Lorenzetti, el CIJ y la interna judicial
La estrategia de información de Ricardo Lorenzetti
Operaciones online
REVISTA 23. 13.12.12
Desde el Centro de Información Judicial, el titular de la Corte maneja la imagen de los jueces y la visibilidad de las causas. Al frente del portal nombró a una íntima amiga, María Bourdin. El exhorto suizo y los fallos ocultos.
Ricardo Lorenzetti, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, se ha transformado en un actor político. Desconocer esto es casi tan ingenuo como pensar que la Justicia de verdad tiene los ojos vendados. Una Justicia verdaderamente independiente no tendría las cárceles llenas de pobres y hueras de poderosos y ricos. Esto, Lorenzetti lo sabe, pero prefiere apuntar sus esfuerzos a manejar la información judicial, algo que hace con discrecionalidad y que le da mucho poder. No está solo en esa tarea. Lo acompaña una reconocida periodista especialista en temas judiciales, una íntima amiga, que hoy dirige el CIJ (Centro de Información Judicial): María Bourdin.
La decisión política de crear el CIJ se tomó en abril de 2006, en ocasión de la Primera Conferencia Nacional de Jueces, en cuyas conclusiones se puede leer que el entonces flamante centro tendría como objetivo «recolectar y comunicar toda la información judicial e institucional relevante para la sociedad y los magistrados». Y agregaba, entre las funciones a desarrollar, «promover la difusión de las decisiones judiciales, resoluciones institucionales y educación jurídico-legal (…) crear un cuerpo de profesionales en comunicación, en los principales centros judiciales del país tanto en la justicia nacional como provincial, si así lo requiere, con el propósito de establecer relaciones comunicacionales con la prensa (…) facilitar la creación de un equipo de emergencia para la asistencia comunicacional en situaciones de crisis, o casos relevantes para asistir a los jueces que lo requieran». Respecto de los magistrados, las conclusiones establecían que dicho centro debería «mejorar la información disponible para un mejor desempeño de la función judicial. A tales fines promoverá la ampliación de la página web de la Corte Suprema para el acceso a los jueces de los fallos y a documentación jurídica de la biblioteca y derecho comparado (…) promover foros de discusión de temas comunes entre jueces de un mismo o distintos fueros a los fines de discutir guías generales de la actuación judicial, necesidades de recursos materiales, técnicos y humanos (…) organizar cursos de capacitación a los magistrados en materia de comunicación y relación con los medios periodísticos», entre otros loables fines, algunos de los cuales, por supuesto, el CIJ no cumple.
Es que el titular de la Corte ha decidido basar su accionar judicial y político en el manejo clave de la información judicial. Por ese motivo designó a una persona de su máxima confianza para dirigirlo. Pero antes de revisar el currículum vitae de Bourdin vale la pena detenerse en las declaraciones que realizó a Veintitrés una fuente cercana a la CSJN: «Lorenzetti ve en la comunicación una forma de cambiar la imagen de la Corte Suprema. Cuando se dio el reparto de funciones entre los miembros del organismo, él se cuidó bien de reservarse para sí nada menos que el control de la administración y la comunicación».
La fuente consultada agregó que la elección de María Bourdin al frente del CIJ no es casual ni respondió a ningún concurso, sino que se basa estrictamente en la relación de amistad que la une a Lorenzetti y a su perfil profesional y político. «Esta mujer, formoseña, escribió para Clarín y para el portal Infobae, realizó cursos de perfeccionamiento en el Cato Institute, un think tank especializado en políticas públicas radicado en Washington e inspirado en Milton Friedman y la escuela económica de Chicago. O sea, la derecha norteamericana, hoy en el Tea Party».
«Libertad individual, gobierno limitado, mercados libres y paz» son los valores fundamentales que promueve el Cato Institute, que entrega el Premio Milton Friedman por la Libertad a aquellos que, en los términos que entiende el grupo, contribuyen a la expansión de la libertad individual. El propio Friedman autorizó al Cato Institute a crear el galardón poco después de ser recibido en la Casa Blanca por el ex presidente George W. Bush.
«Nuestra primera colaboración con Milton Friedman se dio cuando contrabandeamos sus ideas hacia el otro lado de la Cortina de Hierro, con nuestro libro polaco de 1982 Solidaridad con libertad y luego con nuestro libro ruso Friedman y Hayek sobre la libertad», afirma en su portal el Cato Institute, una fundación que se declara «no partidista» y milita activamente por la libertad de mercado. El nombre de este instituto remite a los Cato’s Letters, «ensayos libertarios que ayudaron en el origen de la filosofía de la Revolución estadounidense», según explican en la web quienes lo integran. Otro referente de esta fundación liberal es el escritor Mario Vargas Llosa, un intelectual cuyas ideas reivindica la derecha local. En este lugar se perfeccionó quien hoy maneja la información judicial del país.
Con el tiempo, la directora del CIJ ha adquirido cada vez más poder, al punto de haber sido elegida para ocupar la flamante Dirección de Comunicación Pública de la Corte. Sobre esa correlación de fuerzas dijo la fuente consultada: «El CIJ se ha convertido en la única base de datos de todos los fallos en la República Argentina, y ella, por disposición de la Corte Suprema, tiene la potestad de pedirles a todos los jueces del país que le envíen sus fallos. Esto, que al principio era voluntario, ahora es obligatorio».
Claro que esto que en principio fue vendido como un intento de transparentar la información judicial que llega a la sociedad, manejado arbitrariamente, puede dar lugar a muchas injusticias. Según la fuente, «el CIJ no sólo sube los fallos, según su carácter institucional, sino que sube a su criterio gacetillas de asociaciones del mundo judicial. El centro se creó en principio como una base de datos para ofrecer transparencia, pero se fue transformando en una fuente de poder de Lorenzetti».
Por ejemplo, indirectamente el CIJ también maneja la imagen de los jueces, dándoles visibilidad o no, según convenga al presidente de la Corte. Por ejemplo, el lugar que ocupa cada noticia en la web es discrecional y lo deciden personalmente Bourdin o Lorenzetti. «Por este motivo es que muchos jueces les temen, porque saben que pueden saltar a la fama o morir en la intrascendencia según el lugar de la web que ocupen sus fallos», explicó la fuente con llegada a la Justicia, y agregó: «Hay una selección de los fallos; por ejemplo, si uno mira la página va a ver que los fallos sobre delitos de lesa humanidad ocupan la mayoría de la home; pero si uno quiere informarse sobre fallos que tengan que ver con delitos económicos, es probable que no los encuentre».
Un caso emblemático que cobró trascendencia pública a través del CIJ fue la información vinculada a un caso de lavado de dinero, que Bourdin y Lorenzetti transformaron en una causa contra Hugo Moyano. La operación fue denunciada por el periodista Horacio Verbitsky en una nota publicada en Página 12 en marzo de 2011 y consistió en tergiversar un pedido del Ministerio Público suizo «contra personas desconocidas por blanqueo de dinero» en una supuesta investigación contra Hugo Moyano y su hijo. Esa maniobra se realizó desde el CIJ. Cuando en esos días el fiscal Jorge Di Lello instruyó al juez Norberto Oyarbide para que enviara información complementaria de la causa para darle curso, la información del CIJ insistía en tergiversar e informaba que «el fiscal Di Lello dio curso al exhorto enviado desde Suiza por causas vinculadas a Hugo Moyano».
No fue el único «desliz» de Bourdin, quien llamó «madre adoptiva» de un nieto recuperado a una mujer que había sido procesada como apropiadora. No puede sorprender semejante accionar de Bourdin, una periodista formada en la Universidad Católica Argentina, becada por el Grupo Clarín y perfeccionada en el Cato Institute, según se desprende del currículum que publica en Facebook.
Ya en una entrevista de marzo del 2011, el periodista de Página 12 y titular del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Horacio Verbitsky, alertaba que «lo que está claro es que la agencia oficial de la Corte Suprema de Justicia trabaja para la desestabilización del gobierno nacional».
El sabio diputado radical César «Chacho» Jaroslavsky, ya fallecido, dejó para la historia una frase brillante: «Clarín ataca como partido político y se defiende con la libertad de prensa». No vivió para aseverar que el presidente de la Corte también acciona como político y después se defiende con el pedido de independencia para la Justicia. Está claro que eso no está cuestionado, ya que la independencia de la Corte y de la Justicia deben ser banderas a defender siempre. Lo que se denuncia en esta nota es que el presidente del máximo tribunal, más allá de las desmentidas (ver recuadro), acciona políticamente y utiliza para ello el portal del Centro de Información Judicial. Se aleja así de los postulados que le dieron origen.
El propio Ricardo Lorenzetti afirmaba en agosto de 2011, según reprodujo el diario La Nación: «Esa vieja idea de que el juez habla sólo por sus sentencias es cosa del pasado. Todos los magistrados y magistradas comienzan a utilizar el mismo lenguaje, y por eso decimos que es una política de Estado, y todos tienen la obligación de seguirla». No fue la única vez que se refirió al tema. En octubre de 2009, en ocasión de presentar el nuevo formato del CIJ, el titular del máximo tribunal refería que «en esta política de Estado hemos dicho que no es conveniente que los poderes judiciales desarrollen sus propios medios (periodísticos), sino por el contrario que cooperen con los medios ya instalados y con los periodistas para generar vínculos que permitan desarrollar mejor la información».
«Tenemos la obligación de dar explicaciones de nuestras decisiones al pueblo. Las criticarán, estarán de acuerdo o no, pero nuestra obligación es decir por qué decidimos lo que decidimos y someter nuestros argumentos a debate público. De eso se trata en definitiva una agencia de noticias: mostrar lo que hacemos. Eso nos va a obligar a ser cada día mejores», añadió. Sería positivo que Lorenzetti recuerde esos postulados y deje que el CIJ cumpla la función para la que fue creado: darle transparencia a la información que emana del Poder Judicial.
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Desmentida
Mediante un comunicado, que eligió difundir a través del Centro de Información Judicial (CIJ), Ricardo Lorenzetti desmintió su eventual candidatura presidencial, como referente de la oposición, de cara a las elecciones de 2015. Así, el juez salió al cruce de las especulaciones sobre su posible salto a la política, que se desataron a fines de noviembre y que cobraron fuerza durante los últimos días en sintonía con los fallos judiciales desfavorables a la Ley de Medios. El pasado 28 de noviembre, el nonagenario juez Carlos Fayt afirmó que «la Justicia está conducida por una persona de muy buen nivel intelectual, sólida formación académica y con una trayectoria profesional exitosa». Hasta ahí, nada inquietante. Sin embargo, Fayt coronó sus dichos apostando fuerte. Con esas cualidades, dijo, Lorenzetti «hasta podría ser un excelente presidente de la Nación».
Ante los rumores sobre su inminente salto a la arena política, Lorenzetti desmintió «que tenga el propósito de ser candidato a algún cargo político». Además, dijo que «la declaración del Dr. Fayt no tuvo otro alcance que una expresión de amistad y de respeto, que refleja la excelente relación que existe entre los miembros del Tribunal».
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Un intento de censura
En un intento de coartar la libertad de expresión por parte del titular de la Corte Suprema, a dos periodistas de distintos medios escritos que cubren habitualmente temas judiciales y en especial la actividad del máximo tribunal se les pidió que no participen más de estas coberturas. A partir del desagrado por los comentarios vertidos en sus notas, la «invitación» a los profesionales llegó en un caso por parte del secretario privado de la Corte y en otro por la propia titular del Centro de Información Judicial (CIJ), María Bourdin. Ambos periodistas prefirieron no hacer pública la situación por temor a perder sus fuentes de información en el ámbito judicial, pero recibieron el fuerte respaldo de sus compañeros y de las autoridades de los medios a los que pertenecen.
Es habitual que los días martes Ricardo Lorenzetti reciba a periodistas de distintos medios para hacerles distintos comentarios «en off». Allí concurren representantes de La Nación, Clarín, Tiempo Argentino, Página 12 y Perfil, entre otros medios. Dos periodistas de los que concurren a esos encuentros fueron los cuestionados y llamados a no concurrir más a esas reuniones semanales.
Guerra de solicitadas en Tribunales
Familia en crisis
Por primera vez, cientos de integrantes de la Justicia confrontan a la corporación judicial. Claves de una rebelión que puede alumbrar una reforma histórica.
Se sabe, la familia Ingalls es el estereotipo de familia perfecta, aquella donde los conflictos entre sus integrantes no existen, donde reina el amor, la solidaridad y la falta de rebeldía. Lejos de este ideal ingenuo, el pasado 11 de diciembre una de las familias más importantes de la Argentina manifestó públicamente sus diferencias: la familia judicial.
El disparador del conflicto interno fue un documento difundido el 6 de diciembre pasado, de fuertes connotaciones corporativas, en el que cuatro importantes organizaciones judiciales (en una actitud paternalista) pretendieron respaldar a los integrantes de la Cámara Civil y Comercial en su nefasto tratamiento de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. En el texto exhortaron al Poder Ejecutivo a evitar «el uso de mecanismos directos o indirectos de presión sobre los jueces que afecten su independencia» y solicitaron «que se habiliten espacios en los horarios y noticieros centrales de la televisión pública para que el Poder Judicial pueda expresar opiniones a través de su agencia de noticias (…)». El comunicado estaba firmado por la Comisión Nacional de Protección de la Independencia Judicial; la Junta Federal de Cortes y Tribunales Superiores de las Provincias Argentinas y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional y la Federación Argentina de la Magistratura.
Cinco días más tarde, alrededor de 200 jueces, fiscales, defensores públicos y funcionarios del Poder Judicial se rebelaron y firmaron una solicitada en respuesta a sus pares: «Muchos de los firmantes de este documento integramos algunas de las organizaciones mencionadas, pero no nos sentimos representados por el contenido del comunicado», comenzaron el escrito titulado «Una Justicia legítima». «Los magistrados –suscribieron los firmantes– también deben ser independientes de los intereses económicos de las grandes empresas, de los medios de comunicación concentrados, de los jueces de las instancias superiores e –incluso– deben ser independientes de las organizaciones que los representan», afirmaron.
La Justicia se enfrentaba a sí misma públicamente.
«La finalidad declarada del comunicado corporativo no era defender intereses privados pero objetivamente juega a favor de una de las partes del proceso», dijo a Veintitrés uno de los firmantes, el fiscal Félix Crous, titular de la Unidad de Asistencia para causas por Violaciones a los Derechos Humanos durante el Terrorismo de Estado. «Este conflicto evidencia un panorama que ya existía en el Poder Judicial. Yo celebro que haya habido un hecho que funcionó como catalizador y que haya logrado cristalizar esto –afirmó quien trabaja hace más de dos décadas en la Justicia–. Muchas personas no nos sentimos a gusto teniendo que cargar sobre nuestras espaldas las peores tradiciones. También es injusto sostener que todos somos eso».
Para Carlos Rozanski, presidente del Tribunal Oral en lo Criminal Federal Número 1 de La Plata y adherente de la segunda solicitada, «todos los jueces declaman ser independientes pero desde lo real, no todos lo son. Hay un sistema de creencias y una ideología que influye de forma determinante», aseguró quien lleva 21 años como juez de cámara.
Rozanski, quien presidió el juicio al genocida Miguel Etchecolatz, entre otros represores, aseveró que el comunicado de la Comisión Nacional de Protección de la Independencia Judicial no lo tomó por sorpresa. «Tengo una idea de cuál es el pensamiento de la corporación –dijo–. Pero me parece valioso que haya una respuesta de los que no coincidimos. En el ámbito de la Justicia ser independiente es ser verdaderamente honesto intelectualmente», explicó Rozanski, quien no se sintió representado por la Asociación de Magistrados a la que pertenece.
Eduardo Freiler, presidente de la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, tampoco coincide con la asociación presidida por Luis Cabral, sucesor del controvertido camarista Ricardo Recondo. «Pensar que cuando un poder del Estado critica la actividad de otro poder está queriendo ejercer esas funciones es algo que está desligado de la realidad», sostuvo. Y agregó: «Gran parte de lo que se ha visto en la primera solicitada responde a esta actitud corporativa de un poder históricamente cerrado, aristocrático, que se renovaba en sí mismo, nutriéndose de sus propios familiares. Que se hagan públicas las diferencias demuestra que el Poder Judicial no está conformado por un pensamiento único».
Para el fiscal Crous no hay que hablar de presiones y de miedos sino «de identidad ideológica de los jueces con determinados sectores. Nadie presiona a nadie. La matriz del Poder Judicial ha sido cincelada en función de esos intereses. Con la democratización paulatina del Poder Judicial se está equilibrando de a poco la cuestión».
Rozanski vislumbró que la disputa pública en la familia judicial permitiría cambios de fondo: «Me parece que estamos viviendo un momento de quiebre interesante y positivo. Si hay una corporación que ha convalidado cosas feas, esa fue la corporación judicial: hubo decisiones de gobiernos militares convalidadas por el Poder Judicial. En última instancia esto nos tiene que llevar a preguntarnos qué tipo de jueces queremos. Quizá podamos rever los parámetros que se usan para nombrar magistrados, incluso si es necesario ir a un sistema de elección popular para que los jueces representen la voluntad popular y no a grupos concentrados».
En este punto, Jorge Auat, titular de la Unidad Fiscal de Coordinación y Seguimiento de las Causas por violaciones a los Derechos Humanos durante el Terrorismo de Estado, aseveró: «Yo lamento que esta discusión tan esperada aparezca en una situación tan coyuntural. La discusión profunda sobre los paradigmas del funcionamiento del Poder Judicial debe darse permanentemente. Lo cierto es que el Poder Judicial viene a la zaga de los vientos democráticos».
Con el final de la dictadura militar, muchos jueces se reconvirtieron y continuaron en sus cargos. Si bien pocos magistrados de aquella época permanecen en el Palacio de Tribunales, muchos funcionarios que hicieron carrera durante el terrorismo de Estado los reemplazaron. El juez Freiler recordó: «No todo el Poder Judicial se ha ido actualizando democráticamente de la misma manera en los últimos 29 años. Había muchos jueces comprometidos con el pensamiento de la dictadura». Por este motivo, la presidenta de la Nación, Cristina Fernández, insistió con su pedido de democratización, que atraviesa transversalmente a la Justicia. «Pretendemos un Poder judicial de puertas abiertas que esté sometido al control y a la crítica de la ciudadanía», explicó Auat. Una pretensión que enfadó a la corporación y puso en crisis, por primera vez en décadas, a la gran familia judicial.
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Félix Crous
«No hay que hablar de presiones y de miedos sino de identidad ideológica de los jueces con determinados sectores. Nadie presiona a nadie. La matriz del Poder Judicial ha sido cincelada en función de esos intereses. Con la democratización paulatina se está equilibrando de a poco la cuestión».
Eduardo Freiler
«Está claro que si una persona es presionable por las críticas que recibe no tiene el equilibrio ni la fortaleza suficiente para ejercer la magistratura. Todos los jueces que han ejercido la función o han tenido causas de relevancia social han estado sujetos al escrutinio público. Se puede presionar sólo al presionable».
Carlos Rozanski
«Todos los jueces declaman ser independientes pero desde lo real no todos lo son. Hay un sistema de creencias y una ideología que influye de forma determinante. En el ámbito de la Justicia ser independiente es ser verdaderamente honesto intelectualmente».
Jorge Auat
«Con el comunicado del 11 de diciembre quisimos tomar distancia del primer documento que se emitió el 6 de diciembre porque entendimos que bajo el ropaje de la independencia judicial se encerraba un mensaje corporativo. En ningún momento estuvo afectada la independencia de los poderes».
