JUJUY-NOA. Procuran acabar con la impunidad

La jornada de cierre del IV Encuentro de DD.HH contó con la presencia del titular de la Unidad Fiscal de Coordinación y Seguimiento de las causas por violaciones a los Derechos Humanos, Jorge Auat, del Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la Nación, Remo Carlotto y dirigentes y abogados de los organismos de derechos humanos de Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca y Santiago del Estero.

Durante el encuentro hubo una unívoca decisión de las organizaciones de aguzar los esfuerzos para avanzar en la búsqueda de justicia en los tribunales federales donde se tramitan las querellas penales contra los responsables de los delitos del terrorismo de estado en la Argentina. En esa línea, las organizaciones señalaron insistentemente los obstáculos que se interponen en las provincias del NOA y que obstaculizan que el servicio de justicia avance con las condenas.

Cabe indicar que durante el encuentro se analizó en forma individual la situación de cada provincia y especial atención mereció Jujuy, jurisdicción emblemática en el retraso de las causas por las desapariciones forzadas.

Uno de los ejes de la jornada fue la responsabilidad de sectores civiles y económicos que no solo apoyaron el proyecto de la dictadura, sino que se involucraron directamente en la comisión de violaciones a los derechos humanos. El caso emblemático del Ingenio Ledesma fue eje de análisis y en tal sentido las organizaciones volvieron a repudiar la acción del  Juzgado Federal Nro 2 a  cargo de Carlos Olivera Pastor que ha dilatado sistemáticamente la indagatoria a Pedro Blaquier, miembro del Directorio de la empresa.

El testimonio de un sobreviviente, ex preso político, de Mina El Aguilar, puso en debate la presunta responsabilidad de una empresa minera que acompañó las acciones represivas y produjo cesantías y persecuciones a trabajadores.

La causa de los desaparecidos de Tumbaya, dirigentes del Partido Comunista, fue otro de los temas abordados en la oportunidad, así como la desaparición de la histórica dirigente docente, Marina Vilte, cofundadora de CTERA y titular de ADEP. Laura Vilte, hermana de Marina Vilte, en ese marco, puso el acento en las complicidades políticas que garantizaron la impunidad y que requieren de un abordaje político para desenmascarar a quienes hoy forman parte de un entramado que impide la justicia y afecta la construcción de la memoria colectiva.

El diputado Remo Carlotto durante el encuentro efectuó un análisis del proyecto económico que buscó instalar el genocidio de estado y que en democracia continuó con la implementación del neoliberalismo, como versión contemporánea que conculcó derechos.

Carlotto, señaló las complicidades estructurales de la dictadura y puso de relieve que se está abriendo una etapa de juzgamiento para determinar las responsabilidades penales de grupos económicos.

También el legislador se refirió a la labor de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, cuya conducción reasumirá esta semana. A propósito se refirió al trabajo de seguimiento del cumplimiento de los tratados internacionales en Argentina y desarrolló algunas iniciativas pendientes de tratamiento en el Congreso, como la implementación de indeminizaciones a los trabajadores cesanteados y la inhabilitación en el acceso a cargos públicos de personas directamente vinculadas con violaciones a los derechos humanos.

El Fiscal General Jorge Auat, de la Unidad de seguimiento de las causas por violaciones a los derechos humanos, describió la función de la Unidad que conduce y que tiene como objetivo inmediato generar las condiciones para que las causas avancen y se puede satisfacer el reclamo de justicia pendiente desde hace 36 años.

«Hay que romper con el paradigma de funcionamiento del sistema judicial» afirmó Auat y detalló la cultura institucional que obstaculiza los procesos. Auat se refirió a las denuncias efectuadas por la Unidad Fiscal en el Consejo de la Magistratura contra el juez jujeño Olivera Pastor..

Comprometió el Fiscal Auat el trabajo del organismo que conduce para destrabar las causas, en la interpretación de que «la impunidad que revictimiza a las víctimas indirectas como los familiares, es una forma más de tortura, es la continuidad del delito de desaparición y la actualización del horror». Valoró Auat que la extensión de la tortura –que se mantiene y adquiere nuevas formas como la privación de justicia – fue una estrategia del plan criminal de la dictadura y fue pensada como la reedición del trauma original.

En el cierre de la jornada, los organismos de derechos humanos avanzaron en la definición de acciones para acelerar los procesos, comprometieron sus esfuerzos para  derribar los obstáculos y reafirmaron su compromiso con la defensa en la actualidad de los derechos humanos.