FESTIVAL DE IMPORTACIONES. Un obsceno saqueo de los dólares del BCRA con la complicidad de jueces venales. El caso de Nicky Caputo y el alquiler de cautelares.

Cuando ELLA denunció que los dólares atesorados por el Banco Central se iban sistemáticamente por la canaleta de un “festival de importaciones”, los medios hegemónicos lo minimizaron cuando no directamente lo ignoraron. Ayer una nota de La Política Online informó que Nicky Caputo, “el hermano del alma” de Mauricio Macri, el mismo que tuvo el tupé de endeudarnos durante todo un siglo, se dio el lujo de importar una lancha de lujo pagándola a mitad de precio por la utilización de dólares a precio oficial gracias a la complicidad del secretario de Industria, Ariel Schale. Y, claro, también con la vista gorda de un juzgado. Esa nota provocó la reacción, entre otros periodistas, de Rolando Graña (ver video) y la del ex titular de la Federación Agraria, Pedro Peretti, que ayer en el programa Caníbales (domingos de 21.30 a 23 por C5N) reclamó enfáticamente la renuncia de Schale. Por su parte Gabriel Morini publicó en Ämbito Financiero una nota en la que reveló que empresas que conseguían hacerse con dólares baratos gracias a cautelares dictadas por jueces amigos, a su vez se las ofrecían (es de suponer que no gratuitamente) a otras empresas que podían acogerse a ellas…. Lo que provocó un irónico tuit de ELLA.

A continuación, la secuencia completa:

Exclusivo: El secretario de Industria autorizó a Nicky Caputo a traer una lancha de lujo como bien industrial a dólar oficial

En el Gobierno estiman que en los últimos años entraron bienes por 7500 millones de dólares con el polémico mecanismo del “Simi”.

 

El secretario de Industria, Ariel Schale, autorizó a Nicolás “Nicky” Caputo a traer el país una lancha de lujo pasándola como bien industrial a dólar oficial, beneficiándose con un dólar financiado por el Estado que en la práctica le redujo el costo de la embarcación a menos de la mitad. El “hermano del alma” de Mauricio Macri y principal socio en los negocios del ex presidente compró por 238.313 dólares una lancha modelo DC266 de la marca Pursuit. Con una eslora de 8,33 metros, la embarcación viene preparada para la pesca deportiva.
Pero Caputo consiguió que el Gobierno le permitiera ingresar la lancha como un bien industrial a través del Sistema Integral de Monitoreo de Importaciones (SIMI). La operación se aprobó el 19 de febrero de este año mediante la SIMI 113207C. La semana pasada la embarcación llegó al puerto de Campana y la Aduana, que viene de cambiar autoridades, la metió de inmediato en el “canal rojo” donde se colocan las operaciones sospechosas, ya sea por su monto o por tratarse de mercadería no habitual para el trámite declarado.
Casos como este se dan en el mismo momento en que varios sectores industriales como el automotriz suspenden la producción y cesan personal porque no pueden importar insumos.
La semana pasada, por ejemplo, Agrale, la compañía productora de camiones y chasis para colectivos, paralizó sus actividades hasta fin de año por falta de dólares para importar insumos claves para mantener la fábrica produciendo.
Caputo consiguió que el Gobierno le permitiera ingresar la lancha como un bien industrial a través del Sistema Integral de Monitoreo de Importaciones (SIMI). Casos como este se dan en el mismo momento en que varios sectores industriales, como el automotriz, suspenden la producción y cesan personal porque no pueden importar insumos para producir.
El caso vuelve a poner en evidencia que los regímenes de dólares diferenciados e importaciones sujetas al arbitrio de los funcionarios de turno son una fuente inagotable de corrupción. Pasó en el pasado y pasa ahora.
En el Gobierno estiman que en últimos dos años entraron vía SIMI al dólar oficial unos 7500 millones de dólares en bienes de uso personal, un privilegio utilizado por los grandes empresarios y amigos del poder. Tan descontrolado es el mecanismo de supuesta “administración” de importaciones que el principal socio de Macri se sintió seguro como para usarlo en la compra de una lancha de lujo, en un Gobierno que supuestamente está en sus antípodas.
Este sistema ya había ocasionado un escándalo cuando trascendió que los empresarios se hacían traer aviones privados del exterior porque al dólar oficial les salía más barato que comprarlos en el extranjero. El juez federal Ariel Lijo abrió una investigación en febrero por este año por la importación de casi 300 aviones privados de lujo importados al dólar oficial, supuestamente reservado para bienes industriales y fuera del alcance del ciudadano de a pie.
En su momento Cristina Kirchner también había puesto la lupa en el “festival de importaciones” y cuestionó que sacarle dólares al Banco Central “se ha transformado en un deporte”.
Schale , el funcionario que da curso a las SIMI, tiene un aceitado vínculo con la Unión Industrial Argentina. Cuando Matías Kulfas fue desplazado del ministerio de Desarrollo Productivo, fue la UIA quien pidió que el secretario de Industria siguiera en su puesto.

En la Argentina, hasta las medidas cautelares se pueden “alquilar”

La Aduana descubrió una maniobra por la cual una empresa obtuvo una orden judicial contra la AFIP y se la “cedió” a otra firma importadora que no tenía una SIMI aprobada para poder ingresar mercadería y liberar dólares del BCRA. Denuncia penal y multa. Hay muchos casos idénticos que detonan en escándalo. Cimbronazo en el fuero Contencioso Administrativo.

Ante la obligatoriedad de seguir un procedimiento de declaración jurada para importaciones sobre bienes con licencias no automáticas, una empresa acude a la justicia y reclama por derechos vulnerados. Un juzgado -sin analizar el fondo de la cuestión- considera arbitraria e irrazonable la resolución oficial y le otorga una medida cautelar provisoria que libera las mercaderías para poder importar sin cumplir con el trámite. Esa manda judicial también obliga al Banco Central a girarle dólares para el pago a valor oficial.

La firma, increíblemente, consigue que la justicia le prorrogue la validez de la cautelar en tres oportunidades, y en cada secuencia amplía la cantidad de operaciones por las que reclama protección. Y por ende, dólares. Otra firma (que también importa bienes) no tiene medida cautelar pero precisa “liberar” una “SIMI”, como se denomina la autorización ante la AFIP para acceder al Sistema integral de monitoreo de importaciones. ¿Cómo se las ingenia para ingresar sus productos? Sencillo, utiliza la SIMI de la primera empresa amparada por una cautelar perfectamente autorizada por un juez, en una maniobra que pasa totalmente inadvertida al fisco, al BCRA y al Gobierno. La “alquila”. El ardid descripto ocurrió en la realidad y no fue el único lo que lo transforma en la metáfora perfecta para describir un “Estado bobo”. En Argentina, hasta hay contrabando de cautelares.

El caso

Eso fue justamente lo que ocurrió en el expediente 17074/2020 que tramita en la justicia Contencioso Administrativo Federal, un fuero clave. El 28 de marzo de 2022, la empresa Yoko SA pidió extender una demanda contra la Secretaría de Industria del Ministerio de Desarrollo Productivo y la AFIP. Su objetivo era tener una orden judicial que le libere varias SIMI, entre ellas la 22001SIMI097638V. Ubicada en la avenida Warnes, declaró que era titular de la marca Bagcherry y que fabricaba localmente productos de marroquinería y que precisaba importar materiales para seguir produciendo, sin competir ni generar perjuicio de la industria nacional. Cumplió las etapas procesales y la obtuvo de parte del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°8, a cargo de Cecilia Gilardi Madariaga de Negre. No era la primera.

El 13 de abril de 2021 la jueza le había liberado la primera tanda de SIMI. El 7 de septiembre de ese mismo año Yoko SA consiguió extenderla. Bajo una idéntica fórmula, la sentencia reiteró “siempre dentro del limitado ámbito cognoscitivo impuesto por el procedimiento cautelar” que la validación de la SIMI por parte de las autoridades provocaba una “demora injustificada” en el ingreso de la mercadería y que sería “arbitraria e irrazonable” porque se erige como una “barrera para-arancelaria”. Antes de que venciera el plazo de 6 meses, la firma volvió al juzgado de Madariaga de Negre e introdujo una docena de trámites para importar. El 24 de noviembre de 2021 la jueza le amplió la cautelar. Lo mismo terminó ocurriendo el 13 de mayo de 2022 sobre otro puñado de SIMI.

Alquiler de cautelar

Pero lo que descubrió la Dirección General de Aduanas fue que entre las autorizaciones que logró la firma Yoko SA para liberar mercadería salteándose el requisito de validar la SIMI vía cautelar, le “cedió” la autorización a la firma Tropea SA, una empresa dedicada a la importación y venta de marroquinería con marca propia. El total de la mercadería –en dos envíos detectados– superó los u$s 200 mil, pero lo más significativo fue la maniobra descubierta por la División Control Fiscalización Simultánea cuando cruzaron la mercadería importada y a quién correspondía la SIMI “autorizada” por la cautelar.

Lo más curioso apareció luego: a través de una hoja con un par de sellos que firma una persona apoderada de Tropea, autoriza a Yoko a realizar “cualquier gestión aduanera relacionada a la AFIP” relacionada con la importación de bienes bajo su marca; autoriza a “comprar y a vender” bajo la marca Tropea y a trasladar los bienes. aclarando que ese poder tiene un plazo. Exactamente, un mes.

Lo que en realidad ocurrió fue lo inverso. Yoko SA no utilizó la SIMI. Le “transfirió” la tutela jurisdiccional en beneficio de Tropea, bajo la simulación de que Yoko estaba autorizada a comercializar la marca entre el 21 de junio y el 21 de julio de 2022. Justo el momento en el que la mercadería debía ser nacionalizada con la SIMI pre autorizada de Yoko. En términos llanos, Yoko le “alquiló” la cautelar a Tropea para que pudiera hacerse de su mercadería. Funcionó como una usina de SIMI. Pero esto, lejos de ser una picardía o un atajo ante las restricciones oficiales, puede constituir un delito penal.

Por eso, el organismo que comanda Guillermo Michel bloqueó la mercadería antes de que ingresara al mercado, notificó a la empresa de un sumario infraccional y de una multa que podría ser hasta 5 veces el monto importado y los acusó de haber violado el Código Aduanero por una declaración inexacta con perjuicio fiscal. Y fue todavía más lejos: se presentó ante el juzgado de Madariaga de Negre la puso en conocimiento de los hallazgos y le reclamó que habiendo sido burlada la medida judicial, se extraigan testimonios para formar una nueva investigación ante la justicia en lo penal económico por presunta estafa procesal en el marco de una importación, lo que lo convierte en un asunto federal.

Punta del ovillo

La investigación de la Aduana fue casi artesanal para detectar este modus operandi. Descubrieron también que no fue el único caso. Por eso se destinó un equipo de 15 personas para que comiencen a cruzar la documentación de las SIMI, las cautelares y la mercadería efectivamente nacionalizada en las declaraciones aduaneras. En las últimas horas, apareció mucha evidencia de que este “alquiler” era frecuente. Al igual que este caso, su destino es la judicialización por delitos penales.

Precedentes

El juzgado de Madariaga de Negre había picado en punta en el otorgamiento de medidas cautelares ante reclamos de empresarios para importar. Ámbito reveló el 2 de septiembre de 2021 que ese juzgado, junto con otros dos, concentraban el mayor porcentaje de demandas y que cuando recaían en otros tribunales, los estudios de abogados las desistían y las volvían a presentar hasta lograr la magia del sorteo: que salga un juzgado más permeable a fallar a favor de los accionantes. A los ojos del Gobierno, el fórum shopping se perfeccionó al punto de constituir una institución hasta ahora inexistente: una suerte de “aduana judicial”.

“Notará usted la gravedad de la situación detectada por la Dirección General de Aduanas que, en el caso particular, procura evitar no solo una maniobra que pretende vulnerar los controles aduaneros sino que además ha utilizado y burlado la actuación del poder jurisdiccional quien dicta en su elevado criterio una medida cautelar tutelando los derechos de un sujeto cuando en realidad quien se beneficia es un tercero oculto”, indicó el escrito de las autoridades ingresado al expediente. Tras esta movida, lo que sorprendió dentro del edificio de la calle Azopardo fue que la Subdirección de Legales de la Aduana no se hubiera percatado nunca de lo que sucedía con los reiterados fallos adversos que coleccionaba.

Si bien los argumentos para otorgar cautelares podían ser discutibles (sobre todo para bienes suntuarios como autos de lujo o aviones) no había quedado en evidencia hasta ahora que se pudieran intercambiar, lo que compromete seriamente la utilización de esta herramienta judicial y desvirtúa su propósito natural que es proteger un derecho vulnerado de quien la solicita. En el mejor de los casos, se burló a la Justicia. En el peor, las cautelares fueron y son utilizadas para habilitar negocios.

 

 

Comentarios (4)

  1. Pip

    Oportunismo Al…verso.
    Consecuencias de apurarse a firmar con Kristalina y legalizar la deuda mafiosa JUSTO cuando se iniciaba una guerra que pone en crisis a Occidente.

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  2. Pip

    Alverso querido !
    CERRA EL FUGADUCTO !!!

    NUEVA LEY DE ENTIDADES FINANCIERAS, MUEVAN EL CULO, LEGISLADORES !
    CONTROL Y REGULACIÓN DE ENTRADA Y SALIDA DE CAPITALES YAAAAA !
    LA PADECEMOS DESDE Martínez de Hoz !
    No hay país posible. País riquísimo pero se van las materias primas y las divisas no entran !
    Vamos a terminar como Ucrania, partidos en cuatro y sin guerra.
    Empresarios argentos, periodismo cipayo y endeudadores traidores ganan demasiado.
    A dinamitar el circuito offshore ya mismo !!!

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  3. Pip

    Ahí salió Aldo Ricobiden, viejo senil carapitanda a defender los intereses de los cipayos de no sé qué patria. Sería bueno que explique qué hicieron algunos de los suyos en la AMIA (junto con los sirios)

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  4. Ed

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