El Estado, las fuerzas de seguridad y el bolsillo

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Lo manda Caíto. No conozco a Abel. Me dicen que fue guardián. Como es obvio, su trabajo me parece interesante.

Publicado en (abelfer.wordpress.com)

El Estado, las fuerzas de seguridad y el bolsillo

 
Ayer, una protesta por (grandes) descuentos que sufrieron en los sueldos del mes pasado hizo que efectivos de la Prefectura Naval se rebelaran. Coparon las entradas de dos sedes de la fuerza, leyeron un petitorio de siete puntos y aseguraron que no abandonarán la protesta hasta tener una respuesta oficial.  La Gendarmería Nacional se sumó al reclamo durante la noche. Luego, efectivos de las dos fuerzas analizaron marchar a Plaza de Mayo,
avisó La Nación (con un hilito de saliva en la comisura de los labios). Lo cierto es que la protesta ya se ha extendido por otras provincias, como puede verse en el video que encabeza este posteo.
La realidad siempre nos da sorpresas. A todos. Pero especialmente a quienes se enganchan en los «relatos», en los microclimas de la política como ocupación. Hasta ayer, el tema principal de los debates era la extracción social de los caceroleros, y si solamente era gente bien vestida o no. Por ejemplo,
José Pablo Feinmann explicaba las profundas frustraciones que los movían. Y la preocupación de los militantes más inquietos la causaba el llamamiento de Cosme Béccar Varela y algún otro anciano delirante a las fuerzas armadas y de seguridad que se uniesen a esas protestas.
Bueno, algunas fuerzas de seguridad están protestando. Pero no es por las instituciones republicanas, contra la dictadura chavocomunista. No. Es por que les han metido la mano en el bolsillo. (Una pregunta, ligeramente al margen ¿cuál creen que fue la motivación básica de las protestas contra la Resolución 125?).

El origen de este conflicto está bien explicado en
esta nota de Raúl Kollmann en Página 12, que ya reprodujeron varios blogs. Tomo algunos párrafos, y pongo puntos clave en negrita «Durante varios años, jefes y suboficiales retirados fueron litigando contra el Estado porque parte de los aumentos que se fueron dando a las fuerzas de seguridad se concretaron a través de suplementos adicionales. Hubo un selecto grupo de estudios de abogados, especializados en litigar contra el Estado, que consiguieron cautelares delirantes que desvirtuaron totalmente la escala salarial.
Esas cautelares que varios jueces federales dictaron durante años … llevaron a que hubiera gente en la fuerza que ganaba 30.000 pesos mensuales, pero incluso tenemos casos de oficiales que se llevan hasta 70.000 y 100.000 pesos por mes. Un fallo de la Corte Suprema sinceró la situación, lo que fue dictando porcentajes, con lo que muchos de los que ganaban fortunas vieron reducidos sus sueldos. Y otros, por lo general efectivos de menor graduación, vieron mejorar algo sus ingresos y lo mismo ocurrió con los retirados. Sin embargo, el blanqueo llevó a que muchos tuvieran que sufrir mayores descuentos por cargas sociales y, además, descuentos por el Impuesto a las Ganancias. Se buscó una racionalidad y por eso el decreto para sincerar todos los sueldos fue un trabajo que llevó un año y lo hicieron el Ministerio de Seguridad, el de Economía y las fuerzas mismas, porque conocen bien el tema…«.


Cualquier sindicalista con un par de años de experiencia les podría haber explicado que estaban preparando cuidadosamente un gran quilombo. Les podría haber dicho que los intereses de los oficiales superiores y los de la tropa no son, en algunos aspectos, exactamente los mismos. Que si alguien, por artilugios legales, está ganando mucho más que lo que corresponde a su trabajo y sus responsabilidades, lo mejor y más económico, a la larga, es echarlo. La muy alta indemnización que cobrará garantiza que no va a protestar (hasta es posible que reparta algo con los que se la consiguen), y se ahorran problemas internos. Sobre todo, que nunca, nunca, por ninguna causa, disminuyan el dinero que un grupo grande de gente se lleva regularmente a fin de mes, porque esa guita ya está gastada, en realidad. Pero eran fuerzas de seguridad, y allí no había gremialistas.


Algo que quiero agregar, porque me parece que debemos tenerlo presente: La práctica de los «suplementos adicionales» – el equivalente en el Estado de los salarios «en negro» de las empresas privadas – está extendido por toda la administración pública, nacional, provincial y municipal. UPCN, ATE, los otros gremios que sufren esta práctica no son fuerzas de seguridad, lo que limita la virulencia de sus reclamos y asegura un manejo más hábil de los problemas. Pero sigue siendo un tema muy delicado.


Con la situación todavía en desarrollo, no voy a extenderme. Eso sí, quiero copiar íntegra una nota que encontré gracias a uno de los tuiteros que sigo (cuando tengo tiempo), el «ex ayatollah». Es de hace algún tiempo, y se refiere específicamente a la policía. Pero es de lo más inteligente y equilibrado que he leído, y se aplica a la «tropa» de cualquier fuerza de seguridad. Después les digo de quién es, y dónde fue publicada:


«Policías en acción:

En la Argentina, el trabajo policial es uno de los más precarizados en cuanto a las condiciones simbólicas y materiales de sus trabajadores, es decir, los policías. Muy pocos oficios tienen como singularidad la posibilidad cierta y tangible de que el trabajador muera o resulte lesionado durante su desempeño laboral. Esta posibilidad fatal no está presente en todas las actividades o especialidades policiales, ni lo está todo el tiempo, pero sí es habitual en algunas tareas específicas de alto riesgo. Lo cierto es que esa potencialidad, aun limitada, convierte el oficio policial en una labor extraordinaria.

Además, el policía operativo está todo el tiempo en contacto directo o indirecto con situaciones de violencia extrema, violaciones, asesinatos, accidentes fatales, riñas, mutilaciones y todo tipo de miserias y ultrajes. Convive y se relaciona como ningún otro actor social o institucional con asesinos, embusteros, traficantes, golpeadores, violadores, explotadores, corruptos y maleantes.

A ello se añaden cuatro condiciones de precariedad laboral que no son compartidas, en su conjunto, por ningún otro sector de la administración pública:

1) Los policías tienen salarios nominales y reales muy bajos, insuficientes para mantener mínimamente a sus familias sin necesidad de recurrir al doble empleo mediante la prestación de servicios policiales adicionales, de seguridad privada o cualquier otra changa, generalmente desarrollada «en negro». Asimismo, en estas labores paralelas, los salarios también son bajos. Ello hace que un policía difícilmente pueda dedicarse a su oficio de manera integral o a tiempo completo.

2) Trabajan en condiciones materiales e infraestructurales altamente deterioradas. El deterioro edilicio de las dependencias policiales, así como la falta de planificación y desarrollo logístico adecuado al trabajo policial, constituyen deficiencias tangibles. A ello se añade la insuficiente flota de vehículos y móviles policiales, y el atraso tecnológico en el sistema de comunicaciones. Algo análogo ocurre con los sistemas técnico-operacionales, el armamento y el equipamiento de investigación utilizados por nuestras policías: en general, resultan exiguos, vetustos o inadecuados. En definitiva, se trata de un ambiente material que irremediablemente deteriora las condiciones de trabajo policial.

3) Reciben una educación profesional deficiente, enmarcada en una institucionalidad militarizada y articulada básicamente en torno del entrenamiento disciplinario de orden cerrado, en el que lo único que vale es la sumisión ciega al superior en desmedro del discernimiento responsable. Marchar marcialmente, taconear, hacer la venia y cuadrarse constituyen gestos que son objeto de un trabajoso entrenamiento, pero no se pone el mismo énfasis en la formación de conocimientos y destrezas prácticas, ni en la adquisición de competencias profesionales que sirvan de base para los ascensos jerárquicos o la ocupación de cargos orgánicos. Y su educación formal, casi siempre episódica y escasa, tiene poco que ver con las prácticas y los valores concretos que se reproducen en las unidades policiales en las que transcurre el grueso de sus vidas laborales.

4) No están agremiados en sindicatos o asociaciones abocadas a la defensa de sus derechos profesionales. Tampoco cuentan con un defensor ( ombudsman ) o promotor dentro de la institución. Sus derechos no son cotejados por los organismos de derechos humanos y los sectores progresistas, que observan a las instituciones policiales como organizaciones mafiosas, represivas y corruptas. Para ellos, no vale escudriñar sobre las condiciones estructurales que favorecen las prácticas abusivas o deshonestas ni las violaciones a los derechos o la explotación laboral a que son sometidos la gran mayoría de los policías. Nadie, absolutamente nadie, parece entender que un policía cuyas libertades y derechos han sido pisoteados durante décadas difícilmente se convertirá en un servidor público abocado a preservar las libertades ciudadanas y a proteger los derechos de las personas.

Estas condiciones de precariedad laboral han sido exitosamente ocultadas por actores que se esfuerzan en impedir la visibilidad de estos asuntos. En primer lugar, el comisariato, garante de que las instituciones policiales sobrevivan aun estando colapsadas. Estas instituciones cuentan con un presupuesto masivamente destinado a pagar los magros sueldos de uniformados mayoritariamente abocados a labores administrativas y de apoyo, ajenas al control del delito. Sólo una parte exigua de la dotación de personal se dedica al desarrollo de labores operativas de prevención e investigación del delito. A cambio de gestionar este caos organizacional, el comisariato, salvo contadas excepciones, obtiene una masa de ingresos propios de gerentes de empresas transnacionales, autonomía operacional y poder político.

En segundo término, la clase política argentina, que ha delegado de manera recurrente el gobierno de la seguridad pública -un derecho de la ciudadanía y un deber de sus gobernantes- en el comisariato, y ha permitido ocultar la precariedad laboral de los policías. Así, los gobernantes -de derecha, de centro o de izquierda, sin distinción- no gobiernan la seguridad; los legisladores, nacionales y provinciales, miran para otro lado, por lo que perpetúan perversamente las bases legales y presupuestarias de este sistema institucional, que data de décadas, y los partidos políticos se convierten en maquinarias expertas en desconocer este problema y en sacarlo de la agenda política.

Y, finalmente, está la academia progresista, que es naturalmente proclive a interpretar y explicar, a través de sofisticados relatos sociológicos, por qué y cómo un niño se convierte en «pibe chorro», pero tiene una dificultad ontológica para abordar con esa misma destreza conceptual y teórica por qué y cómo un joven policía honesto se convierte, al tiempo, en un policía abusador, violento o corrupto. El «pibe chorro» es el resultado casi inevitable de la marginalidad social. Eso es cierto. Pero para el progresismo académico ese enfoque no sirve para dar cuenta de la violencia ilegal y de la corrupción regulatoria del delito como práctica ampliamente extendida en las instituciones policiales. Estos fenómenos no parecen ser emergentes de la pronunciada descomposición y pobreza institucional de las policías, de la precarización laboral de sus trabajadores de gorra y de la perversa ausencia de conducción política, sino que son resultado de una maldad congénita, que es natural en todo policía y que sólo algunos consiguen contener, casi por arte de magia.

Mientras tanto, el trabajo policial sigue siendo el más precarizado de la administración pública argentina«.

Esta nota fué publicada en La Nación el 6 de noviembre de 2009 , y está firmada por Marcelo Saín, que había sido hasta hace pocos días antes interventor de la Policía de Seguridad Aeroportuaria. En la Argentina K hay una actitud curiosa con los intelectuales: se los pone (a veces) en cargos ejecutivos donde no tienen experiencia práctica. Pero eso sí, bajo ningún concepto se toman en cuenta sus recomendaciones teóricas.

Argentina ¿como Ecuador?

octubre 4, 2012
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(Este es un texto que subí al blog del Foro San Martín. Como esa página tiene frecuentes visitantes de otros países de América del Sur, evité refererirme a elementos de nuestra realidad interna que serían poco comprensibles para ellos. Pero creo que resume mi evaluación personal del asunto, y por eso la comparto con ustedes).
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.No. No está sucediendo lo que ocurrió en Ecuador el 30 de septiembre de 2010, cuando los amotinados pusieron en peligro la vida del Presidente Rafael Correa (en mi blog tuve ocasión de subir 27 minutos de un audio de las comunicaciones de la Policía Nacional que muestra el nivel de violencia de esos momentos).
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Tampoco tiene mucha similitud con la rebelión policial en Bolivia en junio de este año, que por seis días mantuvo en tensión a ese país . Allí la situación era potencialmente más grave, porque existe una vieja hostilidad entre la Policía Boliviana y las Fuerzas Armadas, que causó enfrentamientos violentes en varios oportunidades, y que viene desde 1952, cuando la policía apoyó la Revolución Nacional del M.N.R., que disolvió al ejército.
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Pero eso no significa que la situación no sea seria. Una insubordinación en las fuerzas de seguridad siempre lo es, ya que rompe el monopolio de la fuerza, es decir, la condición mínima de la existencia del Estado. Y lo que empezó como un conflicto decarácter gremial, ante una situación irregular en las remuneraciones se ha convertido, por su misma duración y al extenderse a los niveles inferiores de otras fuerzas, en un desafío a la capacidad delgobierno de imponer su autoridad.
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No es un golpe de Estado. No hay ningún riesgo que ocurra lo que sucedió en Honduras o, más recientemente, en Paraguay, y que han despertado la justificada sensibilidad de los latinoamericanos. No lo es porque no hay ninguna posibilidad de voltear o reemplazar a un gobierno legítimo. Y, al contrario de lo sucedido en Paraguay, las fuerzas políticas representadas en el Congreso se han manifestado en apoyo del gobierno y las instituciones y han exhortado a los que protestan a que respeten las pautas democráticas. La Presidenta Cristina Fernández de Kirchner evitó cuidadosamente hacerse hacerse eco del alarmismo.
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Por supuesto – como es desgraciadamente común en las democracias tumultuosas de nuestra América – no han faltado los oportunistas que tratan de aprovechar la situación para hacerse oír o atribuir culpas al adversario. Pero las fuerzas políticas argentinas han mostrado madurez. Y hay un elemento a tener en cuenta: en la Argentina de hoy y desde hace al menos dos décadas, las Fuerzas Armadas y las de seguridad proceden, sobre todo en sus niveles inferiores, de los sectores de menos recursos de la sociedad. No serían fácilmente instrumentables por la oposición más vocal al gobierno actual, que se encuentra, sobre todo, en los sectores altos y medio altos.
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El peligro real para la gobernabilidad argentina no es, entonces, el desplazamiento de un gobierno elegido democráticamente. El riesgo es el deterioro de su autoridad. Más allá de banderías políticas, todos los argentinos, en realidad, todos los americanos del sur, debemos desear, y dentro de nuestras posibilidades cooperar, para que eso no ocurra.


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