JUICIOS POR DELITOS DE LESA HUMANIDAD: La ofensiva neoprocesista no fructificará

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Debajo del manifiesto que se publica tal cual se recibió va un artículo publicado en Perfil que lo cita y contextualiza. No cabe duda de que está en curso una ofensiva tendiente a obtener del próximo gobierno del compañero Daniel Scioli la finalización de los juicios que por delitos de lesa humanidad cometidos antes y durante la dictadura militar están en curso en todo el país, campaña a la que este manifiesto (y otros textos, como el publicado aqui mismo ayer) le salen al paso. Los juicios están teniendo importantes dificultades, sobre todo por la renuencia de la Corte a  proveer los recursos necesarios para su realización, para lo cual en muchos casos hay que enviar jueces de una jurisdicción a otra, atender sus gastos, etc. Sin embargo, estimo que los nostálgicos de la dictadura y la cría del Proceso se equivocan de medio a medio como ya se equivocaron con el Papa Francisco. No sólo porque está claro que Scioli ha respaldado y respalda fuertemente a su secretario de Derechos Humanos, Guido “Kibo” Carlotto (foto) hasta el punto de haber prometido que elevara al rango de ministerio a la actual Secretaría de Derechos Humanos, sino también porque hablando para un auditorio del PJ porteño, uno de los ministros de Scioli dijo hace una semana de motu proprio y sin que viniera a cuento que la continuidad de los juicios y de la política de derechos humanos en general era algo que se había conversado y acordado y está garantizada. JS

MANIFIESTO. La democracia se construye con verdad y con justicia

 

  1. En nuestra condición de investigadores de la historia reciente de la Argentina, que desarrollamos nuestra labor en el CONICET y en diversas universidades nacionales y extranjeras, queremos manifestar nuestra preocupación por una serie de intervenciones producidas en diversas ámbitos académicos – la Universidad Católica Argentina, la Universidad de San Andrés- y la prensa gráfica –el diario La Nación- que relativizaron la magnitud y cualidad de los crímenes y la represión estatal durante los años setenta en la Argentina, cuestionaron los juicios penales en curso contra perpetradores de violaciones a los derechos humanos y propusieron a los procesados y condenados por estos abusos como víctimas de un poder arbitrario. En paralelo, han demandado la reconciliación y el perdón como fruto de una negociación entre verdad e impunidad. Sin embargo, como lo demuestra la experiencia argentina, cuando la impunidad reina la verdad no aflora.

 

  1. Consideramos que en la Argentina se ha establecido fehacientemente, como resultado de la lucha del movimiento de derechos humanos y de las políticas públicas de distintos gobiernos constitucionales, la trágica singularidad de los crímenes cometidos por la última dictadura militar que procuró eliminar la disidencia política con el orden social establecido.

 

  1. Pensamos que las políticas públicas para procesar las violaciones masivas y sistemáticas a los derechos humanos han abarcado esfuerzos reconocidos en el país y a escala internacional. La CONADEP constituyó la primera comisión de la verdad exitosa a escala global, el Juicio a las Juntas estableció la existencia de un plan represivo, sistemático e ilegal, restauró la dignidad de las víctimas al reconocer su condición de sujeto de derecho y repuso a escala internacional a la justicia penal como herramienta para procesar las violaciones a los derechos humanos; se otorgaron reparaciones económicas y simbólicas, diversos lugares emblemáticos de la represión fueron instituidos como sitios de memoria y este pasado forma parte del currículo educativo. En ese marco se inscriben los juicios actuales en los que algunos de nosotros hemos intervenido en calidad de peritos, testigos o mediante otras maneras a requerimiento del poder judicial. Los juicios en curso, en los cuales los acusados gozan de todas las garantías legales, comenzaron a poner fin a una situación de impunidad contraria al derecho nacional e internacional y reconocieron nuevamente la dignidad de los afectados. Su efecto no ha sido sólo punitivo. Pusieron en evidencia la materialidad de la represión en provincias que se imaginaban al margen de los crímenes de Estado, iluminaron complicidades corporativas e identificaron la sistematicidad de las violencias sexuales padecidas por las/os cautivas/os en los centros clandestinos. En síntesis, consideramos que los juicios forman parte de un conjunto de políticas públicas que deben y merecen ser continuadas.

 

  1. Como investigadores de la historia reciente sabemos que la elaboración de la verdad no se agota en la que producen los tribunales. Asimismo, entendemos que corresponde que la voluntad y la acción del Estado en esta materia se mantengan al margen de todo uso partidario, sectario o clientelar. El acceso a los archivos públicos de la represión, reconocido en las disposiciones que los constituyeron, no puede ser arbitrario o discrecional. La configuración de los sitios de memoria, su uso, y los relatos que guían a sus visitantes deben comprometer amplios procesos de deliberación colectiva y excluir toda banalización o faccionalismo para así evitar que la elaboración de la historia y el ejercicio de la memoria queden presas de tutelas o monopolios.

 

  1. Estas ideas forman parte de nuestro compromiso como investigadores de la historia reciente del país pero, también, como ciudadanos que entendemos que el conocimiento de la historia argentina reciente continúa siendo una empresa necesaria para iluminar este pasado que, por sus cualidades, nos sigue interpelando como sociedad y porque comprendemos que, en ello, se expresa nuestra voluntad para con la vigencia presente y futura de los derechos humanos.

 

Colectivo de trabajo sobre Historia reciente​:​

Gabriela Aguila (CONICET-UNR); Luciano Alonso (CESIL – UNL); Ana Barletta (IDIHCS/UNLP); Ernesto Bohoslavsky (CONICET -UNGS); Vera Carnovale (CONICET- CeDinCI/UNSAM); Jorge Cernadas (UBA-UNGS) – Crenzel, Emilio (CONICET-UBA); Patricia Flier (IDIHCS/UNLP); Marina Franco (CONICET- UNSAM); Patricia Funes (CONICET-UBA); Garaño, Santiago (CONICET- UBA- UNTREF); María Paula González (CONICET-UNGS); Jensen, Silvina (CONICET- UNS); Emmanuel Kahan (CONICET-IDIHCS/UNLP); Laura Lenci (IDIHCS/UNLP); Florencia Levín (CONICET-UNGS); Laura Luciani (CLIHOS-UNR); Daniel Lvovich (CONICET-UNGS); César Mónaco (UNGS); Alejandra Oberti (UBA); Alberto Pérez (IDIHCS/UNLP); Roberto Pittaluga (UBA/UNLPam); Luciana Seminara (CLIHOS/UNR); Hernán Sorgentini (IDIHCS/UNLP); Cristina Viano (CLIHOS/UNR)

Para adhesiones: colectivohistoriareciente@gmail.com

El diario La Nación, el nuevo presidente y el retroceso en derechos humanos

El futuro de los juicios a los represores y un pedido de amnistía que crece frente al cambio de gobierno.

 

Por Rodrigo Lloret | PERFIL                                                          

Argentina se ha convertido en un actor protagónico en materia de derechos humanos en el mundo. Ningún otro país ha logrado reconvertir la tragedia de los crímenes de lesa humanidad en un auspicioso proceso de memoria, verdad y justicia. No existe otro antecedente que defina mejor al aporte que la Argentina puede hacerle al mundo. Esto es reconocido por intelectuales, diplomáticos, juristas y representantes de organismos internacionales y organizaciones civiles de todo el sistema internacional. Pero este auspicioso paradigma está siendo cuestionado.

El diario La Nación ha publicado en las últimas semanas editoriales que van en ese sentido. El primer texto apareció el 16 de agosto y se tituló “Memoria y reconciliación”, donde se menciona un encuentro realizado en la Universidad Católica Argentina (UCA). Sin reparar en que la jurisprudencia nacional e internacional no tiene dudas acerca de los distintos niveles de responsabilidad sobre la violencia reciente, donde el terrorismo de Estado es infinitamente superior al ejercido por las organizaciones guerrilleras, La Nación equipara a las “víctimas de la represión y la acción terrorista”, habla de una “guerra interna” durante la dictadura y reclama “una amnistía amplia que permita luego mirar hacia adelante y construir el futuro en paz y confraternidad”.

La Nación dio luego un paso más y el 21 de agosto tituló “Reconciliación, indultos y amnistía”. Esta editorial proclama inquietud por la sanción de una reciente ley que “prohíbe amnistiar, indultar o conmutar las penas” para delitos de genocidio. Pero también manifiesta entusiasmo porque “después de más de una década de siembra constante y perversa de resentimientos, odios, divisiones y enfrentamientos entre los argentinos, nuestro país tendrá pronto una oportunidad para promover la reconciliación”.

En ese marco, los principales investigadores del Conicet, académicos y docentes de las principales universidades del país sobre Historia Reciente han difundido un documento titulado “La democracia se construye con verdad y con justicia” donde advierten su “preocupación” por las intervenciones que “relativizaron la magnitud y cualidad de los crímenes y la represión estatal durante los años setenta en la Argentina, cuestionaron los juicios penales en curso contra perpetradores de violaciones a los derechos humanos y propusieron a los procesados y condenados por estos abusos como víctimas de un poder arbitrario”.

Son sectores, señalan los investigadores, que “han demandado la reconciliación y el perdón como fruto de una negociación entre verdad e impunidad”, aunque “como lo demuestra la experiencia argentina, cuando la impunidad reina la verdad no aflora”.

En pocos días, más de cuatrocientos intelectuales, investigadores y docentes de la Argentina y países de la región que han sufrido dictaduras, como Uruguay, Chile y Brasil, y de representantes de universidades de Estados Unidos, México, España, Reino Unido y Francia, se han sumado a la proclama para oponerse a la revisión de un proceso que se inició con la Conadep y el Juicio a las Juntas de los ochenta y continuó con los juicios contra la impunidad de la actualidad. (El documento se puede ver aquí)

En una reciente conferencia dictada en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, la docente Marina Franco, doctora en Historia e investigadora del Conicet, se refirió a dos argumentos que se pretende instalar:
a) La supuesta oposición entre verdad y justicia, para lo que se recurre al antecedente sudafricano post apartheid sin reparar en que es un caso inviable de comparar con el argentino: el modelo africano tuvo que ceder a las presiones impuestas por el régimen racista a la nueva democracia tutelada, que solo concedió verdad (que se conozcan los crímenes) pero sin justicia (los criminales no fueron acusados);

b) La idea de dos bandos: el diálogo entre víctimas o el juicio de todos los culpables. “El efecto es la anulación de responsabilidades y de la posibilidad de comprensión histórica de lo sucedido. Es decir, bloquea la posibilidad de entender el terrorismo de Estado como un proyecto y un sistema que se abatió sobre la sociedad en su conjunto, y cuyo objetivo fue disciplinarla y refundar las relaciones Estado-sociedad”, concluyó Franco.

Los investigadores no lo dicen en su documento, pero los sectores que intentan detener este proceso abierto desde el retorno de la democracia parecen estar convencidos de que el próximo presidente torcerá el rumbo en materia de derechos humanos para abrir una “nueva coyuntura”.

En el caso del PRO es evidente la decisión política de poner un freno al avance de los juicios contra represores. Destacadas figuras del espacio liderado por Mauricio Macri se opusieron públicamente a ese proceso y son muchos los líderes del macrismo que bregan decididamente por un cambio. El propio Macri declaró que si llega a ser presidente “se terminan los curros en derechos humanos”.

Pero el caso más paradójico es el del candidato del oficialista Frente para la Victoria. Daniel Scioli aún no se ha definido claramente al respecto –como suele hacerlo en el resto de la agenda pública–, pero basta recordar que fue muy crítico con la reapertura de los juicios en los primeros años del gobierno que se inició en 2003. El entonces vicepresidente de Néstor Kirchner dijo en 2003 que “en un país serio, las leyes no se anulan” cuando el Congreso declaró la nulidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, tal como lo recuerdan Santiago O’Donnell y Mariano Melamed en Derechos humanos. La historia del CELS, un excelente trabajo de reciente aparición que relata la historia del principal movimiento de derechos humanos en la Argentina.

Los principales expertos de derechos humanos del mundo señalan a la Argentina como un emblema y se refieren a su antecedente como un rumbo a seguir. Tal es el caso de la politóloga estadounidense Kathryn Sikkink, referencia obligada sobre justicia internacional y genocidio, que acuñó el término de “cascada de la justicia” para recordar el ejemplo que Argentina le otorgó a los países que deben reparar violaciones a los derechos humanos.

Se trata, hay que decirlo, de un legado argentino para el mundo que ahora se ve seriamente amenazado.


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Un comentario

  1. Ni conciliación, ni perdón: JUSTÍCIA. (¿tienen tanto miedo de ser enjuiciados los ‘civiles’ que generaron y/o colaboraron con el genocidio?)

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