El conflicto con Uruguay y el sueño de la Patria Grande

Por Diego Fernández / Pájaro Rojo

La reaparición del conflicto con el gobierno de Uruguay por el impacto ambiental de la pastera UPM, pone una vez más sobre el tapete un problema de fondo, que no aparece en el tratamiento que a ambas márgenes del río se le da al problema: las falencias en la construcción del Mercosur. Y mientras permanezcan tales deficiencias, permanecerán los límites y contradicciones que continuarán padeciendo nuestros países y gobiernos para evitar o enfrentar con beneficio de los pueblos los conflictos que se sucedan.

En términos estructurales, el Mercosur no ha superado el concepto que le diera origen en pleno auge del neoliberalismo, en la década de los ’90, promovido por las corporaciones empresariales de la región y en función de maximizar sus negocios, con el fin de configurar una unión aduanera que instalara el libre comercio bajo la hegemonía de la burguesía paulista.

El concepto de Patria Grande trasciende el mero romanticismo historicista. El legado histórico de Artigas, San Martín, Bolívar -y del mismísimo Ugarte, que acuñara la expresión- en relación a la construcción de la Patria Grande, es básicamente una apelación política, y como tal, un mandato de construcción política estratégica y que debe comprender una economía política común.

Los desequilibrios en las estructuras económicas de los países que integran el Mercosur, son un argumento recurrente a la hora de encontrar excusas a los problemas por no avanzar en niveles de integración estratégicos. Problemas que nunca han llegado a constituirse en el tema  determinante de la agenda de la integración. Y esto es así, porque de haberlo sido, se debería haber avanzado en una dinámica de integración económica que habilitara proyectos de desarrollo y estrategias de economía política comunes, que permitan la acumulación y distribución del excedente en beneficio de las economías y los pueblos de la región.

En los ’90, en la panacea neoliberal, las burguesías locales disputaban y transaban sus intereses subordinando a los gobiernos en su beneficio. Pero la emergencia de gobiernos populares en esta década, no ha logrado aún disciplinar a las burguesías de la región tras un plan estratégico de acumulación capitalista, en función de la estructura económica disponible y las necesidades de desarrollo e inclusión social.

En este contexto y aunque se ha avanzado en niveles de integración política, la economía la siguen manejando los intereses corporativos. Que se caracterizan por despreciar la perspectiva global, si ésta no coincide exactamente con la de la globalización de sus negocios.

Uruguay, en relación con Brasil y Argentina, está en una situación en la que prácticamente tiene que llevar adelante las tareas de fundar el modo de producción capitalista, para poder pensar una sociedad moderna con justicia social, que escape al modelo social excluyente propio de la oligarquía ganadera. Padece un desequilibrio y un atraso histórico en relación con sus socios del Mercosur.

Un gobierno como el de Mujica, de raíz popular y compromiso con los trabajadores, se juega la existencia en promover la producción y el trabajo, para asegurar justicia social. Si en su país no dispone la base material o las fuerzas productivas necesarias para poner en marcha una acumulación capitalista, queda a merced de la iniciativa del capital multinacional, y sabemos cuál es la dinámica de éste: descentralizar y organizar la producción en enclaves distribuidos en el mundo, según dónde se consiga la mayor superexplotación de la mano de obra, la mayor arbitrariedad para apropiarse de la renta obtenida y las menores regulaciones por daño ambiental. Es así en estos tiempos como decide el capital productivo globalizado la localización de sus empresas. Y ante gobiernos y estructuras económicas débiles y fragmentadas como las nuestras, nos imponen su voluntad bajo la consigna “tómalo o déjalo”, propia del pragmatismo salvaje que constituye ontológicamente al capital. Así se presentó Botnia–UPM ante la administración neoliberal de Jorge Batlle, de la que Mujica ha heredado esta política.

Ahora bien: Aún en el descripto marco de correlaciones desfavorables, Mujica debería medir el riesgo de tirar ligeramente al río junto con los deshechos de UPM una historia de hermandad entre nuestros pueblos.

Como lo fue para Artigas -para tomar como referencia a un líder político común a ambas márgenes del río Uruguay, a ambas Patrias, y del que nos consideramos tributarios- la concepción de un proyecto político de emancipación implicaba una economía política de emancipación. Y en el combate por la independencia, Artigas llevó adelante la reforma agraria, un régimen arancelario que defendía la industria y la producción local, promovió el mercado interno, atacó el monopolio, etc.

La Patria Grande está muy lejos del esquema de cada país, cada gobierno, cada burguesía local, definiendo su propio modelo económico en función de sus intereses fronteras adentro.
El abordaje de la integración desde la política de Patria Grande, debería suponer sentar a las burguesías bajo el imperio de la política –es decir, de los gobiernos de la región- a pensar en común con los trabajadores qué capitalismo desarrollar y cómo, para avanzar en el desarrollo económico con justicia social.

Por ejemplo: debatir qué hace la región con su necesidad de papel y en todo caso con la demanda de papel en el mundo, y si es ése un vector productivo que nos interesa y conviene desarrollar, para tomar como ejemplo el tema desencadenante del conflicto argentino uruguayo.

¿Cuáles son los proyectos de desarrollo e infraestructura que necesita la región y el financiamiento común de los mismos?. ¿Cómo no tener una política única y en bloque para negociar las deudas externas de los países del Mercosur? ¿Cómo no tener regímenes proteccionistas comunes para nuestras economías?
¿Cómo no vamos a discutir, tratándose de gobiernos populares en la región, si lo que nos conviene es una primarización de las economías y modelos básicamente agro mineros exportadores, a partir de la escalada de precios de los commodities definidos desde las metrópolis y la especulación que se instala en torno a los mismos?

¿Es esto lo que permite asegurar empleo, salarios y condiciones de vida dignas a nuestros pueblos?

¿Resulta admisible, o no es un problema de los gobiernos, las burguesías y los sindicatos, la desigualdad en regímenes laborales, participación en la distribución de la riqueza y salarios entre los trabajadores de Chile, Argentina, Uruguay y Brasil?

Mientras no se aborden en común y se acuerden políticas comunes para estos temas, no hay Patria Grande posible y hay agenda de conflictos puntuales para rato, con lo cual -y así viene siendo desde hace doscientos años desde que Artigas fue derrotado y Argentina es Argentina y Uruguay es Uruguay- el negocio es de nadie más que del capital trasnacional y las oligarquías locales.

El contexto de gobiernos populares en la región luego de décadas de neoliberalismo, hace que naturalmente se propongan al interior de los países, modelos de desarrollo económico que generen empleo y distribución del excedente con justicia social, de manera de recrear el tejido productivo y la distribución de la riqueza desmantelados por el neoliberalismo. Esto inevitablemente trae aparejado conflictos regionales si no hay un marco suprarregional donde se discuta y acuerde un modelo de desarrollo estratégico integrado y sustentable para la región.

Si no definimos rápidamente estos temas estratégicos a nivel del Mercosur, temas que nos permitirán avanzar en firme hacia el concepto de Patria Grande, no sólo deberemos acostumbrarnos a convivir con los conflictos entre naciones hermanas, sino que estará en riesgo la continuidad de los gobiernos populares en sí, porque el negocio de la confrontación es el negocio histórico de la derecha, como queda claro hoy, con las posiciones oportunistas de De Angeli, Cremer de Busti y sus aliados ideológicos por estos pagos -liderados por Clarín y La Nación- y la oposición liberal a Mujica, al oriente del Uruguay.

El gobernador Urribarri alcanzó definitivamente la calidad de estadista, cuando hace dos años decidió reivindicar como política de Estado el proyecto político artiguista. Una política que conmovió al riñón del mismo gobierno uruguayo, en su pasividad de años respecto al tema. Y volvió a mostrarse como tal, este miércoles en la sala de conferencias de la Casa Rosada, cuando acompañado por el canciller Timerman, actuó con determinación política tomando las riendas de un conflicto internacional y planteando -casi en rol presidencial- la necesidad del diálogo, el entendimiento y el acuerdo regional como dinámica para abordar las políticas de desarrollo.

El Gobernador marca la senda que es imperioso tomar para dar al Mercosur el sentido que desde el fondo de la historia le dieran nuestros grandes líderes al sueño de la Patria Grande.