Natalia es hija de detenidos-desaparecidos asesinados en La Cacha. Y una cabal representante del mundo amarillo, tan bizarro (¿leían historietas de Superman?). En cualquier caso conviene no subestimarlos.

 La coordinadora de la Comisión de DD.HH. de la Fundación Pensar estaría al frente de Derechos Humanos con la gobernadora Vidal

Natalia Suárez Nelson proviene de la trama de Ong’s de la CIA y la NED

Siguiendo los pasos de la dictadura, desde esa ONG vinculada a la NED, organismo estadounidense encargado de financiar a las derechas latinoamericanas, NSN propone un discurso contario a los históricos reclamos de memoria, verdad y justicia.

​POR JUAN MANUEL SUÁREZ / AGEPEBA / NAC & POP

Cuando asuma la nueva gestión en la provincia de Buenos Aires y en la ciudad de La Plata, desde la Fundación Pensar, “usina de ideas” del PRO, ya hicieron claros gestos sobre el nuevo rumbo de las políticas de Derechos Humanos.

A diferencia de la política de enjuiciamiento que encabezó el gobierno de Néstor Kirchner desde 2003 hacia los represores, asesinos y cómplices civiles que actuaron durante la dictadura cívico-militar, la nueva gestión PRO no hace referencia al terrorismo de estado sino que se refiere a los derechos humanos desde una retórica instalada por el aparato mediático, vinculada a al concepto de “inseguridad”.

“Concuerdo con Julio (Garro), el intendente electo de La Plata, se debe trabajar para que no se vulneren los derechos humanos de los ciudadanos en general y poniendo énfasis en la protección de las víctimas de la violencia de género, familiar y en las victimas de la inseguridad, con un accionar integral de todo el municipio”, esas son las palabras de la nueva funcionaria de Derechos Humanos del PRO y Cambiemos, Natalia Suárez Nelson.

La nieta recuperada número 83, acérrima opositora del gobierno kirchnerista, llamó a “desideologizar” los Derechos Humanos, y argumentó que estos “no deben ser apropiados por ningún partido, sino que la Argentina debe conocer la verdad entera, sin resentimientos, sin venganza, que se conozca la historia entera y sobre todo que los argentinos nos reconciliemos, después de tantos años de desencuentro”.

El discurso emblemático de una estrategia que tiende a vaciar de contenido los reclamos que décadas movilizaron a la sociedad, por una clara demanda de memoria, verdad y justicia para las víctimas del terrorismo de Estado.

Estos llamativos dichos de la próxima funcionaria macrista rozan las justificaciones del genocidio que enarbolan los defensores de la dictadura a través de la teoría de los dos demonios, y el pedido de “reconciliación” de los argentinos pareciera evocar a un olvido explicito de lo sucedido en los años de plomo.

En ese sentido, Natalia Suárez Nelson, se refirió de manera polémica al editorial publicado por el diario La Nación, horas después de que Mauricio Macri fuera electo presidente, en el que se pidió la nulidad de los juicios contra los responsables del genocidio: “uno puede pensar lo que quiera pero no me pareció el momento”, criticó moderadamente.

La nueva referente del macrismo en Derechos Humanos forma parte de la Fundación Pensar, vinculada a la Fundación Nacional para la Democracia (NED), uno de los brazos de la CIA para financiar a las derechas latinoamericanas.

Este espacio, denominado “usina de ideas”, nutrió casi completamente los próximos gabinetes de Macri y Vidal con políticos de un perfil netamente empresarial y corporativo.

En la ciudad de La Plata, el referente del think tank macrista es Eduardo Di Marco, quien fue asesor de Jaime Smart, ministro de Justicia detenido por delitos de lesa humanidad durante la gestión del gobernador bonaerense Ibérico Saint Jean, y también vinculado al jefe de la policía Ramón Camps.

Además, Di Marco fue asesor de la Corte bonaerense en esos años de dictadura y está denunciado por “malos manejos de fondos” en la Fundación Catedral, durante la gestión de Eduardo Duhalde, del quien es amigo

Con estas referencias desplegadas sobre el tablero político, sólo le queda a la ciudadanía ser la observadora crítica de un gobierno conservador que apela al eufemismo de la “reconciliación” de los argentinos para conceptualizar su visión sobre los Derechos Humanos, en contraposición con la política de memoria, verdad y justicia que espera seguir reconstruyendo la identidad del pueblo argentino.