Ley de Glaciares: una gran noticia
Me parece que ha sido un gran triunfo del mejor kirchnerismo y en especial, claro, del senador Filmus. Y que quedó opacado por el conato de golpe abortado en Ecuador. Estuve escuchando a Bonasso y me llamo la atención su animosidad con la Presidenta, a quien acusa poco menos que de complicidad con la Barrick Gold, a mi entender sin suficientes motivos, puesto que había sido la propia CFK la que había hecho saber previamente que no vetaría la ley cualquiera fuera el proyecto aprobado (lo que recuerda la posición de Perón cuando Estados Unidos lo presionaba para qeu mandara tropas a Corea). Debajo de la primera nota incluyo otras dos cuya lectura demuestra cuan importante fue la aprobación de esta ley, la segunda de la para nada oficialista socióloga Maristella Svampa.
TRAS OCHO HORAS DE DEBATE, EL SENADO APROBO LA NORMA QUE PROTEGE LOS GLACIARES Y SUS ZONAS DE INFLUENCIA
Una ley que le impone límites a la minería
A las 4.30 de la madrugada, los senadores aprobaron por 35 votos el proyecto consensuado entre Filmus y Bonasso. La iniciativa que defendían las provincias cordilleranas cosechó 33 votos. Hubo una abstención. Todos los bloques votaron divididos.
Por Miguel Jorquera
En una votación reñida, el Senado convirtió en ley los Presupuestos Mínimos para la Protección de Glaciares. El texto consensuado entre el senador oficialista Daniel Filmus y el diputado opositor Miguel Bonasso con medidas más proteccionistas sobre los glaciares y las áreas periglaciares cosechó 35 voluntades. Otros 33 senadores se encolumnaron detrás del proyecto impulsado por los gobernadores cordilleranos que reclamaban mayor autonomía para sus provincias como “dueñas de los recursos naturales” y para autorizar emprendimientos mineros y de hidrocarburos, mientras sólo un legislador se abstuvo. Las casi ocho horas de debate, que arrancaron el miércoles por la tarde y terminaron ayer avanzada la madrugada, no fueron en vano: no pocos senadores cambiaron el sentido de su voto en medio de una pulseada que dividió transversalmente al kirchnerismo, la UCR y al peronismo disidente.
A las cuatro y media de la madrugada de ayer, el tablero electrónico del Senado marcó el fin de la extensa disputa parlamentaria: 35 votos a favor de la media sanción de la Cámara baja, 33 para quienes buscaban ratificar el proyecto que había aprobado la Cámara alta y una sola abstención. No hubo festejos ni abrazos. Los tres principales bloques políticos tuvieron posturas internas enfrentadas que dejaron profundas grietas (ver aparte).
El debate giró alrededor de dos argumentaciones. La protección de los glaciares y las áreas periglaciales para “preservar” el acceso al agua potable como principal “derecho humano” después de la vida, por un lado. Del otro, la resistencia al “acotamiento” de las autonomías provinciales que tendrán mayores restricciones para aprobar emprendimientos mineros y petroleros, los principales recursos económicos de las provincias cordilleranas.
“No estamos en contra de la industria de extracción, bienvenida sea, pero que lo haga fuera de las zonas protegidas. Nuestra prioridad es el ambiente y el cuidado de la vida de la población”, dijo Filmus, principal defensor de la propuesta corregida por los Diputados.
Su principal contrincante, el sanjuanino César Gioja, defendió el proyecto del Senado que establecía “que los glaciares son recursos naturales de dominio público y de las provincias” y que el proceso de inventario de los glaciares sería controlado por las provincias, y que ahora quedará en manos del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (Ianiglia), como autoridad de aplicación. “No se puede condenar a los pueblos sólo a la agricultura y la ganadería. No estoy defendiendo a la minería”, repitió Gioja. Luego buscó el apoyo del oficialismo argumentando que los funcionarios del Gobierno que acudieron a las audiencias del Senado (el secretario de Minería, Jorge Mayoral, y el de Ambiente, Homero Bibiloni) respaldaron la propuesta de la Cámara alta.
“Yo vengo a hablar de agua, no de minería. No necesito ponerme un poncho rojo punzó y hacerme el federal. No estamos discutiendo federalismo, y mire que en eso yo soy jodido. Tampoco derecho constitucional. No hay colisión jurídica entre la Nación y las provincias”, lanzó el cordobés Luis Juez.
El radical catamarqueño Aníbal Castillo recurrió al “Núcleo de Coincidencias Básicas” (Pacto de Olivos), que promovió la reforma constitucional del ’94, donde la Nación transfirió a las provincias la propiedad de los recursos naturales de sus territorios. Después embistió contra las ONG que asociaron el proyecto que respaldaron los gobernadores cordilleranos con los intereses mineros: “Me pregunto: detrás de una ‘asepsia ideológica’ ¿quiénes las financian?”.
Sus propios correligionarios le salieron al cruce. “El espíritu de la media sanción de Diputados es la protección del agua y no otras cosas”, dijo el senador mendocino y presidente de la UCR, Ernesto Sanz. “Desde el Senado de la Nación, que también representa a las provincias, proponemos una ley que protege los recursos naturales. Las provincias, en cambio, flexibilizan sus legislaciones para favorecer a las mineras”, agregó el jefe de la bancada radical Gerardo Morales.
Adolfo Rodríguez Saá defendió la “autonomía” de las provincias y comparó la situación de los glaciares con la creación de la cuenca Matanza-Riachuelo en el ámbito de la jurisdicción nacional, donde la Justicia condenó y multó a sus funcionarios por incumplimiento de su tarea. “Y ahora los condenados nos dan cátedra a las provincias argentinas de cómo defender sus recursos naturales”, soltó el puntano.
El oficialismo también mostró sus fisuras. El santacruceño Nicolás Fernández se encolumnó con la postura de las provincias cordilleranas y lo fundamentó cargando contra el artículo 17 del proyecto corregido en Diputados, en el que las provincias no podían autorizar nuevos emprendimientos productivos hasta que el Ianiglia termine el relevamiento de las zonas a proteger. A pesar de que ese artículo había sido quitado del proyecto de Diputados.
El jefe de bloque de los senadores K, Miguel Pichetto, se mostró desorientado en tener que cerrar el debate con su postura personal y no la del bloque al que representa, al que dio libertad de acción frente a las posturas divididas. “No es una ley antiminera, es falso. Hoy discutimos el agua como derecho humano y derecho a la vida, y es mejor el proyecto que viene de Diputados”, dijo para dejar sentada su postura.
Pero luego se mostró conciliador. “Tampoco hay que dramatizarlo tanto. Las inversiones van a seguir, tienen alta rentabilidad en el país. Este proyecto tampoco afecta la actividad petrolera ni se afecta la competencia de las provincias”, dijo Pichetto, y apeló al compromiso de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner de “no vetar la ley, sea cual fuere el resultado de esta votación”. Pero Pichetto ya sabía que la suerte estaba echada.
Gobernadores que no quieren saber de nada
La presión es “la fuerza o coacción que se hace sobre una persona o colectividad”. También significa “la acción y el efecto de apretar”. Lo que no puede explicar el diccionario es la manera en que se ejerce esa fuerza, acción, coacción y apriete. Lo que a veces queda un poco más claro es sobre quiénes recae.
¿Cuál habrá sido el diálogo entre Santiago Soldati, representante de la Barrick Gold en la Argentina y su mujer, Eva Thesleff de Soldati, vicepresidente de la fundación ambientalista Vida Silvestre?
¿Entre qué paredes habrán retumbado las fuerzas encontradas de la gran empresa minera y las ideas de preservación medioambiental? ¿Con qué niveles de afinidad conviven el representante del mercado y la ecologista? Vida Silvestre adhirió a último momento a la solicitada que las organizaciones de todo el país publicaron reclamando la urgente sanción de la ley de Glaciares.
El martes pasado se reunió la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable del Senado. Allí hablaron geólogos, sociólogos, ambientalistas, el secretario de Minería y tres gobernadores: José Luis Gioja, por San Juan; Luis Beder Herrera, por La Rioja, y Walter Barrionuevo, por Jujuy.
Desentonando con la opinión generalizada de los académicos a favor de la ley de presupuestos mínimos que protege los glaciares y sus áreas periglaciares, prohibiendo explotaciones mineras exclusivamente en esas zonas, los mandatarios provinciales hablaron de minería, de federalismo y del presunto pecado de inconstitucionalidad que significaría prohibirles emprendimientos productivos a las provincias. Todos manifestaron su oposición a la ley. Lo llamativo es que, en caso de ser sancionada, la ley no tendrá incidencia ni en La Rioja ni en Jujuy porque esas provincias no tienen glaciares en su territorio. Sin embargo, ambos gobernadores se pronunciaron en contra de la ley con el argumento de que esa normativa les impediría aprobar y fomentar emprendimientos mineros en sus provincias.
Ninguna ley. Daniel Filmus es quien impulsa en el Senado la aprobación de la norma para proteger a los glaciares, después de haber logrado con mucho esfuerzo un acuerdo con el diputado Miguel Bonasso y la aprobación en la Cámara baja de dicho acuerdo-ley. Miradas al Sur lo entrevistó en su despacho del Senado luego de la reunión de Comisión de Ambiente.
–¿Qué hay detrás de los glaciares?
–Hay una discusión fundamental: nosotros privilegiamos el agua a la explotación minera. No tenemos nada contra la explotación minera que no contamine los glaciares. Es una ley de glaciares, no es una ley de minería. Desde ese punto de vista la gran decisión, lo que estamos haciendo acá, es discutir no lo que hacemos con la minería, sino qué hacemos con los glaciares. Estamos peleando por el agua.
–¿Por qué José Luis Gioja o el resto de los gobernadores cordilleranos que se oponen a la ley sienten que atacan a la minería?
–Cuando se discute la minería en el marco del debate de esta ley en última instancia lo que se está queriendo es privilegiar la explotación minera por encima de la explotación del agua. ¿Por qué alguien siente que si se pretende preservar el agua se está atacando la minería? Tiene el otro 99% de la cordillera para desarrollarse. El martes, dos días antes de que se debata en el plenario del Senado, van a estar las cámaras mineras planteando su posición. La solicitada de la Cámara minera pregona: “Ninguna ley”, no es que dice una o la otra. La primera solicitada que sacaron sostenía que “ya hay una normativa que protege los glaciares, no hace falta otra ley”… No quieren ninguna. Por eso mi presunción es que hay sectores interesados en provocar un nuevo veto para que sigamos sin ley.
El mapa de Gioja. Antes de comenzar la reunión, el senador César Gioja mostró un mapa de la Argentina de 1959 donde se focalizaban en color rojo los posibles lugares que la ley protegería. En ese muestreo quedaban como prohibidas para emprendimientos mineros grandes extensiones de todo el país. Su hermano gobernador lo usó después como argumento principal de su exposición ante la comisión. El punto en discusión era el artículo 2 de la ley que tiene que ver con la definición de “área periglaciar”.
Afirma Filmus: “Se planteaba una interpretación de periglaciar que en un mapa que trajeron llegaba hasta Misiones. Parece difícil que haya zonas periglaciares en Misiones, Chaco o Formosa… Los especialistas determinaron que sólo el 1,5 por ciento de la cordillera será protegido.
La hora del sinceramiento
La ley de protección de glaciares, acordada entre el diputado Miguel Bonasso y el senador Daniel Filmus, que obtuvo media sanción en la Cámara Baja, es una ley consensuada y superadora, que protege nuestras fuentes y reservas de agua. Sin embargo, frente a su próximo tratamiento en el Senado, el lobby minero viene agitando tres falsos argumentos, que apuntan a nuevos temores y rechazos, con el objeto de retomar el proyecto anteriormente votado por los senadores, o para proponer modificaciones a la ley Bonasso-Filmus.
El primer argumento es la agitación de un discurso federalista, que poco tiene que ver con la realidad. No sólo porque el Congreso Nacional está habilitado constitucionalmente para dictar leyes de presupuestos mínimos (como lo fue la ley de Bosques), sino porque además, pese a que hoy se habla del “avasallamiento de las provincias por la Nación”, los mismos actores utilizan el argumento contrario (la prioridad de la ley nacional) para iniciar acciones constitucionales contra las leyes provinciales que prohíben la minería a cielo abierto.
Segundo, lo que está en debate no es la insustentabilidad de la minería. El área de glaciares y periglacial que protege la ley votada en Diputados, está lejos de abarcar una amplia superficie: tan sólo prohíbe cualquier actividad extractiva (no sólo la minería), en un 1% de todo el territorio, ¡una proporción ínfima del país, lejos de las barbaridades que se dijeron esta semana en la audiencia especial en el Senado, acerca de que cubriría toda Tierra del Fuego o incluso una parte de Buenos Aires!
Tercero, los defensores de la actividad minera buscan agitar el fantasma del desempleo, incurriendo en el terrorismo estadístico.
Según el Indec, en 2009 hubo un promedio de 18.342 asalariados registrados en minería, de los cuales sólo 6.533 en minerales metalíferos. Por más trabajo en negro y empleo indirecto que produzca, no es cierto que “La minería ya genera 500.000 empleos en el país”, como afirma el secretario de minería de la Nación. Como prueba, vean Bajo La Alumbrera, en Catamarca, que prometió 10 mil puestos de trabajo, y hoy sólo cuenta con 800 puestos estables y 1.000 contratados. Y eso, sin contar los costos sanitarios y ambientales.
Hay que expulsar los fantasmas y sincerar el debate: así, el Senado deberá decidir si cede frente a la estrategia del lobby minero, o confirma sin modificaciones la ley votada en Diputados, apoyada por la totalidad de las asambleas y organizaciones ambientalistas que hoy luchan en defensa de un bien básico y tan vulnerable como el agua.