Las víctimas y la sociedad toda esperan que haya verdad, justicia y reparación

Bahía Blanca: El fallo de la causa “Armada” revelará el estado del Poder Judicial en la Argentina

• POR OSCAR FEDERICO TAFFETANI / TÉLAM, MEMORIA, VERDAD Y JUSTICIA
• El actual propietario y director del holding “La Nueva Provincia” de Bahía Blanca, Vicente Gonzalo Massot, nació en Manila, Filipinas, el 28 de diciembre de 1949, hijo de Federico Ezequiel Massot y de Diana Lía Julio. Al menos, eso es lo que consigna su bío en el volumen “Quién es Quién en América del Sur”, refrendada por él mismo y publicada en septiembre de 1982, otoño de la dictadura cívico militar argentina, junto con otros 6.000 artículos biográficos de notables del subcontinente.

Según la misma fuente, el citado Massot estudió en el St. Alban’s College, en el St. George’s College, en la St. Andrews Scots School y en la Universidad del Salvador, Buenos Aires. Y la primera mención que hace Massot de su actuación laboral en el volumen citado es: “Diario La Nueva Provincia de Bahía Blanca, asistente de dirección para asuntos políticos”. Así: asistente de dirección para asuntos políticos.

Curiosamente, cuando le tocó a Massot declarar (bajo juramento) en una de las causas por delitos de lesa humanidad que se investigan en Bahía Blanca, dijo que para la época del gran conflicto gremial con los trabajadores gráficos de “La Nueva Provincia” (1975) y para la época de la instauración de la dictadura cívico militar, cuando fueron secuestrados, torturados y asesinados los delegados gráficos de esa empresa Enrique Heinrich y Miguel Ángel Loyola, él vivía en Buenos Aires, los asuntos del diario eran manejados por su madre y su hermano Federico (ya fallecidos) y su trato con jefes militares no pasaba de encuentros en alguna reunión social.

Por suerte, la Unidad Fiscal de DDHH bahiense, la OFINEC y un juez decidido a investigar el papel de “La Nueva Provincia” en los crímenes de lesa humanidad cometidos en jurisdicción de la Armada y el V Cuerpo de Ejército, ordenaron un inédito allanamiento a la sede del diario de los Massot, y allí pudieron secuestrar documentación probatoria no sólo de los vínculos de la empresa con los planes y hechos del terrorismo de Estado, sino también de la participación activa de Vicente Gonzalo Massot en los “asuntos políticos” del holding, tanto en los años previos al golpe de 1976 como en los que siguieron, durante el facto cívico militar.

Las actas no mienten

Entre los documentos que desmienten la declaración hecha por VGM ante el juez, hay más de siete actas notariales, refrendadas por el citado Massot y por los delegados gremiales luego asesinados, durante los 93 días que duró el conflicto gremial, entre julio y octubre de 1975.

La empresa llamaba a escribanos para dejar constancia de los quites de colaboración y de los supuestos actos de “boicot” y “sabotaje”, para tener la posibilidad de despedir sin indemnización a los huelguistas. Ahora, esas mismas actas sirven para refutar los dichos de Massot.

Otros valiosos documentos colectados por la unidad fiscal, en acervos como el de la ex DIPBA y en otros archivos, son los informes de Inteligencia generados por la Armada o el Ejército argentinos y luego distribuidos entre las distintas fuerzas de seguridad.

El más conocido, que llevaba un sello de la Prefectura Naval del Atántico Zona Norte, se titula: “Estudios realizados sobre el diario La Nueva Provincia – Guerrilla Sindical”. El mismo está fechado el 6 de diciembre de 1975 y ya cita las ‘actas notariales’ (que proporcionó, obviamente, la misma empresa), incorporando el concepto de “soviet” (muy caro a la señora Julio de Massot, que convertía cada cosa que tocaba en un elemento de la Guerra Fría y el anticomunismo) y acompañado al final con una lista de “personal a ser raleado de un medio de difusión fundamental” (sic)

¿Quiénes encabezaban aquella lista de muerte generada en la misma dirección de “La Nueva Provincia”, y que ya estaba en manos de las fuerzas de seguridad y las bandas parapoliciales? Los delegados gremiales, poco después asesinados, Enrique Heinrich y Miguel Ángel Loyola.

En los informes de Inteligencia, junto a cada “blanco” se consignaba el domicilio real de la futura víctima. Finalmente, en tiempos del conflicto, los tres delegados de LNP integrantes del Sindicato bahiense y de la Federación Gráfica Bonaerense, fueron citados por un alto oficial del Comando del V Cuerpo de Ejército (que aclaramos, funcionaba a 25 metros de “La Nueva Provincia”, sobre la calle Sarmiento, en Bahía Blanca). Allí, el militar del Comando les advirtió: “Déjense de romper las pelotas que la mano viene dura” (sic). En su testimonio, el sobreviviente Luis Molina dice que aquella citación fue “para vernos las caras”.

“Vamos a tener que chuparlos por izquierda”

Además de los documentos incriminatorios aportados al expediente, por supuesto, están los testimonios, y no precisamente de familiares o amigos de las víctimas. Uno de esos testimonios lo proporciona el teniente coronel retirado Mauricio Gutiérrez, ex auditor del V Cuerpo de Ejército y que fuera defensor del general Adel Vilas cuando éste debió comparecer ante la Justicia, en los primeros años de la vuelta a la democracia.

Gutiérrez refirió un hecho que le relató el general Vilas cuando estaba detenido, en 1987, e intentaba descargar parte de los hechos criminales que se le imputaban en los socios y mandantes civiles de la dictadura.

Le contó Vilas a Gutiérrez que una tarde de otoño de 1976 fue convocado por su jefe en el comando del V Cuerpo de Ejército, el general Azpitarte, a una reunión en su residencia del barrio parque Palihue, en una loma desde la cual se puede contemplar toda la ciudad de Bahía Blanca.

Allí conoció Vilas a la directora del diario “La Nueva Provincia”, Diana Julio de Massot , quien le solicitó a Azpitarte “que le saquen esa molestia de encima”, refiriéndose a los delegados gremiales Heinrich y Loyola, que reclamaban mejoras salariales y también insistían en el régimen de 4×1 (cuatro días laborables, uno de franco), puesto que la linotipia y la composición con plomo eran consideradas ya en todo el mundo trabajo insalubre.

Los dos generales le habrían respondido a la señora de Julio que ellos no podían inmiscuirse en esa clase de asuntos. Y la señora (según el relato de Vilas) le habría replicado a Azpitarte: “Entonces, vamos a tener que chuparlos por izquierda”. Si esa conversación verdaderamente existió (y todo hace presumir que sí) las horas de los jóvenes delegados gráficos Enrique Heinrich (31) y Miguel Angel Loyola (29) estaban contadas.

Un pasado que condena

Por último –para no abundar sobre el cúmulo de pruebas y evidencias de la participación de Vicente Gonzalo Massot que se han presentado en el juicio– señalemos las contradicciones del propio Massot, si se confrontan sus dichos en entrevistas realizadas por el Instituto Gino Germani y por la doctoranda de la UNS Ana Belén Cardoso con los hechos que luego debió admitir en la declaración indagatoria ante el juez Coleffi.

Lo concreto es que Vicente Gonzalo Massot fue apoderado por “La Nueva Provincia”, ante escribano, con la “facultad especialísima de encargarse de los asuntos que guardan relación con el personal de la empresa, en especial los motivados por cuestiones laborales, pudiendo suspender, despedir o cualquier otra sanción con respecto al mismo, como así también suscribir todo tipo de documentación pública o privada que se relaciones con las facultades que se le otorguen”. Ese poder, que obra hoy en el expediente, desmiente que era un simple conscripto en período de instrucción y que del diario se ocupaban su madre y su hermano Federico, como dijo en una de sus declaraciones.

Y es concreto, también, que Vicente Gonzalo Massot tuvo que admitir que actuó como correo entre los generales Suárez Mason y Azpitarte, en un tiempo en que las comunicaciones militares tenían que ver sobre a cuántos y a quiénes mataban y con qué procedimientos lo hacían (algo similar a lo que ocurrió con cierta oficialidad de los nazis en los ‘40, cuando la “solución final” al “problema judío” estaba en plena ejecución). Es mentira, entonces, que Massot haya visto a Azpitarte “en una reunión social”, como declaró en otra oportunidad.

Una tercera mentira puesta en evidencia (y a la que nos dedicaremos en una próxima nota) fue que el subcomisario José Héctor Ramos, asesinado por un comando de Montoneros en 1975, y quien al momento de su muerte se desempeñaba como Subjefe del Servicio de Informaciones de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (SIPBA), no revistaba al mismo tiempo como jefe de seguridad de “La Nueva Provincia”. Un testimonio del juicio dice que, tanto era así, que cuando los obreros gráficos realizaban trabajo a reglamento, Ramos los intimidaba contando frente a ellos, unas por una, las balas de su pistola.

Como se desprende de la documentación y testimonios de este juicio llamado “Armada”, que ahora llega a sentencia, tanto Ramos como Massot muy probablemente tuvieron que ver con la información de Inteligencia suministrada a los grupos de tareas civiles y militares que sembraron el terror en universidades, colegios, parroquias y establecimientos industriales de Bahía Blanca, en aquellos años sangrientos y sin ley.

Dos de las víctimas

Enrique Heinrich, hijo de un obrero y delegado gráfico que debió ponerse al hombro en 1974, tras la muerte de su padre, la responsabilidad del Sindicato, tenía 31 años cuando una patota armada con armas largas y cortas lo fue a buscar a su pequeño departamento de la calle Colombia, en Bahía Blanca.

La casa de Heinrich tenía un solo dormitorio y en ella vivían él, su esposa Vilma Denk (27 años) y sus cinco hijos, el mayor de los cuales contaba apenas 8 años de edad.

Aunque el gremialista sabía que “la señora” (Diana Julio de Massot) se la tenía jurada, y había empezado a leer en las mismas páginas del diario sobre los secuestros y homicidios que cometían las patotas de “Triple A” bahiense (con absoluto conocimiento de los mandos policiales y militares), nunca quiso alarmar a su mujer, ni menos que menos a sus niñitos.

De hecho, cuando lo fueron a buscar aquella noche del 30 de junio de 1976, atinó a sacar el fajo de billetes del sobre de sueldo (recién había cobrado la quincena), se lo entregó a Vilma y le dijo que no se preocupara. Luego, mirando a sus captores, les pidió por favor que no le pegaran delante de los chicos. Y se subió a uno de los autos.

Su cadáver, junto al de su compañero Loyola, fue descubierto cuatro días después en la ruta nacional 33, en el paraje conocido como Cueva de los Leones, a 17 kilómetros de Bahía Blanca. Junto a los cuerpos (y entre los cuerpos y las ropas) se hallaron 35 plomos y 52 cápsulas de calibre 9 mm.

A Vilma Denk la fue a buscar la policía aquella misma noche, para darle la mala noticia y pedirle que reconociera el cadáver de su marido. Vilma fue a la comisaría, vio el cuerpo de su joven y desdichado esposo (al que, dijo en declaración testimonial, “le habían quitado los testículos”) y encontró en el bolsillo de su pantalón, ensangrentado, el recibo por la última quincena trabajada en “La Nueva Provincia”.

En vano fueron los pedidos de paradero y las averiguaciones que Vilma hizo en las comisarías, en incluso en la sede de “La Nueva Provincia” por aquellos días. Le decían que esperara a su marido, que hay iba a aparecer…

Otro tanto pasó con la esposa de Loyola, embarazada, que llegó a ver al mismísimo Obispo de la ciudad (su marido, católico, había egresado de la escuela de artes gráficas del instituto salesiano “La Piedad”). Respuestas evasivas y descomprometidas. Hipocresía criminal de quienes eran auténticos cómplices de los asesinatos.

Los ojos de Enrique Heinrich y Miguel Ángel Loyola, militantes gremiales puros, sin otra adhesión política que la de servir a sus compañeros, hoy nos miran, sin ver, desde los afiches y pancartas. Ellos nos piden justicia. Y sus familias, sus compañeros y la sociedad toda, piden justicia y reparación.

Por eso, los fiscales del juicio “Armada” han solicitado a los jueces que la sentencia que se lea el próximo 25 de noviembre sea publicada en una página destacada de “La Nueva Provincia”.

Después de los asesinatos, con conciencia culposa, el diario de los Massot dedicó una notícula de veinte líneas, en una página policial, a decir que se investigaban “dos homicidios”, de dos sindicalistas que se desempeñaban (como por casualidad) en los talleres “de este diario”. Nada más.

Junto a esa noticia perdida, con despliegue a tres columnas, el diario de los Massot publicó la crómica del asesinato de un borracho a manos de otro, en la localidad de Tres Arroyos.

Últimas preguntas

¿Será justicia? ¿Será la verdad, finalmente, sobre este doloroso crimen de los tiempos de la dictadura?

Lo sabremos los bahienses –y la Argentina toda- el próximo miércoles 25 de noviembre. Será una sentencia, pero no cualquier sentencia. Se abrirá, posiblemente, una investigación sobre autoría intelectual y una participación civil en estos crímenes. La independencia del Poder Judicial será puesta a prueba.

Hay otras causas judiciales, por delitos de lesa humanidad, que están en pleno debate y desarrollo, en escenarios muy diferentes como Mendoza, Jujuy, Mar del Plata y Buenos Aires. Lo que ocurra en Bahía Blanca marcará un camino, y eso los jueces, los fiscales, los funcionarios y, sobre todo, la sociedad argentina, no podrán dejar de verlo.