“… la causa sobre la muerte del ex fiscal Alberto Nisman fue pasada de un fuero a otro por una jueza que ejercitaba el deporte de escribir tuits insultantes contra la Presidenta entonces en ejercicio y que fundamentó su insólita decisión en un chimento de un ex agente de un servicio de informaciones, se podrá advertir que el enchastre en la justicia supera la imaginación más frondosa”. Leopoldo Moreau.

“Sólo en la Argentina una banda de lúmpenes presos se transforman en 15 días en los portadores de la Verdad”, Marcelo Parrilli, entrevistado por Gustavo Sylvestre

Mientras estuve fuera del Pájaro Rojo, por suerte subió notas desde Barcelona, Montserrat Mestre, con lo cual el bache se notó menos. Una de las notas que más quise subir en este interregno fue la entrevista que La Nación, en la persona de María O’Donnell, le hizo al ex fiscal Luis Moreno Ocampo, que no vive en Argentina y con quien no tengo afinidad ideológica (he sido muy crítico del papel que desempeñó al frente del Tribunal Penal Internacional, a cuya cima llegó gracias al apoyo de los Estados Unidos; bajo su egida el TPI se convirtió en un tribunal de cabotaje, dedicado a perseguir casi exclusivamente a líderes de países del África negra cusados genocidio… como si Obama, Hillary y su incesante lanzamiento de misiles desde drones con sus innúmeros “daños colaterales” fueron algo tan inocuo como las garúas) en la que quien fuera el fiscal adjunto en el histórico juicio a las juntas militares (1985) se manifiesta perplejo ante el pasaje como por arte de birlibirloque de “Jaime” Stiuso de la condición de principal sospechoso de haber inducido la muerte del fiscal Nisman a testigo estrella del caso, y por ende, sostenedor de la estrambótica ¿hipótesis? clariniana de que fue asesinado por “un comando mixto venezolano-iraní entrenado en Cuba” que debería habría ingresado a ese baño y salido sin dejar rastros por los tubos de ventilación o acaso emergiendo y luego sumergiéndose en el inodoro hasta alcanzar las cloacas (que, créase o no, en Puerto Madero son las originales de cuando era inhabitada zona portuaria, por lo que si algún día los muchos departamentos vacíos se llenan y hay una subida de las aguas como pronostican los profetas del calentamiento global, o por una simple sudestada, veremos sus calles anegadas y llenas de sorullos). Pero no hay mal que por bien no venga, y este percance me permite que junto con la mencionada entrevista, pueda subir un suelto de Clarín de hoy que demuestra una vez más el nivel de abyección chupamedística de Daniel Santoro, Premio Rey (Emético) de España, al citado Stiuso desde que éste lo tomó de las partes más sensibles al revelar que los Estados Unidos se negaban a concederle la preceptiva visa de ingresO por sospecharlo incurso en actividades de espionaje en beneficio de Rusia. Luego de esto vino la reconciliación del fugitivo Stiuso (que se había escondido en La Florida bajo la protección de la CIA) con Macri bajo el padrinazgo de Magnetto, su regreso triunfal, su choque con el titular de la Aduana, el negacionista mayor (RE) Juan José Gómez Centurión, actualmente forfait luego de haber sufrido seis intervenciones quirúrgicas en veinte días, y su conversión en espada flamígera de la alianza Cambiemos en sus embates contra Cristina Fernández de Kirchner. A partir de entonces vemos a un Santoro que oficia de vocero de esa entente (Stiuso-CIA- Magnetto) de modo impúdico, sin el poco disimulo de Claudio Savoia. Alcahueterías que en su momento se negó a hacer Gerardo “Tato” Young, lo que demostró que es perfectamente posible mantener cotas de dignidad.

Stiuso dijo que la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner le ordenó no investigar la muerte de su secuaz, Pedro Tomás “El Lauchón” Viale (que se le había convertido a causa de sus distintas actividades delictivas en un incordio). Con semejante cortina de humo procura aventar los insistentes rumores de que él no lo hizo porque no le convenía.

La tercera nota, que subo a continuación, trata del encuentro de la jueza Sandra Arroyo Salgado (una suerte de Stiuso con polleras) con la cúpula de una DAIA que hace rato ha dejado de combatir a la judeofobia para promoverla al encabezar inicativas odiosas al servicio del gobierno racista de Israel y de cosmopolitas multimillonarios judíos. Quien encabezó a la DAIA en el encuentro, el anfitrión, fue Diego Dlugovitzky, cabeza de la delegación de la delegación en la ciudad de Paraná. Duglovitzky es un incansable deglutidor de medias hasta el punto de atreverse a proclamar, con la misma despreocupación con que un resero se tira un pedo en la inmensidad de la pampa, sin el menor atisbos de vergüenza, que “el trabajo realizado por Nisman permitió saber con claridad qué pasó con el atentado a la AMIA, más allá que no haya detenidos por el hecho”.

El año pasado faltaban unas horas para la presentación de “El caso Nisman. Secretos Inconfesables. Vol. 1” en Paraná con el auspicio de su municipio (que había pegado afiches anunciándola en las calles del centro de la ciudad) cuando a último momento se suspendió por presión de DAIA local, es decir de Dlugovitzky, tal como terminó por admitirme un compañero funcionario de esa comuna meses después, cuando gracias a él, la presentación en Paraná se realizó en la sede de ATE.

Dlugovitzky encarna la desesperación del sionismo por condenar sumariamente a Irán en un truchísimo “juicio en ausencia” sin necesidad de exhibir pruebas que no existen y antes de que se expongan a la luz evidencias irrefutables de la instantánea intervención de los servicios de inteligencia israelíes tanto luego de la voladura de la Embajada de Israel como en la de la AMIA para desviar hacia una vía muerta las investigaciones tendientes a identificar a los asesinos y la verdad de los hechos.

En cuanto a la inefable Arroyo Salgado, que antes de ser nombrada jueza federal con el auspicio de la entente Stiuso-Nisman trabajó para el senador Miguel Ángel Pichetto, tan absurdo como la conversión de Stiuso en poseedor de la verdad del Caso Nisman es que se la pase diciendo que a su -por ella- vituperado ex concubino y padre de sus hijas, fue asesinado. Y que lo haga sin renunciar a la magistratura, cuando la muerte de Nisman es investigado por la justicia y ésta no ha encontrado ni parece poder encontrar el menor indicio de que tal cosa pueda haber sucedido.

Me había pasado desapercibida la nota de Perfil, publicada hace una semana, donde se comentan los esfuerzos de la UFI-AMIA para preservar la ingente cantidad de documentación descubierta por los investigadores de la UFI-AMIA en diversas “cuevas” de la ex SIDE, actual AFI. Es una verdadera lástima que el rico material encontrado no haya ido a parar a dónde sería natural que fuera, el Archivo Nacional de la Memoria, cuyos profesionales podrían garantizar su preservación, tanto en papel como en formato electrónico. La urgencia que tienen los sionistas, Israel, la DAIA, Stiuso y por supuesto el secretario de Derechos Humanos. Claudio Avruj (durante largos años ladero del reo Rubén Beraja, ex presidente de la DAIA y acusado de coprotagonizar el pago de un soborno para fabricar una falsa acusación) de destruir evidencias no parece haber sido ajena a esta frustración. Descuento que tienen razón mis compañeros del Archivo (del que Avruj me despidió hace ya más de un año) que aseguran que fue él, avruj, quien se negó a recibir el material que Stiuso había birlado del escrutinio de la justicia. Y que lo hizo a pedido de Stiuso, por más que dentro de la justicia, él tenga enorme influencia: Mejor no correr riesgos.

Por fin, ofrezco dos versiones de la audiencia nº 84 realizada el pasado 20 de abril, la última parte de la extensa declaración del ex prosecretario Claudio Lifschitz. La primera, muy extensa, está basada en la crónica que subió el licenciado Claudio Goldman (empleado de Daniel Berliner, el dueño de la Agencia Judía de Noticias – Iton/Gadol) con mis comentarios, y la segunda, tan sucinta como acrítica, es la de una Memoria Activa. Íntimamente relacionada con el CELS, acaso para no perjudicar su financiación.

Espero que si Lifschitz está en desacuerdo con lo publicado, lo manifieste. Publicaremos escrupulosamente todo lo que envie.

Por fin, les ofrezco las dos entrevistas que sobre el tema AMIA me hizo Jorge Chío para su programa Aqui y Ahora en. Son de 2015 pero muy pocas cosas han variados desde entonces. Van abajo de todo.

 

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I

Vamos pues a la entrevista de La Nación a Moreno Ocampo, que carga nuevamente contra Stiuso, a quien ya una vez (ver foto) sacó de quicio. Dice que “Stiuso está trabajando para Moyano en OCA, al menos eso es lo que leí en Perfil… Hay diarios que lo apoyan mucho. Me alucina que Stiuso sea el testigo estrella del caso Nisman… ¡Es un sospechoso en el caso Nisman! No un testigo estrella. Fijate que cercano está el juez que no investigó el caso Siemens (antes había destacado que ese juez, Ariel Lijo, nunca citó a declarar al ex presidente Carlos Menem y a su jefe de gabinete, Carlos Corach, a los que según los directivos de la empresa se le pagaron jugosas coimas por el contrato para fabricar documentos nacionales de identidad, contrato que el kirchnerismo dejó sin efecto) al juez que debe investigar el caso Nisman, fijate qué relación hay (Moreno Ocampo se lo dice a su entrevistadora, que no recuerda que en ambos casos el juez es Lijo). Estoy harto de venir a la Argentina a decir cosas que son obvias (…) Han convertido a Stiuso en el testigo estrella del Caso Nisman. En el hombre que sabe, que nos va a guiar (para averiguar) qué paso en el caso Nisman. Stiuso, para mi es el sospechoso máximo. Primero, él tuvo un rol horrible en la AMIA. La investigación de la AMIA la rompió él. Él bloqueó la investigación de los sectores seguramente vinculados como él a la dictadura militar, él bloqueo la investigación. Él fue quien lo puso a investigar (…) al capitán (Héctor Pedro) Vergez, que era el jefe de inteligencia del Ejército (en Córdoba, durante la dictadura) y amigo del padre (el comisario Raúl Telleldín, ambos fueron miembros del siniestro “Comando Libertadores de América”) del sospechoso (sic) de haber puesto la bomba (por Carlos Telleldín).

http://www.lanacion.com.ar/2018079-luis-moreno-ocampo-stiuso-es-el-maximo-sospechoso-del-caso-nisman

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II

Vamos ahora a la nota publicada por Clarín el domingo, Con datos que le dio Pérez Corradi, Servini apunta a la SIDE por la efedrina. No soy una autoridad en la materia, pero de movida puede advertirse que se trata de un embate contra la Aduana, coto del convaleciente Gómez Centurión, que advertida o inadvertidamente chocó contra un Stiuso que es pública y clamorosamente el Rey del contrabando. Vale recordar que antes de la aparatosa traída del extranjero del prófugo, la ministra Bullrich había exteriorizado su esperanza de que ratificara la patraña de que Aníbal Fernández, era “La Morsa” y no solo el capo del tráfico de efedrina rumbo a México sino también del mal llamado Triple Crimen de General Rodríguez, macanazo pergeñado por Lanata & Lanatta que le permitió a la alianza Cambiemos ganar las elecciones en la Provincia de Buenos Aires y por ende en la nación. Pero como resultó que dijo, en sentido contrario, que según le confió en la cárcel Mario Roberto Segovia, alías “El rey de la efedrina”, éste le había pagado 200 mil dólares a Ernesto Sanz (operador político de la transnacional italiana Techint, presidente de la UCR y piloto de su dilución en una alianza Cambiemos con más ictericia que los Simpson) para incentivarlo a ejercer en el Consejo de la Magistratura su rol de fiscal acusador en el juicio de destitución del juez federal de Campana, Faggionato Martínez “con los tapones de punta”. Luego de estas amenazadoras palabras, un Pérez Corradi ya desvinculado del triple crimen, fue confinado (y acallado) en un lejano destacamento de la Gendarmería.

Durante la campaña electoral de 2007, Faggionato Martínez había vinculado a Mario Segovia con el entonces candidato opositor Francisco de Narvaez con Mario Segovia (por llamados hechos un domingo desde un celular a nombre del colombiano al celular que tenía –ilegal pero previsiblemente- “El rey de la efedrina” dentro de la cárcel. En 2010, para satisfacción de Segovia y del colorado De Narváez, Faggionatto Martínez fue destituido.

Adviértase que las acusaciones que según la reseña de Clarín en el libro de Santoro se levantan imputaciones genéricas y muy difícilmente comprobables a la SIDE, lo que más difícilmente incomode a su sucesora, la AFI del (parece que cabezón pues lo dicen “testa”) Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, una buena amiga de los Menem, Yoma, y de los Macri que combaten a las mafias.

Como la derrota electoral del kirchnerismo ya es algo pasado y pisado, la reseña ya no insiste en que identificar a Aníbal Fernández con “La Morsa” ni endilgarle el triple asesinato sino que retrocede en chancletas para afirmar ahora que habría reconocido que un comisario de la Policía Federal puede haber sido coimeado. Dos versiones muy diferentes. Si la primera sirvió para ganar una elección nacional, la segunda no podría sorprender ni a un bebé de incubadora.

El final trunco es de la copia que se subió al sitio de Clarín en internet.

Luego de procesar a los traficantes, la jueza investiga también a los policías y funcionarios de la Aduana que cobraron unos US$ 20 millones por la “protección” del negocio.

La jueza federal María Servini apunta a sectores de la SIDE, de las policías Federal y Bonaerense y de la Aduana por la protección que le dieron al financista Ibar Pérez Corradi y otros traficantes de efedrina para poder contrabandear ese precursor químico. Se estima que los sobornos pagados para dejar entrar la efedrina de China y la India y luego contrabandearla a México, donde la convertían en metanfetaminas y la vendía a EE.UU., llegaron a casi 20 millones de dólares. La jueza ya tiene los nombres que le dio el ex prófugo de los que lo cobraron y espera el momento para avanzar sobre eslabón impune del escándalo, revela el libro “La Ruta de la Efedrina” del periodista de Clarín Daniel Santoro.

En su indagatoria completa, Pérez Corradi identificó a un espía cuyo nombre tachó Servini hasta que termine la investigación- como el vínculo con la SIDE (hoy Agencia Federal de Inteligencia) y su ex socio Josué Fuks, quien se encuentra prófugo en Israel desde el 2008: “Ambos teníamos nuestros contactos con Policía Federal, con la Aduana, directa o indirectamente con Secretaría de Inteligencia, también. Él a su vez, tenía contacto directo con la secretaría de inteligencia y éstos tenían contactos con el cliente mexicano que se llevaba la efedrina…” Más adelante la investigación revela que Pérez Corradi –quien fue detenido el 19 de junio pasado en Brasil, tras cuatro años de estar prófugo- afirmó que “también me había dicho Fuks que cualquier causa judicial que hubiera, estaba todo arreglado… Si sé que después del triple crimen puso un montón de plata en la Secretaría de Inteligencia para solucionar no sé qué tema. En el momento en que quedaron secuestrados los 4000 kilos de efedrina de Ezeiza, sé que la gente de inteligencia de él se iba a robar la mercadería de adentro de los depósitos de EDCADASSA”.

Servini, si el Consejo de la Magistratura no la jubila por tener más de 75 años en las próximas semanas, ya hizo una trabajo de investigación preliminar sobre todos los nombres de espías, policías y aduaneros que dio Pérez Corradi, quien se encuentra bajo el programa de protección de testigos e imputados del ministerio de Justicia y detenido en una cárcel de la Gendarmería para protegerlo, para avanzar sobre esas explosivas pistas. Lo puede poner en marcha, ahora que procesó a Pérez Corradi por tráfico de efedrina y le dio la falta de mérito como supuesto autor intelectual del Triple Crimen de General Rodríguez, donde murió Sebastián Forza, uno de sus ex socios.

En el 2008, Fuks le pidió a Pérez Corradi por encargo de “la Secretaría de Inteligencia” que participe de una maniobra para meter preso a Segovia: que metiera tachos de efedrina importada por la droguería Famérica –donde compraba el rosarino- en el laboratorio clandestino que un grupo de mexicanos regenteaba en una quinta de la localidad bonaerense de Maschwitz. De este modo, cuando la Justicia allanara Maschwitz a mediados del 2008, todos los tachos sería de lotes importados por Famérica y esta informaría que se los había vendido a Segovia. La quinta de Maschwitz, donde un grupo de mexicanos y argentinos producían metanfetaminas en base a efedrina, fue efectivamente allanada en julio del 2008. Pérez Corradi, afirmó, que se negó a participar de la supuesta maniobra de un sector de la SIDE.

Un anticipo del libro al que accedió Clarín, revela también que el ex director General de Operaciones de la SIDE Antonio Stiuso denunció ante la Justicia que la ex presidenta le ordenó en el 2013 dejar de auxiliar a la Justicia en la investigación de la violenta muerte del ex espía Lauchón Viale – sospechado de haber intervenido en alguno de los negocios de la efedrina- en manos de la policía Bonaerense. Otro capítulo narra que mientras Stiuso investigaba al “Rey de la Efedrina”, Roberto Segovia, su abogado hacía gestiones ante el SEDRONAR por una de las empresas importadoras de efedrina. Un Segovia que mientras se compraba el primer Roll Royce Phanton de la Argentina, donaba plata a los presos por el sangriento copamiento del regimiento de La Tablada, sus “ex camaradas”, entre otras (supuestas) revelaciones (que Clarín había puesto a circular hace ya ocho años).

En una entrevista, el ex jefe de Gabinete K, Aníbal Fernández jura no haber sido “La Morsa”, como afirmó el asesino material de Forza, Martín Lanatta, pero admite que efectivos de la Policía Federal podrían haber cobrado coimas de parte de los traficantes de la efedrina, en una alusión implícita al comisario de la Policía de la Ciudad Juan Carlos “Chipi” Mondragón.

En definitiva, un libro cuenta cómo un grupo de jóvenes aventureros –liderados por Pérez Corradi y Sebastián Forza- y sin reglas pasó del negocio de la venta ilegal de los esteroides en los gimnasios, a la mafia de los medicamentos y al contrabando de efedrina, gracias a funcionarios y financistas permeables a ganar plata negra durante los gobiernos de Menem y los

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III

 

DAIA-ARROYO SALGADO

Arroyo Salgado se reunió con la DAIA en su primera visita al edificio de Pasteur

 

TÉLAM

La jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, visitó ayer por primera vez desde la muerte de su ex marido, el fiscal Alberto Nisman, el edificio de la DAIA, donde se reunió por más de dos horas con los directivos a nivel nacional y federal de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas.

“La reunión fue amable, pero principalmente fue emotiva y conmovedora. La jueza contó su visión de la muerte de su ex marido, y cómo vivió ella y sus hijas estos dos años posteriores a la muerte violenta de su ex esposo”, dijo a Télam Diego Dlugovitzky, titular de la filial Paraná de la DAIA, y presidente del consejo federal de ese organismo.

El directivo, uno de los 20 participantes de este encuentro, agregó que “en las próximas semanas, se organizará la visita de las dos hijas del fiscal al edificio que fue el inicio de la investigación de Nisman, y que también, tras su denuncia, representó su final”.

La jueza, madre de las dos hijas de Nisman, fue al edificio de la calle Pasteur 633, donde hace 23 años un atentado terrorista terminó con la vida de 85 personas, invitada por el presidente de la DAIA, Ariel Cohen Sabban, y el Consejo Federal.

La causa era investigada por su ex marido, en su calidad de fiscal especial para la causa AMIA, que, tras denunciar un presunto pacto entre el gobierno argentino y el gobierno iraní para encubrir la responsabilidad de ese país en el atentado al edificio de la AMIA, el 18 de julio de 1994, fue encontrado muerto en su departamento del barrio porteño de Puerto Madero.

El contexto de la invitación lo dio la presentación del libro de Gustavo Perednik sobre la muerte del fiscal, pero, según Dlugovitzky, la “extensa charla” derivó “en la visión de la jueza Arroyo Salgado sobre la muerte de su ex marido, a la que directamente se refirió como ‘asesinato”, y también a “todo lo que rodeó a la muerte del fiscal, y las pruebas que se vieron contaminadas”.

Arroyo Salgado recibió de parte de los titulares de la DAIA, y de sus filiales de todo el país, “el reconocimiento hacia ella y sus hijas por el trabajo realizado por el fallecido fiscal, que permitió saber con claridad qué pasó con el atentado a la AMIA, más allá que no haya detenidos por el hecho”, dijo el titular de la filial Paraná.

Según Dlugovitzky, la jueza estaba “muy emocionada”, por ser la primera vez que visitaba el edificio que fue “la causa de la investigación”, y también, “tras su denuncia, lo que llevó a la muerte al fiscal” especial para la causa AMIA.

El último 20 de enero, en el marco de los dos años que se cumplieron desde la muerte de Nisman, el titular de la DAIA había reiterado en diálogo con Télam la necesidad de que la muerte del fiscal “sea esclarecida” de manera “inmediata”.

“La muerte de un fiscal de la Nación debe ser esclarecida de manera inmediata”, había dicho Cohen Sabban, al tiempo que advertía sobre “una verdad” que por el paso del tiempo y la falta de esclarecimiento estaba “huyendo”.

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IV

 

CAUSA AMIA

Los archivos de Stiuso, entre ratas y humedad

 

Hay resistencias en la AFI y en el archivo para trasladarlos, por a los agentes que deben custodiar el material hasta que se complete la revisión.

 

POR AURELIO TOMAS / PERFIL 22/4/16

Allí se esconden las acciones de la inteligencia argentina en la causa AMIA. Son papeles, notas, casetes y videos que acumuló la ex SIDE en esta polémica pesquisa. Desde el año pasado están siendo revisados por un grupo especial de la Unidad Fiscal de Investigaciones (UFI) AMIA. El objetivo es sumar este material a una gran base de datos a la que acceden autoridades judiciales y familiares. Unificará archivos de la ex SIDE, Cancillería y fuerzas policiales como la Bonaerense.

El proceso de revisión avanza, pero la integridad del material está en riesgo. La UFI gestiona un traslado del material ante la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y otros organismos, porque parte de esos archivos están en almacenes secretos poblados de humedad y ratas. Una de las posibilidades es llevarlos al Archivo Nacional de la Memoria. Pero hay resistencias en la AFI y en el propio archivo, donde sería problemática la llegada de los agentes que deben custodiar el material hasta que se complete la revisión.

Tras la muerte de Alberto Nisman, las nuevas autoridades de la UFI y la AFI relevaron los depósitos de inteligencia. Se identificaron tres voluminosos archivos relacionados con la causa AMIA en Contrainteligencia, Terrorismo y Observaciones Judiciales (“Ojota”). Según un informe interno, los documentos ocupan “aproximadamente 1.900 metros lineales de cajas de diversos tamaños”.

Una anécdota ilustra las condiciones precarias de los depósitos: para evitar que las ratas se comieran los documentos de Contrainteligencia, donde Antonio Stiuso supo ser rey, una empleada colocó bolitas de arena para gatos usadas. Para sorpresa de todos, el truco funcionó.

Parte de estos documentos ya habían sido incorporados por Nisman al archivo de la UFI. Pero también se encontraron documentos que no estaban en poder de la Justicia. Por ejemplo, los videos de las autopsias. Este es un dato importante, porque hay sospechas de que no hubo un manejo correcto de los cuerpos. Los documentos nuevos tienen además datos ausentes en el depósito que creó Nisman: allí figuran los agentes firmantes de informes con sus nombres verdaderos.

 

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V

 

AMIA: JUICIO POR EL ENCUBRIMIENTO AMIA

Audiencia Nº 84, 20/4/17

 

Terminó el  jueves 20 la larga declaración de Claudio Lifschitz, ex prosecretario del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 9 cuando estaba a cargo de Juan José Galeano. Lifschitz fue el primer denunciante de las irregularidades y delitos cometidos en la investigación.

Esta última audiencia duró casi dos horas, lo que suma un total de más de dieciséis. La nota destacada fue cuando Lifschitz relató que el entonces subjefe operativo de la Dirección de Reunión Exterior de la SIDE (conocida como “Sala Patria”) Luis “Pinocho” González le dijo que (la voladura de la AMIA) se había tratado de “una ‘operación controlada’” dirigida a penetrar e infiltrar una célula terrorista iraní, como la realizada “meses antes” para frustrar un atentado contra “la Embajada de los Estados Unidos en Paraguay, que la CIA abortó”, pero que “cuando, Hugo Anzorreguy se lo contó al Presidente Menem, éste tomó la decisión política de retirar al infiltrado y, después, encubrir todo”.

Esto último también “lo supe por (el mayor retirado Alejandro) Brousson”, aseguró el testigo, en referencia al fallecido imputado, que fue el jefe directo de Lifschitz cuando se puso a trabajar para la “Sala Patria”, quien escribe no sabe si sucesiva o simultáneamente con su desempeño como miembro del servicio de informaciones de la Policía Federal, conocidos como “plumas”.

Pinocho González también habló de Wilson Dos Santos, un taxi boy brasileño que al parecer reporta a los servicios de inteligencia de su país; que advirtió del ataque a la AMIA en los consulados de Israel y Argentina en Milán sin que le dieran bolilla y que fue condenado en argentina a seis años de cárcel por falso testimonio agravado por acusar por levantar acusaciones mendaces contra un grupo de iraníes, incluyendo a una prostituta del que había sido gigoló, y la cónsul argentina en Milán, la rosarina Norma Fasano, ante quien Dos Santos se presentó para advertirle que era inminente un atentado explosivo contra un sede judía de Buenos Aires que, al igual que en el caso de la Embajada de Israel, se iba a cometer en un edificio que estaba en refacciones. “Me dijo que el aviso llegó, pero que el aviso llegó pero que se decidió ignorarlo porque (la presunta célula terrorista) ya estaba infiltrada”, recordó Lifschitz, que propone la teoría de que la fantasmal célula persa logró atentar contra la AMIA luego de burlar a sus cancerberos de la SIDE, una novela digna de la serie Homeland, único lugar en el universo en el que el servicio secreto saudí responsable del derribo de las torres gemelas de NY puede aliarse con Hezbolá, su mortal enemigo.

A mediados de 1995, siguió diciendo Lifschtiz, “cuando estábamos en el Palacio (de Tribunales), un día vino (el entonces director de Contrainteligencia, Antonio) Stiuso y dijo que (el consejero cultural de la Embajada de Irán en esa época, Mohsen) Rabbani había estado en Jet Parking (como se llamaba entonces la playa de estacionamiento concesionada por la UBA que tiene entrada por Azcuénaga 959, donde estuvo la camioneta supuestamente utilizada como coche-bomba unas horas 60 horas antes de la voladura de la mutual, a menos de cuatro cuadras de allí. Cerca de allí, agregó un poco dubitativo, “se encontraba el contador de Rabbani o algo así”.

Según Goldman, Lifschitz se refirió luego al video tomadas varias cámaras ubicadas en el estacionamiento del sanatorio Otamendi de la discusión entre su encargado, un suboficial mayor del Ejército retirado y los dos ocupantes de una Trafic blanca que se obcecaban en un castellano macarrónico en dejar la camioneta en el piso superior siendo evidente que por su altura no podría pasar por el arco de entrada. Claro que ya fuera porque se equivocó Lifschitz , se equivocó él o se equivocaron los dos, Goldman confundió al sanatorio Otamendi con el Anchorena.

“Jamás vi el video del sanatorio; supe de él porque los secretarios (de Galeano en ese momento, Carlos Velasco y Javier de Gamas) cuestionaron la actuación de la Secretaría de Inteligencia por la desaparición” de la cinta, rememoró. En realidad no se trataba de un video sino de varios, tomados por varias cámaras, y no se perdieron sino que la SIDE nunca pasó a buscarlos, por lo que pasado medio año fueron regrabados, como le explicó el encargado a quien escribe hace ya muchos años.

“Con (la entonces prosecretaria Ana) Sverdlick y los fiscales (Eamon Mullen y José Barbaccia, que hoy están siendo juzgados como partícipes o cómplices del desvío de las investigaciones) analizamos los testimonios (de los testigos) y llegamos a la conclusión de que a la camioneta (los agentes de la SIDE a la perdieron al mediodía del sábado 16 (de julio de 1994), y que es por eso que en la mañana (en rigor, la madrugada) de aquel lunes 18 había helicópteros buscándola”, dijo Lifschitz.

Desechó así de un plumazo las sospechas de que ese helicóptero, de obvia pertenencia policial (la Federal nunca entregó detalles de los vuelos de ese día, y menos de sus tripulantes, pero jamás negó su existencia: se limitó a informar que los helicópteros habían salido el domingo para vigilar… la pequeña concentración de brasileros y argentinos amantes del festivo matrimonio entre samba y fútbol tras el triunfo del “Scracht du oro” sobre la “Squadra azzurra” por penales luego de 120 frustrantes minutos de juego en los que no se abrió el marcador. Una hipótesis de la investigación que Galeano y Nisman dejaron sistemáticamente dejaron de lado propone que desde aquel helicóptero (que llevaba un reflector encendido y que según un testigo tiró una soga sobre la azotea de la AMIA) se bajaron piezas de Trafic para darle verosimilitud a la Trafic-bomba que nadie vio porque nunca existió. Con o sin ayuda interna porque es preciso recordar que la empresa de limpieza cuyos empleados trabajaron esa noche era La Royal, de propiedad de Alfredo Yabrán.

Lifschitz continuó diciendo que “el pedido de intervención de teléfonos de la Embajada de Irán lo hizo la SIDE sin un oficio de (el todavía titular del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional Nº 1 de Lomas de Zamora, que tenía dos causas paralelas sobre presuntas ‘células dormidas’ de esa procedencia, Alberto) Santa Marina; calculo que habrán desaparecido unas 65.000 horas de escuchas”, estimó. Vinculado con esto, “no sé si (los inspectores de Migraciones René) Navarre y (Horacio) Moreno (quienes le habrían proporcionado un pasaporte estadounidense robado a un iraní llamada Khalil Gathea) tenían relación con ella (la supuesta célula), pero cuando pedí investigarlos, ‘Sala Patria’ se negó”, deslizó Lifschitz, que acusó a ambos inspectores de hacer “arreglos para dejar pasar a determinados colectivos, como gente de Medio Oriente”.

No sé a qué se refiere Lifschitz con semejante cantidad de horas de escucha, pero más de tres mil horas de conversaciones sostenidas a través de los teléfonos de la Embajada de Irán desaparecieron porque, según dijo Stiuso lo más campante hace más de una década al testificar en el juicio de la AMIA, esa intercepción le fue pedida por el Mossad, a quien le entregó los casettes sin quedarse con copias por carecer de traductores de farsi, el idioma de los persas. A pesar de manifestarse así como un mandadero, un cadete, un che pibe de un servicio extranjero, no se conocieron entonces mayores comentarios reprobatorios. Las coyundas carnales eran, en 1994 como ahora, algo que los gobernantes consideraban natural puesto que no era su físico el que se ponía en juego.

Goldan consideró “el momento cúlmine de la audiencia” cuando Lifschitz admitió haber sido abogado de ahorristas de la “mesa de dinero” del banco Mayo, cerrado en 1998, y haber tenido una reunión con su presidente, el imputado Beraja, quien luego lo denunció ante el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal por haberlo grabado sin su conocimiento. Lifschitz negó enfáticamente haberlo hecho, pero horas después, tras haber finalizada la audiencia, lo reconoció, sin que quedara registro de ello.

Lo “recordé por su referencia”, le concedió hoy, jueves, a la defensora Valeria Corbacho, aunque no convenció: pareció haber recapacitado acerca de cómo afectaría su credibilidad el negar un hecho que parece acreditado. Dijo que el entonces secretario general de la DAIA Rogelio “Cichowolski me consiguió una reunión con él (Beraja) y como sabía todo lo que había pasado, quise asegurarme de que no se tergiversara su contenido”, pero ello no se pudo hacer legalmente porque “ningún escribano quiso prestarse cuando supieron que era Beraja”, expresó. Corbacho, que procura desacreditarlo de todas las maneras posibles y atribuir sus acusaciones a la dirigencia comunitaria a un encono personal, afirmó que a Lifschitz lo apartaron de la querella de ahorristas por difundir ese audio, pero él negó que haber entregado esa grabación a Jorge Lanata para que la difundiera en su programa de TV, Día D.

Lifschitz relató que cuando el Galeano le mostró el video de la entrevista que había tenido con Telleldín el 10 de abril de 1996, “Beraja le preguntó a Galeano si tenía bienes, como si fuera para hacer alguna operación que no se realizó”, pero que no recuerda si Galeano le contestó. Finalmente, aclaró que no le “consta que la AMIA y la DAIA orientaran la investigación o aportaran información”.

También dijo no haber tenido “relación con los familiares (de las víctimas del atentado) cuando estuve en el tribunal, y después solo los vi cuando declaré” y que “cuando se llevó a cabo la entrevista del 1º de julio de 1996 entre Galeano y Telleldín, la SIDE ya había decidido pagarle (a Telleldín 400.000 dólares de fondos reservados para que acusara a policías bonaerenses de haberse llevado la Trafic), por eso fue (Alejandro) Brousson” a presenciarla por circuito cerrado y a asesorar al juez acerca de cómo implementar” el pago, explicó Lifschitz, quien en la instrucción declaró en dos ocasiones que la operación se realizó en tres etapas -200.000 la primera vez y 100.000 las otras- y no en dos iguales, como aseguraron otros involucrados:

“Lo supe por (el entonces secretario y hoy juez en Ushuaia Javier) de Gamas”, explicó.

Lifschitz también declaró que las analistas de Contrainteligencia “‘Marta’ y ‘Graciela’” (estrechas colaboradoras de Stiuso, a quien no atraen las sutilezas de la política internacional)  sabían de las tratativas, pero no participaron; lo sé porque lo hablé con ellas”. Además, “dos ‘poquitos’ (un juego de palabras entre la cantidad -ocho- y la procedencia DPOC, por el disuelto Departamento de Protección del Orden Constitucional de la Policial Federal, encargado natural de la investigación) me hablaron del pago -uno era (Roberto) ‘Paco’ de Lucía- y se lo conté a los secretarios”, señaló.

Por otra parte, siguió diciendo, “coincidí pocos meses con (el imputado comisario Jorge) Palacios en la DUIA (Departamento Unidad de Investigación Antiterrorista de la Policía Federal, que Palacios encabezó desde su creación, en 1997, en reemplazo del disuelto DPOC); hablé con él porque me había recomendado y se sorprendió mucho con mis denuncias, sobre todo sobre Khalil Ghatea”, contó.

Como prosecretario y “pluma” a la vez, Lifschitz reportó ante Palacios desde el momento en que ingresó al juzgado, antes de la creación de la DUIA.

“El comisario Rojo le dijo que tenía información sobre la causa (sobre presuntas ‘células dormidas’ iraníes que instruía el todavía titular del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional Nº 1 de Lomas de Zamora, Alberto) Santa Marina en Mar del Plata y (Palacios) le ordenó que fuera a buscarla, aunque creía que (en realidad) la tenía acá”, por Buenos Aires, siguió diciendo.

“Le dije (a Palacios) que no confiaba en el juez, que era su amigo, y me contestó que me equivocaba, que hablaría con él para impulsarlo” a tomar medidas, “pero después lo fui a ver y nada dijo” sobre el tema, así que “le anticipé que renunciaría y (entonces él) me sugirió que me fuera en buenos términos porque, me dijo, ‘nadie sabe qué puede pasar en el futuro’”. Narró.

“Le di mi opinión sobre (el entonces comisario, luego absuelto de liderar la ‘conexión local’ del atentado, Juan José) Ribelli y otras cosas y me respondió que no era cosa suya., que él que solo actuaba para adelante, con lo que le pedían”, aunque “coincidió conmigo sobre lo de la ‘operación controlada’ de la SIDE” para penetrar a la supuesta célula terrorista iraní, sostuvo.

Aunque por lo general escrupuloso, el redactor Goldman parece de acuerdo con la impresentable (ver http://pajarorojo.com.ar/?p=19592) doctora Corbacho, íntimamente relacionada con espías como Darío Richarte y Ciro James, a quien la verdad de los hechos la tiene sin cuidado) puesto que destaca que si en anteriores oportunidades Lifschitz habría dicho sólo uno de los “poquitos” (el oficial De Lucía, previsiblemente apodado “Paco”)  le había confirmado el pago a Telleldín, en esta oportunidad dijo que fueron dos, lo que no parece especialmente relevante.

Del mismo modo, destacó que cuando Corbacho le preguntó si inmediatamente después de declarar ante el TOF 3 el 10 y 11 de septiembre de 2003 no había viajado a España, y abierto allí una cuenta bancaria, Lifschitz dijo no recordarlo.

El tribunal rechazó por irrelevante la supuesta documentación aportada por Corbacho para probar la existencia de ese viaje.

Goldman también destacó que “en su careo con Galeano en la instrucción, Lifschitz declaró que (los dichos de) Ramón Solari (un asesino múltiple reclutado por la policía bonaerense que ofreció una nueva versión falsa) procuraron al decir de Lifschitz “sacar de foco” a la Brigada de Investigaciones de Vicente López (algunos de cuyos efectivos fueron acusados de extorsionar a Telleldín con anterioridad a las explosiones hasta en declaraciones de flagrante falsedad de integrar la “conexión local”), en esta oportunidad le siguió “el juego” a Galeano, hoy acusado.

Solari, bueno es recordar, primero se autoadjudicó el atentado y más tarde denunció que policías bonaerenses los habían aleccionado e instigado a que lo hiciera.

Escribió Goldman: “Dado que fue la quinta audiencia de su declaración, muchos temas solo fueron abordados someramente y a fin que el testigo aclarase algunas dudas.

De sus dichos destacó:

“No sé a qué teléfono llamó Munir Menem”, el fallecido imputado y hermano de Carlos, el entonces Presidente, quien se habría comunicado con el juez para exigirle que no investigara al sospechoso de origen sirio e hijo de un amigo de la familia, Alberto Jacinto Kanoore Edul. Lifschitz explicó que entonces no estaba” todavía en el tribunal.

“No sé si alguien vinculó a Kanoore Edul con el terrorismo”.

“Vi a (el ministro del Interior de la época, Carlos) Corach cuando fue a ver a Galeano; se tropezó con unos expedientes y casi se cae”.

Rodolfo Rigamonti, el supervisor de Inspectores que impidió la salida del país, con un pasaporte ajeno, de Khalil Ghatea y denunció, el hecho, dijo Lifschitz, “tuvo un problema con (la Dirección Nacional de) Migraciones: perdió el trabajo o se fue”.

La entonces prosecretaria del juzgado Ana “Sverdlick tenía conocimientos y memoria; tenía muy en claro detalles de la causa y los diferentes legajos que llevaba”.

Lifschitz admitió haber trabajado para el ex agente de inteligencia y proxeneta dueño de varios prostíbulos Raúl) Martins entre 1999 ó 2000 y 2007, pero dijo que “tenía más relación con su personal que con él.”

“La Policía Federal me capacitó en inteligencia, como infiltraciones” y otros aspectos que fueron subrayados por la defensa de Galeano, que lo sindica como alguien introducido en el tribunal para “dinamitar” la causa desde adentro. Una acusación realmente curiosa ya que Galeano, Beraja y el comisario Palacios ante el que se reportaba Lifschitz no difieren sustancialmente a la hora de negar su participación en hechos –el desvío de las investigaciones a partir de un pago a Telleldín- que han sido probados.

Hacia el fin, los jueces desalojaron la Sala AMIA para que Lifschitz identificara al infiltrado en la supuesta célula y al traductor de farsí de la SIDE que mencionara desde la segunda audiencia, a fin de que las partes puedan interrogarlo, lo que duró unos pocos minutos.

El tribunal informó que había aceptado realizar una pericia caligráfica a Claudio Guillermo Cotoras, el mecánico amigo de Telleldín que dijo haber sufrido un accidente cerebrovascular y no reconoció su firma en actas de indagatoria y testimonial, ni su letra en anotaciones que aparecen junto a un croquis de cómo se habrían ubicado los policías bonaerenses el día que presuntamente recibieron la Trafic. Presionado por agentes del DPOC, Cotoras, uno de los mecánicos que hacia trabajos para Telleldín y para Alejandro Monjo (socio de la Federal, de cuya órbita jamás salió la Trafic, según aseguró en varias oportunidades Stiuso en el juicio original) ratificó su supuesta entrega a los bonaerenses y ahora busca despegarse.

En cambio, rechazó los careos entre los ex policías federales Carlos Salomone y Claudio Camarero, quienes realizaron los allanamientos en los domicilios de Kanoore Edul, y también entre los periodistas Raúl Kollmann y Román Lejtman, argumentando que las contradicciones que tuvieron no fueron relevantes, lo que además de ser materia muy opinable () revela la voluntad del tribunal de no meterse en honduras puesto que Lejtman admitió haber obrado bajo el influjo de alto funcionario nacional y también que le constaba que Nassib y Javier Haddad, detenidos a pedido de siete fiscales por ser los dueños del volquete depositado frente a la puerta de la AMIA escasos minutos antes de la voladura y haber comprado diez toneladas de amonal, el explosivo utilizado, fue liberado casi de inmediato por orden del presidente Menem, quien hoy también revista entre los acusados.

El TOF 3 también dispuso –puntualiza Goldman-  la remisión de la causa que se le siguiera al “fiscal trucho” Jorge Damonte (que estaba previsto escribiera en la cárcel de Villa Devoto que compartía con Telleldín, un borrador con sus falsas declaraciones contra Ribelli y demás policías bonaerenses) para que afuera Lejtman y Kollmann le dieran forma a satisfacción del gobierno nacional y así pergeñar un libro que justificara la erogación de 400 mil pesos/dólares.

También requirió el expediente que el entonces fiscal y hoy acusado José Barbaccia presentó en el Consejo de la Magistratura para concursar como juez, la exhibición completa de los videos de las entrevistas entre Galeano y Telleldín, la declaración de las tres defensoras oficiales de Cotoras, así como del juez y el secretario que le tomaron la tercera indagatoria y la de los integrantes de la “Brigada bomba”, mencionada por alguno de los espías que compareció en secreto, y las medidas y un libro de guardia pedidos por el imputado y entonces director de Reunión Exterior de la desaparecida Secretaría de Inteligencia del Estado, Patricio Finnen.

Si la “Brigada bomba” es como todo parece indicar el Departamento de Explosivos de la Superintendencia de Bomberos de la Policía Federal, sus declaraciones tienen una importancia capital ya que los jefes del cuerpo en el momento del atentado han coincidido en el pedazo de block de motor de una Trafic que supuestamente encontraron rescatistas israelíes entre los escombros pasada una semana del atentado, estuvo en esa dependencia poco después del estallido. Sin contar con que uno de sus agentes que participó de las labores de rescate y denunciaba el protagonismo de algunos de sus jefes cuando menos en el encubrimiento de los asesinos, fue asesinado en 1995 y en el cuartel Recoleta de los Bomberos.

 

VI

La reseña de Memoria Activa:

“Hubo un desorden total y voluntario de la causa”

Finalmente concluyó hoy la larga declaración testimonial de Claudio Lifschitz en el juicio por irregularidades en la investigación del atentado a la AMIA, que tiene al entonces juez Juan José Galeano, a Hugo Anzorreguy y a Carlos Menem, entre sus trece imputados.

Cinco audiencias duró en total la presentación de Lifschitz, quien repasó con buena memoria todas y cada una de las irregularidades que vivió cuando trabajó -entre 1995 y 1997- como prosecretario en el Juzgado Federal 9.

Si bien en las semanas anteriores se explayó en cada tema acerca del cual los abogados lo interrogaron, en esta última ocasión logró ampliar algunas cuestiones de importancia.

En primer lugar, preguntado acerca de si le constaba quiénes, según la Secretaría de Inteligencia del Estado, habían cometido el atentado, respondió: “Tanto Alejandro Brousson o Pinocho (Luis González) de la Sala Patria de la SIDE decían que había una operación controlada de infiltración de una célula iraní y que por una mala decisión política de retirarse de esa célula dormida, ocurrió el atentado”.

Cuando se le pidió mayor detalle, Lifschitz aseguró que la “decisión política” de abandonar la célula fue del entonces presidente Carlos Menem, quien lo ordenó tras conocer esa operación.

“Ahí es cuando la Trafic se les pierde”, aclaró y explicó que él mismo investigó lo ocurrido con la camioneta que se dejó de seguir cuando desapareció de Jet Parking. “Después de hablar con todos los que tenían autos estacionados ahí, concluimos que se había retirado la Trafic antes del sábado al mediodía. Y como la perdieron, al parecer la buscaron con los helicópteros, que según testigos sobrevolaron la AMIA la noche anterior al atentado”.

Esto también resulta coherente, dijo Lifschitz, con la denuncia que el agente de inteligencia brasileño Wilson Do Santos hizo en Milán anticipando el atentado. “Nunca se les podía haber pasado eso. La comunicación llegó pero claramente interfería la operación sobre la célula dormida que la SIDE tenía controlada con infiltrados”.

Toda esta operación, que incluye también la intervención de teléfonos de la embajada de Irán el día del atentado, es, en palabras de Lifschitz, “lo que se quiso ocultar con una causa armada. Después hubo un desorden total y voluntario de la causa”.

Y además agregó, que al investigar el tema, surgió que esas líneas telefónicas del agregado cultural de la embajada de Irán y otros no estaban intervenidas por orden judicial, ni siquiera a pedido del juez Santamarina, quien -como relató en audiencias anteriores- ordenaba intervenciones a pedido de la SIDE y las ocultaba en causas paralelas a la de AMIA.

“Cuando la empresa Movicom informó sobre esos teléfonos, constaba el pedido de la SIDE pero sin oficio judicial. Según la cuenta que hice, son unas 65 mil horas de escuchas que fueron borradas o desaparecieron pero no fueron nunca incorporadas a la causa”, explicó Lifschitz.

Finalmente expresó que toda esta información que fue adquiriendo por dichos de agentes de la Sala Patria y la documentación que surgió de lo investigado por él y otros prosecretarios, se la comunicó al ex juez Galeano. “Todo le conté y me dijo que ya lo sabía. Ahí renuncié”.

El “Fino” Palacios

Previo a irse del juzgado, Lifschitz dijo que habló sobre el encubrimiento con su ex jefe en la Policía Federal, Jorge Palacios, quien para ese entonces comenzaba a participar de la causa AMIA al frente de la DUIA (Unidad Antiterrorista).

“Le conté todo y se asombró porque era amigo de Galeano. Me dijo que yo estaba equivocado sobre el juez, que iba a hablar con Galeano, y que seguro tomaría medidas”, recordó y advirtió que no lo volvieron a conversar: “Hubo silencio”.

También, dijo Lifschitz, le advirtió a Palacios que “se iba a meter en un problema porque era una causa armada” y que éste contestó: “no es mi problema, yo hago lo que me piden”.

El pago

Por último, a preguntas de las querellas, Lifschitz aclaró que el dinero de fondos reservados de la SIDE estaba ya a disposición de Galeano on anterioridad a la negociación que emprendió con Telleldín, cuya grabación se hizo pública. Y que, justamente, el agente Brousson (Sala Patria) fue al juzgado el día de esa entrevista y vio por el monitor cómo se daba el acuerdo para luego facilitarlo.

A su vez, confirmó que también Marta y Gabriela, del sector 85 de la SIDE, tenían conocimiento acerca del pago a Telleldín.

El próximo jueves 27 de abril declaran dos testigos de identidad reservada por lo que la audiencia se llevará a cabo sin público general.

http://indiepolitik.blogspot.com.ar/2016/10/la-banda-de-los-periodistas-espias.html

 

VII