DOSSIER FMI. Se impone denunciar la deuda odiosa, fraudulenta e impagable, una verdadera estafa, ante el Tribunal Internacional de La Haya

Esto viene para largo y ni un solo dólar de los más 45.000 millones que el FMI le otorgó a instancias de Estados Unidos y en abierta violación de sus estatutos a Mauricio Macri fue invertido en Argentina para mejorar las condiciones de vida de sus habitantes. La deuda fraudulenta e impagable que contrajo el gobierno mafioso de Mauricio Macri con el FMI (con la complicidad de sus funcionarios) para garantizar la conversión de pesos en dólares y fugarlos es el gran e ineludible tema que condiciona fatalmente el futuro del país, pues no solo tizna sino que empapa y determina a los demás, por más urgentes e imperiosos que sean. Como, por ejemplo, el aumentar el poder adquisitivo de salarios y jubilaciones, que se encuentra en mínimos históricos. Esa deuda es una bola de hierro atada con cadenas al cuerpo de una nación arrojada a las profundidades del océano. Seguidamente se ofrecen cuatro materiales para entender cabalmente donde estamos parados (en el fondo del mar): la entrevista que Rolando Graña le hizo a Alejandro Olmos; la exhaustiva explicación que dio hoy Alfredo Zaiat en Página 12 de por qué Estados Unidos es el verdugo de Argentina al exigir (impulsado por Black Rock y demás megafondos de inversión privados) un ajuste imposible (que de aplicarse garantizaría el triunfo de la oposición neofachaliberal en las elecciones del año próximo,y con ello la absoluta desaparición de cualquier posibilidad de reconstruir una Argentina justa, libre y soberana); cuáles son las (pocas) alternativas que tiene Argentina puesta en este brete y cuales sus costos (todos horribles) como lo explicó con meridiana claridad Luis Bruschtein, para quien Macri debe ser enjuiciado, condenado y afrontar el buraco con su patrimonio y, por último, la propuesta de Soberanxs, la corriente más intransigente del FdT (orientada en esta materia por el ex vicepresidente y ex ministro de Economía Amado Boudou, en línea con el gobernador Alberto Rodríguez Saá) a la que Pájaro Rojo adhiere.

El estado nacional está siendo sometido. Somos nosotros, quienes integramos el pueblo argentino, quienes debemos tomar cartas en el asunto. O prima nuestra Constitución y nuestras leyes, o el FMI (y los grandes fondos de inversión privados) seguirán estando por encima de ellos, y la soberanía nacional no será más que un recuerdo de épocas ya lejanas.

Siendo un tema tan crucial e importante, se agradecen los comentarios.

La deuda es la continuación de la guerra por otros medios

 

Muy pronto las editoriales Tinta Limón, La Cebra y Traficantes de Sueños, publicarán en español un libro clave para entender los conflictos del presente: “Guerras y Capital. Una contrahistoria”. Cuando el capitalismo conquistó el viejo sueño de la globalización, apareció su auténtico rostro: la guerra dentro de la población, como fundamento de la promesa democrática. Y el arma estratégica de esta nueva dinámica bélica es la escaramuza financiera. Si la deuda es el principal campo de batalla en la actualidad, la Argentina está en el centro de la coyuntura planetaria. Aquí podés leer un fragmento de esta obra muy recomendable.

POR ÉRIC ALLIEZ Y MAURICIO LAZZARATO / CRISIS

Ilustraciones: Ezequiel García

El verdadero poder ejecutivo ya no está en el aparato del Estado, sino en un conjunto de instituciones transnacionales dominadas por el capital financiero, que comprenden a los estados como una articulación entre otras. Este gobierno “sombra” decide y fija el nivel del empleo, los salarios, el gasto público, la edad y el monto de las jubilaciones, las tasas impositivas de las distintas categorías de la población. El Estado-nación, destituido de su forma clásica de “soberanía”, se aplica a gestionar la economía-mundo de la deuda. Obviamente, el gobierno norteamericano es una excepción: un estado imperial que redefinió sus “intereses nacionales” con el objetivo de desplegar la globalización, gracias al comando que ejerce desde las instancias transnacionales que en gran medida fundó.

Encontramos una primera aproximación a las nuevas relaciones entre guerra y poder ejecutivo en un libro publicado por dos coroneles de la fuerza aérea china en 1999, Qiao Liang y Wang Xiangsui, cuyo título es Unrestricted Warfare. En el contexto de la pos guerra fría, cuando se recalienta la rivalidad entre China y Estados Unidos, estos oficiales llegan a concebir la actividad financiera como una “guerra no sangrienta” pero cuyos efectos son comparables a los de una “guerra sangrienta”. Si se quiere hacer frente a la supremacía estadounidense, las finanzas deben ser integradas en una estrategia de guerra no convencional, lo cuál implica renunciar tanto a la “guerra popular” como a la mera “guerra tecnológica”. En una entrevista concedida un año después, Qiao Liang ubica la intención del libro en una argumentación diplomática, poniendo de relieve la importancia de las “operaciones no militares” entre las cuales habría que incluir las “guerras comerciales, financieras, etcétera”.

Qiao Liang y Wang Xiangsui constatan que la seguridad nacional está hoy menos amenazada por las fuerzas militares de un Estado enemigo, que por los “factores económicos como la apropiación de los recursos, la captura de los mercados, el control de los capitales, las sanciones comerciales”. Semejante cambio de paradigma obliga a reconocer que los daños causados por las nuevas “armas no militares” pueden ser tan temibles como aquellos producidos por las “armas militares”. Los autores insisten particularmente en las finanzas, que son el medio más eficaz para producir inseguridad en un país y en el planeta todo.

“Si comparamos la caída del índice de seguridad nacional de países como Tailandia e Indonesia –que en pocos meses padecieron una fuerte devaluación y estaban casi en bancarrota– con la de Irak, que ha experimentado simultáneamente ataques militares y embargo económico, es preocupante que casi no haya diferencia entre ambas”. Del mismo modo, cuando el conflicto entre Grecia y las instituciones financieras fue redefinido en términos de “guerra colonial”, “ocupación”, “mandato colonial”, no se trataba simplemente de utilizar buenas metáforas.

A medida que los medios de coerción se fueron diversificando, los Estados perdieron el monopolio de la violencia y los mecanismos de dominio se tornaron económicos, diplomáticos, sociales, culturales. Los efectos de la guerra entonces pueden ser provocados por una multiplicidad de dispositivos, entre los cuales la violencia financiera es el más eficaz, porque sus efectos desestabilizan a la sociedad en su conjunto al tiempo que la segmenta. “Evidentemente, la guerra trasciende el ámbito de las armas y de las cuestiones militares y se transforma en un asunto para los políticos, los científicos, e incluso los banqueros. Las guerras ya no son solo sangrientas y los medios para llevarlas a cabo no son únicamente militares. La economía y el sistema financiero, en particular, pueden reemplazar a los medios militares y dar lugar a una guerra no sangrienta”.

Nuestros dos oficiales chinos, cuando se interesan específicamente en el funcionamiento de la estrategia financiera, se ven obligados a construir un modelo de máquina de guerra del capital particularmente útil para captar la naturaleza del poder ejecutivo transnacional contemporáneo y la nueva realidad bélica. Ellos explican que el gobierno de la economía mundial se ha convertido en una “ingeniosa red sin la menor discontinuidad entre diferentes niveles y distintas instituciones. El modelo de gobierno conjuga Estado + [nivel] supranacional + multinacional + no estatal”.

El ejemplo de la crisis asiática de 1997, con sus ataques especulativos que buscaban introducir “reformas estructurales”, primero contra Tailandia y luego contra el conjunto de los países del sudeste asiático, permite desplegar la lista de actores: Estados Unidos, único estado nación que puede ser “representado” por su omnipresente institución financiera (la Reserva Federal); el FMI y el Banco Mundial (organismos internacionales); los fondos de inversión (multinacionales privadas); Standard & Poor’s y Moody’s (agencias de evaluación no estatales).

El poder ejecutivo real representa la identidad realizadaentre economía, política y ámbito militar, una síntesis que está trasformando radicalmente “el aspecto bélico e incluso la naturaleza militar de la guerra, que no había cambiado desde la Antigüedad”, para dar paso al arma “hiperestratégica” de las finanzas. La máquina de guerra resultante no es una instancia de regulación, sino que detenta el poder de programar y ejecutar la nueva guerra civil que algunos militares (Sir Rupert Smith, por ejemplo) definen como una “guerra dentro de la población” [war amongst the people].

Este nuevo tipo de poder ejecutivo es el que hemos visto actuando, en su versión “no militar”, durante la crisis de la deuda griega. Los organismos multinacionales como el FMI o el Banco Central Europeo no deben responder ante los pueblos –ni siquiera ante los Estados– por la violencia y arbitrariedad de sus decisiones, sino ante las instituciones financieras transnacionales que son hoy el vector principal de multiplicación de las guerras civiles contra las poblaciones.

Siguiendo a Qiao Liang y Wang Xiangsui, el resultado de la globalización capitalista “es que mientras se reduce el campo de batalla en sentido estricto, el mundo entero [ha sido transformado] en un campo de batalla en sentido amplio […]. Las armas son más modernas, los medios más sofisticados, solo hay un poco menos de sangre, pero es la misma brutalidad”. La extensión del dominio bélico que establece un continuum entre guerra, economía y política, acopla estrategias horizontales (se multiplican y difunden los centros de poder y decisión) y de verticalidad (subordinación de estos dispositivos de comando distribuidos a la lógica de la maximización del valor para los accionistas).

En consecuencia, los dos flujos a través de los cuales se verifica la fuerza de desterritorialización del capital desde la acumulación originaria, la moneda y la guerra, se superponen perfectamenteen la mundialización capitalista contemporánea. Las finanzas se han convertido en un arma no militar, a través de la cual se llevan a cabo “guerras no sangrientas”, que producen efectos tan devastadores como el de las “guerras sangrientas”. Por su parte, la guerra ya no es la política continuada por medios sangrientos, sino que la política del capital es la guerra continuada por todos los medios puestos a disposición.

La “reina” de las “crisis”, la crisis financiera, a partir de la cual se desatan y encadenan dentro del ciclo económico clásico las crisis productivas y comerciales, realiza su identidad con la guerra. En el contexto marxiano, la contradicción entre la “producción para la producción” –que empuja al desarrollo absoluto de las fuerzas productivas– y la “producción para el capital” –que engorda la ganancia y la propiedad privada– provoca crisis violentas que puedendesembocar en guerras. En la situación presente la crisis no se distingue del desarrollo, y no se distingue de la guerra. En resumen: la crisis no se distingue del desarrollo de la guerra. Por eso, la fenomenología del concepto de guerra ya no remite a las conflagraciones interestatales, sino a una nueva forma de guerra transnacional que está unida al desarrollo del capital y ya no se diferencia de sus políticas económicas, humanitarias, ecológicas.

Esta definición de las finanzas como “guerra no sangrienta que emplea medios no militares” nos resulta, por lejos, más realista y políticamente más eficaz que la teoría heterodoxa según la cuál las finanzas son una nueva convención. La máquina de guerra contemporánea del capital financiero prosigue la colonización del Estado, que adapta a su funcionamiento dándole forma no solo a la empresa, sino también a la administración. Simultáneamente, los gobiernos nacionales se convierten rápidamente en verdaderos agentes de esta captura de la administración, en cuanto lugar de aplicación de una gran parte de las técnicas de “gubernamentalidad”.

El management de la administración contemporánea encuentra su modelo en la economía, pero a diferencia del periodo de entre-guerras ya no es la organización científica del trabajo del capitalismo industrial la que brinda su forma, sino las finanzas. La Ley Orgánica relativa a las Leyes Financieras (LOLF), poderosa palanca para la reforma del estado francés, puso en marcha un proceso de transformación radical de las reglas presupuestarias y contables en función de la financierización. De esta forma se termina de borrar todo rastro de democracia en las instituciones estatales.

Lo que hipócritamente se denomina la “crisis del modelo democrático representativo” responde a la misma genealogía y sigue el mismo itinerario que el proceso de concentración de los poderes ejecutivos que tiene su origen en la Primera Guerra Mundial. Porque son los imperativos de la guerra total los que progresivamente irán relegando a la soberanía popular y el debate entre los representantes del pueblo, hasta llegar a la puesta en escena televisiva que caracteriza a la actual época del poder ejecutivo financiero. En este punto, la generalización del sufragio universal coincide con su neutralización, en un proceso que tiende a reducir los parlamentos electos a simples foros de legitimación de un ejecutivo “motorizado”.

El resultado es que la “democracia ejecutiva” deja de ser la expresión de las políticas de modernización nacionales y se ve completamente sobrepasada por las nuevas instituciones bélicas de la mundialización, a las cuales se somete en cuerpo y alma.

Se lava las manos y exige más ajuste

Estados Unidos es el principal responsable

El acuerdo con el FMI está en manos de la administración Biden. Aspectos técnicos, financieros y geopolíticos de la negociación

Alfredo Zaiat
POR ALFREDO ZAIAT
El insólito crédito de 57 mil millones de dólares, de los cuales se desembolsaron casi 45 mil millones, al gobierno de Macri fue una decisión política exclusiva de Estados Unidos bajo el mandato de Donald Trump. Como patrón del FMI subordinó al resto de las potencias para que la acompañen. Ahora se desentiende del fiasco y reclama un ajuste más rápido del déficit fiscal. Quién es quién en esta historia dramática para Argentina, desde Steven Mnuchin, David Lipton, Janet Yellen, Geoffrey Okamoto hasta Larry Fink del poderoso BlackRock.

 

Los dueños del FMI son las potencias económicas y dentro de ese selecto grupo el patrón principal es Estados Unidos. La orientación del pulgar, hacia arriba o hacia abajo, para entregar préstamos, definir nuevos programas o para cualquier cosa relevante del organismo multilateral la decide Estados Unidos, en especial cuando involucra su área de influencia (América latina), mientras que Alemania lo hace con la suya (Europa, como en el pasado caso griego).

Se trata de una definición fundamental para entender la dinámica de la negociación de un acuerdo con el FMI. Si no se capta la dimensión de que el Fondo no es sólo una tecnoburocracia sino que es, fundamentalmente, una organización de poder y que Estados Unidos es el líder de esa estructura de poder mundial, en el cual el poder financiero internacional es hegemónico, cualquier análisis acerca del acuerdo con Argentina queda descolocado o con comprensión fragmentada.

No se requiere una red de espionaje ilegal como la montada por el gobierno de Mauricio Macri para detectar cuál es la posición de Estados Unidos en la negociación del gobierno de Alberto Fernández con el Fondo Monetario. La expone diariamente la red de medios de comunicación de derecha alineados, con mayor o menor reverencia, a los intereses geopolíticos estadounidenses. Lo hacen con publicaciones diarias de artículos sobre el peligro de la expansión de China, la situación política en  Venezuela, Nicaragua y Cuba y, en estos días, con la presidencia de Argentina en la Celac como contrapeso de la OEA, organización dominada por Estados Unidos. La lista continúa con el lobby a favor de las vacunas de origen estadounidense y con cualquier otra área de interés económico, tecnológico y de control regional estadounidense, como la expansión de la red 5G.

En la cuestión específica del acuerdo con el FMI, actúan de voceros acríticos de la posición de Estados Unidos.

Definido este contexto, en la actual instancia de tratativas para refinanciar la deuda con el FMI, Estados Unidos junto a sus tradicionales aliados rechaza un aspecto central del programa argentino: alcanzar el equilibrio fiscal en 2027, mientras que ellos proponen que sea en 2024.

No es una diferencia menor. El primer sendero fiscal es una apuesta a tratar de sostener un ritmo de crecimiento económico con el objetivo de mejorar el ingreso de las mayorías, mientras que el otro deriva en un fuerte ajuste recesivo con el consiguiente mayor excedente de dólares para garantizar el pago de la deuda de acreedores privados y la del propio FMI.

Debate técnico y definición geopolítica

El aspecto más visible de la intervención del Fondo está vinculado a la tarea técnica de ser auditor de los intereses de los acreedores privados, condicionando planes económicos de los deudores para asegurar la generación de los dólares necesarios para cumplir con los vencimientos de capital e intereses.

En el caso argentino, además, esa auditoría es para su propia acreencia que suma casi 45 mil millones de dólares, que por monto se ha constituido en el acreedor individual más importante con el atributo adicional de ser privilegiado, puesto que en la refinanciación de esa deuda no existe la posibilidad de quita de capital, reducción de la tasa de interés o extender el plazo a más de 10 años, como sí sucede en las reestructuraciones con bonistas privados.

Otro factor poco mencionado se refiere a que el Fondo resulta una pieza clave para subordinar países endeudados a la estrategia global de la geopolítica de Estados Unidos, a la cual se suman sus aliados más firmes (Japón, Canadá, entre otros).

En términos precisos, cuando se habla de corresponsabilidad del FMI por el préstamo inédito a Macri, lo correcto debería ser concentrarse en el papel que cumplió Estados Unidos para promoverlo y autorizarlo, y los motivos que hoy tiene para ejercer una dureza de la que antes carecía.

El Fondo como institución multilateral es corresponsable del fiasco del préstamo a Macri, pero en los hechos el principal corresponsable de ese desastre ha sido Estados Unidos con el resto de las potencias económicas actuando como laderos del patrón.

Estados Unidos no admite culpas

En ese sentido no es un dato insignificante que quien fuera el número dos del FMI, cuando Christine Lagarde era la titular, el estadounidense David Lipton,resistiera primero el crédito a Macri pero por orden directa del entonces secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, de la administración Donald Trump, lo terminó habilitando.

Lipton se retiró del FMI cuando Lagarde ascendió a titular del Banco Central Europeo y hoy es asesor de la actual secretaria del Tesoro, Janet Yellen, y mantiene la misma dureza en la relación con la Argentina.

La severidad de Estados Unidos con el programa económico continúa dentro del directorio del FMI, y por eso fue uno de los miembros que rechazó la parte de la autorrevisión del stand by que dice que el staff técnico debería haber recomendado con más intensidad la implementación del control de cambios y la reestructuración de la deuda con el sector privado.

Ambas medidas Macri no las impulsó e igualmente el Fondo no frenó los desembolsos destinados a facilitar la salida de la deuda argentina por parte de los fondos internacionales y la formación de activos externos.

Con la prepotencia de saberse dueño del FMI, Estados Unidos no admite ninguna culpa por el programa fallido acordado con Macri, y desplaza toda la responsabilidad a la Argentina.

Por eso exige un ajuste fiscal más rápido de la economía convencido de que no tiene razones para ser flexible ni en un contexto económico global de pandemia, puesto que piensa que los responsables de hacerse cargo de los errores son exclusivamente los argentinos.

Así funciona la lógica del poder global y, en especial, la del poder financiero, que en Estados Unidos están separadas por un hilo invisible.

Quién es quién

El crédito relámpago entregado al gobierno de Mauricio Macri es prueba evidente de que la cuestión geopolítica está por encima de aspectos técnicos. Estados Unidos autorizó el mayor préstamo otorgado a un país por razones geopolíticas sin ninguna solvencia técnica del programa económico: el objetivo era evitar el derrumbe de una administración de derecha aliada que prometía frenar el avance del “populismo”, el cual identifica como la opción política que abre la puerta de América latina a sus dos principales “enemigos” en la distribución del poder mundial: China y Rusia.

No hubo discusiones técnicas rigurosas ni controversias a nivel político en 2018. Macri solicitó el préstamo en mayo de ese año para eludir el default de la deuda en moneda extranjera, que hubiera afectado a grandes bancos y fondos de inversión internacionales, y a las pocas semanas, el 20 de junio, recibió la aprobación de una línea stand by por 50 mil millones de dólares. Tal fue la relevancia política de esa asistencia financiera que a los pocos meses ese programa ya había fracasado y, pese a ello, fue rápidamente renovado por un monto mayor: 57 mil millones de dólares.

En la actual instancia de negociación existe un plan económico de relativa consistencia con ordenamiento paulatino del perfil de vencimientos de la deuda, pero sin sumisión geopolítica aunque no hay distanciamiento ni ruptura con el gobierno de Estados Unidos. Pese a que el recorrido económico-financiero debería ser lo más importante, Estados Unidos igual está demorando el acuerdo.

Esto refleja la preeminencia del ala dura política de la administración Biden, que es la misma que había en la de Donald Trump. El número dos del FMI por ahora es el estadounidense Geoffrey Okamoto, quien reemplazó a David Lipton y mantiene la misma aspereza cuando aborda el caso argentino. Okamoto dejará el cargo y su lugar será para Gita Gopinath a partir del 21 enero próximo.

La secuencia Trump-Mnuchin-Lipton derivó en la aprobación política inmediata del crédito a Macri, en cambio hoy el acuerdo con el gobierno de Alberto Fernández se estira en el tiempo y se terminará definiendo en la línea política estadounidense Biden-Yellen-Lipton-Okamoto-Gopinath. Como se puede observar, Lipton es el funcionario que se repite en uno y en otro capítulo de esta historia.

El caos brasileño de Bolsonaro juega a favor

Se supone que a ambas partes les conviene definir un nuevo programa de Facilidades Extendidas que implica la refinanciación de la deuda a diez años, con cinco años de desembolsos relativamente manejables mientras la economía crezca, concentrando los grandes vencimientos en los cinco restantes a partir de 2027.

Para la economía argentina el acuerdo despejará un factor financiero perturbador aunque con muchas condicionalidades para la política económica. Para el FMI significará dar vuelta la página más oscura de su historia de asistencia financiera a países, al tiempo que le permitirá erigirse en auditor permanente de la economía local.

Sin embargo, en el juego de poderes esta linealidad analítica puede toparse con intereses que relativizan los aspectos técnicos de un programa de Facilidades Extendidas.

Existen otras cuestiones que intervienen en la puja respecto a si Estados Unidos extiende la mano para cerrar el acuerdo o directamente empuja la economía argentina al abismo. Esto último no sería la primera vez: lo hizo con los gobiernos de Raúl Alfonsín y de Fernando de la Rúa.

En la cuestión geopolítica actúan dos factores contrapuestos. Por un lado, la presión de Estados Unidos para alejar los intereses económicos de China en la región, de los que no puede prescindir Argentina por las necesidades urgentes de inversiones y financiamiento que entrega la potencia asiática, mientras que Estados Unidos lo hace en cuentagotas y con muchas condicionalidades políticas y económicas.

A la vez, Estados Unidos no quiere sumar más inestabilidad en la región, teniendo en cuenta la imprevisibilidad de la administración Bolsonaro en Brasil. Para defender sus propios intereses en América latina tiene que evitar que Argentina, la otra potencia de América del Sur, descienda en un espiral de inestabilidad política, económica y social.

Larry Fink y los grandes fondos juegan en contra

Sin embargo, en ese juego de tensiones cruzadas geopolíticas de la potencia mundial interviene también un frente financiero complejo, el cual tiene como protagonistas a grandes fondos de inversión (BlackRock, Ashmore, Fidelity, Allianz, Prudential, Templeton, entre otros). Estos jugadores poderosos de las finanzas globales quedaron bastante golpeados con activos argentinos, primero con el festival de deuda y posterior megadevaluación de Macri, y después con la reestructuración de la deuda externa privada en virtual default liderada por el ministro Martín Guzmán.

No sólo tuvieron que anotar una quita de capital, reducción de la tasa de interés y extensión de plazos, condiciones que fueron avaladas por el FMI en una alianza táctica con la posición argentina, sino que los nuevos bonos que recibieron ya perdieron casi el 50 por ciento desde el momento en que empezaron a cotizar.

O sea, contabilizan un quebranto fenomenal con la deuda argentina en los últimos años. Para compensar parte de esas pérdidas necesitan que suban las paridades de los bonos. Aquí empieza a jugar la discusión del sendero fiscal.

La lógica ortodoxa predominante en el mercado financiero global indica que un ajuste fiscal acelerado hacia el superávit de las cuentas públicas mejora las perspectivas de cobro y, por lo tanto, suben las cotizaciones de los bonos. Sería una forma de acortar quebrantos. Por eso presionan para que el Fondo tenga una posición dura con Argentina, y lo hacen a través de Estados Unidos.

Estos fondos de inversión no perdonan que el FMI haya apoyado al gobierno argentino en la reestructuración, lo que también permite entender cuál fue la motivación del miembro estadounidense en el directorio del Fondo de no acompañar el capítulo de autorrevisión del stand by a Macri que menciona que se tendría que haber establecido controles de capitales y haber avanzado en la reestructuración de la deuda privada.

Son dos medidas que tienen la oposición de los grandes fondos de inversión internacionales, puesto que limitan la capacidad de acción de su propio negocio.

No es secreto que Larry Fink, el número uno del principal fondo internacional del mercado global, BlackRock, mantiene estrechas relaciones con la Reserva Federal (banca central estadounidense) y con la Secretaría del Tesoro. Otro dato clave para dimensionar la influencia de Fink en el gobierno de Estados Unidos es que Joe Biden, cuando estaba diseñando el gabinete económico, le propuso que sea el secretario del Tesoro, cargo que no aceptó para luego designar a Janet Yellen.

La posición dura que muestra Estados Unidos en el FMI para cerrar el acuerdo con Argentina se explica en parte por la influencia de Fink y el resto de los grandes fondos de inversión internacionales sobre la administración Biden.

Qué y cómo se negocia un nuevo acuerdo

Nunca antes hubo una asamblea política (Poder Ejecutivo y gobernadores) para debatir acerca de la marcha de la negociación de un acuerdo con el FMI. En general, en este tipo de tratativas dominaba el secretismo con una sucesión de misiones de funcionarios a Washington y de técnicos del Fondo a Buenos Aires.

Después de esas idas y vueltas se anunciaba la Carta de Intención acompañada con el Memorándum Técnico de Entendimiento. Ambos documentos establecen las condiciones económicas del país, los requerimientos de fondos, la descripción de las políticas, el cronograma de consultas (diarias, semanales, mensuales y trimestrales) del staff técnico del FMI, los objetivos a cumplir de variables macroeconómicas.

Entre estos últimos, se destacan el sendero fiscal, la meta de acumulación de reservas y la de financiamiento monetario de las cuentas públicas. Estos tres objetivos son interdependientes. El economista Emmanuel Álvarez Agis lo explicó del siguiente modo: “Un menor déficit fiscal basado en una reducción del gasto público tiene efectos no sólo sobre la magnitud del financiamiento monetario, sino también sobre el sendero de acumulación de reservas, debido a que un menor nivel de actividad implica un menor nivel de importaciones y, con esto, un mayor nivel de reservas internacionales”. Es lo que pide Estados Unidos.

La tragedia

El ministro Martín Guzmán escribió en su cuenta de Twitter: “Toda deuda condiciona, pero no hay nada que condicione más que la deuda con el FMI”.

La tragedia de tener de nuevo al Fondo como auditor y además acreedor privilegiado podrá verificarse trimestre a trimestre luego de la firma del acuerdo.

Cada tres meses vendrá una misión a revisar si se cumplieron los principales criterios de desempeño de la economía (fiscal, monetaria, cambiaria), después los evaluará el Directorio (o sea, revisión que realizarán las potencias, en especial Estados Unidos) para finalmente dar el veredicto.

Si no se cumplen las metas, se activará la negociación de una dispensa (waiver), lo que abrirá un nuevo escenario de incertidumbre económica y financiera durante ese lapso. Pero si se cumplen no terminará esta historia con una palmadita de los técnicos del FMI en la espalda del ministro de Economía y arreglando la próxima cita dentro de tres meses.

En esa misma misión evaluarán también si los objetivos trimestrales próximos están en condiciones de cumplirse. Si consideran que no es posible, sugerirán ajustes, abrirán un nuevo espacio de conversaciones, quedarán colgados los siguientes desembolsos y, por lo tanto, arrojarán a la economía hacia un escenario de inestabilidad.

Como se sabe y quedó expuesto arriba, cada una de estas evaluaciones tiene una faceta técnica, pero también un factor determinante acerca de los intereses geopolíticos estadounidense. En este juego de pinzas queda expuesta la tragedia económica y política para la economía argentina de estar ineludiblemente atada por años a las riendas del Fondo Monetario Internacional.  

Que pague Macri, aunque sea ante la justicia

Cuáles son las consecuencias de acordar o no con el FMI

El ministro de Economía, Martín Guzmán, en la reunión con los gobernadores.   (Fuente: NA)

El ministro de Economía, Martín Guzmán, en la reunión con los gobernadores. Imagen: NA

La alternativa de no pagar implica pagar por otro lado. Si es por una cuestión de principio, la opción no se discute: no se paga y listo. Pero si es una cuestión de conveniencia del país, habría que sacar una relación costo-beneficio entre pagar o no hacerlo, o hacerlo pero negociando.

 

Luis Bruschtein
POR LUIS BRUSCHTEIN

No se entiende si la deuda es un problema de principios, de Justicia o de conveniencia. Y cada uno de esos lugares propone una salida diferente y en algunos casos, varias: No pagar, pagar negociando o sin negociar y abrir una causa en la justicia. Cualquier camino que se tome tiene costos altos. Es imposible salir indemne del barrial que dejó Mauricio Macri.

El acuerdo que dejó el gobierno macrista implica pagar cifras astronómicas en pocos años. La decisión del gobierno ha sido negociar y pagar sin ajuste. Hay planteos desde la oposición de izquierda que exige no pagar. Y un sector del Frente de Todos propuso presentar una denuncia en el Tribunal Internacional de La Haya.

Los representantes del macrismo hasta ahora han sido consecuentes con la actitud inicial y se han negado a colaborar con la dura y complicada negociación que emprendió el gobierno con el Fondo Monetario. O sea que se inclinan por mantener el cronograma de pagos por el cual, en los próximos dos años Argentina tendría que desembolsar 20 mil millones de dólares al año.

Como dijo el ministro Martín Guzmán esa cifra es mucho más alta que cualquier récord que haya tenido el superávit de la balanza de pagos en toda la historia del país, que es de donde salen las divisas para pagar, porque Argentina no fabrica dólares. No es sólo que llevaría a la pobreza a la mayoría de los argentinos sino que directamente es imposible pagar. Lo que hicieron Mauricio Macri y el Fondo con ese acuerdo fue un despropósito.

Sectores del macrismo, como Horacio Rodríguez Larreta, parecen coincidir en mantenerlo así y se han negado a participar en las reuniones que convocó el gobierno. De la misma forma rechazaron el proyecto de Presupuesto 2022, donde el gobierno había desplegado algunos de los índices en discusión con el Fondo. Si se compara la crisis mortal que implica esta deuda, con las excusas politiqueras para negar su colaboración, la conclusión es que esta oposición se considera inmune al sufrimiento social que ocasionaron.

Pagar o no pagar

Si es un problema de principios, es obvio que Argentina no tendría que pagar una fortuna que se desvió a fondos privados y no dejó una sola prestación para el bien común. La mayor parte de ese dinero se utilizó para evitar que el dólar se descontrolara antes de las elecciones y de esa manera se fue por la canaleta de la fuga. La inmensa mayoría de los argentinos tiene que pagar algo que nunca recibió. Por principio, no habría que pagarla.

En esa negociación, Argentina tiene como interlocutores del otro lado de la mesa a las principales economías del mundo, incluyendo a Rusia y China. Si no paga tiene que prepararse para aguantar las represalias, desde las emboscadas conspirativas y los quinta columnas, hasta bloqueos o rupturas comerciales, con el consiguiente empobrecimiento de la economía y de las personas.

Es cierto que por principio no habría que pagarla. Pero la población tendría que estar dispuesta y con fuerte conciencia del costo que deberá soportar. Si esa conciencia no echa raíces profundas, si no se convierte en convicción indestructible y masiva, el malestar que produciría ese empobrecimiento se puede expresar en voto protesta a favor de los candidatos de derecha que, cuando asumen, aumentan la pobreza.

Los gobiernos kirchneristas acordaron con el 95 por ciento de los acreedores. Pero los fondos buitre del cinco por ciento restante pagaron campañas mediáticas millonarias, hicieron aliados internos, presionaron jueces, consiguieron fallos favorables y finalmente cobraron más de lo que pedían.

En este caso, no se trata del cinco por ciento de los acreedores, sino de todas las grandes economías con las que Argentina comercia o quisiera hacerlo. La alternativa de no pagar implica pagar por otro lado. Si es por una cuestión de principio, la opción no se discute: no se paga y listo. Pero si es una cuestión de conveniencia del país, habría que sacar una relación costo-beneficio entre pagar o no hacerlo, o hacerlo pero negociando.

Lo que se pague, por poco que sea, podría haber sido utilizado para combatir la desigualdad. Pero no pagar podría profundizar la desigualdad al bloquear el desarrollo de las fuerzas productivas. Básicamente es una situación injusta.

Y es injusta por varios motivos no solamente porque fue un negociado político-financiero que enriqueció a los ricos a costa de los pobres, sino porque el crédito transgredió los reglamentos de Argentina y del mismo Fondo Monetario Internacional.

La explicación de Martín Guzmán

Durante su encuentro con los gobernadores, –al que no concurrieron los de las cuatro provincias gobernadas por el macrismo– el ministro Guzmán explicó el contrasentido de que el Fondo se creó supuestamente para socorrer a países con problemas en sus balanzas de pagos y, ahora, el problema de la balanza de pagos de Argentina es justamente la deuda con el FMI.

En vez de ser parte de la solución, es parte del problema. Una cosa es la letra escrita (lo cual hay que tomar en cuenta en una vía judicial) y otra los intereses hegemónicos que pusieron en juego las economías centrales, sobre todo Estados Unidos, cuando crearon el Fondo. Y fue así desde el principio. La letra escrita nunca se cumplió. Y menos en el préstamo para que Macri gane las elecciones.

De todas las opciones, el gobierno eligió la de negociar la suma, los plazos y los condicionamientos que quiere poner el Fondo. Pero no tendría que dejar de lado el camino judicial como una opción, sobre todo si los negociadores del Fondo se cierran en posiciones que asfixiarían a la Argentina

El cronograma de pagos en diez años estipulado por el programa de facilidades extendidas, que ya está prácticamente cedido por los técnicos del Fondo en este tramo de la negociación, alivia la animalada del macrismo, pero no saca a la Argentina de la zona de riesgo. El gobierno reclamó reclamó más tiempo para pagar.

El ministro Guzmán insistió en el principio de no pagar a costa del crecimiento con inclusión. Según explicó, el centro de las diferencias están planteadas por el plazo para llegar al déficit cero. Estados Unidos exige que Argentina ajuste sus gastos para llegar al 2023-2024 al déficit cero, pero el gobierno sostiene que la economía necesita recuperarse de dos bajones: el que produjo el gobierno macrista que increíblemente hizo caer el producto bruto 2,5 por ciento en 2018 y 2,2 por ciento en 2019, y luego el que produjo la pandemia en el 2020, un fenómeno que se dio en todo el planeta.

El obstáculo sería Estados Unidos. Resulta paradójico porque, como discípulo de Joseph Stiglitz, es donde el ministro Guzmán tiene más llegada. El economista norteamericano recibió el Nobel en 2001, junto con George Ackerlof, esposo de la secretaria del Tesoro norteamericano, Janet Yellen. En círculos internacionales se considera keynessiana a Yellen, pero en estas cuestiones a veces pesan más los intereses políticos y económicos que las ideas.

No hay salida sin costos altos para los argentinos. Pedir este crédito y aceptar los términos truculentos como fue cedido constituyó “el mayor acto de administración fraudulenta y mayor malversación de caudales” de la historia, como lo definió el presidente Alberto Fernández al presentar una denuncia ante la Justicia contra Macri. Sería justo que el principal responsable del sufrimiento que deben afrontar los argentinos también pague.

No basta con pedirle al FMI que se autoevalúe. El pueblo reclama justicia sin ajuste y merece soberanía

Soberanxs insiste al Gobierno Nacional para que lleve al FMI a la Corte Internacional de Justicia.

Como puede observarse en la Evaluación Ex Post, el FMI no se hace cargo de sus responsabilidades, ni de las ilegalidades que hicieron posible la mega deuda pactada con el Gobierno de JxC y solo hace algunos señalamientos sobre el fracaso de la operación, pretendiendo como es habitual que los argentinos nos hagamos cargo en su totalidad de las consecuencias derivadas del mismo. No es el camino para defender la soberanía nacional esperar que el mismo organismo se auto-juzgue y depure de acciones planificadas que tanto daño hicieron en tantos países y una vez más al nuestro.

Cuando presentamos SOBERANXS, en el día de la Soberanía Nacional dimos a conocer un documento, en el que proponemos al Gobierno Nacional, se dirija a la Asamblea General de las Naciones Unidas, para que solicite a la Corte Internacional de Justicia una Opinión Consultiva sobre los siguientes puntos:

1.- Si existe responsabilidad del FMI en el otorgamiento y desembolso de un acuerdo stand by inusual, sabiendo de las dificultades para afrontar el pago de lo allí comprometido en los plazos que se convinieran, y la poca probabilidad que la deuda pudiera pagarse.

2.- Si existió violación de los artículos I, V y VI de su Convenio Constitutivo durante los años 2018-2019.

3.- Si existe responsabilidad del FMI, emergente de la violación de los artículos citados en el punto anterior, que permitieran una considerable salida de capitales.

4.- Si existe la obligación de reparar los daños ocasionados por las acciones u omisiones llevadas a cabo por el FMI, debido al incumplimiento de las normas de su Convenio Constitutivo.

5.- Si existe incumplimiento por parte del FMI, de lo establecido en el artículo IX, Sección 30 del Convenio sobre Privilegios e Inmunidades de los Organismos Especializados, al no haber contemplado entre sus normas, la realización de procedimientos adecuados, en caso de un conflicto con un Estado.

Nuestra propuesta al gobierno tenía como objetivo que se procediera dentro de un marco estrictamente legal, a los efectos de poner en evidencia los incumplimientos del Fondo respecto de su estructura normativa, y recurrir a una instancia internacional, a los efectos de obtener un pronunciamiento respecto de los mismos y la posibilidad de una instancia reparatoria.

Ya que se habían efectuado críticas a los procedimientos del FMI desde diversos ámbitos del Poder Ejecutivo, sobre las modalidades operativas del organismo y el destino de los fondos, entendimos que resultaba de significativa importancia obtener un pronunciamiento internacional que aclarara muchas de las cuestiones planteadas, alejándonos de la acostumbrada crítica ocasional a los modos que se planteó la operación, ya que tales expresiones –aunque fueran acertadas- en modo alguno tenían la entidad suficiente para cuestionar formalmente a la institución.

En la Evaluación Ex Post (EPE) del Acceso Excepcional de la Argentina bajo el Acuerdo Stand By de 2018, publicado por el FMI el 22 de diciembre se hacen una serie de consideraciones sobre lo ocurrido con la operación destacándose varios puntos, siendo uno de los más significativos que los fondos se usaron para pagar deuda insostenible lo que provocó fuga de divisas.

También consignaron que el préstamo generó riesgos financieros y de reputación considerables para el Fondo, hubo pronósticos demasiado optimistas y señalaron que la aplicación de los criterios sobre sostenibilidad de la deuda, acceso al mercado y capacidad para ejecutar el programa no fue evidente y fue necesario utilizar cierto juicio para aplicarla. Más allá de algunas claras inexactitudes en las que se incurre en el documento cuando se hace referencia a la sostenibilidad de la deuda, ya que el organismo había planteado reparos en sus informes de los años 2016 y 2017. Además, en el Staff Report del año 2018 (pág. 55) los funcionarios del FMI indicaron que “Dado el alto porcentaje de la deuda denominada en moneda extranjera, una sacudida del tipo de cambio es una vulnerabilidad importante. La prueba de esfuerzo estándar (50 por ciento de depreciación real con 0.25 passthrough) muestra que la deuda podría saltar al 81% del PIB en tal escenario, por encima del umbral de alto riesgo.”. “Un choque ‘combinado macro-fiscal’ provocaría que la deuda se elevará a casi 103 por ciento del PIB, lo que probablemente desencadene una crisis”.

Finalmente en un documento del equipo técnico del FMI del año 2018, se indicó que “Persisten riesgos considerables para la sustentabilidad de la deuda”. Entre los elementos que destacan figura “la gran participación de la deuda en moneda extranjera (lo que hace que la dinámica de la deuda de Argentina sea susceptible a un debilitamiento sostenido del tipo de cambio real) y las grandes necesidades de financiamiento externo que, según la experiencia internacional, ha demostrado ser un fuerte predictor de una crisis de deuda.

Ya en el año 2017, el gobierno en un documento de junio consignaba que: “Las fluctuaciones del peso pueden afectar adversamente la economía argentina y la capacidad de cumplir con las obligaciones del país… No se puede garantizar que la Argentina pueda obtener financiamiento, lo que puede determinar que no se puedan pagar la deuda pública y los bonos.

El FMI era consciente de la situación y luego del Acuerdo de octubre de 2018, el gobierno le informaba en muchos casos diariamente sobre las operaciones monetarias y otras cuestiones económicas tal como se había acordado en la última Carta de Intención, sin perjuicio de que el organismo había destacado a un funcionario que tenía oficinas en el Banco Central.

De todo lo anterior surge la responsabilidad del FMI en mucho de lo ocurrido con el préstamo otorgado en cuanto a las imposibilidades de ser pagado, pero lo más relevante, es el reconocimiento explícito de la fuga de capitales que se habría operado, lo que muestra de manera irrefutable la violación de los artículos V y VI de su Convenio Constitutivo.

Por acción u omisión el FMI no adoptó las medidas necesarias que establecen las normas citadas, ya que debería haber advertido al gobierno sobre la fuga, e inhabilitarlo para seguir recibiendo los recursos comprometidos, en caso de la falta de respuesta o la continuidad de la salida de los capitales. En este caso la situación era muy grave por la magnitud de las sumas que se transfirieron, lo que obligaba a un estricto control por parte de su representante en la Argentina, y los técnicos que lo asistían, que indudablemente reportaban a la directora gerente del Fondo.

Como puede observarse en la lectura de la Evaluación Ex Post, el FMI no menciona el incumplimiento de su Convenio Constitutivo, no se hace cargo de sus responsabilidades y solo hace algunos señalamientos sobre el fracaso del Acuerdo, pretendiendo como es habitual que el Estado y nuestro pueblo se hagan cargo en su totalidad de las consecuencias derivadas del mismo, lo que supone, aunque no lo diga pagar las sumas comprometidas, las sobretasas de práctica, a través de un nuevo Acuerdo cuyas pautas por el momento se desconocen.

Es por las razones señaladas, que creemos que resulta de fundamental importancia, no acordar en este momento con el organismo multilateral, y proceder de conformidad como lo expusiéramos en el documento que dimos a conocer el 20 de noviembre, ya que es la única manera de poner en evidencia los incumplimientos del FMI, obtener que se haga cargo de las responsabilidades emergentes de la violación de sus propias normas, lo que significa la comisión de actos ilícitos, como lo definiera en el año 2011 la Comisión de Derecho Internacional de las Naciones Unidas. Y además reparar los daños ocasionados por su actitud negligente e irresponsable, no solo al prestar una suma que sabían que era imposible de pagar en los meses acordados, sino no exigir al gobierno que adoptara las medidas necesarias, para evitar que el dinero se fugara del país.

La soberanía no debe ser una palabra de rutina en los discursos oficiales, sino que se la debe ejercer con acciones serias y rigurosas, que impidan los daños ocasionados por contrataciones irresponsables que están condicionando el futuro de la Nación.

Nuestra propuesta es una alternativa distinta, fundada en la necesidad de que se establezcan las responsabilidades, no solo del gobierno que contrajo el endeudamiento, sino del organismo multilateral que lo otorgó irresponsablemente. No basta con un “mea culpa” del FMI, exigimos reparación de los daños ocasionados. El derecho internacional es un arma insustituible para lograr ese cometido y no hay razón ni excusa para no apelar a todas las herramientas disponibles. El pueblo argentino reclama justicia y merece una decisión soberana

Comentarios (7)

  1. eduardolovottihotmailcomar

    la verdad no lo entiendo….. si pagamos o arreglamos vamos a seguir todos asi por que si, viviendo en el mismo pais…….me parece que no son claros en el planteo…. que problema puede haber peor que lo que estamos……vamos camino a ser una estrella mas sin luz en el horizonte….. asi no hay salida es una bomba explosiva….. hagan una consulta popular …. si gana el si se arregla si gana el no …….el no es no…… fernandez y guzman representan un 50 % todavia?……. es un riesgo muy grande arreglar a futuro… si aparecen patriotas ni quiero pensar que lio

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  2. Eduardo

    El capital electoral de 2019 se ha perdido. Y eso es porque Alberto quiere arreglar con el FMI. Esa historia de que pagaremos si crecemos o que pagaremos sin hambrear al pueblo es falsa: LA DEUDA ES ODIOSA Y FUE CONTRAIDA CONTRA EL PUEBLO Y PARA BENEFICIO DE UNA MINORIA PARASITARIA QUE DEMANDA Y FUGA POR OFFSHORE MAS DOLARES QUE LO QUE ES CAPAZ DE PRODUCIR. El concepto DEUDA ODIOSA no es un adjetivo calificativo, ES UN CONCEPTO EN EL DERECHO INTERNACIONAL Y MUY ANTIGUO. Elministro Guzman promete 10 años de malaria, cuando cualquiera puede estimar que arreglando, estamos condentados a por lo menos 50 años de sometimiento a los dictados del fondo y al menos media docena de estallidos cuasi- terminales ( uno cada 7 u 8 años ). El extractivismo que demandaria el fondo para que paguemos y que esta siendo promovido desde sectores progresistas de la política y el periodismo, degradaria ambientalmente nuestro territorio y recursos naturales, además de afectar nuestra soberania: algunos intereses multinacionales estarían apuntando a secesiones territoriales muy peligrosas funcionales al extractivismo. Se esta instrumentando un “dialogo-consenso” con sectores de la oposición sólo para votar el arreglo en el Congreso cuando se de la minima oportunidad o mínima ventana de tiempo favorable. Esa historia de animalitos en la oposición (halcones-palomas) es infantil. Guzman debería irse ya mismo y la politica económica totalmente reformulada. Guzman representa el ala izquierda del mecanismo de endeudamiento, la que lleva a la legalización de deudas indocumentadas y fraudulentas. ARREGLAR ES CONVERTIRSE EN CÓMPLICE DE LA ESTAFA.
    Contra la Deuda, Viva la Patria !

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  3. Eduardo

    Esto SÍ que tiene lógica y sentido.
    Además me generó otra idea : Solicitar indemnizaciones a la Banca por los estragos que causa el sistema offshore.
    Estas acciones también deberían extenderse hacia los países como Paraguay y Uruguay cuyos sistemas financieros operan contra Argentina

    FERNANDA VALLEJOS PIDIÓ AL FMI QUE INDEMNICE A LA ARGENTINA POR EL PRÉSTAMO A MACRI
    https://nacionalypopular.com/2022/01/11/fernanda-vallejos-pidio-al-fmi-que-indemnice-a-la-argentina-por-el-prestamo-a-macri/

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  4. Martha

    No podemos condicionar el bienestar de la mayoría del pueblo argentino a cumplir con una deuda contraída por un mafioso. Que se consulte al pueblo es una opción pero el pueblo debe estar enterado de los pormenores para poder opinar. La mitad por lo menos va a querer arreglar para no perder los espejitos de colores. Otra sería acudir al Tribunal de La Haya (no sé a quién daría la razón, no sé si es muy confiable). Auditar la deuda acaso se pudiera. Pero en todos los caso se necesita una firme voluntad que hasta ahora el gobierno no ha mostrado.

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  5. Eduardo

    “Ultra Vire”.
    Parece que hay más recursos legales que los que imaginamos para enfrentar a esta de banda delincuentes globales.

    Juristas internacionales plantean que el acuerdo del FMI con Macri debería anularse

    https://www.telam.com.ar/notas/202201/580648-acuerdo-fmi-nulo-analisis-juridico.html

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  6. Eduardo

    “Ultra Vires”
    El “ultra vires” es el principio jurídico internacional que considera inválidos los actos de las entidades públicas o privadas que rebasan el límite de la ley.
    Fyente : telam.

    DÓNDE ESTÁN NUESTROS “NEGOCIADORES”

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  7. Leonardo

    Mucho debemos a Friedrich Nietzsche la difusión de la idea del “eterno retorno de lo mismo”. Parece que los argentinos somos todos nietzscheanos. Parecemos empeñados en demostrar la verdad de la hipótesis de ese filósofo. Este es un ejemplo: 1) gobierno no democrático/neoliberal, 2) endeudamiento, 3) empobrecimiento administrado por gobierno posterior. En síntesis, que todos deberemos hacernos cargo -otra vez- de deudas que beneficiaron a unos pocos (¿alguna vez sabremos quiénes?) en detrimento de las grandes mayorías, sin beneficio alguno, ni directo ni indirecto, para el país.

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