La privatización del espionaje en España, un argentino y el yerno del rey
Se llama Matías Bevilacqua. Estaría involucrado en la apropiación de e-mails sobre los negocios del yerno del Rey, «comprometedores para la Corona».
Por Juan Carlos Algañaraz /MADRID. CORRESPONSAL – Clarín 05/03/13 – 11:44
El ciudadano argentino Matías Bevilacqua, de 36 años, oriundo de Buenos Aires, está en el centro de la apropiación de correos electrónicos que fueron presentados por Diego Torres, ex socio de Iñaki Urdangarin, que eran, según amenazó, «comprometedores para la Corona».
Según el diario El Mundo, que publica un extenso informe sobre las andanzas de Bevilacqua, el argentino es un gran experto en informática. Según confesó a la policia española, trabaja para el poderoso Centro Nacional de Inteligencia, dependiente del Ministerio de Defensa.
Otras fuentes han informado que Bevilacqua ayudó a organizar el flamante Centro de Cybe-Defensa Nacional de España.
Bevilacqua fue detenido en Barcelona en la llamada «Operación Pitiusa» el 2 de mayo de 2012 «por revelación de secretos, cohecho y blanqueo de capitales», en una oficina de la empresa CF Labs, de la que es socio y director tecnológico. La policía desarticuló una trama de 150 personas que fueron arrestadas por «urdir una red de tráfico de datos protegidos». Uno de los detectives asignó al experto argentino el espionaje de buzones de correo electrónico de empresas.
Cuando lo interrogaron, Bevilacqua declaró que trabajaba para el CNI pero la policia reemplazó la sigla del máximo organismo de inteligencia español por «Defensa».
Para sorpresa de los investigadores, entre los dispositivos informáticos que se incautaron al argentino había un pen drive que contenía el servidor informático del despacho de abogados Medina Tejeiro, la familia política del ex socio de Urdangarin, Diego Torres.
El periódico madrileño explica que Bevilacqua «hakeó» 30.000 e mails del disco duro del despacho Medina Tejeiro, que «llevaba las cuentas y la fiscalidad de la empresa Nóos y de Urdangarin y la Infanta Cristina».
Al parecer según se ha ido informando ayer, Bevilacqua consiguió obtener 10.000 correos electrónicos del disco duro que habían sido borrados. Estos materiales han sido muy importantes para comprobar las actividades ilegales de Urdangarin pero también de la Infanta Cristina, segunda hija de los Reyes de España, y del Secretario Personal de las Infantas, Carlos García Torres, quien fue imputado por el juez instructor por las revelaciones de los correos que ha declarado válidos legalmente.
Hasta ahora la Infanta no ha sido imputada porque insiste en que no sabía nada de las actividades de su marido. Urdangarín la respaldó ante el juez pero ante la opinión pública los sondeos revelan que más del 80% de los consultados creen que es imposible que no se enterara de nada.
Nóos es la entidad a la que Urdangarin y su socio Diego Torres desviaron millones de euros de dineros públicos que se habían apropiado, muchos de los cuales terminaron en paraísos fiscales.
Matías Bevilacqua «admitió abiertamente su vinculación con el CNI y reveló que durante los últimos años le han venido pagando tanto por transferencia como en metálico». Durante el allanamiento, en la caja fuerte la policía encontró 140.000 euros que Bevilacqua aseguró que «procedían del CNI».
Aseguró además que el pen-drive se lo había entregado Pascual Vives, abogado de Urdangarin La policía descubrió una factura pagada por Undargarín a Matías Bevilacqua. También intervino esquemas en los que se agrupaban los diferentes tipos de correos que contenía el disco duro el despacho de abogados.
Los investigadores señalan que el trabajo del especialista argentino «consistió realmente en recuperar de dicho servidor todos los correos electrónicos borrados durante los últimos años».
De estos documentos, unos diez mil, no existen rastros en el sumario judicial de Urdangarin.
El fiscal del caso Urdangarin y el de Anticorrupción tomaron declaración a Bevilacqua, quien insistió en que los e-mails se los había proporcionado el abogado de Urdangarín, Pascual Vives.
Lean una una nota publicada en septiembre pasado:
Caso Pitiusa: El Ministerio del Interior adjudica al Hacker de la trama el Centro de Cyberseguridad
Por P. Heraklio
Y ahora noticias todavía más antiguas (del 13 de julio) petro muy interesantes:
Las revelaciones del sumario del ‘caso pitiusa’:
Espionaje «ingente» en las entrañas del Estado
La trama desarticulada por la policía disponía de un ejército de soplones tanto en la Administración central como en empresas de telefonía, eléctricas y compañías aéreas
Otra pieza clave en la organización es Matías Bevilacqua, un ingeniero informático, un hábil hacker, capaz de penetrar en cualquier ordenador y piratear todo su contenido. Este hombre ha trabajado para el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), según ha confirmado a la policía el propio servicio de espionaje.
Contaban con tan buenos informantes que incluso algún soplón les alertó en diciembre pasado de que la policía estaba tras sus pasos. Así, en el sumario consta la transcripción de una llamada en la que uno de los sospechosos habla con otra persona y le avisa: «Al loro y calladita… A mí me acaban de llamar y me han dicho que iba a haber… A mí lo único que me ha llegado es que va a haber algo. Cuidado con los aparatos y con todo. Va a haber algo. Seguro al cien por cien».
En otro pinchazo telefónico, otros dos implicados se avisan mutuamente de que la policía prepara «una movida muy gorda a nivel nacional» y deciden empezar a destruir pruebas y a borrar los indicios incriminatorios que tengan en los discos duros de sus ordenadores.
Según fuentes de la investigación, todavía no han podido averiguar quién dio el chivatazo a los detectives implicados en la trama. No obstante, consideran que se trata de un hecho «muy grave», que, de confirmarse, probaría que la red contaba con un infiltrado próximo a los encargados de las pesquisas.
Un informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Blanqueo de Capitales resalta: «Los detectives de turno o intermediarios cuentan con un capital humano captado en puntos estratégicos de la Administración, a través de servidores públicos que a la postre se prestan a actos de corruptela menor, o en entes privados como operadores de telefonía o entidades bancarias con empleados infieles o la colaboración de expertos en informática forense».
El mismo informe agrega que los informantes de la trama «se prestan a ello a cambio de sustanciales prestaciones económicas, que los peticionarios pagan gustosamente al tratarse de datos confidenciales de primera mano… Los clientes llegan a abonar hasta 30.000 euros por un informe completo sobre la posición de una empresa concreta en el mercado».
Un dato que permita conocer dónde trabaja un ciudadano cuesta 50 euros; un historial laboral, 100 euros; una declaración de renta, entre 2.500 y 3.000 euros; un informe de Hacienda sobre las relaciones de una empresa con sus clientes vale 3.000 euros.
Este obsceno tráfico ilícito de datos «supone un negocio con gran rentabilidad para todos los miembros de la red, dado el volumen de datos que comercializan», afirma un informe policial. Y añade: «Quienes mayores rentas obtienen son los intermediarios de primer o segundo grado, al ser expertos en la gestión de este tipo de negocios y ser conocedores de las necesidades [de información] que tienen los detectives, empresas de informes comerciales, abogados, etcétera».
Al existir a veces hasta tres o cuatro intermediarios, la cantidad inicial abonada por el cliente se va fragmentando hasta llegar al último eslabón de la cadena (el funcionario o empleado que facilita los datos). A título de ejemplo, en el sumario se cita a la detective Sara Dionisio (coincidió con Bevilacqua en la empresa Cybex), que cobra a un cliente 6.000 euros por un perfil tributario que le facilita un funcionario que percibe por ello 310 euros.
En la investigación judicial se menciona también al detective Juan Antonio Rama, alias Juanito, del que se dice que solo en nueve meses de 2001 llegó a tener unos ingresos superiores a 100.000 euros, aunque posiblemente no todo ese dinero proceda de esta actividad y, además, quizás haya que descontar las tarifas que debería abonar a sus confidentes. Rama, según el sumario, «ocupa un escalón superior en la trama de comercialización de información, informes comerciales, obtención, cesión y venta de datos reservados de carácter personal, con fines lucrativos con una trascendencia desmedida».
En las actuaciones judiciales no figura ningún cálculo sobre el volumen de datos e informes con los que ha podido traficar esta red a lo largo de los años que llevaba operando. Sin embargo, es indicativo que, por ejemplo, uno de los captadores de información acordó con uno de sus suministradores —un funcionario público— que le facilitara 500 datos diarios. De haber sido realidad este encargo, eso supone que ese confidente manejó en un mes más de 10.000 informes.
Los implicados en la trama son plenamente conscientes de que su actividad vulnera el Código Penal. En una conversación telefónica pinchada por la policía, uno de los comerciantes pide calma a su cliente porque no puede presionar a la funcionaria: «Hay mosqueo muy gordo. Ella tiene su trabajo. No se va a jugar su puesto de trabajo por las prisas que le metemos. Me dice que tiene tres niños y que, si la pillan, va a la puta calle. No vamos a quemarla ni a que nos la pillen».
En el sumario tampoco consta un cálculo de cuántas personas han sido espiadas por esta red. Pero sí queda en evidencia que entre ellas hay desde trabajadores a directivos de empresas, enfermos, deudores de hipotecas, inmigrantes. Hasta Telma Ortiz, hermana de la princesa Letizia, cuyos datos de tipo laboral fueron solicitados por una persona hasta ahora no identificada.
Ninguno de los 150 implicados está en prisión porque los delitos que les imputan están poco penados, según fuentes policiales. Algunos de ellos están defendidos por abogados penalistas tan prestigiosos como Fermín Morales, Judit Gené y Jordi Bertomeu García.
Las cloacas del estado:
Por Pablo Heraklio / Tarcoteca@gmail.com
martes, 17 de julio de 2012
La conexión del CNI con este entramado es palpable, por ejemplo, en las conversaciones telefónicas grabadas por la policía al detective Aitor Gómez y un tal Tino en relación con una operación destinada a descubrir una red de contrabando de tabaco. «Si vienen los del centro [de inteligencia] es para dar cobertura al informante, no para organizar ellos nada (…) Es simplemente de protección, porque no se fían de la Guardia Civil, que es lo que me dijiste», apunta el guardia al detective.Otro de los imputados que mantiene contactos con el CNI es Matías Bevilacqua-Brechbuhler, que desempeña un papel fundamental en la trama de tráfico de datos. Bevilacqua, un hacker de 36 años y de origen argentino, hace trabajos para dos de los detectives que cayeron en la redada policial: Sara Dionisio y Juan Manuel Olivera. Todos ellos habían coincidido, junto al policía local Sergio Corcoles en la empresa Cybex.
http://politica.elpais.com/politica/2012/07/14/actualidad/1342300228_237426.html
