IRON MOUNTAIN. Un documental contra la impunidad de los pirómanos asesinos

Estreno público y gratuito en el lugar del siniestro mañana al caer la tarde.

De la misma manera que persiste la absoluta impunidad de quienes demolieron a bombazos la Embajada de Israel y la DAIA-AMIA (acciones en las que tuvieron protagonismo miembros importantes del Departamento de Explosivos de la Policía Federal entonces dependiente de su Superintendencia de Bomberos), lo hace el pavoroso incendio de los depósitos de Iron Mountain que le costó la vida a diez servidores públicos, la mayoría del cuerpo de bomberos. Es increíble que haya quienes digan que la protección y complicidad con los asesinos de la (in)justicia (sobre todo, la imperante en los tribunales federales porteños del barrio de Retiro) y de sus protectores de la Corte Suprema, no inciden en la vida de las personas comunes. ¡Que se lo digan a los familiares de los muertos!

La impunidad reinante en Argentina, qué duda cabe, es responsabilidad directa de la Corte Suprema y de los tribunales de Comodoro Py.

Hace unos años publiqué este texto dentro de mi libro La infAMIA:

Iron Mountain y el HSBC

Iron Mountain, fundada en 1951, es una empresa íntimamente ligada al Pentágono y los servicios de Inteligencia de los Estados Unidos, se especializa en guardar documentación de bancos a su vez especializados en el blanqueo a gran escala de dinero de procedencia inconfesable y en su página de Internet aclara que ofrece “servicios integrales de gestión de archivos, protección de datos y destrucción de la información” (sic). Coherentemente, su historial se caracteriza por recurrentes incendios tan intencionales como devastadores de sus depósitos en los Estados Unidos (tres en Nueva Jersey y en 1997); Canadá (Ottawa, 2006), Reino Unido (Londres, 2006) e Italia (Aprilia, 2011).

En el caso argentino, está claro que Iron Mountain gozaba de una escandalosa protección por parte del gobierno porteño: el depósito de Barracas no reunía las condiciones imprescindibles para ser habilitado, su clausura había sido pedida por los inspectores ya en 2008 y negado por el Ejecutivo, que además le concedió generosas exenciones impositivas. También parece claro que hubo una manifiesta complicidad entre la empresa y sus clientes para proceder a destruir documentación comprometedora.

Aunque se quemaron archivos de 46 empresas, de las que 29 estaban siendo investigadas bajo sospecha de “criminalidad económica”, según precisó Carlos Gonella, cabeza de la Procuraduría contra la Criminalidad Económica y el Lavado de Activos (Procelac), los principales “perjudicados” fueron dos bancos: el HSBC y el Patagonia.

El HSBC (Hong Kong and Shanghai Banking Corporation) había sido denunciado por la AFIP casi un año antes, en marzo de 2013, por asociación ilícita, evasión fiscal y lavado de dinero. Algo que tampoco podía extrañar demasiado ya que a fines de 2012 se le habían impuesto multas por 1.900 millones de dólares por cargos semejantes en México y los Estados Unidos.

Cuatro focos y un dispositivo de retardo

“Partimos de la convicción de que Iron Mountain y el banco conformaron una asociación ilícita para eliminar pruebas”, explica José Sbatella, que encabeza la Unidad de Información Fiscal del gobierno nacional. HSBC y otros bancos, dice, aplican “una estrategia con las pruebas y la documentación que tienen que guardar de operaciones ilegales. Hemos podido ver, por los incendios de Iron Mountain en otras plazas financieras, que tienen la misma clientela que acá, los mismos bancos. En el de Londres, está claro que el incendio fue intencional. En el de acá, nosotros le dejamos a la Comisión Bicameral el esquema de cómo se produce el incendio. Porque el peritaje de la Policía Federal muestra claramente la premeditación y la alevosía con que se arma una escena, de manera que el fuego se prenda en cuatro lugares de igual forma, usando un transformador de electricidad que baja la tensión de 220 a 12 voltios, se le pone un hilo de cobre a cada uno, y abajo colocan nafta y papeles. De tal manera que ese hilo tarda en prenderse, hasta que se pone en rojo, y recién ahí se prende el fuego. Cuando está el fuego con cinco metros de alto, sube la tensión a 220 y recién ahí salta, entonces suena la alarma. Todo eso, para retrasar el accionar de la alarma a propósito, de tal manera que cuando llegan los bomberos, que tardan unos pocos minutos, ya el fuego alcanzó los diez metros de altura. En un incendio normal, apenas se inicia el fuego se activa la alarma y da otro tiempo para actuar. Aquí no. Y mueren diez bomberos. Llegan como a cualquier otro incendio pensando que tienen tiempo para actuar, pero se les cae la pared encima porque hacía rato que estaba incendiándose”.

El HSCB quedó en la mira luego de que el ingeniero de sistemas italofrancés Hervé Falciani (que trabajó unos siete años, de 2001 a 2008, en la seguridad informática del banco) entregara a la justicia francesa la lista de unos 130 mil evasores fiscales de todo el mundo que tenían cuentas secretas en la sede ginebrina del banco, al abrigo del secreto bancario imperante en la Confederación Helvética. En la “Lista Falciani” hay más de 4.600 cuentas vinculadas a personas físicas o jurídicas argentinas no declaradas a la AFIP.

De esas cuentas, quien más dinero depositado tenía en 2006 (el año que Falciani pudo “fotografiar” completo) era, lejos (se estima que 1.390 millones de dólares en diez cuentas), el contador Miguel Gerardo Abadi, titular del fondo de inversión Gem Advisor. Aquel año pasaron por sus manos 6.700 millones de dólares. Abadi vive la mayor parte del tiempo en Londres, aunque también tiene domicilios en Tel Aviv, Buenos Aires y Montevideo, y viaja mucho a Ginebra. La AFIP lo vinculó públicamente con la quiebra fraudulenta del Banco Mayo, que dejó un tendal de pequeños ahorristas judíos estafados en casi 200 millones de dólares. Fue a causa de ella que su ex presidente, Rubén Beraja, pasó casi dos años preso. Según la acusación del fiscal Claudio Navas Rial, aquellos 1.390 millones depositados en diez cuentas tienen titulares cuyos domicilios fiscales coinciden con los de individuos procesados en la causa del Banco Mayo. Dichas cuentas, advierte, fueron abiertas en 1996, dos años antes del cierre del Banco Mayo, pero cuando ya este venía en caída libre y solo sobrevivía gracias a los multimillonarios aportes en forma de redescuento que le daba el Banco Central, que llegaron a poco menos de 298 millones de pesos/dólares.

Según Gabriel Levinas (aquel Levinas que aún no conocía el gusto de pertenecer, en la zaga de Lanata), el Efecto Tequila había dejado al Banco Mayo contra las cuerdas, ya en 1994, cuando la matanza de la AMIA. “Era un banco que estaba en condiciones de ser absorbido. No obstante (gracias al Banco Central), no solo no se cayó sino que terminó absorbiendo a otras instituciones (como el Banco Patricios) y creció más de catorce veces, hasta 1977”, recordó, en la ya mencionada entrevista que le hicieron Conrado Yasenza y Vicente Zito Lema.

La conexión panameña

En Narcos, banqueros & criminales postulé que parte de ese dinero parece haber sido utilizado para saldar deudas con los carteles colombianos de la cocaína, a fin de evitar “un tercer atentado”. En el libro se dio cuenta por primera vez de la relación directa que horas después de perpetrado el ataque a la AMIA estableció el jefe de la estación de la CIA en Beirut entre ese ataque y el derribo al día siguiente de un pequeño avión que cubría el breve trayecto entre las ciudades de Colón y Panamá. Y cómo este estaba directamente relacionado con el lavado de dinero procedente de la venta de cocaína colombiana en Italia por la mafia tradicional, la de Corleone.

Panamá fue un importante “laverap” de dólares negros a partir de la sospechosísima muerte del general Omar Torrijos, a mediados de 1981 y hasta la invasión estadounidense del pequeño país, a fines de 1989, período en el que el hombre fuerte del país fue el general Manuel Noriega. Y siguió siéndolo luego de un breve interregno, durante la ocupación norteamericana.

De Panamá provino el viejo contador vinculado a la CIA que se encargaba en Montevideo de lavar los dólares traídos a Buenos Aires en valijas Samsonite desde la costa Este de los Estados Unidos. En Panamá tenían su base de operaciones el Mayflower Bank International y otras empresas fantasmas en las que participaba Rubén Beraja, quien era presidente de la DAIA en la época de los atentados, como Altona y Greypark.

“En su primera y extensa declaración indagatoria, Rubén Beraja dijo conocer al Mayflower International Bank desde 1994, pero afirmó no saber quiénes lo componían, olvidando que hasta 1997 o 1998 lo integraba él mismo junto a otros miembros del directorio del Banco Mayo”, acusó el abogado Mateo Corvo Dolcet, representante del grueso de los ahorristas damnificados por el vaciamiento del banco y de su mesa de dinero, que en ese momento administraba 187 millones de dólares. “También dijo (Beraja) haber gestionado, ante el Banco Central de la República Argentina, la autorización de la entidad rectora del sistema financiero para establecer una representación del Mayflower International Bank, gestión que habría sido desistida cuando el Banco Mayo se asoció a una subsidiaria del Banco Hapoalim de Israel, para constituir en Montevideo” la “Casa Bancaria Hapoalim Mayo Limitada”, nunca investigada. “Analizar el rol de Beraja dentro de la organización ilícita que nos ocupa requiere conjugar la posición política que supo procurarse en relación con el gobierno de Carlos Menem que se tradujo, por ejemplo, en que el ex mandatario le ofreciera presidir la oficina de Ética Pública”. Parece un chiste pero no lo es.

El abogado concluyó que “Beraja es el principal responsable de una perversa mega defraudación resultante de anteponer su ilícita, grosera y desmedida ambición personal a todo y a todos. Partiendo de esa premisa se entiende que ni intente ensayar una explicación a la sociedad sobre el destino de sus ahorros… y la mentira sistemática como mecánica de defensa”.

Si hay un símbolo absoluto de la promiscuidad en la causa AMIA lo encarna la doctora Marta Nercellas, que habiendo sido abogada de empresas de Alfredo Yabrán, fue defensora de Beraja en la quiebra del Banco Mayo y de la DAIA en la causa AMIA, donde defendió “a muerte” lo hecho y delinquido por Galeano.

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Es bueno recordar que la madre de María Eugenia Vidal era parte de esta runfla en el Banco Mayo.

A continuación, dos textos publicados en su tiempo por Página 12.

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LA PERICIA POLICIAL EN IRON MOUNTAIN

Entrevista con José “Pepe” Sbatella, titular de la UIF

“El incendio fue armado”

 

POR RAUL DELLATORRE

–¿Qué relación encuentran entre el incendio de Iron Mountain (depósito de documentación y archivos de grandes empresas) y estas actividades ilícitas de grandes bancos? –consultó Página/12 al titular de la UIF.

–En su esquema de trabajo, se percibe que estos bancos incluyen una estrategia con las pruebas y la documentación que tienen que guardar de operaciones ilegales. Hemos podido ver, por los incendios de Iron Mountain en otras plazas financieras, que tienen la misma clientela que acá, los mismos bancos. En el de Londres, está claro que el incendio fue intencional. En el de acá, nosotros le dejamos a la Comisión Bicameral el esquema de cómo se produce el incendio. Porque el peritaje de la Policía Federal muestra claramente la premeditación y la alevosía con que se arma una escena, de manera que el fuego se prenda en cuatro lugares de igual forma, usando un transformador de electricidad que baja la tensión de 220 kv a 12 voltios, se le pone un hilo de cobre a cada uno, y abajo colocan nafta y papeles. De tal manera que ese hilo tarda en prenderse, hasta que se pone en rojo, y recién ahí se prende el fuego. Cuando está el fuego con cinco metros de alto, sube la tensión a 220 y recién ahí salta, entonces suena la alarma. Todo eso, para retrasar el accionar de la alarma a propósito, de tal manera que cuando llegan los bomberos, que tardan unos pocos minutos, ya el fuego alcanzó los diez metros de altura. En un incendio normal, apenas se inicia el fuego se activa la alarma y da otro tiempo para actuar. Aquí no. Y mueren diez bomberos. Llegan como a cualquier otro incendio pensando que tienen tiempo para actuar, pero se les cae la pared encima porque hacía rato que estaba incendiándose.

En las actas de inspección tenemos que, frente a requerimientos de documentación, el HSBC nos dice “no la podemos entregar porque se quemó en el incendio de Iron Mountain”. Esa es la prueba que llevamos a la Comisión, que en varias actas se demuestra que ellos empezaron a usar este argumento de que hay documentación faltante porque se quemó en el incendio. Después de ver la pericia de la Policía, nosotros estamos suponiendo que hay una asociación ilícita para eliminar pruebas entre Iron Mountain y HSBC.

–¿Qué información se perdió?

–Es información del cliente. Nosotros le hemos pedido legajos de clientes importantes, los negaron con esa excusa. Iron Mountain tiene además un proceso por lavado de dinero, porque reciben dinero de un paraíso fiscal. Eso fue una denuncia de la AFIP que está bajo investigación, porque aquí declaran pérdidas y no tendrían por qué tenerlas. Pero lo más extraño es que se quemaron las pruebas y eso no fue denunciado por ninguno de sus clientes. Cobraron el seguro, pese a la pericia policial, y pagaron buenas indemnizaciones a las familias de las víctimas. Esto también hace vulnerable todo el proceso judicial.

 

EL MINISTRO PORTEñO QUE TENDRIA QUE CONTROLAR A IA EMPRESA, LA CONDECORO

Cuando IRM recibía premios

El ministro de Desarrollo Económico porteño, Francisco Cabrera, que premió a IRM en 2009, dirige la cartera que debe inspeccionar a la empresa cuyo galpón se incendió hace una semana. Tal como reveló Página/12, en 2008 habían hallado gravísimas fallas.

 

POR GUSTAVO VEIGA

El ministro de Desarrollo Económico porteño, Francisco Cabrera, conoce muy bien la empresa Iron Mountain. La conoce porque la distinguió en diciembre de 2009 por ser una de las tres primeras que ingresó al distrito tecnológico de la Ciudad y también por haberla visitado en más de una ocasión. Esas atribuciones están entre las que puede tener un funcionario de su jerarquía específica. Pero ese apoyo a lucrativos emprendimientos como el de IRM se confunde con el hecho de que en su cartera funciona la Subsecretaría de Trabajo. Que, a su vez, tiene por debajo a la Dirección General de Protección del Trabajo, que realiza inspecciones a compañías como la que sufrió el incendio en Barracas hace una semana. O sea, es juez y parte.

El contrasentido quedó a la vista desde que Cabrera se refirió a la multinacional con palabras elogiosas. Hace cinco años, poco antes de que inaugurara su sede central en Parque Patricios, comentó: “Iron Mountain es un caso de estudio de cómo se puede reciclar un edificio abandonado y lograr una exitosa integración con el barrio”. En el caso del depósito siniestrado –uno de los cuatro que le pertenecen– la integración quedó sepultada bajo los escombros. Cuando elogiaba las cualidades de la compañía, ésta ya acumulaba varios incendios en sus plantas del exterior, algunos sospechados de intencionales.

El ministro es también presidente de la Fundación Pensar, que se autodefine como la “Usina de Ideas del PRO”. El 17 de diciembre de 2009, cierta información empresaria señalaba que el jefe de Gobierno, Mauricio Macri, y Cabrera –su colega ingeniero– distinguieron a Iron Mountain “por ser una de las tres primeras empresas inscriptas en el Registro de Empresas TIC de la ciudad de Buenos Aires”.

El reconocimiento fue otorgado al presidente de la filial argentina de la multinacional, Ricardo Daniel García, quien agradeció con palabras de circunstancia: “El modelo de reciclar un área es significativo, ya que permite el relacionamiento de las empresas con el barrio y colabora con la inclusión e integración de la zona sur de la ciudad, fortaleciendo su desarrollo dentro de un modelo de articulación del ámbito público y privado que es un ejemplo a promover”. A García lo acompañaba en el acto Guillermo Lockhart, el gerente general de la firma. Ambos se reunieron en distintas oportunidades con Cabrera, ya que Iron Mountain integra la Cámara de Empresas del distrito tecnológico porteño.

La distinción que recibió IRM en 2009 también se les otorgó a las empresas TATA y TAO IT, las dos pioneras restantes que se instalaron en el nuevo polo de Parque Patricios. Por entonces, eran veintidós. Hoy superan el centenar y medio. El acto donde se reconoció a la compañía estadounidense se realizó en sus propias oficinas.

Cabrera también se había mostrado sonriente para las fotos junto a los CEO de Iron Mountain cuando el subsecretario adjunto de Comercio para el Hemisferio Occidental de Estados Unidos, Walter Bastian, visitó la planta de 20 mil metros cuadrados ubicada en Amancio Alcorta 2482, en octubre de 2009. En ese momento, el ministro subrayó las cualidades de IRM y del distrito tecnológico en que estaba insertada.

La información en las páginas empresarias sostenía que luego de la reunión que mantuvieron los visitantes con los representantes de la multinacional, “Cabrera y Bastian pudieron conocer detalles del servicio de tercerización de procesos de gestión de información, así como visitaron el Vault, la bóveda de máxima seguridad de la compañía”.

Las cuatro instalaciones de la empresa levantadas en Parque Patricios, La Boca, Villa Lugano y Barracas que el gobierno porteño ponderaba a través de dos de sus principales funcionarios, Macri y su ministro de Desarrollo Económico, son las mismas que la Subsecretaría de Trabajo dirigida por Ezequiel Sabor debería controlar mediante inspecciones de especialistas en higiene y seguridad como Castro. Empleados que en total llegan a un centenar y que realizan unas trescientas actas por día, las que no necesariamente terminan en inspecciones. Ocurre que durante sus visitas para supervisar si se cumplen las normativas en las empresas, éstas pueden estar cerradas momentáneamente por vacaciones o no atenderlos en ese momento.

El ingeniero Edgardo Castro ratifica que cuando, en 2008, ordenó la clausura de Iron Mountain “verifiqué en el depósito que las mangueras contra incendio eran viejas, que no estaban los sprinklers o aspersores para enfriar con agua y les pedí que retiraran un porcentaje del material de riesgo, porque había demasiados papeles”. También dice que siguió “un tiempo el expediente, aunque no me acuerdo muy bien qué pasó después con él, porque me lo sacaron”.

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