EMBAJADA DE ISRAEL: Una causa que también debe desclasificarse

Dos noticias que no aportan grandes novedades, más allá del título de la primera -publicada en Tiempo argentino: un notición, algo fundamental- y el dato del último “aporte” de la Secretaría de Inteligencia de Stiuso antes de su disolución, en un despacho de la agencia Télam.

La abogada de los familiares de las víctimas no descarta pedírselo al Ejecutivo

Intentan abrir archivos sobre el ataque a la Embajada de Israel

Rita Jana admitió que sus representados están pensando la posibilidad de plantearle al gobierno que desclasifique la información, tal como lo hizo con el caso del atentado a la AMIA.

Intentan abrir archivos sobre el ataque a la Embajada de Israel

Aniversario – El martes se cumplirán 23 años de la explosión en la sede diplomática israelita – Foto: ap

Familiares de las víctimas del atentado a la Embajada de Israel “están pensando en solicitar” al gobierno nacional la apertura de los archivos vinculados a la causa, tal como el Ejecutivo dispuso esta semana hacer pública la desclasificación de la documentación relacionada con la investigación por el ataque a la AMIA.

Rita Janá, abogada de las víctimas de la voladura de esa sede diplomática, ocurrida el 17 de marzo de 1992, consideró “muy buena” la decisión del gobierno nacional en el caso de la mutual judía, y reconoció que sus representados analizan un planteo en ese sentido, ya que –consideró– se ha avanzado “poco” para identificar fehacientemente a los responsables del atentado a la Embajada de Israel en Buenos Aires.
“Estamos trabajando en este punto para ver si también se puede hacer lo mismo (que con los archivos relacionados con el atentado a la AMIA); creemos que el gobierno va a tomar la misma modalidad”, confió, en declaraciones a Radio América.
Jana sostuvo que, si bien no está “totalmente acreditado”, ni ella en forma personal lo puede “asegurar”, el grupo terrorista Hezbollah “aparentemente habría sido” el autor del ataque contra la legación diplomática de Israel y que habría habido “conexiones locales”.
“Pero aún no hemos podido correr el velo para poder trabajar en eso, aunque no perdemos la esperanza de poder trabajar (esa hipótesis) como un punto de investigación”, expresó.
Jana se refirió también a la controversia que se produjo luego de que el titular de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, cometiera el error de considerar “cosa juzgada” el caso de la embajada que, por el contrario, sigue abierto. La profesional consideró que Lorenzetti, a quien definió como una “persona proba”, de ninguna manera “tuvo mala intención” cuando dijo que el ataque a la Embajada de Israel era “cosa juzgada”, en su discurso de apertura del año judicial. “Es una confusión fácil tenerla, podría sucederle a cualquiera. Incluso a nosotros nos puede confundir, de ninguna manera pienso que haya sido mala intención”, opinó la abogada.
Luego, reflexionó que, como el “atentado a la Embajada de Israel fue el primer gran atentado que sufrió el país”, esa “falta de experiencia previa” llevó a que se produjeran “muchísimas situaciones erróneas” en la investigación.
Tampoco ahí “creemos que haya habido malas intenciones”, remarcó Jana. Al cumplirse el martes 23 años del atentado a la representación diplomática israelí, que estaba ubicada en Arroyo y Suipacha de esta Capital, sobrevivientes y familiares realizarán en ese lugar un acto en homenaje a las víctimas de ese ataque. Los organizadores convocaron a las “personas e instituciones que deseen asistir y acompañar al grupo”.
La Embajada de Israel, en tanto, decidió realizar el acto oficial dos días después, el 19, ya que el martes se llevan a cabo elecciones en ese país.

ANIVERSARIO

El atentado a la embajada de Israel, una masacre impune y una investigación que continúa abierta

La embajada del Estado de Israel en Buenos Aires fue volada en 1992 por un atentado terrorista que dejó un saldo de 22 muertos y 242 heridos, y 23 años después la investigación a cargo de la Corte Suprema de Justicia no arrojó resultados concretos sobre los autores materiales e intelectuales de aquella masacre.

A las 14.47 de aquel martes 17 de marzo, el centro de Buenos Aires se sacudió por una explosión en Arroyo 916, domicilio de la sede diplomática israelí en Argentina.

En medio de la conmoción causada por el ataque, el entonces presidente Carlos Menem lanzó una rápida conjetura sobre los autores del hecho: “Los responsables son sectores del nazismo y sectores que fueron derrotados en el país”, en obvia alusión a los carapintadas, cuyo último levantamiento había sido sofocado en diciembre de 1990.

Sin embargo, la principal hipótesis de la investigación se inclinó a culpar a la organización Hezbollah, con base en Líbano y apoyada por la República Islámica de Irán, supuesto organizador intelectual del ataque.

Como el atentado afectó a una delegación extrajera, la investigación quedó en manos de la Corte Suprema de Justicia, que el 24 de marzo de ese año abrió el expediente 143/1992.

La investigación quedó en manos de la Comisaría 15 de la Policía Federal. Un dato llamativo es que la Corte rechazó el pedido de los querellantes de convocar a declarar a los custodios de la Federal que se retiraron de la puerta de la Embajada poco antes de la explosión, quienes fueron citados a declarar, junto al titular de la comisaría 15, recién cuatro años después del atentado.

Al momento del hecho, se realizaban obras de remodelación en la sede diplomática y los familiares de las víctimas pidieron que los propietarios de la empresa constructora encargada de esos trabajos prestaran declaración en la causa.

El ministro de la Corte Ricardo Levene, quien estaba a cargo del expediente, formuló en 1996 la teoría de que el edificio había sido demolido por un artefacto explosivo colocado en su interior.

Otros peritos señalaron la presencia de una camioneta Ford F-100, que merodeó la zona al momento del siniestro, y que, cargada de explosivos, fue conducida por un suicida que la estrelló contra la delegación diplomática.

Esa terminó siendo la versión oficial sobre el ataque que se impuso tras la creación, en 1997, de una Secretaría Especial que asumió la investigación bajo la dirección de Esteban Jorge Canevari, funcionario del tribunal que encabeza el Poder Judicial argentino.

La detención de cuatro ciudadanos de Pakistán y la imposibilidad de determinar el número exacto de muertos, son dos hechos que indican la manera en la cual Levene llevó el caso hasta la puesta en funciones de Canevari.

Los ciudadanos paquistaníes fueron detenidos tres días después de ataque y aunque fueron liberados una semana después, continuaron vinculados a la causa durante siete años, hasta que resultaron sobreseídos.

En cuanto a la cantidad de víctimas, se dijo primeramente que hubo 29 fallecidos, luego 26, y finalmente, en 1999, la Corte ratificó que hubo en realidad 22 víctimas fatales.

Ese año, la investigación pareció cobrar un nuevo impulso, al solicitar Canevari la captura internacional de Imad Mughniyieh, jefe militar de Hezbollah, que murió hace cinco años en Damasco, Siria, por un operativo militar ejecutado presuntamente por fuerzas israelíes.

En 2006, y por impulso de los familiares de las víctimas, la Corte compuesta por los jueces Enrique Petracchi, Elena Highton de Nolsaco, Carlos Fayt, Juan Carlos Maqueda, Raúl Zaffaroni, Ricardo Lorenzetti y Carmen Argibay declaró la causa como “imprescriptible”.

“Nosotros queríamos que se considere el atentado como un delito de lesa humanidad, pero quedamos conformes con un fallo que ordenó que la investigación siguiera”, le confió a Télam la abogada Rita Janá, representante de la querella de los familiares junto al letrado Ignacio Irurzun.

Con esa acordada, el tribunal ratificó el trabajo de Canevari, a pesar de los escasos avances verificados en la investigación, y confirmó las órdenes de captura pedidas por el secretario.

Fuentes judiciales le confiaron a esta agencia que la Corte solicitó, hace dos años, a los servicios secretos de Estados Unidos y Europa que acercaran información sobre el atentado, pero con distintos argumentos todos ellos se negaron a colaborar con la causa.

Télam confirmó además que un ciudadano iraní llamado Hussein Suleiman fue apresado en Jordania, donde habría confesado haber colaborado con la preparación del ataque, un dato que la ex SIDE le acercó a la Corte, y que no figura aún en el expediente, porque no pudo ser respaldado con ninguna prueba documental.

“La hipótesis que se trabaja en la causa es que una célula entró desde el exterior, puso la bomba y se fue. Nosotros creemos que debió existir una conexión local y se debe profundizar en este punto”, apuntó Janá.

El expediente por la voladura de la Embajada, en la que el Estado de Israel no figura como querellante, acumula 250 cuerpos, mientras las víctimas siguen esperando Justicia.

El 18 de julio de 1994, otro atentado voló la mutual judía de la AMIA en el barrio de Once y provocó 85 muertos en un hecho que tampoco pudo esclarecerse y que nadie pudo desvincular fehacientemente de la matanza de la calle Arroyo.

“Tenemos que seguir reclamando justicia y pidiendo que la investigación continúe. Las víctimas del terrorismo de Estado esperaron muchos años por una Justicia que finalmente llegó. Esa lucha la debemos tomar como ejemplo y no bajar los brazos. La verdad llegará algún día”, enfatizó la abogada querellante.

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