación del GERAD y la aprobación del protocolo elaborado para hacer el relevamiento y asegurar el resguardo de la documentación, representan acciones concretas dirigidas a garantizar la transparencia del proceso de desclasificación y a dar acceso real a las partes. De acuerdo a los avances de dicho trabajo, el mantenimiento de este grupo de trabajo es una condición de sostenibilidad y continuidad de las tareas comenzadas”, afirma la carta firmada por Adriana Reisfeld y Diana Wassner, respectivamente presidenta y secretaria de Memoria Activa.
En otro tramo del reclamo, la agrupación sostiene que “el cambio de gobierno tuvo como consecuencia la no renovación de los contratos para los integrantes de ese Grupo, lo que ha generado una total incertidumbre sobre la continuidad de las tareas encomendadas”. Para finalmente expresar la frustración que genera el hecho de “que se frene un proceso que estaba avanzando en uno de los puntos centrales del compromiso asumido por el Estado argentino en el marco del trámite del caso internacional ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”.
http://lavozjudia.com/2093-2/
