Faltaron los abrazos, pero hubo calor de muchas personas que esta vez siguieron el veredito a través de la transmisión online. Por videoconferencia, debido a las medidas de Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio, el Tribunal Oral Federal número 2 de Rosario condenó a prisión perpetua a José Rubén Lofiego, Mario Alfredo Marcote, Ramón Rito Vergara, Ramón Telmo Alcides Ibarra, José Scortecchini y Ernesto Vallejos en la causa Feced III y IV, que juzgó delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico militar y eclesiástica en el centro clandestino de detención Servicios de Informaciones, el mayor de la provincia, por donde pasaron unos 2000 detenidos-desaparecidos. Lofiego y Marcote fueron encontrados culpables de haber violado a dos detenidas, en la primera condena por delitos sexuales en el marco del terrorismo de estado en Rosario. En esta causa, que juzgó delitos de lesa humanidad contra 188 víctimas, también recibieron pena Héctor Gianola –es su primera condena– y Eduardo Dugour, a 22 años; Julio Héctor Fermoselle, a 18 años y Lucio Nast a 16 años de prisión. 

Antes de leer el veredicto, y en consonancia con lo solicitado por las querellas, la jueza Lilia Carnero leyó un breve texto redactado por “la mayoría” del Tribunal que preside –y que integran también Eugenio Martínez Ferrero y Aníbal Pineda– en el que calificó a esta sentencia como una “reparación histórica a las víctimas enumeradas en el veredicto, contra quienes se encuadraron de forma combinada casi todas las instituciones en aquella nefasta época de la historia de nuestro país”. Este mensaje, en el que también encomienda a los medios de comunicación que den amplia difusión al veredicto, fue un pedido expreso de la querella de H.I.J.O.S. Rosario, al que el Tribunal hizo lugar.

“No es posible entender esta sentencia contra 10 verdugos del pueblo y vendepatria condenados en Rosario, sin reconocer que detrás de ese veredicto hay una larga lucha colectiva iniciada y sostenida por sobrevivientes, familiares, Madres y miles de organizaciones populares”, escribió el militante de H.I.J.O.S. Juane Basso.

Lofiego había sido condenado a prisión perpetua en 2012, en la causa Díaz Bessone, y si bien la mayoría contaba con condenas anteriores, la decisión del Tribunal se acercó a los pedidos de la Fiscalía, a cargo de Adolfo Villate (foto) y de las querellas. “Es una sentencia muy buena, muy positiva, que respondió a la contundencia de la prueba. Lo que condena a las personas imputadas son las pruebas y en el caso Feced, hay muchísima prueba que ha sido recogida desde la vuelta de la democracia, con mucha cercanía al momento de los hechos”, consideró la fiscal ad hoc, Ana Oberlin y subrayó que por primera vez se haya condenado por delitos por medios sexuales y que la condena de Lofiego se haya debido al pedido de la Fiscalía para que se amplíe la acusación. En su declaración, la víctima del abuso sexual relató su enojo porque ese delito no hubiera sido considerado para su juzgamiento, pese a haberlo contado en la etapa de instrucción. “El Tribunal se la jugó, no era fácil. Hubo un pedido de cambio de calificación de un hecho que venía elevado a juicio, y los jueces se podrían haber lavado las manos fácilmente, pero lo tomaron en cuenta, como correspondia, y nos parece muy importante”, ponderó Villate sobre ese aspecto de la sentencia.

“Es una sentencia muy buena, muy positiva, que respondió a la contundencia de la prueba”. Oberlin

Las dos víctimas de violación –Stella Hernández, secretaria de organización del Sindicato de Prensa de Rosario y Adriana Beade– son representadas por la abogada Gabriela Durruty, de la querella de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. “Más allá de celebrar las condenas, que están a la altura de lo que pedimos, hay que destacar el valor de las dos, y que la sentencia de alguna manera es un broche a todo el trabajo para construir esta acusación. Si bien lo que se ve es la audiencia de debate, estas acusaciones llevan mucho tiempo, mucho trabajo, y mucho esfuerzo personal por parte de las víctimas. Las dos compañeras pusieron el cuerpo y el alma y ahora ven la recompensa en esta sentencia”, dijo la abogada.

Para la abogada de H.I.J.O.S., Nadia Schujman, “además de la conquista enorme que significa que sean reconocidos autónomamente los delitos sexuales, que ha sido una batalla que hemos tenido que dar en todo el país, que los jueces empezaran a reconocer que fue una práctica sistemática del aparato genocida, este tipo de condenas es alentador para muchas otras mujeres, que se animan a contar lo que les sucedió”. Consideró también que este avance “ha implicado también un montón de cuestiones desde el punto de vista jurídico y simbólico en el juzgamiento actual de los delitos sexuales y hacia el movimiento feminista”.

El Tribunal condenó también por el homicidio de Luisa Tita Marciani , una obrera de la carne que falleció el 13 de marzo de 1977 en el Hospital Provincial, después de que los responsables de la Alcaidía de Mujeres de la Jefatura de Policía le negaran atención médica con un embarazo a término, pese a sus súplicas y las de sus compañeras de detención.  Para Oberlin, se trata de una condena importante porque “refleja parte de lo ocurrido en esta zona y en este centro clandestino de detención, donde hubo muchas secuestradas embarazadas y todas recibieron tratos crueles, inhumanos y degradantes”. Durruty puntualizó que la condena por “Tita” Marciani es “ejemplar”.

En este juicio también se castigaron las privaciones ilegales de la libertad a los integrantes de la comisión directiva de la Biblioteca Popular Vigil. Augusto y Platón Duri, Raúl Frutos, Domingo Denichilo, Manlio Perrota, Tomas Pedrido, Omar Pérez Cantón y Francisco Routaboul.

Con 188 víctimas, es difícil sobredimensionar este juicio. En las dos primeras partes de Feced, habían recibido prisión perpetua Ramón Genaro Díaz Bessone, que fue jefe del II Cuerpo de Ejército, Lofiego y Carlos “Caramelo” Altamirano. Ayer hubo seis condenas máximas. “Nosotros pedimos que expresamente la sentencia diga que es una reparación a las víctimas”, resaltó Schujman.

Entre las víctimas de la patota de Feced, así llamada por quien fue interventor de la policía rosarina, el gendarme Agustín Feced –muerto oficialmente en 1986–, se encuentra el actual ministro de Gobierno de la provincia, Esteban Borgonovo, cuya privación ilegal de la libertad fue juzgada en este proceso. Por este caso fue condenado Gianola, que recibió su primera pena por delitos de lesa humanidad.

El juicio empezó en abril de 2018, originalmente había 14 imputados pero uno de ellos, el capellán policial Eugenio Zitelli, murió pocos días antes del inicio del debate. Luego, durante los dos años del proceso, fallecieron también Carlos Ulpiano Altamirano, Ovidio Marcelo Olazagoitia y Daniel González.

Villate subrayó en este sentido la importancia de habilitar la feria para continuar los juicios por delitos de lesa humanidad. “Es importante que se habilite la feria por la impunidad biológica, porque van falleciendo los imputados. Hay víctimas y familiares que van muriendo sin tener una respuesta”, dijo el titular de la Unidad Fiscal de Derechos Humanos y subrayó otro aspecto de estos juicios que muchas veces no se tiene en cuenta: “Es increíble cómo los testimonios van brindando información sobre otros casos que nunca se conocieron ni se juzgaron, entre los que se nombraron en este debate y nunca habían sido investigados, estamos juntando alrededor de 120 casos más para investigar”.