La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación alegó ante el TOF 1 de Mendoza que los delitos de lesa humanidad fueron cometidos en el marco de un genocidio
La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación comenzó hoy su alegato ante el Tribunal Oral Federal nº 1 de Mendoza que juzga los delitos de lesa humanidad cometidos en esa provincia durante la dictadura cívico-militar con la intención manifiesta de que su sentencia “sea un hito” por declarar que los delitos de lesa humanidad probados se cometieron “en el marco de un genocidio”.
A través de los abogados Fernando Peñaloza y Pablo Garciarena, La Secretaría de DD.HH. pidió asimismo que el tribunal declare que en dicho genocidio participaron todas las fuerzas armadas y de seguridad bajo la conducción del Ejército; que identifique los centros clandestinos de detención que utilizaron y que declare delitos de lesa humanidad a las violaciones y abusos que sufrieron las detenidas-desaparecidas.
Las cuestiones planteadas por ambos abogados actuantes en representación del secretario Luis Eduardo Duhalde comenzaron por “solicitar al tribunal, en oportunidad de la sentencia, que declare que los delitos de lesa humanidad investigados en dicha causa se declaren cometidos en el marco de un genocidio”, especificó una síntesis del alegato remitido a Télam por Garciarena.
Garciarena y Peñaloza también le solicitaron al tribunal que en dicha oportunidad declare “la existencia del aparato represivo en la provincia de Mendoza, compuesto por todas las fuerzas armadas y de seguridad y comandado por el Ejército desde la conducción de la Subzona 33 dependiente del III Comando en Cuerpo del Ejercito”.
Del mismo modo, le pidieron al tribunal que en esa instancia “declare la existencia de los centros clandestinos de detención que funcionaron en la provincia de Mendoza a la fecha de los hechos que se investigan: D2, Seccional 7º, Seccional 25º, Liceo Militar, Papagallos, Las Lajas, etc.”.
Por último, le pidieron que “declare delitos de lesa humanidad los ataques sexuales (violaciones reiteradas y permanentes, abusos y vejaciones sexuales, etc.) como tortura específica en razón del género que padecieron las mujeres detenidas”.
La Secretaría “pretende que la sentencia que recaiga sea un hito, en este sentido, tal como lo fue la Causa 13/84 del Juicio a las Juntas, la cual acredito la existencia del plan de exterminio a nivel nacional y los Centros Clandestinos de Detención (CCD)”.
“De esta manera, queda contenido y acreditada la existencia, con valor de cosa juzgada, del plan criminal y los CCD en Mendoza, facilitando el avance y la tarea probatoria en las causas en trámites pudiendo investigarse por centros clandestinos en el marco de un plan sistemático de exterminio ya probado”, concluye el escrito de Garciarena.