FRANCIA. Una brutal ofensiva «socialista» contra los trabajadores
Francia: Por la retirada del proyecto de ley El Khomri
POR GÉRARD FILOCHE / SIN PERMISO
Para entender esto hay que saber que el Estatuto de los Trabajadores nació en 1910 después de la catástrofe de Courrières en el Paso de Calais, allá por 1906. Durante esta tragedia, 1.099 mineros perdieron la vida en el fondo de los pozos. El patrón había exigido que el trabajo se reanudase al cesar la búsqueda de sobrevivientes, de lo contrario el carbón polaco venía y debería cerrarse la puerta de las minas. Una docena de días más tarde, 13 sobrevivientes y luego uno más reaparecieron. El choque emocional fue tal que se decidió crear el Ministerio de Trabajo para que pudiera escapar de los requisitos del Ministerio de Economía.
La elección básica era adaptar el trabajo a la persona y no la persona al trabajo. Si se había exigido las 3 x 8 (8 horas de trabajo, 8 horas de recreo, 8 de descanso), no fue para complacer a los propietarios de las empresas sino a las personas, para que pudieran vivir con su trabajo.
Así que cuando el presidente Hollande anunció que iba a «adaptar el derecho al trabajo a las necesidades de las empresas», estamos ante una contrarrevolución conceptual. No tiene nada de «moderna» y nada tiene que ver tampoco con la «crisis»: es la vuelta al siglo XIX, mucho antes aún que 1906, en los inicios de los salarios post esclavitud cuando no había ni leyes ni cotizaciones sociales.
No tiene nada que ver con el empleo: François Hollande lo confesó el 21 de febrero de este año al precisar que la ley «no tendrá ningún efecto en términos de empleo durante varios meses. Sino que se trata de instalar un nuevo modelo social». No podía reconocer de mejor manera que el desempleo era un pretexto, y que de lo que se trataba era principalmente de romper con la legislación laboral vigente.
El proyecto llamado El Khomri es pues una puesta en cuestión ideológica ultraliberal de décadas de lucha de los sindicatos y de la izquierda para proteger a los empleados. Incluso la patronal ha quedado sorprendido de que este proyecto de ley vaya más allá de lo que ha defendido la derecha.
El gobierno Valls ha despreciado la capacidad de respuesta de los sindicatos de trabajadores, de la izquierda, aquí forzada a distanciarse del rechazo de todos los sindicatos. Pero es aún más despreciable, ya que se trata de unos principios libres y universales, no la forma de abusar de un puñado de empleados de la tienda de la esquina…
A lo largo de cien años, el Estatuto de los Trabajadores ha sido construido para que los derechos de las personas al empleo escapen de las exigencias ciegas del mercado, de la rentabilidad, de la competitividad. Este es un código excepcional, ya que está forjado de luchas y de sangre, de sudor y de lágrimas. Es el producto de 1920 a 1936, de 1945 a 1968, de 1995 a 2002, de huelgas, de ocupaciones, de manifestaciones, de negociaciones y de leyes de la República.
Porque, por si se precisa repetirlo, en una empresa no hay igualdad entre las dos partes contratantes, los propietarios y los trabajadores: en el contrato de trabajo, hay desigualdad, el empleado está subordinado, se trata de un «lazo de subordinación jurídica permanente» y es por este motivo que existe una «contrapartida”, un código específico de derechos.
De hecho, las leyes laborales son – y deben permanecer – universales en la medida que están unidas a los derechos humanos, sea cual sea el tamaño de la empresa, su especificidad, su rama. Deben ser superiores a los «contratos», a los «acuerdos», a las «derogaciones», a las «excepciones» y no a la inversa. Esto está garantizado por la Carta de Derechos Humanos de 1948, la Carta Europea de los Derechos Fundamentales de 1999, y por los convenios de la OIT, tales como el número 81 o el 158.
Si hay una «Organización Internacional del Trabajo» es que estos derechos humanos son universales y no para que el presidente Hollande o la ley El Khomri los dejen raquíticos, de derogación en derogación, para las necesidades de cada empleador, empresa por empresa.
El derecho del trabajo debe ser constitutivo del derecho de la competencia y no pisoteado en nombre de la competencia. Todos los países que utilizan el trabajo infantil, que imponen jornadas agotadoras, deben ser combatidos y castigados, no imitados.
Ciertamente podemos cambiar, fortalecer el código del trabajo. Pero nadie puede volver a escribirlo de nuevo ya que es el resultado, en sus mil detalles, de la expresión histórica de las relaciones sociales de poder. Es el orden social público, el Estado de Derecho en las empresas, las leyes de la República frente al mercado. En esto, el código es el índice que mide la calidad de una civilización.
El código es la ley más íntima, la más esencial, la más importante para los empleados. Es el más pequeño, el más legible de todos los códigos. Es el código menos enseñado, el más vilipendiado, el más defraudado, por desgracia.
A partir del artículo 1 del «preámbulo» del proyecto El Khomri todo se explica, todo es falso y todo debe ser rechazado: afirma que «las libertades y los derechos fundamentales»… pueden estar sujetos a limitaciones «si se justifica por las necesidades del buen funcionamiento de la empresa». Los derechos de los empleados por tanto no están protegidos como derechos humanos, sino sujetos a un permanente estado de emergencia según las necesidades decretadas por las necesidades del beneficio y de los dividendos del particular empleador y de sus accionistas.
Entonces todo lo demás se comprende:
Si las leyes de El-Khomri Badinter, Macron, Valls y Cia. rompen las reglas básicas de la vida, en detrimento del cuerpo humano, de su salud, de su vida familiar y del trabajo compartido, no queriendo más limitar la duración legal de la jornada para todos y todas… es por el «buen funcionamiento de la empresa.» En el preámbulo Badinter no hay cifras: mientras que en la legislación laboral, las cifras incluyen los principios, 35 h, 48 h, 151h 66, 1600 h debido a que el código del trabajo se articula en torno a la reducción del tiempo de trabajo durante 170 años.
El concepto de tiempo legal es «de facto» suprimido, las empresas deciden caso por caso con la pistola a la cabeza de sus empleados. Los sindicatos mayoritarios (¡elegidos con un quórum!) podrán incluso ser cortocircuitados por los sindicatos minoritarios que tendrán el derecho de apelar al empresario para que organice un referéndum.
El gobierno está tratando de mentir al negar la subordinación de los empleados como en Smart de firmar “acuerdos” bajo una violenta presión patronal y un chantaje al empleo. Pero el propio gobierno violó una ley con la que, sin embargo, pretende hacer principio, que establece que cualquier cambio en la legislación laboral y social, debe antes de llegar en el Parlamento ser negociado entre los interlocutores sociales: por el contrario el gobierno incluso ha pisoteado todo principio y amenazado con sacarla adelante sin votación por el 49-3.
El proyecto de ley Khomri es el nombre que recibe el ataque final del Medef (patronal francesa, n. del t.) de Pierre Gattaz: «El código es el enemigo número 1 de los empresarios.» Medef quiere reemplazar la subordinación característica del contrato por una «sumisión voluntaria». De ahí que la nueva moda orquestado por la «uberización», por los contratos «civiles» sin derecho ni leyes, sin horarios, sin salario mínimo interprofesional. El informe de la Comisión Badinter acaba con el Estatuto de los Trabajadores específico y lo reemplaza con un apaño mezclado con el código civil, donde los contratos comerciales y estatus de autónomos se colocan en el mismo plano que el anterior contrato de trabajo. La «persona» sustituye al empleado. El empleado es tratado como un independiente o autónomo. Uber puede navegar, Attali y Macron han estado allí.
En esta ley ignominiosa, los liberales tecnócratas y la patronal se «liberan» sin restricciones. Atrás han quedado las 35 y las 48 horas, las horas extraordinarias pueden ser compensadas en lugar de aumentadas. Llegará a ser posible trabajar 12 horas al día por «simple acuerdo.» El descanso diario de 11 horas se puede dividir. El tanto alzado por acuerdos individuales irá más allá de cualquier duración máxima, incluidas las 48 y 60 horas. Los horarios anualizados de cálculo se hará sobre… ¡3 años! No se requiere permiso pagado, el empleado puede renunciar por dinero. Un aprendiz puede trabajar 40 horas. Hay aún más rebaja de edad para el trabajo infantil (los de 14 años están menos protegidos contra el riesgo de caídas o máquinas peligrosas). La precariedad se multiplica, tres CDD (contratos de trabajo a tiempo parcial, n. del t.) se permiten en lugar de dos. No está prohibido el trabajo a destajo. No hay límites para los gastos portuarios. Se acaba el límite de 24 horas para el trabajo a tiempo parcial. La paga mensual se ha acabado. El patrón decidirá cuándo empieza la semana, de manera que podrá evitar la compensación dominical.
Si los beneficios y dividendos están cayendo, el jefe puede cambiar el horario (a la alza) y las remuneraciones (a la baja). La ley Warzmann Sarkozy ya lo había autorizado por un año, la ley Sapin por dos, esta ley lo autoriza por cinco años. Los inaptos en el trabajo podrán ser despedidos. La medicina del trabajo, los tribunales del trabajo, la independencia de la inspección del trabajo, los órganos de representación del personal resultan aplastados.
Los despidos serán preprogramados desde la firma de los contratos y los empresarios que despidan trabajadores de forma abusiva verán reducidas sus condenas al máximo. Mientras que en nuestra sociedad “seguritaria” los delincuentes «ordinarios» están sujetos a un «piso», ahora se instaura un «techo» para los empleadores delincuentes.
La patronal desea el despido sin causa como en los EE.UU. ¿Sirve para ello facilitar los despidos? ¡A facilitar los despidos! Ni un solo puesto de trabajo más, sino un menor número de puestos de trabajo. Es una ley a favor del desempleo, ya que cualquier desregulación facilita tanto la pérdida de empleos como la no creación de empleo. Si hay un trabajo de 12 horas al día y 60 horas por semana, ¿por qué hay millones de parados? Habrá más reveses económicos debido a que son los empleados bien entrenados, bien tratados, bien pagado los que producen mejor, no los empleos flexibles, no los empleos precarios.
Este proyecto de ley es una declaración de guerra a 18 millones de empleados. Si todos no lo saben aún, los debemos informar, alertar, contribuir con sus sindicatos y sus representantes electos a movilizarlos. Esto es tan importante e histórico que merece una revuelta masiva y la indignación para la retirada total de este proyecto de ley llamado «El Khomri».