El country porteño, victoria ideológica del menemismo

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La batalla por el resultado

Por Alejandro Horovicz / Tiempo Argentino

¿Qué votan los porteños cuando votan al PRO? La respuesta es simple y terrible: votan por la continuidad de sus privilegios personales, formulados como derechos por vivir en la ciudad más rica de la República Argentina.

El resultado de las elecciones porteñas hace tiempo que dejó de ser un misterio. La pregunta no es quién gana, sino en todo caso por qué. Se han ensayado diversas respuestas posibles, desde la de Fito Páez hasta argumentos más  sofisticados, vinculados a la naturaleza estructural del gorilismo en la ciudad puerto. No se me escapa que muchos de los motivos de mis conciudadanos para votar son deleznables, pero eso no explica la razón de sus razones. También sé que los intereses portuarios, como intereses diferenciales, existen aunque creo que en este caso adoptan un matiz particular: la victoria ideológica del menemismo.

Hay un modo de mirar cuyo esfuerzo está puesto en justificar más que en entender. Los juicios de valor, perfectamente comprensibles, tienden a construir delimitaciones imaginarias que operan políticamente. Cuando Pino Solanas evaluó la reciente elección en la provincia de Salta, incurrió en esa clase de simplificaciones, y desde esa lógica casi no hay modo de terminar derrapando en una suerte de racismo social –a favor o en contra– por el cual los habitantes de tal o cual región saben o no saben votar. Vamos a dejarnos de fastidiar: votar saben todos, más allá de que yo comparta la tendencia que cada elección marca.

La primera pregunta pasa entonces por la divisoria de aguas. ¿Qué votan los porteños, cuando votan al PRO? La respuesta es simple y terrible: votan por la continuidad de sus privilegios personales, formulados como derechos por vivir en la ciudad más rica de la República Argentina. Esos privilegios no incluyen la salud pública, más allá o más acá de que parte de los votantes no tengan más remedio que acudir al hospital público, ya que esperan, aspiran a poder pagar su cobertura privada. Y si no lo pueden hacer, es “su” responsabilidad personal, y no la del gobierno que no aporta medios suficientes. Por tanto, no abastecerlos adecuadamente forma parte de una legítima política de ahorro. Después de todo, los profesionales que prestan servicios en ellos, ¿acaso no tienen su propia cobertura privada? Sin olvidar que buena parte del déficit sanitario bonaerense –argumentan sin faltar a la verdad– es paliado con la infraestructura porteña. Y en ese punto el racismo brota con toda su potencia disruptiva: ¿financiar hospitales para pobres que no viven en la Capital, y que además en no pocos casos son inmigrantes ilegales de países limítrofes? De ningún modo.

Otro tanto ocurre con la educación pública. Buena parte de los docentes que allí trabajan no mandan a sus propios hijos a escuelas públicas. Una idea primera sin dificultad: lo público es para pobres, para los que no tienen más remedio, no para ciudadanos del country porteño. Entonces, cuando el gobierno de Mauricio Macri subejecuta las partidas presupuestarias destinadas a tal fin, no está “incumpliendo la ley” sino ahorrando un subsidio a la pobreza. Por tanto, cuando el ministro del ramo explica que la crisis de la educación pública es irreversible, verbaliza lo que la compacta mayoría piensa. Educación para perdedores, y no calidad educativa garantizada para todos.

IDEOLOGÍA, IDEOLOGÍA Y MÁS IDEOLOGÍA. La seguridad es el caballito de batalla de esta mirada miope. El universo de la seguridad y el de la exclusión tienden a reproducirse como dos gotas de ácido nítrico. Como la pobreza es la fuente de todos los males, y la pobreza resulta inevitable, consustancial a la existencia humana, impidiendo la libre circulación de pobres, de cartoneros, de habitantes de barrios marginales, la seguridad mejoraría inmediatamente.

El razonamiento country detesta las estadísticas, todo razonamiento de alguna complejidad es rechazado a priori, por eso, observar que los accidentes de tránsito son el mayor problema de seguridad urbana carece de pertinencia política. Si todos los asesinatos cometidos durante un año, en este caso 2010, fueran imputados a una causa única –lo que resulta manifiestamente falso– y esa causa fuera el robo, el número de víctimas no pasaría en todo el país de 800. Si se compara esa cifra con los muertos en accidentes de tránsito, queda claro que se multiplican por diez. De modo que un año de víctimas en accidentes de tránsito equivalen a diez del otro pelotón.

Los controles de alcoholemia, las regulaciones y sanciones a los infractores de las normas de circulación, servirían para empujar las estadísticas de accidentes mortales hacia abajo, si fueran hechos con sistematicidad y coherencia, al igual que las campañas pedagógicas. Cosa que se comprueba mirando idéntico comportamiento en otras grandes urbes del mundo. Por eso, la tasa de accidentes tiende a disminuir en las megalópolis, y a crecer en rutas y ciudades argentinas. Y aun así, la percepción del problema de los votantes porteños no varía.

Por cierto que la repetición de los llamados “noticieros” de TV (se trata de un compilado que repite hasta la extenuación el mismo latiguillo) funciona, pero lo hace sobre la base de un valor previo compartido: los perdedores del sistema son la amenaza, una ciudad sin perdedores sería posible. Por eso, Macri.

En consecuencia, cuando la justicia determina que las escuchas ilegales ejecutadas por el jefe de la Policía Metropolitana, actualmente preso por tal motivo, también son incumbencia del jefe de gobierno, la mayoría se encoge de hombros. El comportamiento de Jorge “Fino” Palacios marcha por un carril; la valoración colectiva, por otro. Se trata, desde esta perspectiva, de que los delincuentes no tengan derechos (y los votantes de Macri  saben de antemano quiénes son los delincuentes), y como pobreza y delincuencia constituyen una unidad indiscernible, penalizando la pobreza se defiende la seguridad del country. Para eso, Macri.

Estos valores no son exactamente nuevos. Filiarlos no presenta mayores dificultades, son los impuestos en los ’90, menemismo mediante, y la batalla contra su hegemónica vigencia no supone un problema meramente discursivo. Vamos despacio.

La sociedad porteña no comprende sus intereses, sólo los alucina. No establece la relación entre educación pública y privada (¿de dónde salen los docentes de buena calidad de los colegios privados sino de la educación pública?). Y el problema se repite acentuado en la educación superior. ¿Las universidades privadas investigan? Silencio. Los profesionales de calidad del sistema privado se alimentan de insumos públicos (en este caso, el conocimiento que genera la UBA), y si esa calidad se resiente, el servicio privado se limita a reproducirla sin más. Dicho brutalmente: la calidad de la actividad privada, de toda la actividad privada, depende del aporte público.

Una sociedad que no termina de entender que sólo puede garantizar para todos, para ricos también, al menos como piso, lo que todo el mundo recibe, no entiende la gramática de su propio funcionamiento. La educación, la salud, la seguridad no son hechos aislados.

Ahora bien: ¿esta dificultad perceptiva es sólo personal? No, sobre todo es política. El oficialismo asumió demasiado rápido que los valores menemistas compartidos habían cedido ante su práctica política. Esa resultó una sobreestimación de su propia incidencia en la lucha ideológica. Una sociedad donde la política sigue siendo la continuación de los negocios por otros medios, y donde los “políticos” constituyen una suerte de privilegiados exitosos, no facilita una renovación imprescindible. Sólo con el masivo ingreso a la actividad de nuevas generaciones con nuevos objetivos se modificarán las cosas. De lo contrario, Macri o Miguel del Sel. 


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