RESUMEN LATINOAMERICANO
– Peritos de la Procuraduría del estado de Guerrero confirman que cuerpos descubiertos en las fosas clandestinas en Pueblo Viejo cerca del municipio de Iguala, corresponden a normalistas desaparecidos el viernes de la semana pasada.

Estamos a la espera dé que el gobernador Ángel Aguirre, quien se dijo consternado, de una conferencia de prensa en Chilpancingo a las 18:30.

Desde las 11:00 h que se implementó el operativo, se especulaba de que los cuerpos en las fosas podrían corresponder a los 43 normalistas desaparecidos.

Todo indica que los retos calcinados encontrados en tres fosas a dos kilómetros de Iguala, son de algunos de los normalistas desaparecidos hace una semana.El gobierno de Guerrero ha solicitado el apoyo pericial de la Policía Federal y de la PGR. El gobernador Ángel Aguirre, ya tuvo comunicación con el procurador Jesús Murillo Karam, para pedir su intervención ante la confirmación de que los normalistas fueron víctimas del crimen organizado.

La Procuraduría de Guerrero ya hizo el desglose correspondiente a la PGR.

La primera pista de las fosas clandestinas surgió de la confesión de uno de los sicarios que participó en la ejecución de los estudiantes de Ayotzinapa, quien reveló la ubicación de las fosas y el método de ejecución de los normalistas. Fueron secuestrados y ejecutados por elementos de la Policía municipal de Iguala, sirviendo de brazo armado del grupo criminal Guerreros Unidos, que controla la zona de Iguala.

Está confirmada la ubicación de tres fosas clandestinas con al, menos diez cuerpos que fueron víctimas de tortura y luego calcinados. En estos momentos, el gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, va a recibir a familiares de los desaparecidos. Luego dará una conferencia de prensa acompañado del procurador de justicia del estado.

Elementos del Ejército localizaron una casa de seguridad cerca del lugar de las ejecuciones, donde ente armas localizaron fusiles AK-47.

Las investigaciones apuntan al alcalde con licencia y prófugo de Iguala, Jose Luis Abarca (PRD), quien no ha podido ser localizado.estos momentos puedo confirmarle la información.

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LA JORNADA / Sergio Ocampo Arista y Rubicela Morelos

Anoche, cerca de las 21 horas, cientos de estudiantes y padres de familia arribaron a Casa Guerrero para exigir una audiencia con el gobernador Ángel Aguirre a fin de que respondiera acerca de los rumores de que habían encontrado cadáveres en Pueblo Viejo, Iguala. Al no tener respuesta, los contingentes lanzaron unas cinco bombas molotov y 20 cohetes. Las primeras hicieron impacto en la puerta tres de la casa y otras estallaron en el patio. Los cohetes cayeron en el inmueble; se desconoce si hubo daños. Los estudiantes voltearon un vehículo y dañaron las cámaras de video colocadas en el exterior. Finalmente se retiraron.

En el mediodía del sábado fueron encontradas varias fosas clandestinas en las inmediaciones de un cerro de Pueblo Viejo, en la ciudad de Iguala, sin que se precisara el número ni la identidad de los cadáveres que comenzaron a ser exhumados.

El lugar fue acordonado por unos 300 elementos de la Marina, el Ejército y de las policías Federal, estatal y ministerial, quienes impidieron el acceso a decenas de medios de comunicación que buscaron incluso burlar los puestos de control.

Los agentes del estado sólo permitieron a los reporteros llegar hasta el punto conocido como Las Parotas, en Pueblo Viejo.

Al lugar ingresaron por la tarde tres carrozas de servicios fúnebres, además de seis visitadores de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Un policía ministerial de uno de los puestos de control confirmó que «es un campo extenso; no le puedo decir, pero calculo que deben ser varios metros, son varios cuerpos, que pareciera como si les hubieran prendido fuego antes o después de matarlos».

Los propios policías ministeriales y estatales, molestos porque «no nos han pagado nuestros viáticos», daban a conocer cantidades que iban desde cuatro hasta 19 los cuerpos hallados, pero ninguna autoridad ratificó dichas cifras, incluido el procurador de Justicia del estado, Iñaki Blanco Cabrera, presente en el lugar.

Tarea de peritos

Entrevistado cuando se retiraba de Pueblo Viejo, Iñaki Blanco confirmó el hallazgo y a preguntas de los reporteros, sus respuestas eran escuetas: «Allá arriba hay fosas y hay restos óseos». No precisó el número de fosas ni de los cuerpos hallados. «Eso lo tienen que determinar los peritos», cortó.

También advirtió a los reporteros que no tendrían acceso al lugar en que se encontraban las fosas; «no pueden pasar. No se oculta nada. Hay que preservar el lugar de los hechos».

El procurador tampoco quiso responder si alguno de los cuerpos correspondía a alguno de los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa desaparecidos desde el pasado 26 de septiembre. «Se hace una investigación seria, hay que trabajar con pulcritud. Les pido comprensión. Más tarde se dará a conocer la información. De momento es indeterminado el número de restos hallados», concluyó.

Durante varios minutos sobrevolaron la zona de las fosas, en el norte de Iguala, dos helicópteros, uno de la Marina y otro del Ejército, los cuales intentaban aterrizar cerca del cerro, pero no lo lograron.

Para llegar hasta donde se encuentran las fosas hay que caminar unos tres kilómetros, una media hora.

El gobernador Ángel Aguirre Rivero informó que se localizaron varias fosas –no precisó cuántas– en las inmediaciones de Pueblo Viejo y Loma del Coyote, en la ciudad de Iguala, sin especificar si los cadáveres hallados en ellas son de algunos de los 43 alumnos de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa desaparecidos el 26 de septiembre.

El procurador de justicia estatal, Iñaki Blanco, reveló que hay evidencias «del involucramiento de grupos de la delincuencia organizada, particularmente (el cártel de) los Guerreros Unidos, del que varios elementos de la policía municipal de Iguala son parte, por lo que ha sido detenido un número importante de los mismos y se continúan las investigaciones para detener a otros probables responsables».

Sin embargo, dijo: «No hay certeza de que (los restos hallados) sean de los normalistas, se realiza una investigación que requiere un soporte técnico, científico y pericial.

«Sería irresponsable de mi parte, en mi carácter de fiscal del estado, decir que se trata de los alumnos (de Ayotzinapa); sólo descubrimos las fosas y tendremos que esperar los resultados de la investigación. El hallazgo de las fosas tiene que ver con la declaración de varias personas y de los detenidos», insistió.

«(Tampoco) se puede precisar un número de cuerpos. Hay restos humanos y daremos a conocer los resultados de la investigación y si existe correspondencia con algunos de los perfiles genéticos de los mismos», añadió.

Al lugar del hallazgo llegaron especialistas y se trasladaron los restos al Servicio Médico Forense de Iguala, donde se elaborarán perfiles genéticos que se confrontarán con los de quienes tengan familiares desaparecidos.

Indicó que se solicitará apoyo al departamento de ADN, mapas y perfiles genéticos de la dirección científica de la Policía Federal, así como a la Coordinación General de Servicios Periciales de la Procuraduría General de la República (PGR).

Sobre los avances de la investigación, Iñaki Blanco señaló: «Se realizó el desglose correspondiente a la PGR, para que conozca de aspectos de su exclusiva competencia. En este momento están siendo puestos a disposición de esa dependencia distintas personas en calidad de presuntos responsables».

Mencionó que además de los 22 policías detenidos fueron aprehendidas otras ocho personas, entre ellas agentes municipales y miembros de la delincuencia.

En su turno, Aguirre Rivero dijo que estas ocho personas están involucradas en el asesinato de tres normalistas, un futbolista del club Avispones, el chofer del autobús en que viajaban los deportistas y una mujer que se trasladaba en un taxi. «Varios de ellos están debidamente consignados. El próximo lunes el fiscal dará a conocer los avances del caso.»

Agregó: «Mi gobierno lamenta los hechos y ofrece ejercer las facultades constitucionales que le corresponden». Hizo un llamado a los guerrerenses a mantener la concordia, la no confrontación, la armonía, y evitar por todos los cauces la violencia en todas sus expresiones. «Hoy como nunca se requiere la unidad de los guerrerenses».

Sin identificarlas, criticó a las organizaciones que realizan movilizaciones en la entidad: «serían altamente condenables quienes quieran sacar provecho o raja política de lo que hoy nos embarga y nos entristece», sostuvo.

Insistió: «No descansaremos hasta castigar y encarcelar a todos aquellos que tengan alguna responsabilidad en estos hechos».

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Ayotzinapa y la matanza de Iguala

Luis Hernández Navarro*/ La Jornada

La policía preventiva municipal de Iguala los cazó como conejos. A pesar de ser estudiantes, los trataron como si pertenecieran a un cártel rival. A los 80 alumnos de la Normal Rural de Ayotzinapa, que el pasado 26 de septiembre en Iguala organizaron una colecta de recursos para financiar su asistencia a la marcha conmemorativa de la masacre del 2 de octubre de 1968 en la ciudad de México, los balearon a mansalva. Primero los uniformados, y luego los pistoleros vestidos de civil, les dispararon intermitentemente sin advertencia alguna. A Julio César Fuentes Mondragón, uno de los normalistas, lo torturaron, le arrancaron los ojos y le desollaron el rostro.

El saldo es trágico. En cuatro eventos violentos relacionados entre sí, protagonizados por policías municipales y pistoleros, fueron asesinadas seis personas, tres de ellas normalistas; 20 resultaron heridas, un muchacho está en estado vegetativo y se desconoce el paradero de otros 55, de los cuales al menos 20, fueron subidos a camionetas de la policía municipal.

En un primer momento, los uniformados les dispararon mientras los normalistas se trasportaban a bordo de tres autobuses de la empresa Costa Line. Después, un grupo de pistoleros los rafagueó cuando daban una conferencia de prensa para denunciar el ataque en su contra. Más adelante, en lo que el periodista Sergio Ocampo describió como una agresión hacia todo aquel que pareciera estudiante, balacearon el camión en el que se trasladaban los jugadores del equipo de futbol Avispones.

Ese 26 de septiembre, la presidenta del DIF en Iguala, María de los Ángeles Pineda de Abarca, rindió su informe de actividades. Además de ser la esposa del presidente municipal José Luis Abarca Velázquez, es una de las principales aspirantes a la alcaldía para 2015, y una figura de enorme influencia política.

José Luis Abarca Velázquez pasó de ser un humilde vendedor de sombreros a joyero, dueño de la plaza comercial Galería Tamarindos y un acaudalado comerciante. Su fortuna le permitió sufragar en 2011 una costosa campaña electoral en favor del hoy gobernador Ángel Aguirre Rivero y, un año después, financiar la suya propia, repartiendo generosamente despensas a sus simpatizantes.

Abarca conquistó la candidatura de la alcaldía a golpes de chequera. Después de un efímero jaloneo interno, el Partido de la Revolución Democrática no tuvo empacho alguno en incorporarlo a sus listas, a pesar de su reputación como amigo de algunos de los más importantes malosos de la región. De inmediato se sumó a las filas de Nueva Izquierda.

Iguala es una ciudad clave en el tráfico de drogas. Valle rodeado por nueve montañas en la región norte de Guerrero, es punto de entrada a la Tierra Caliente, donde los cárteles elaboran drogas sintéticas y cultivan mariguana. Allí operan diversas bandas del crimen organizado, hegemoneizadas por Guerreros Unidos, uno de los subgrupos surgidos a raíz de la implosión de los Beltrán Leyva.

La guerra de cárteles por la plaza ha sido salvaje. Guerreros Unidos está enfrentado por el control de las rutas de trasiego de drogas que conectan los estados de México, Guerrero y Morelos con la Familia y Los Rojos, una célula encabezada por Leonor Nava Romero, El Tigre, hermano de Jesús Nava Romero, El Rojo, lugarteniente de Arturo Beltran Leyva, abatido en 2009 en Cuernavaca.

El resultado de esta disputa en Iguala ha sido sangriento. En enero de 2004, un comando armado, que se identificó como policía estatal, asaltó el penal en el municipio, y asesinó a cinco reclusos. Los policías, que se encontraban en una torre del penal, dispararon contra los agresores y mataron a cuatro e hirieron a uno. Entre abril y mayo fueron encontradas 16 osamentas en fosas clandestinas en el asentamiento Ernesto Pineda Vega.

Desde su llegada al ayuntamiento, José Luis Abarca ha sido acusado de corrupción, nepotismo y autoritarismo. El 30 de mayo de 2013, ocho miembros de Unidad Popular de Iguala, organización social opositora al presidente municipal, fueron levantados por un comando. Tres fueron ejecutados. Nicolás Mendoza Villa, uno de los secuestrados, que alcanzó a escapar, acusó directamente al alcalde de los hechos y de haber dado muerte personalmente al dirigente perredista Arturo Hernández Cardona disparándole un escopetazo en la cara y otro en el pecho, tras de espetarle: «Qué tanto estás chingando con el abono. Me voy a dar el gusto de matarte».

Infamia sobre infamia, José Luis Abarca declaró que la matanza de normalistas fue provocada porque “al parecer alguien contrató a los ayotzinapos para hacer desmadres”. ¿Quién es ese alguien que, según el alcalde, les pagó para crearle problemas? En una región infestada por el narcotráfico, la acusación es temeraria y provocadora. ¿Acaso por eso le arrancaron la piel de la cara a uno de los estudiantes?

Los normalistas rurales de la Escuela Raúl Isidro Burgos no están a sueldo de nadie. Tienen tras de sí una larga historia de lucha en favor de las mejores causas. El año pasado apoyaron abnegadamente a los pobladores de Tixtla afectados por los huracanes Ingrid y Manuel, abandonados por el gobierno del estado. El 22 de diciembre de 2011, dos de sus compañeros fueron asesinados por la policía estatal, cuando exigían mejoras para su escuela y plazas para trabajar. Los crímenes siguen impunes.

A José Luis Abarca lo protegen personajes muy poderosos en el gobierno y el Congreso del estado. Cuando la regidora de Desarrollo Rural, Sofía Lorena Mendoza, promovió revocación del mandato del alcalde, acusándolo de ser responsable del asesinato de los tres dirigentes de la Unión Popular, el presidente de la Comisión de Gobierno del Congreso local, Bernardo Ortega Jiménez, lo apoyó. Al igual que Abarca, Ortega es parte de Nueva Izquierda. ¿Seguirá el PRD protegiendo a José Luis Abarca?

*Luis Hernández Navarro, periodista, es coordinador de opinión y editorialista del diario mexicano La Jornada