El Choripán violador

El choripán, un atentado a los Derechos Humanos


La foto es impactante: en primer plano, el humo y, al fondo, algunas siluetas sorprendidas al engullir un embutido parrillero entre dos trozos de pan francés. 

Por Ricardo Ragendorfer / Tiempo Argentino

Fue publicada el 5 de enero en el portal del diario Clarín con la siguiente bajada: «La imagen confirma que hubo hamburguesas y choripanes en el ex centro clandestino de detención». Una lección de periodismo. Así quedó al descubierto el ominoso pacto de silencio entre dos mil personas –entre ellas, funcionarios, empleados del Estado e invitados especiales–, quienes, usando como tapadera la supuesta presentación del «Plan Estratégico del Ministerio de Justicia para el período 2013-2015», se entregaron sin freno ni pudor a una orgía de carne y Coca Cola en las instalaciones de la ex ESMA.

Al día siguiente, ese documento gráfico fue elegido para la portada de papel del citado matutino. El escándalo gastronómico ya estaba en boca de todos. Sacudía las redes sociales. Y amenizaba las sobremesas del ciudadano común. De la nada, el asunto había crecido como una enorme bola de nieve.

Hubo una vez –a partir del 24 de marzo de 2004, cuando el gobierno privó del sitio a la Armada– en que los organismos de Derechos Humanos, junto con destacadas personalidades en dicha temática, se enfrascaron en una intensa discusión sobre el destino de aquel predio de 17 hectáreas y 35 edificios. Las tesituras al respecto fueron: utilizarlo para actividades culturales y educativas, con la única excepción del Casino de Oficiales –en donde ocurrió el cautiverio de las víctimas–, el cual quedaría como espacio histórico; o, por el contrario, extender ese carácter a todo el lugar, sin otros eventos que actos recordatorios y visitas guiadas. Ya se sabe que, al final, prevaleció la primera posición. ¿Es posible que ese añejo debate no haya sido debidamente saldado? Desde tal pregunta, son lícitas y hasta atendibles ciertas voces de disenso hacia el ágape del 27 de diciembre en la ESMA; en especial, si provienen de sobrevivientes o familiares. Sin embargo, las repercusiones del acontecimiento rebasaron con creces aquel marco. Han desatado insólitas derivaciones. Y con personajes cuya calaña es digna de mención.

En este punto, una pincelada del pasado reciente. El 24 de junio de 2007, Mauricio Macri celebró su triunfo en las urnas. Días antes, en una entrevista, había elogiado a Osvaldo Cacciatore, el intendente de la dictadura. Ahora, de cara a la hinchada, bramaba: «¡Basta de perseguir a los fantasmas del pasado! ¡Basta de resentimiento!». Su público estalló en una ovación. Y él continuó: 

«El siglo XX fue el siglo de los Derechos Humanos; el siglo XXI será el de las obligaciones ciudadanas.» Casi pegado al escenario, un tal Daniel Lipovetzky aplaudía a rabiar. En 2010 sería nombrado secretario de Derechos Humanos de la Ciudad. Como funcionario, sólo se lo recuerda por la acusación de haber retaceado el dinero correspondiente al mantenimiento de los espacios para la memoria a cargo del gobierno porteño. «Hubo restricciones presupuestarias», fue, entonces, su escueta justificación.


–¿Hubo también restricción para las bicisendas? –quiso saber un periodista.

La respuesta fue:

–No voy a entrar en detalles.

Ya reciclado en legislador de la Ciudad, Lipovetzky no se privó de opinar sobre el brindis en la ex ESMA. Su juicio fue lapidario: «Cuando el bastardeo de la memoria lo hace un ministro de la Nación (se refería a Julio Alak), debe exigírsele la renuncia, y evaluar una severa sanción.»

Su correligionario, el diputado nacional Julián Obiglio, fue más elocuente: «No se puede brindar en el mismo piso en el cual torturaron a seres humanos.»

Notable esa frase en su boca.

Obiglio es un abogado evangelista de 36 años, liberal a ultranza y acérrimo opositor al matrimonio igualitario. Con Lipovetzky, justamente, forma parte de la Fundación Pensar, un think tank de orientación conservadora, en donde ambos supieron alternar con sujetos como el juez de la dictadura Federico Young, y el ex agente del Batallón 601 Julio Cirino, luego procesado por delitos de lesa humanidad. Vueltas de la vida.

Ahora ambos repudiaban toda ofensa oficialista a la memoria.

Lo cierto es que el cariz de las circunstancias lanzó al tema hacia un súbito auge y, a la vez, a una oportunidad de exposición mediática para alguna clase de dirigentes. Tanto es así que los radicales Ernesto Sanz, Manuel Garrido, Jorge Albarracín y José Cano se treparon a la cruzada. Margarita Stolbizer, del GEN, reclamó que lo echen «a Alak a patadas». Y Patricia Bullrich fue hasta el fondo: «Esto demuestra una vez más que la política de Derechos Humanos del kirchnerismo es una puesta en escena.»

¿Será que la resistencia de ciertos sectores a los juicios por los crímenes de la dictadura pasa ahora por ese fundamentalismo protocolar? ¿Acaso se trata de una instancia superadora de la Teoría de los dos Demonios?

Hay una mujer que de ello algo sabe. Y, coincidiendo espantosamente con las palabras de la señora Bullrich, escribió en su cuenta de Twitter: «El asado en la ESMA demuestra claramente que al gobierno no le importan nada los Derechos Humanos.»

Así Cecilia Pando fijó su posición al respecto. 

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