DOSSIER VICENTÍN. “Una oportunidad histórica”. Pronunciamiento del Partido Justicialista de Santa Fe

Como el tema nos parece de la mayor importancia, ofrecemos aquí, ademas del histórico pronunciamiento del PJ santafesino, un artículo que sitúa el contexto (la hidrovía, su importancia capital) del diario económico BAE, y por úlltimo un meduloso artículo publicado por Mauro Federico en su blog Puente Aéreo que narra tanto la cocina de la decisión gubernamental de intervenir Vicentín como los entresijos de Glencore, la trasnacional íntimamente relacionada con los tránsfugas que vaciaron Vicentin.

COMUNICADO DE LA COMISIÓN DE ECONOMÍA DEL PARTIDO JUSTICIALISTA DE LA PROVINCIA DE SANTA FE

Expresamos nuestro apoyo a la decisión del presidente de la Nación, Alberto Fernández y de nuestro gobernador Omar Perotti de intervenir la empresa Vicentin SA, la que ha originado un debate que los argentinos nos debemos desde hace muchos años. Aunque la cuestión se ha plagado de operaciones mediáticas y discusiones procedimentales, el hecho más importante resulta ser la posibilidad de que los argentinos tomemos conciencia de la importancia que tiene el sector agroexportador para los intereses de toda la comunidad.

El hecho más importante resulta ser la posibilidad de que tanto el Estado –que al igual que los productores, cooperativas e instituciones financieras junto a quienes constituye los principales acreedores de la firma– no sólo pueda como éstos cobrar lo adeudado, sino también retomar el papel activo que en otras épocas supo jugar en esta estratégica actividad a través de una participación decisiva en la empresa.

Intervenida Vicentín, y haciendo foco en los fines prácticos, estamos ante una gran oportunidad para empezar a ordenar el comercio exterior de granos y manufacturas de origen agropecuario en términos del interés nacional, hecho que resulta de suma importancia para encarar con éxito un proyecto de desarrollo con justicia social.

Estamos convencidos de que la intervención es la salida posible para que desde dentro de la actividad, conociéndola y conduciéndola con manos idóneas y convencidas de los objetivos a lograr, puede hacer de Vicentín un caso testigo.

¿Y para qué una empresa testigo, una firma referente en el mercado local, orientada al interés nacional?

Por varios motivos:

Porque el 75% de las exportaciones agrícolas del país son realizadas por siete empresas multinacionales que acaparan las divisas que la Argentina necesita para promover un modelo de desarrollo nacional, industrial, y alcanzar el pleno empleo. Con una empresa dentro de ese sector estratégico se puede influir en el control del flujo de divisas evitando su fuga, y así reducir el poder especulativo que tienen las empresas agroexportadoras sobre el mercado cambiario.

Porque por la implementación de un modelo político ajeno a intereses nacionales, de economía primarizada y libre mercado, el Estado no realiza ningún control efectivo sobre lo que entra y sale de los puertos de estas empresas. Es la triste realidad desde las desregulaciones y privatizaciones de la década del 90 para acá, un Estado desguazado y cómplice de los grandes capitales extranjeros. Aunque parezca mentira, conocemos lo que estas empresas exportan por una declaración jurada que ellas mismas emiten…

Un cambio drástico en este mecanismo es urgente, pero no es suficiente con inspectores que difícilmente puedan resistirse al poder económico; por eso, desde adentro, serán más efectivos los mecanismos de control, y más probable eliminar cualquier tipo de práctica fraudulenta.

Porque se podría articular efectivamente con otros organismos públicos para mejorar la producción industrial de manufacturas  agroalimentarias, generando valor agregado y tecnologías para mejorar la productividad y reducir el daño a la naturaleza.

Porque a partir de la participación de una empresa con control estatal en el mercado, surge la necesidad de que la Argentina vuelva a pensar en la logística local e internacional, aspecto fundamental para la eficiencia y crecimiento de la cadena de valor agroalimentaria. En cuanto a lo local, mediante la articulación multimodal del movimiento de cargas, potenciando el sistema ferroviario para lograr más eficiencia, descongestión ferroviaria y beneficio ambiental.

En cuanto a lo internacional, para impulsar la reconstrucción de una flota mercante nacional que nos permita obtener (liberar) divisas y potenciar nuestra industria naval, estratégica para cualquier proyecto de desarrollo nacional. El abandono deliberado del Estado argentino en este campo, nos deja a merced del interés de las empresas extranjeras y genera un quebranto anual de 7.000 millones de dólares en concepto de pago de fletes por nuestras importaciones y exportaciones.

Porque participando activamente desde adentro de la actividad, resulta posible conocer los detalles de la estructura de costos, precios y margen de ganancia, pudiendo dilucidar y exhibir la trama ilegal de lavado de dinero y evasión impositiva que caracteriza al sector, como también prevenir las maniobras especulativas respecto de los precios de los alimentos, con fines económicos y/o políticos. Demostrar, y dar a conocer públicamente, que el porcentaje de ventas “en negro” que pasa por estas empresas es muy importante; y así, dejar al descubierto la inacción y complicidad de los sucesivos gobiernos (en sus tres niveles) por no decidir investigar el tema. Con una empresa participando en el sector, dirigida por argentinos que representen los intereses nacionales se podrá abordar las causas del problema y no habrá excusas para avanzar sobre la resolución definitiva.

Porque aunque Vicentin acapare, en la actualidad, el 9% del mercado local de granos, cereales y aceites, bien puede generar incentivos económicos con precios de referencia que le permitan rápidamente ganar más participación en el mercado, al mismo tiempo que se beneficia a los productores agropecuarios más pequeños orientando sus compras para desconcentrar la producción. Con Vicentin aplicada al interés nacional, los pequeños productores podrían tener una chance de eludir los condicionamientos, y bajos precios, de los intermediarios impuestos por las multinacionales como parte de su estrategia financiera de evasión y aumento desmedido del margen de ganancias.

Por la importancia y magnitud de este proyecto, si se lo aborda en este sentido, se necesita inevitablemente la participación de diversos actores de la comunidad productiva: cooperativas productoras de granos, las agremiaciones de productores, los trabajadores de la firma, los actores vinculados a la comercialización. Todo ello con la imprescindible conducción de representaciones estatales Nacional y Provincial.

Entendemos que resulta atinada y técnicamente impecable la intervención solicitada por la IGPJ (Inspección General de Personas Jurídicas) de la Provincia de Santa Fe que pone en primer lugar el sostenimiento del empleo de trabajadores directos e indirectos, la defensa de pequeños y medianos productores y de las cooperativas que éstos conforman, como así también de todo el sector social y productivo del hinterland del conglomerado empresario dentro del marco legal correspondiente.

La clave: la hidrovía Paraguay-Paraná

 

POR ERNESTO HADIDA / BAE / RESÚMEN LATINOAMERICANO

Los ojos están puestos sobre la empresa Renova, la subfacturación y el rol de Glencore. La UIF investiga la triangulación de exportaciones que hacía Vicentin a través de las aguas del Paraná, ante la imposibilidad de saber dónde termina Glencore y dónde empieza Vicentin en la firma Renova

Vicentin no era una isla”. Así al menos lo cree el titular de Unidad de Información Financiera (UIF), Carlos Cruz, en el escrito que el organismo le presentó a la fiscalía a cargo de Gerardo Pollicita para que investigue si Vicentin “forma parte de una red corporativa que incluye 16 firmas en el país y otras tantas en Uruguay, Paraguay, Brasil y España”.

Cruz, como antes el director del Banco Nación Claudio Lozano, y acaso también el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, intuyen que las operaciones de la cerealera son tan oscuras y barrosas como las aguas del Paraná. La UIF, de hecho, cree que “existen indicios que nos permiten sostener que Vicentin no sólo habría simulado su estado de cesación de pagos, sino que, a su vez, habría utilizado su estructura en el exterior y/o la de Glencore para remitir sus ganancias al extranjero”.

Marc Rich. Este ya fallecido magnate de nacionalidad belga-israelí-estadounidense íntimamente viculado al Mossad y al presidente Bill Clinton, fue el fundador de Glencore.

Pero Cruz no es el primero. Pasaron ya casi seis meses desde que el informe de Claudio Lozano sacara del limo los balances de Vicentine hiciera evidente que “de las 20 empresas en que Vicentin SAIC tiene participación (sea controlada o vinculada), en las 17 empresas para las que se presenta información, todas tienen patrimonio neto positivo, destacándose el caso de Vicentin Paraguay, Oleaginosa San Lorenzo y Renova (en la que actualmente tiene una participación minoritaria)”.

“En el caso de los resultados, la situación es diferente, dado de que 11 de estas 17 empresas tienen resultado positivo. Dentro de ellas, además de Renova, se destaca el caso de Vicentin Paraguay, Friar y Vicentin Europa”. Datos que dan indicios fuertes de dos cuestiones: la triangulación de exportaciones que hacía Vicentin a través de las aguas del Paraná y la imposibilidad de saber dónde termina Glencore y empieza Vicentin en la firma Renova.

Cabe recordar que Renova no es una firma más del holding VicentinYPF Agro, la empresa que se hará cargo como fiduciario de Vicentin, le compra cerca del 40% del bioteanol y biodiesel que usan Glencore y Vicentin en la planta Renova, instalada en el Gran Rosario, en las localidades de San Lorenzo y Timbúes. Para mejorar ese negocio, Vicentín obtuvo un préstamo de USD295 millones para financiar la operatoria de la molienda de soja a través de la firma Renova, con un préstamo otorgado por los bancos de la Corporación Financiera Internacional (CFI), miembro del Grupo del Banco Mundial, Natixis y Rabobank. Indicios que le hicieron poner el ojo a Cruz, de la UIF, sobre la empresa Renova.

 

Pero en realidad Vicentin parece cada vez más una parada hacia el destino final: la discusión sobre la situación actual de la hidrovía Paraguay – Paraná. La hidrovía es la yugular del sistema agroexportaodor argentino: por ahí sale el 80% de lo que produce el campo. La ruta fluvial, que tiene una extensión de 3.422 kilómetros, que recorre Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil, mueve unos USD70.000 millones, unos 4.400 buques que transportan cien millones de toneladas.

Quizás por eso aún nadie habla de la hidrovía, aunque el presidente Alberto Fernández lo hizo pocas horas de comenzar su mandato, en diciembre del año pasado, cuando anunció que la explotación de la hidrovía, hoy en manos de dos empresas denunciadas: la empresa Emepa de Gabriel Romero, empresario relacionado con el radicalismo y que declaró en la “causa cuadernos” haber pagado USD600 mil para lograr la extensión por una década de la concesión en 2010; y del belga Jan de Nul, que pertenece a los hermanos Peter y Dirk De Nul. cuya concesión vence en 2021, pasará a manos de las provincias “que tienen la hidrovía y usan la hidrovía” como dijo el presidente Fernández.

Lo cierto es que el pasado “cuadernista” de Romero y pese al acercamiento de Jan de Nul hacia algunos gobernadores (en febrero el gobernador de Chaco, Jorge Capitanich, recibió a los embajadores de Bélgica, Peter Maddens y de Paraguay, Julio César Vera Cáceres y a Jan Pieter de Nul, CEO global de Jan Del Nul Group) es probable que muchos acuerdos, tácitos y expresos, se caigan luego de la expropiación de Vicentin.

El tema central, afirman muchos senadores cercanos a la vicepresidenta, Cristina Fernández, sigue siendo el ingreso de dólares al país, la subfacturación y el rol de Glencore. Y es que por la hidrovía este año podrían salir más de USD28.000 millones, dólares que la economía argentina necesita para sobrevivir a la pandemia acaso más que la vacuna del Covid19. Controlar esos dólares a través de una empresa bajo soberanía estatal como Vicentin le servirá al Gobierno para saber cuáles son los niveles reales de subfacturación de exportaciones  de las  grandes cerealeras (que algunos creen en más de USD5.000 millones por año) y quien es el mayor elusor y evasor del fisco en el rio Paraná. Las miradas, por ahora, van dirigidas hacia la firma anglo-suiza.

Pero el affaire Vicentin también logre filtrar y hacer pública la extraña y sospechosa trama que llevó a la cárcel a dos pesos pesados del Paraná: el  primero, el jefe del Sindicato Unido de Portuarios Argentinos, Hermes Orlando “Vino caliente” Juárez, quien fuera un hombre de mucho poder en el Gran Rosario, detenido en el marco de un megaoperativo policial acusado de extorsión y lavado de dinero y que al que el juez Adrián González Charvay le permitió volver a su casa, a orillas del río Paraná. El segundo,Omar “Caballo” Suárez  ex titular del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU), quien la Sala 1 de la Cámara Federal revocó el procesamiento por lavado de dinero.

Esos dos hombres, ahora sin el yugo de la selectiva Justicia macrista bajo sus espaldas, acaso podrán contar cuales y de qué empresas eran las barcazas del convoy de 16 unidades con 24 mil toneladas de carga, que  transitan a menudo en la hidrovía Paraguay– Paraná (y la cual  equivale a la carga de 20 trenes de 40 vagones cada uno, o a 960 camiones cargando 25 toneladas cada uno) que solían ir vacías al Paraguay y volver llenas al país, cuando supuestamente habían salido repletas de la Argentina.

Una pregunta que se hacen senadores, miembros de la UIF, jueces paraguayos y fiscales argentinos, que creen haber encontrado, sorpresivamente, un “triángulo de las bermudas sojero” en suelo paraguayo, donde las oleaginosas y los cereales le desaparecían al fisco, no ya abducidos por OVNIS, sino por la codicia de varias empresas locales y multinacionales.

Vi­cen­tin: La idea fue de ella, la de­ci­sión fue de él

La in­ter­ven­ción ofi­cial en el es­can­da­lo­so des­a­gui­sa­do del hol­ding Vi­cen­tin está muy le­jos de ser la pun­ta de lan­za de una avan­za­da es­ta­tis­ta. Sin em­bar­go, los gru­pos de la eco­no­mía con­cen­tra­da, las gran­des pa­tro­na­les agro­pe­cua­rias y Jun­tos por el Cam­bio se abro­que­la­ron para re­sis­tir la me­di­da, agi­tan­do la ab­sur­da con­sig­na de que “Ar­gen­ti­na va rum­bo a ser Ve­ne­zue­la” con el cla­ro ob­je­ti­vo de pro­vo­car te­mor ante una inexis­ten­te fie­bre ex­pro­pia­do­ra del go­bierno de Al­ber­to Fer­nán­dez. En el ofi­cia­lis­mo, las ten­sio­nes en­tre di­ri­gen­tes con mi­ra­das con­tra­pues­tas, pro­vo­ca­ron al­gu­nos chis­po­rro­teos den­tro del Fren­te de To­dos, que mues­tra más ho­mo­ge­nei­dad de cri­te­rio para ca­rac­te­ri­zar el desas­tre le­ga­do por el ma­cris­mo, que para se­ña­lar el ca­mino de sa­li­da de este la­be­rin­to. El ver­da­de­ro ne­go­cio de­trás de la ce­rea­le­ra y el rol de la ma­yor mul­ti­na­cio­nal ali­men­ta­ria del mun­do. Pa­sen y lean. 


POR MAURO FEDERICO

Em­pre­sas que eva­den im­pues­tos hubo siem­pre. Es­ta­dos que mi­ran para otro lado, tam­bién. La his­to­ria en­se­ña que para evi­tar los abu­sos del po­der eco­nó­mi­co y re­cu­pe­rar lo ro­ba­do, a ve­ces es ne­ce­sa­rio ac­tuar con for­ta­le­za, sin que ello su­pon­ga vio­lar las le­yes. Un cla­ro ejem­plo ocu­rrió hace más de ochen­ta años du­ran­te la lla­ma­da Dé­ca­da In­fa­me, cuan­do al go­bierno de fac­to de Agus­tín P. Jus­to no le que­dó otro ca­mino que ini­ciar un re­cla­mo for­mal ante la Jus­ti­cia con­tra el Gru­po Bem­berg por la eva­sión del im­pues­to a la trans­fe­ren­cia de bie­nes, me­dian­te la cons­ti­tu­ción de so­cie­da­des anó­ni­mas con re­si­den­cia en el ex­tran­je­ro (una de las for­mas más uti­li­za­das por los hol­dings ar­gen­ti­nos para elu­dir el pago de car­gas im­po­si­ti­vas).

El caso Bem­berg se inició en 1937 y ter­mi­nó trans­for­mán­do­se en uno de los es­cán­da­los eco­nó­mi­cos más im­por­tan­tes de la res­tau­ra­ción con­ser­va­do­ra. El “trust” pro­pie­dad de esta tra­di­cio­nal fa­mi­lia ale­ma­na, lle­gó a de­ber al Es­ta­do ar­gen­tino la suma de $ 181.000.000 a prin­ci­pios de la dé­ca­da del cua­ren­ta, so­la­men­te en con­cep­to de im­pues­to a la he­ren­cia. Esta de­frau­da­ción ha­bía sido to­le­ra­da y le­gi­ti­ma­da por los go­bier­nos de la Dé­ca­da In­fa­me.

Cuan­do Juan Do­min­go Pe­rón lle­gó a la pre­si­den­cia en 1946, la con­cen­tra­ción eco­nó­mi­ca y el de­sen­vol­vi­mien­to de prác­ti­cas mo­no­pó­li­cas afec­ta­ban a vas­tos sec­to­res de la in­dus­tria. En­tre ellos, la cer­ve­ce­ra ocu­pa­ba un lu­gar de im­por­tan­cia de­bi­do a que se tra­ta­ba de un pro­duc­to de con­su­mo ma­si­vo, cuya de­man­da cre­cía ver­ti­gi­no­sa­men­te des­de fi­na­les del si­glo XIX. Si bien el jus­ti­cia­lis­mo en­sa­yó di­ver­sos ins­tru­men­tos de con­tra­lor co­mer­cial y fi­nan­cie­ro de los gru­pos em­pre­sa­ria­les, elu­dió la ex­pro­pia­ción y la na­cio­na­li­za­ción de gran­des sec­to­res de la in­dus­tria.

La ofen­si­va de Pe­rón con­tra el gru­po Bem­berg fue ex­cep­cio­nal. A tra­vés de la san­ción de la ley 14.122, dis­pu­so la li­qui­da­ción de sus bie­nes, para lue­go ad­qui­rir las em­pre­sas a pre­cios ba­jos, con lo que el Es­ta­do pasó a te­ner el con­trol pú­bli­co de la in­dus­tria cer­ve­ce­ra y puso en mar­cha am­bi­cio­sas ini­cia­ti­vas de co­ges­tión obre­ra a tra­vés de coope­ra­ti­vas que par­ti­ci­pa­ron del con­trol de las com­pa­ñías. En su en­sa­yo so­bre La na­cio­na­li­za­ción de las em­pre­sas Bem­berg, el ana­lis­ta Clau­dio Be­li­ni re­cuer­da que “esta me­di­da fue pre­sen­ta­da por sus de­trac­to­res como ex­pre­sión del au­to­ri­ta­ris­mo de Pe­rón o bien como una ven­gan­za per­so­nal de Evi­ta con­tra los que no apo­ya­ban la ta­rea de su fun­da­ción”.

Cu­rio­sa­men­te se­ten­ta años des­pués, la opo­si­ción en­car­na­da en los frag­men­tos aún humean­tes del de­to­na­do go­bierno de Mau­ri­cio Ma­cri, alia­da con los sec­to­res de la eco­no­mía con­cen­tra­da y las pa­tro­na­les agro­pe­cua­rias, uti­li­zan ar­gu­men­tos si­mi­la­res para en­fren­tar la de­ci­sión de Al­ber­to Fer­nán­dez de avan­zar en la in­ter­ven­ción y pos­te­rior ex­pro­pia­ción del Gru­po Vi­cen­tin. El “es­pe­jo” de aquel au­to­ri­ta­ris­mo es el cha­vis­mo ve­ne­zo­lano; y la fi­gu­ra de Evi­ta, hoy la en­car­na Cris­ti­na Fer­nán­dez de Kir­ch­ner, que en la afie­bra­da men­te de sus con­tre­ras, “bus­ca ven­gar­se por aque­lla de­rro­ta de la 125”.

Mal que les pese a quie­nes cons­tru­ye­ron esta de­mo­ni­za­ción de los he­chos, exis­tió en la de­ci­sión de in­ter­ve­nir en el des­a­gui­sa­do de Vi­cen­tin una cla­ra mues­tra de lo que ex­pre­sa la esen­cia mis­ma del Fren­te de To­dos. Y eso que­dó evi­den­cia­do en la con­fe­ren­cia de pren­sa en la que el pre­si­den­te anun­ció la in­ter­ven­ción flan­quea­do por el mi­nis­tro de Pro­duc­ción Ma­tías Kul­fas y la se­na­do­ra Anabel Fer­nán­dez Sa­gas­ti, quien re­por­ta en la in­ter­na del Frente de Todos a la vi­ce­pre­si­den­ta. “Mu­chas gra­cias por ha­ber es­cu­cha­do la idea”, le dice la le­gis­la­do­ra al pre­si­den­te cuan­do le cede la pa­la­bra, a lo que Al­ber­to le res­pon­de: “Gra­cias por ha­ber­nos ayu­da­do en la re­dac­ción de la ini­cia­ti­va y en la idea”. El acto arro­jó ges­tua­li­da­des cla­ras que per­mi­ten in­fe­rir cómo se pro­du­jo el pro­ce­so de de­ci­sión para in­ter­ve­nir la em­pre­sa Vi­cen­tin. La idea fue de Cris­ti­na, la de­ci­sión de im­pul­sar el pro­yec­to –como debe ser- co­rres­pon­de al pri­mer man­da­ta­rio.

Ca­ce­ro­las para los fi­deos

Sa­lie­ron a las ca­lles y a los bal­co­nes. Al­gu­nos te­nían ca­ce­ro­las, otros ban­de­ras con el logo im­pre­so de la em­pre­sa. El epi­cen­tro fue la lo­ca­li­dad san­ta­fe­si­na de Ave­lla­ne­da, don­de se en­cuen­tran las ofi­ci­nas del hol­ding ce­rea­le­ro más im­por­tan­te de la pro­vin­cia. Pero tam­bién se hi­cie­ron sen­tir en al­gu­nos ba­rrios de la ciu­dad de Bue­nos Ai­res. “#Vi­cen­tin no se ex­pro­pia”, fue la con­sig­na agi­ta­da en re­des so­cia­les por el pu­ña­do de mi­les que se ma­ni­fes­ta­ron sin te­ner bien en cla­ro si­quie­ra de qué se tra­ta­ba la de­man­da. Le­gis­la­do­res opo­si­to­res y em­pre­sa­rios tam­bién ex­pre­sa­ron su opo­si­ción a la ini­cia­ti­va. Sin em­bar­go, nin­guno plan­teó al­ter­na­ti­vas para res­ca­tar al gru­po Vi­cen­tin, pa­gar su deu­da con el Ban­co Na­ción, la AFIP y  2500 pro­duc­to­res de Cór­do­ba y San­ta Fe, evi­tar el des­gua­ce de la em­pre­sa y man­te­ner las 7000 fuen­tes de tra­ba­jo di­rec­tas. Lo úni­co que hi­cie­ron fue cues­tio­nar la úni­ca pro­pues­ta que con­tem­pla to­das esas va­ria­bles: la efec­tua­da por el go­bierno na­cio­nal.

Es más que evi­den­te que el Fren­te de To­dos no te­nía en sus pla­nes ex­pro­piar nin­gu­na em­pre­sa y mu­cho me­nos en me­dio de la rís­pi­da ne­go­cia­ción con los bo­nis­tas ex­ter­nos que re­quie­re de mu­chos ava­les ex­ter­nos a quie­nes no les agra­da de­ma­sia­do este tipo de prác­ti­cas in­ter­ven­cio­nis­tas. Ade­más, el go­bierno se ve en la obli­ga­ción de res­ca­tar a su prin­ci­pal ban­co pú­bli­co, a quien Vi­cen­tin le adeu­da un mon­to que re­pre­sen­ta un ter­cio de sus be­ne­fi­cios y que, al no pa­gar­se, co­lo­ca en una com­pro­me­ti­da si­tua­ción fi­nan­cie­ra a la en­ti­dad. Solo al Na­ción la em­pre­sa in­ter­ve­ni­da le adeu­da 300 mi­llo­nes de dó­la­res. Si se le suma la deu­da con AFIP y la que man­tie­ne con otros ban­cos pú­bli­cos, el mon­to se ele­va casi has­ta los 600 mi­llo­nes de dó­la­res.  Pa­san­do en lim­pio: Vi­cen­tin quie­bra y no co­bra na­die. O sea vos tam­po­co.

Ni ha­blar so­bre las irre­gu­la­ri­da­des que pre­sen­ta la deu­da. Unos cien mi­llo­nes se le pres­ta­ron du­ran­te no­viem­bre de 2019, tras la de­rro­ta de Ma­cri en las elec­cio­nes ge­ne­ra­les, in­clu­so cuan­do la em­pre­sa es­ta­ba en ce­sa­ción de pa­gos. A la se­ma­na de ha­ber re­ci­bi­do el úl­ti­mo tra­mo del di­ne­ro, pi­dió la con­vo­ca­to­ria de acree­do­res. La ma­nio­bra, re­pe­ti­da has­ta el har­taz­go por el go­bierno ma­cris­ta, era cla­ra. Se le otor­ga­ba un prés­ta­mo im­pa­ga­ble a un gru­po “ami­go” –prin­ci­pal sos­tén de la cam­pa­ña ma­cris­ta en tie­rras san­ta­fe­si­nas– para lue­go pro­pi­ciar un ne­go­cio que tu­vie­ra par­ti­ci­pa­ción de so­cios “ex­tran­je­ros” para sal­var la em­pre­sa.

Ade­más de las es­pe­ra­bles vo­ces opo­si­to­ras, apa­re­cie­ron otros que –des­de los már­ge­nes de la coa­li­ción go­ber­nan­te– ex­pre­sa­ron su di­si­den­cia con la idea de la ex­pro­pia­ción. Des­de el muy enoja­do Gui­ller­mo Mo­reno, has­ta el ecu­mé­ni­co Eduar­do Duhal­de, ex­pre­sa­ron su di­si­den­cia en los me­dios de co­mu­ni­ca­ción. Otros, sin ex­po­ner­se, tam­bién ma­ni­fes­ta­ron su con­tra­rie­dad, como por ejem­plo al­gu­nos di­ri­gen­tes del Fren­te Re­no­va­dor y cier­tos in­te­gran­tes del círcu­lo cer­cano al pre­si­den­te. In­clu­so a mi­tad de se­ma­na se echó a co­rrer la ver­sión de que Al­ber­to re­cu­la­ría en su de­ci­sión pro­duc­to de la pre­sión ejer­ci­da por los opo­si­to­res al pro­yec­to. Nada de eso su­ce­dió.

La ver­da­de­ra joya de la abue­la

De­trás de la po­lé­mi­ca desata­da por la ex­pro­pia­ción de Vi­cen­tin apa­re­ce la som­bra de la mul­ti­na­cio­nal Glen­co­re, uno de los hol­dings más gran­des del mun­do de­di­ca­dos al co­mer­cio de ali­men­tos y com­mo­di­ties. Este mons­truo se aso­ció con la em­pre­sa san­ta­fe­si­na en 2007 para con­for­mar Re­no­va, un joint ven­tu­re en el que las dos em­pre­sas te­nían el 50% de las ac­cio­nes. Esta es la ver­da­de­ra joya de la abue­la.

En su re­por­te anual de 2019, la com­pa­ñía re­por­ta ha­ber ob­te­ni­do in­gre­sos bru­tos por 11.600 mi­llo­nes de dó­la­res en­tre sus dos ra­mas: in­dus­trial, que in­clu­ye ex­plo­ta­ción de mi­nas de car­bón, co­bre, co­bal­to, zinc, ní­quel y otras fe­rroa­lea­cio­nes; y co­mer­cial, de­di­ca­da a la com­pra y ven­ta de ma­te­rias pri­mas de pro­duc­tos ali­men­ti­cios. De he­cho, Glen­co­re lle­ga a con­tro­lar el 10% del mer­ca­do glo­bal de tri­go y cer­ca del 25% del de gi­ra­sol, ce­ba­da y col­za. Para evi­tar cos­tos de lo­gís­ti­ca in­ma­ne­ja­bles, la mul­ti­na­cio­nal cuen­ta con una flo­ta de bar­cos ma­yor a la de la Ar­ma­da Bri­tá­ni­ca, ad­mi­nis­tra 150 ba­ses en 35 paí­ses y em­plea a más de 160 mil per­so­nas.

A pe­sar de su po­de­río (o jus­ta­men­te por él) el gru­po no es­tu­vo exen­to de es­cán­da­los de co­rrup­ción. Su fun­da­dor, el ya difunto belga Marc Rich, fue acu­sa­do en 1983 por la fis­ca­lía neo­yor­qui­na por una eva­sión fis­cal su­pe­rior a los 50 mi­llo­nes de dó­la­res (y, a pesar de ser sionista y muy relacionado con el Mossad, de haber hecho pingües negocios el Irán del ayatolá Jomeini. N. del E.). Para eva­dir a la jus­ti­cia, el em­pre­sa­rio se mudó a Sui­za. Has­ta que en una de las úl­ti­mas de­ci­sio­nes de su go­bierno, el pre­si­den­te Bill Clin­ton re­sol­vió in­dul­tar­lo en enero de 2001. Las irre­gu­la­ri­da­des del hol­ding tam­bién apa­re­cie­ron en los Pa­na­má Pa­pers y los Pa­ra­di­se Pa­pers, que re­ve­la­ron el uso de em­pre­sas offs­ho­re en pa­raí­sos fis­ca­les para eva­dir im­pues­tos. Uno de los ca­sos más so­na­dos fue el de Glen­co­re Aus­tra­lia, in­ves­ti­ga­da por la Aus­tra­lian Ta­xa­tion Of­fi­ce (ATO) por eva­dir el pago de 2.500 mi­llo­nes de dó­la­res.

En Ar­gen­ti­na, la em­pre­sa es pro­pie­ta­ria del 50% de la em­pre­sa mi­ne­ra Alum­bre­ra, cuyo em­pren­di­mien­to prin­ci­pal es Bajo de la Alum­bre­ra, en la pro­vin­cia de Ca­ta­mar­ca (nor­te), que pro­du­ce anual­men­te 321.000 to­ne­la­das de con­cen­tra­do de co­bre y oro. La fir­ma con­tro­la toda la ca­de­na, con un pro­ce­so que abar­ca ope­ra­cio­nes en Ca­ta­mar­ca, Tu­cu­mán y San­ta Fe y que in­clu­ye la ex­trac­ción, el pa­sa­je por una plan­ta con­cen­tra­do­ra, un mi­ne­ra­lo­duc­to, el fil­tra­do y su pos­te­rior tras­la­do al Puer­to Ge­ne­ral San Mar­tín, en San­ta Fe, des­de don­de par­ten en­tre uno y dos bu­ques men­sua­les por el río Pa­ra­ná ha­cia los mer­ca­dos in­ter­na­cio­na­les.

No es la úni­ca ter­mi­nal por­tua­ria ad­mi­nis­tra­da por Glen­co­re. La otra, tam­bién ubi­ca­da en la pro­vin­cia de San­ta Fe, está den­tro de la Plan­ta Tim­búes de Re­no­va, la em­pre­sa de ges­tio­na en so­cie­dad con la ar­gen­ti­na Vi­cen­tin para ela­bo­rar pro­duc­tos como acei­te de soja, ha­ri­na de soja, bio­die­sel o gli­ce­ri­na, en­tre otros. La mala si­tua­ción eco­nó­mi­ca de Vi­cen­tin en los úl­ti­mos años lle­vó a la em­pre­sa ar­gen­ti­na a ofre­cer a Glen­co­re la ven­ta de su par­ti­ci­pa­ción en Re­no­va. En di­ciem­bre, am­bas fir­mas ce­rra­ron un acuer­do por el que Glen­co­re au­men­ta­ba su par­ti­ci­pa­ción de 50% a 66% de las ac­cio­nes. En abril, le ofre­ció pa­gar 325 mi­llo­nes de dó­la­res por el 33% que aún se­guía en ma­nos de Vi­cen­tin, aun­que el acuer­do no se ce­rró. Y aho­ra todo que­da­ría en la nada si se con­cre­ta la ex­pro­pia­ción que le arre­ba­ta­ría a la mul­ti­na­cio­nal el con­trol de una ac­ti­vi­dad es­tra­té­gi­ca para el desa­rro­llo ener­gé­ti­co de la Ar­gen­ti­na.

El gran desa­fio 

“Vi­cen­tin lle­gó a ser la em­pre­sa agroex­por­ta­do­ra nú­me­ro uno de la Ar­gen­ti­na por­que apos­tó a la pro­duc­ción in­dus­trial. En los años del macris­mo, sin em­bar­go, los cré­di­tos del Ban­co Na­ción des­ba­rran­ca­ron en ma­nio­bras fi­nan­cie­ras que de­ben in­ves­ti­gar­se ju­di­cial­men­te y que ge­ne­ra­ron la an­gus­tia de casi trein­ta mil fa­mi­lias que su­frie­ron las con­se­cuen­cias de una po­lí­ti­ca que prio­ri­zó lo fi­nan­cie­ro, el la­va­do de dine­ro y la fuga de ca­pi­ta­les por en­ci­ma de lo pro­duc­ti­vo”, sos­tie­ne Car­los del Fra­de dipu­tado pro­vin­cial de San­ta Fe y miem­bro de la Co­mi­sión crea­da por la le­gis­la­tu­ra para in­ves­ti­gar el af­fai­re.

La idea de Del Fra­de va en sin­to­nía con lo que pro­pu­so el eco­no­mis­ta Clau­dio Lo­zano, ac­tual­men­te miem­bro del Di­rec­to­rio del Na­ción, de pro­mo­ver la crea­ción de una em­pre­sa pú­bli­ca, mix­ta, que per­mi­ta la par­ti­ci­pa­ción de tra­ba­ja­do­res, pro­duc­to­res, coope­ra­ti­vas y el co­no­ci­mien­to de pro­fe­sio­na­les sur­gi­dos de las uni­ver­si­da­des de Ro­sa­rio y el Li­to­ral. “Hay fu­tu­ro para Vi­cen­tin y San­ta Fe en la me­di­da que se pro­fun­di­ce la de­mo­cra­cia, la trans­pa­ren­cia y la par­ti­ci­pa­ción, te­nien­do como base el res­pe­to a las fa­mi­lias tra­ba­ja­do­ras y la ne­ce­si­dad de con­tar con el es­ta­do na­cio­nal ju­gan­do fuer­te y mar­can­do la can­cha en el ne­go­cio ex­por­ta­dor y en el sis­te­ma fi­nan­cie­ro”, con­clu­ye el le­gis­la­dor.

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