DNU, nueva fórmula y motosierra sobre las jubilaciones 

El anuncio del Gobierno de modificación de la fórmula implica una caída del 25% para los jubilados

POR IEF / CTA

El gobierno nacional dispuso por Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) la nueva fórmula jubilatoria y consolidó un ajuste brutal sobre los ingresos de los
pasivos, que desde la llegada de Javier Milei a la Casa Rosada tuvieron una caída del 25 por ciento.

A partir de julio, el índice se actualizará por la inflación registrada dos meses atrás de acuerdo a la suba del Índice de Precios al Consumidor (IPC). Hasta
entonces, y confirmando una tendencia que prevalece en Argentina, la pérdida en los haberes se compensará con bonos y aumentos que se aplicarán por única
vez, mientras rige la fórmula anterior. Los mismos “parches” que la actual administración criticaba.

El DNU 274/2024, publicado el lunes 25 en el Boletín Oficial, modificó, en rigor, lo que el mismo gobierno había anunciado la semana anterior. Pero la letra no
fue clara respecto a los meses de la “transición” entre la fórmula vigente y el nuevo método.

Como el aumento por inflación del IPC comenzará a regir recién con los haberes de julio, para los meses previos el gobierno dispuso un “puente” de compensaciones a través de bonos y sumas extraordinarias. Como parte de ese combo, en abril los jubilados recibirán un aumento de 12,5% por única vez.

De esta forma, la escala de las jubilaciones hasta julio queda así: con el bono vigente de $70.000, la mínima será en abril de $241.216, frente a los $ 171.200 percibidos en marzo. Recién en julio se producirá el “empalme” a la nueva fórmula, lo que indica que, en el camino, los jubilados de Argentina perderán un 25% de sus ingresos.

Un esquema desordenado

Para mayo y junio, los haberes serán ajustados por la inflación de marzo y abril, respectivamente. Pero como todavía no comenzará a regir la nueva fórmula, el
aumento se hará en base a la normativa vigente, que establece incrementos trimestrales. Lo que el Gobierno todavía no explicó es si los bonos también aumentarán para compensar la pérdida por inflación o si se mantendrán en ese mismo valor de $70.000.

En junio, que será el último mes antes de que entre en vigencia el nuevo esquema, y cuando además se debe calcular el aumento trimestral según la norma anterior, se comparará el aumento que corresponda por esa fórmula, que combina recaudación y salarios, con el incremento del IPC, con lo que los jubilados percibirán una suerte de “promedio” entre el viejo sistema y lo que haya indicado el índice inflacionario, que desde luego todavía no se conoce.

Por decreto, el Gobierno aclaró que, en caso de que los aumentos entre abril y junio fueran superiores al porcentaje que brinde la fórmula trimestral, no se descontará la diferencia.

Para no tener que otorgar ya en abril el aumento que arrojaría la inflación, el Gobierno mantiene la vieja fórmula hasta julio, posponiendo la puesta en marcha
del nuevo esquema a los “fines de la transición”, según explicó por decreto.

Más allá de los atajos formales, la pérdida de las jubilaciones está garantizada en el arranque de la era Milei: el aumento único de abril del 12,5% está muy lejos de
la inflación del 20,6% de enero.

A partir de julio, finalmente, comenzará a regir en pleno el nuevo índice, que actualizará los haberes en base a los datos de inflación del Indec de los dos meses anteriores. Y en el camino quedará un 25% de pérdida.

Crisis de forma y fondo

El anuncio de la nueva forma de calcular las jubilaciones, con superposición de decretos y de marchas y contramarchas, fue un dislate comunicacional que dejó
al sector pasivo en un estado de incertidumbre, y que se enmarca además en la política errática y de ajuste del nuevo Gobierno sobre los jubilados.

En lo concreto, en los pocos meses que va de gestión lo único que había hecho la administración libertaria respecto de las jubilaciones era poner el foco sobre la fórmula vigente, que viene del gobierno del Frente de Todos (FdT), para advertir que, más allá de los índices que se establezcan, los jubilados pierden con la inflación y hoy estarían “mucho peor” que con el panorama que presenta la nueva fórmula.

Según un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), esta nueva política previsional “consolida la brutal pérdida del poder adquisitivo de las
jubilaciones, que no pueden aspirar a recuperarse hacia adelante”.

El CEPA consignó que la inflación creciente del segundo semestre de 2023 y de principios de 2024 llevó a las jubilaciones a “casi la mitad de su valor” respecto
del inicio del año pasado. Por lo que la actualización en base a la inflación de febrero, que fue de 13,2%, y sumada al 12,5% de aumento único para abril, sólo
permite recuperar una “pequeña porción de lo perdido”.

En su informe, el centro de estudios indicó que los datos de la evolución de jubilaciones muestran que respecto del primer trimestre de 2023, esos haberes quedarían en abril “32,5% por debajo en términos reales”.

Para el CEPA, los jubilados pueden aspirar, en el mejor de los casos, a que “la pérdida se consolide en torno al 25%” en el traspaso de una fórmula a la otra. El
centro de estudios también señaló que para algunas consultoras esta propuesta de actualización del gobierno nacional podría quedar, en 2025, por debajo de la
actual fórmula de movilidad, que combina recaudación y salarios.

De todos modos, esas previsiones dependerán del devenir de la recaudación y los salarios. Aunque no se presenta un panorama muy alentador: la inflación de febrero fue de 13%, más baja que el pico de 25% de diciembre último y que el 20% de enero, pero el tercer índice más alto de los últimos 12 meses, empujada por el incremento de los servicios regulados, que fue de un 21,1%, y en lo macro por la devaluación del 120% impuesta por el gobierno de Milei.

El sistema previsional argentino, un modelo bajo amenaza 

El actual sistema de jubilaciones fue establecido en 2008 durante la primera presidencia de Cristina Fernández de Kirchner en base a un proyecto de Amado Boudou, entonces director de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses).

Pese a que la iniciativa generó resistencia de la banca extranjera y de la corporación mediática, que participaba activamente del negocio de la jubilación privada, el Congreso aprobó la eliminación de las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP), un resabio de las políticas neoliberales, y fortaleció el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Así, pasaron a manos del Estado u$s 30 mil millones, con una recaudación promedio de u$s 1000 millones por mes.

El sistema previsional argentino está basado en un diseño colectivo y de reparto donde los trabajadores en actividad y las empresas realizan aportes para financiar las jubilaciones, pero también se complementa con fondos provenientes de impuestos y aportes del Tesoro nacional.

Dentro de este sistema coexisten varios esquemas de jubilaciones y pensiones. El más importante es el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), administrado por la Anses, que comprende a todas las personas físicas mayores de 18 años de edad que se desempeñan bajo relación de dependencia en la actividad pública o privada, o que ejerzan actividades en forma autónoma.

Según un  informe de CIPPEC sobre el sistema previsional, actualmente existen al menos 177 regímenes diferenciales, especiales, provinciales, profesionales o no contributivos con sus propias reglas, instituciones y mecanismos de financiamiento que presentan “falencias de igualdad y sostenibilidad fiscal”.

Este tipo de regímenes más que excepción son una parte sustantiva del sistema y de las prestaciones otorgadas. El 40% de los beneficios del sistema se paga en regímenes de excepción y sus haberes son, en promedio, un 85% más altos que en el régimen general.

El Régimen General incluye a aquellas personas que aportaron durante su etapa activa, ya sea como trabajadores dependientes o independientes. Se compone de:

• Régimen Ordinario: abarca a los trabajadores en relación de dependencia.
• Regímenes Diferenciales: incluye a los trabajadores de casas particulares.
• Regímenes para los Trabajadores Independientes: engloba a los Autónomos, Monotributo o Monotributo Social.
• El Régimen General se complementa con otros dos regímenes previsionales:
• Regímenes Especiales: Incluye a docentes no universitarios, docentes universitarios nacionales, investigadores científicos y tecnológicos, Poder Judicial, Servicio Exterior de la Nación, Luz y Fuerza, y personal de Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT).
• Regímenes Policiales y de Servicios Penitenciarios

El sistema desde adentro

El sistema previsional tiene dos aspectos principales: Aportantes (Activo) y Beneficiarios (Pasivo). De acuerdo a los últimos datos publicados por la Dirección Nacional de Políticas de Seguridad Social, hasta agosto de 2023 había en el país 13,01 millones de aportantes y 6,4 millones de beneficiarios de prestaciones previsionales, de los cuales el 89,9% correspondían a prestaciones otorgadas por el SIPA y el 10,2% a jubilaciones y pensiones de otros regímenes.

De ese total, se desprende que los beneficiarios de jubilaciones y pensiones del SIPA que accedieron al beneficio de forma ordinaria (45,2%) representan una magnitud similar a la de aquellos que lo hicieron a través de una moratoria previsional (44,7%).

En términos absolutos, la mayor cantidad de trabajadores realizaron sus aportes como asalariados del sector privado (6,2 millones), seguido por los aportantes al monotributo (2,4 millones) y por los trabajadores en relación de dependencia en otros regímenes (2,2 millones).

En lo que respecta a la variación interanual, se registró un incremento en la cantidad de aportantes de 456.665 trabajadores, explicado por el aumento de aquellos en relación de dependencia 357.157 personas, dentro de los cuales se destacaron los aportantes al SIPA Privado como el colectivo con mayor incremento interanual con 194.067 personas. Seguido por los aportantes de manera independiente con un incremento de 130.239 trabajadores, entre los cuales sobresalen los monotributistas con un aumento de 144.329 aportantes.

Cajas provinciales

El conflicto entre el gobierno libertario y las provincias por el envío de fondos para las cajas de jubilaciones dejó al descubierto, una vez más, un intrincado sistema de acuerdos para cubrir los déficits de los distintos sistemas jubilatorios.

Para entenderlo debemos poner en consideración que además del sistema previsional nacional algunas provincias argentinas administran sus propios sistemas de jubilaciones y pensiones, con normativas y reglamentaciones específicas.  Estos sistemas brindan jubilaciones y pensiones a los trabajadores estatales y otros sectores específicos de la población.

En 1992 el presidente Carlos Saul Menem privatizó el sistema jubilatorio y las provincias aceptaron resignar el 15% de los recursos coparticipables para financiar el déficit de la ANSeS.

Un año más tarde, la Nación aceptó la transferencia al Sistema Nacional de Previsión Social de las Cajas de Jubilaciones Provinciales, por lo cual entre los años 1994 y 1997 diez provincias junto a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires transfirieron sus cajas previsionales: Catamarca, Jujuy, La Rioja, Mendoza, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santiago del Estero y Tucumán.

En tanto, otras 13 provincias continuaron con regímenes previsionales propios para los empleados de sus administraciones públicas: Córdoba, Buenos Aires, Chaco, Chubut, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, La Pampa, Misiones, Neuquén, Santa Cruz, Santa Fe y Tierra del Fuego.

A principios del mes de abril de 2024, el gobierno de Milei pisó los fondos que debía envíar a las provincias que no transfirieron sus regímenes al nacional, entre ellas la provincia de Buenos Aires, la más importante en cantidad de beneficiarios. Con el argumento de la necesidad de realizar auditorías, la Nación no envió los fondos a las 13 jurisdicciones, y ante los reclamos tuvo que salir a desmentir que vaya a recortar esos fondos como parte del plan de ajuste y motosierra.